Ley de Seguridad Ciudadana
Delegación de Gobierno aplica la Ley Mordaza contra un fotoperiodista que informó de un desahucio

En enero de 2025, El Salto publicaba la información sobre el desahucio de Mariano, un vecino de Vallecas que fue expulsado de su casa por una deuda de 45 euros. Las fotografías de esa noticia, realizadas por Dani Gago, mostraban la violencia policial ejercida contra las militantes de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca que estaban acompañando a Mariano para tratar de resistir a su desalojo.

Esta semana, Gago ha recibido una notificación de Delegación de Gobierno de Madrid en la que se le impone una sanción administrativa calificada como “grave” con base en la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como Ley Mordaza.

La institución, dependiente del ejecutivo de PSOE y Sumar, propone una sanción que contempla una franja desde 601 a 30.000 euros. Se acusa a Gago de un acto de obstrucción al cortejo policial que llevó a cabo la Ejecución. 

Se trata de un caso que no tiene precedentes en la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana contra periodistas, que sí han sido sancionados —o han recibido propuestas de sanción— por otros supuestos como desobediencia. 

Desde su llegada al Gobierno en 2017, Pedro Sánchez no ha cumplido su compromiso de derogar la polémica norma de seguridad ciudadana, aprobada por el Partido Popular en 2015 en plena efervescencia de las protestas contra la austeridad. La norma supuso un cambio sustancial, dado que otorgaba potestad a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para denunciar e imponer sanciones, sin proceso ni, por tanto, garantía judicial.

Los últimos anuncios sobre su reforma datan de julio de este año, pero los trámites para modificar los aspectos más lesivos, que deberían incluir los supuestos en los que se sanciona a periodistas, no han avanzado en este periodo de sesiones.

En 2025, Amnistía Internacional contabilizó hasta 429.000 sanciones por infracciones derivadas de la Ley de Seguridad Ciudadana en sus primeros ocho años de vida, entre 2015 y 2023. En esas cuentas, la ONG ha excluido las sanciones vinculadas a drogas, armas y explosivos. Los Gobiernos del PSOE han sido los que más han empleado esta normativa que en tres de cada cuatro ocasiones se ha usado para imponer infracciones de desobediencia, resistencia o negativa a identificarse.