Leyes Mordaza
Ley Mordaza contra Ernai: multas por valor de 290.500 euros contra 133 miembros

El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha denunciado vía Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como “Ley Mordaza”, a 133 miembros de Ernai que participaron el pasado 22 de septiembre en protestas en Bilbao y Vitoria-Gasteiz contra el ingreso en prisión de Aitor Zelaia y Galder Barbado. Les piden multas de entre 1.500 y 2.500 euros, con un total que asciende a 290.500 euros.

El Gobierno de Mariano Rajoy (PP) fue el impulsor de la Ley Mordaza, que entró en vigor en 2015. Desde entonces, y pese a que su derogación ha estado en la agenda de las izquierdas, todavía sigue vigente por falta de acuerdo. En las movilizaciones de Ernai de septiembre, miembros de la organización juvenil se encadenaron y cortaron el tráfico en el edificio de la subdelegación del Gobierno español en Bilbao y en la comisaría de la Ertzaintza de Vitoria-Gasteiz. En las protestas hubo cargas policiales e identificaron a 133 personas.

Reforma de la Ley Mordaza: game over

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Ley de Seguridad Ciudadana

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La negativa del PSOE a reformar los artículos que han supuesto un tercio de las sanciones de la ley mordaza o a prohibir las devoluciones en caliente termina con el recorrido del proyecto en esta legislatura.

Desobediencia civil contra la Ley Mordaza: justa, legítima y necesaria

Es el “ataque más grave” sufrido por la organización hasta el momento

En una comparecencia ante los medios este jueves en Bilbao, Ernai ha denunciado la aplicación “desproporcionada” de la Ley Mordaza, que consideran un “intento de ahogo económico y la eliminación política” del movimiento juvenil por parte del Departamento de Seguridad. Han señalado que se es el “ataque más grave” sufrido por la organización hasta el momento, que busca “hipotecar” su vida política y ”no poder avanzar con el proyecto“, ya que 290.500 euros es un “golpe” que les deja en una “situación delicada”.

Por ello, Ernai ha decidido recurrir las multas ante el juzgado de lo contencioso administrativo para denunciar su ”desproporcionalidad y parcialidad" y abrir un proceso judicial. Paralelamente, han anunciado que pondrán en marcha una campaña económica para apoyar la actividad de la organización, con un sorteo solidario y un crowfunding.