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Convocan por la dignidad de las personas trans: “Después de muertas también tenemos derecho a ser nombradas”

“¿Quién protege nuestro nombre y nuestra memoria cuando ya no estamos? Según el derecho, esto es competencia de la familia, biológica o política, en tanto que esta exista. Pero, ¿qué pasa cuando existe y no tiene en cuenta nuestro deseos y decisiones cuando fallecemos?”.

Esa es la pregunta que el colectivo Trans en Lucha quiere poner en el debate con una concentración este jueves 12 de junio. Será a las 20h en el Ministerio de Justicia donde se reúnen “por la protección del derecho a la dignidad de las personas trans fallecidas”.

“Exigimos que nuestra identidad, nombre y dignidad se respeten durante nuestra vida y se siga haciendo después de nuestra muerte. También queremos hacer un llamamiento a las personas que han pasado por situaciones parecidas a alzar la voz y unir fuerzas en contra de esta forma de violencia institucional que sufrimos  de forma histórica, explican a este medio.

El caso de Daniela 

El colectivo pone como ejemplo de esta incoherencia el caso de Daniela. Daniela, a quien su entorno también conocía como Kendall, murió en abril de 2022. Pero no hay rastro de ella en el cementerio donde están sus restos, porque su familia decidió utiliza su nombre previo al cambio registral y una fotografía anterior a su transición.

Fueron sus amigas quienes decidieron hacer algo para reparar su dignidad, iniciando un proceso junto al abogado especializado en derechos LGTB Saúl Castro y Euforia Familias Trans Aliadas. En un escrito presentado ante la Dirección General de Igualdad de la Comunitat Valenciana que, a su entender, la familia y el Ayuntamiento estaban infringiendo la ley LGTBI autonómica, la Ley Zerolo y la Ley de enterramientos municipales.

El colectivo recuerda el caso de Daniela, que murió en abril de 2022: el lugar donde descansan sus restos, su familia decidió utilizar su nombre previo al cambio registral y una fotografía anterior a su transición

Serían la  Ley 23/2018, de 29 de noviembre, de igualdad de LGTBI, es decir, la ley LGTBI autonómica, es una infracción grave “la realización de actos o la imposición de disposiciones o cláusulas en los negocios jurídicos que constituyan o causen discriminación por razón de identidad o expresión de género” así como “realizar actos que impliquen aislamiento, rechazo o menosprecio público y notorio” por esas causas. Además, se infringiría la la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, conocida como Ley Zerolo, que reconoce el derecho de todas las personas a no ser discriminadas por razón de orientación, identidad sexual o expresión de género, entre otras causas. En tercer lugar, se infringiría la Ley 49/1978, de 3 de noviembre, de enterramientos en cementerios municipales, que impone una obligación antidiscriminatoria a las corporaciones locales.

Sin embargo, los procedimientos iniciados no han dado hasta ahora ningún resultado, algo que pone de manifiesto el “absurdo jurídico” que se produce cuando las únicas personas tituladas para garantizar la dignidad de una persona tras su muerte son quienes están vulnerando su dignidad.

El derecho al nombre y a la expresión de género es una manifestación del derecho a la propia imagen vinculado a la dignidad de las persona. Así lo entiende el Convenio Europeo de Derechos Humanos y otros textos internacionales. Pero también es un principio constitucional, como recoge por ejemplo una sentencia de este tribunal de 2019, que interpreta que, si bien el derecho a la identidad no está recogido expresamente en la Constitución, “se puede considerar tácitamente incluido en el artículo 10” —sobre el derecho a la dignidad de las personas— ya que “la propia identidad, dentro de la cual se inscriben aspectos como el nombre y el sexo, es una cualidad principal de la persona humana”. Otra sentencia, esta de 2022, reconoce la orientación sexual y la identidad de género como “elementos vinculados con el derecho a desarrollar una determinada vida privada” y en el marco del derecho a “la integridad física y psicológica de una persona”.

Esta idea está en la base de las legislaciones autonómicas que regulan derechos de las personas trans, así como de la Ley Trans. En su preámbulo, esta ley recuerda que el Tribunal Constitucional estableció en una sentencia de 2019 que “la propia identidad, dentro de la cual se inscriben aspectos como el nombre y el sexo, es una cualidad principal de la persona humana; establecer la propia identidad no es un acto más de la persona, sino una decisión vital, en el sentido que coloca al sujeto en posición de poder desenvolver su propia personalidad”.

Una forma de violencia institucional

“Históricamente se nos ha considerado enfermas, desviadas y delincuentes solo por existir de la única forma que podemos hacerlo, que es siendo visibles. Nuestro nombre ha sido sinónimo de vergüenza para nuestras familias y nuestra lucha por existir ha sido algo que ocultar”, explica a El Salto Trans en Lucha.

El colectivo asegura que esta convocatoria se produce porque “como personas trans o que nos identificamos dentro de los trans entendemos la importancia de nombrarnos y de que se nos recuerde por el nombre que elegimos y consideramos una forma de violencia institucional que esto no se tenga en cuenta a la hora de respetar nuestra dignidad posmortem”. El colectivo dice organizar esta convocatoria “por Daniela, y por todas las que no podemos nombrar a causa de esta violencia por sus nombres y por su dignidad”.

Trans en Lucha denuncia la existencia de unas normas que, lejos de proteger el bien que pretenden, “ponen a las familias biológicas por delante como institución inamovible”

Su caso, dice, es paradigmático, pero no único. “Es una forma de violencia que el colectivo trans lleva sufriendo a lo largo de la historia y ha sido invisibilizada, por este motivo es difícil encontrar otros ejemplo empíricos: si los ha habido, no han llegado a mayores o se han perdido en el silencio”, explican, porque los derechos de la familia biológica son “una barrera infranqueable”.

Por eso, denuncian la existencia de unas normas que lejos de proteger el bien que pretenden, “ponen a las familias biológicas por delante como institución inamovible”, y de ese modo “pone por delante la transfobia de estas familias por delante de la propia dignidad de las personas a las que debe proteger”. “Pedimos que se tenga en cuenta a la comunidad o la familia elegida, para tomar estas decisiones o al menos para denunciar los casos en los que la dignidad de sus fallecidas no se está protegiendo por la familia biológica o política”, cuentan a El Salto. Por último, instan a las personas que tiene potestad legislativa a que tomen medidas para frenar esta violencia institucional para que la dignidad de nuestras fallecidas se proteja de manera efectiva.