Libertad de expresión
Lo que hay detrás de las denuncias contra la abogada de Pablo Hasél

Denunciada por enaltecimiento del terrorismo e injurias y calumnias a la Policía Nacional, Alejandra Matamoros se reafirma en sus palabras. Esta abogada, que defiende al rapero Pablo Hasél, reivindica el derecho de odiar a la Policía y defiende que la tortura en el Estado español es una realidad estructural. Aunque la avalan los datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Sindicato Unificado de Policía (SUP) vio en sus declaraciones un posible delito de injurias y calumnias al cuerpo armado. Por otra parte, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha rescatado un vídeo en el que aparece la letrada para denunciarla por un presunto delito de enaltecimiento del terrorismo. A ello se suma la posible apertura de un expediente deontológico por parte del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) a raíz de una queja de la Confederación Española de Policía (CEP) y que actualmente se encuentra en la primera fase informativa. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto?

La entrada en prisión de Pablo Hasél suscitó numerosas movilizaciones en su apoyo por todo el Estado español, y algunas de ellas terminaron en fuertes disturbios, sobre todo en Barcelona y una noche en Madrid. Durante esos días la abogada participó en algunos debates televisivos. En uno de ellos dijo que la Policía española torturaba, algo que no gustó al SUP y denunció por un posible delito de injurias y calumnias.

En España se tortura

Precisamente, ayer 9 de marzo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España por una agresión policial que tuvo lugar en septiembre de 2012 tras el Rodea el Congreso. Estrasburgo también incide en que la agresión no fue investigada debidamente en los tribunales españoles. La sentencia obliga al Estado español y no a los agentes antidisturbios que pegaron a la denunciante, pues ha sido imposible reconocerlos al no llevar visible su número de identificación, a indemnizarla con 1.000 euros.

Carlos Morales, portavoz del sindicato policial SUP, explica que “denunciamos a la señora Matamoros por reivindicar el derecho de odiar a la Policía, pero también por sus declaraciones sobre que en los cuarteles de la Guardia Civil se torturaba todos los días y en el resto de Cuerpos también”. Los datos oficiales ofrecidos por el CGPJ recogen que entre 2013 y 2019 se efectuaron 448 condenas por el delito de tortura.

Según lo establece el artículo 174 del Código Penal, este delito es cometido por “la autoridad o funcionario público que, abusando de su cargo”, realice a cualquier persona “sufrimientos físicos o mentales (…) que atenten contra su integridad moral”. De hecho, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, dependiente del Defensor del Pueblo, a través de su último informe señalaba que en 2019 una decena de funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad permanecían en prisión por torturas o malos tratos; otros cuatro por “agresión con lesiones” y otros tres por “amenazas, coacciones, injurias y vejaciones”.

“Sabía que la represión me podía llegar en cualquier momento, pero no imaginaba que fuera a ser por estas declaraciones en las que tan solo denuncio un hecho objetivo, porque en España se tortura. Hay infinitas condenas de organismos internacionales y ONG diversas que también han denunciado esta realidad. Y no hablamos de denuncias, sino condenas”, explica Matamoros.

En este sentido, Morales, el portavoz del SUP, no pudo responder a ninguna de las preguntas planteadas por este medio en relación a las 448 condenas firmes por delitos de tortura que se han producido durante siete años: “Tengo que corroborar y acreditar esa información, porque ahora mismo no dispongo de ella”, en sus propios términos. Matamoros no cambia su posición: “Me reafirmo en lo que dije porque es un hecho que no se puede discutir, no es opinable. En España se tortura y es una práctica sistemática”.

El Colegio de Abogados investiga a la letrada

Estas declaraciones también fueron recogidas por la Confederación Española de Policía, desde donde elevaron una queja al decano del ICAM, José María Alonso. La Confederación policial pedía la adopción de medidas disciplinarias contra Matamoros “por reivindicar el derecho a odiar a los policías nacionales, porque se negaba a condenar la violencia en las calles de Madrid y Barcelona (…) y acusar a nuestro cuerpo de torturas y maltratar indiscriminadamente a ciudadanos”, según las palabras de la propia CEP. La CEP tampoco ha querido responder a las preguntas de El Salto.

En el peor de los supuestos, Matamoros tendría que afrontar dos años de suspensión del ejercicio de la abogacía en el territorio nacional

“Yo puedo reivindicar el derecho que a mí me dé la gana. Los sentimientos no pueden estar fiscalizados por nadie y tan solo se deberían penar las acciones. Lo que digo con esa expresión es que es totalmente inaceptable que en el Estado español haya los abusos policiales que hay y que no permitan que haya juventud que, efectivamente, tenga animadversión hacia la Policía”, se explaya la afectada, quien también referencia lo ocurrido hace unos días en Linares, cuando la Policía disparó munición real, perdigones, contra un joven, o los últimos audios que vieron la luz sobre el caso Zabalza y en los que quedaría demostrado que Mikel murió tras las torturas en el cuartel de Intxaurrondo.

En este sentido, el Estatuto general de la Abogacía Española establece tres tipos de infracciones: leves, graves y muy graves que desarrolla en los artículos 84, 85 y 86. En el peor de los supuestos, Matamoros tendría que afrontar dos años de suspensión del ejercicio de la abogacía en el territorio nacional. Pese a que desde el ICAM han asegurado a El Salto no poder ofrecer más detalles en los que se encuentra el proceso de investigación, su decano sí que respondió a la CEP expresando su total y absoluto apoyo “a la gran labor que realiza el Cuerpo de Policía velando por los intereses y la defensa de los ciudadanos”. “Me hace gracia que la investigación esté bajo secreto pero luego el ICAM pueda decir lo que quiera sobre la misma incluso antes de iniciar los trámites. Publicarlo en prensa e incluso hacer una nota del decano en apoyo a la Policía no es mantener la confidencialidad”, se queja Matamoros.

Es ella misma la que responde a por qué la CEP quiere que la Comisión Delegada de Deontología del ICAM, ya que no parece que haya cometido ninguna de las infracciones estipuladas en el ya mencionado Estatuto: “El ICAM requiere que me pronuncie sobre una posible infracción reconocida en base al artículo 3 del código deontológico, en donde se habla de libertad de expresión. Han utilizado un derecho para sancionarme porque ahí se trata que un abogado puede ejercer la libertad de expresión siempre que no caiga en la descalificación gratuita. De hecho, esas declaraciones ni siquiera se dieron en el ámbito de los tribunales, donde el ICAM puede ejercer su potestad sancionadora”.

La AVT denuncia declaraciones de hace dos años En cuanto a la denuncia presentada por la AVT por un presunto delito de enaltecimiento del terrorismo, los hechos se remontan a mayo de 2019, cuando Matamoros participaba en una charla organizada por el Movimiento Antirrepresivo de Madrid (MAR) dentro de sus Jornadas por la amnistía. Así lo explica la Asociación de Víctimas del Terrorismo: “Una de las intervenciones la realizó la ahora denunciada, quien vino a denunciar la situación de opresión que ejercitaban las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado en nuestro país, hasta que en un determinado momento de su intervención afirmó textualmente: 'En el caso de Euskalherria, los compañeros tuvieron que luchar con los únicos medios que tuvieron y les dejaron, que fueron las armas. Ellos lucharon con las armas por su derecho de autodeterminación'”.

La AVT, que tampoco no ha querido responder a las cuestiones planteadas por este medio y se ha remitido a la nota que publicaron, afirma que la letrada “aprovechó la ocasión para justificar de manera evidente el terrorismo perpetrado por la organización ETA durante décadas”, y ve un síntoma de camaradería que se refiriera a ellos como “compañeros”. Un párrafo después, la AVT aprovecha la ocasión para contextualizar la situación. Se refieren a los “continuos episodios de violencia callejera” tras las protestas por la libertad de Pablo Hasél y repiten que este tipo de afirmaciones “lo único que persiguen es alentar la continuación de episodios violentos en las ciudades con la consiguiente alteración de la paz pública que este tipo de actos provocan produciendo temor en la población”.

Sí, la AVT contextualiza la situación en base al momento de su denuncia, pero no hacen lo mismo en cuanto a la literalidad de lo expresado por Matamoros ni el contexto en el que se producen dichas declaraciones. El vídeo, en el que se puede comprobar lo expresado por la letrada es público y no alcanza las 900 reproducciones. Colgado en el canal de Youtube del MAR Madrid, lo expresado y que ahora podría ser constitutivo de un delito de enaltecimiento del terrorismo se recogen desde el minuto 5:13 hasta el 7:05.

Estas fueron las palabras exactas de Matamoros: “Tenemos también los casos de Euskal Herria y los compañeros de Catalunya. Es un caso que yo he pensado bastante en ello. Se pueden extraer dos cosas. La primera es que (…) intentar ejercer el derecho legítimo a la autodeterminación que tienen estas naciones oprimidas es un pecado capital en la España que sigue siendo una grande y libre. (Aplausos) No solo eso, que salta a la vista. También tenemos que reflexionar sobre el resultado de los dos procesos. En el caso de Euskal Herria, como bien ha dicho el compañero Zendoa, los compañeros tuvieron que luchar con los únicos medios que tuvieron y les dejaron, que en ese momento fueron las armas. Ellos lucharon con las armas por su derecho de autodeterminación, pero es que ahora en Catalunya han luchado por su derecho de autodeterminación mediante un referéndum pacífico, sin armas, ¿y qué han obtenido ambos? Resultados, no iguales, por su puesto, salvado las diferencias, pero muy similares al final, que son: años de cárcel y exilio. Esto demuestra que a este Estado, en el fondo, le da igual la manera en la que tú salgas a defender tus derechos, lo único que le importa es que salgas a defenderlos, y sobre todo que salgas a defenderlos y al final seas consecuente. Y si haces eso te va a machacar, por mucho que hayas dicho 'soy pacífico' o por mucho que hayas dicho 'voy a ir con todo y voy a usar las armas'".

“Matamoros ha dado la cara para defender la libertad de expresión de todos, no solo la de Hasél, así que obviamente se ha convertido en un objetivo a batir por el Estado”, denuncia el Movimiento Antirrepresivo de Madrid

La abogada, que no ha recibido comunicación formal por parte de la justicia de ambas denuncias, agrega que “el Movimiento de liberación nacional vasco tiene su origen en los años 50 cuando no existían otros medios que los ilegales para luchar por la autodeterminación de Euskal Herria, y por eso tuvieron que hacerlo por medio de las armas, a diferencia del movimiento independentista catalán que ha optado por la vía pacífica pero que ha tenido la misma respuesta: represión y exilio”. Y continúa: “Las nacionalidades que existen en el Estado español no pueden decidir sobre su destino, y eso es un hecho incuestionable, pues no se les ha dejado cuando utilizaban las armas pero tampoco cuando no las han utilizado”.

El MAR Madrid reafirma su posición

Marco Fernández, portavoz del MAR Madrid, considera que todas estas denuncias “se enmarcan dentro de la campaña de acoso y derribo” que sufren las personas que luchan por la libertad de expresión. “Matamoros ha dado la cara para defender la libertad de expresión de todos, no solo la de Hasél, así que obviamente se ha convertido en un objetivo a batir por el Estado y su aparato mediático, policial y judicial. Por decir verdades se encuentra con dos denuncias y una posible sanción”, explica.

En lo que se refiere a la denuncia de enaltecimiento del terrorismo de la AVT, a quien Fernández tilda de “lobby de ultraderecha”, él mismo agrega que “hay saña y una clara voluntad de rebuscar en lo más hondo para encontrar cualquier resquicio para poder denunciar a Matamoros”. En palabras del portavoz, “lo que dijo la abogada en las charlas es una cosa que hemos dicho mil veces desde el MAR Madrid, y es que al Estado le da igual cómo luches por la autodeterminación porque te va a reprimir de la misma forma. Es un ejemplo que nos parece muy vívido y que seguiremos diciendo desde el Movimiento porque nos reafirmamos en esta idea”.

Precisamente, la Asociación termina su nota diciendo que “siempre alzará la voz por la defensa de la Verdad, Memoria, Dignidad y Justicia de todas y cada una de las víctimas del terrorismo”, a lo que el portavoz del MAR Madrid responde: “Tienen que ser muy cínicos para decir eso como Asociación y lobby del fascismo más recalcitrante que existe en el país. Nunca han protegido a las víctimas del terrorismo de extrema derecha o del Estado, así que quitémonos la careta de una vez, por favor”. Desde el MAR Madrid cierran filas con su compañera y ven lo que está sucediendo como un ataque más a la libertad de expresión y quien no tiene miedo de defenderla ni en la calle ni en los platós de televisión. “Cada golpe que nos da el Estado nos afirmamos más en que estamos haciendo un buen trabajo”, concluye el portavoz.