Libertad de expresión
El juicio-espectáculo de los cinco de Ulm continúa a paso de tortuga un año después de la acción en Elbit

El 8 de septiembre de 2025, cinco activistas de derechos humanos, del Reino Unido, Irlanda, Alemania y España/Argentina—Zo, Crow, Daniel, Leandra y Vi— entraron en la sede alemana del fabricante de armas Elbit Systems, situada en la ciudad de Ulm, al sur de Alemania, y llevaron a cabo una acción con el doble objetivo de detener el genocidio en Gaza  “durante un día, o una hora” y de poner de relieve la complicidad del Estado alemán en el genocidio del pueblo palestino.

Desde ese día —hace ya casi un año— estos activistas de derechos humanos permanecen en prisión preventiva encondiciones deplorables que violan los acuerdos internacionales. Durante el último año, se les ha permitido ver a sus familias y seres queridos durante no más de una o dos horas al mes, bajo la supervisión del sistema judicial y, en ocasiones, sujetos a restricciones abusivas sobre el lenguaje que pueden utilizar.

El abogado Mathes Breuer representa a Leandra Rollo, una ciudadana con doble nacionalidad española-argentina. En conversación con El Salto, Breuer refiere que no habla por todos los abogados del proceso, pero en su experiencia nunca ha visto “un caso en el que las restricciones impuestas a los acusados sean tan desproporcionadas en relación con los cargos y las personas acusadas. He visto muchas restricciones, especialmente en el contexto político, pero esto es de otro nivel”.

Durante el último año, han soportado un confinamiento de hasta 23 horas al día en celdas mal equipadas, donde tuvieron que soportar dos de las peores olas de calor que Europa haya experimentado jamás, asfixiándose debido a la falta de previsión por parte de las autoridades. Ellos, al igual que todos sus compañeros en prisión preventiva, están sufriendo negligencia y abusos institucionales.

Como explican desde la defensa de los acusados, desde el día de su detención se produjeron irregularidades procesales: durante más de un día no se les permitió hablar con los abogados de su elección, tal y como exige la ley, a pesar de que estos abogados llamaron repetidamente a las comisarías en las que se encontraban recluidos. Estas irregularidades se han intensificado desde laprimera vista judicial, durante la cual quedó claro para todos los presentes que se trata de un juicio espectáculo.

“Creo que ya ha tomado una decisión”, lamenta Breuer en referencia a la jueza-presidenta del caso, Kathrin Lauchstädt, “pero mi experiencia me dice que un caso no está perdido hasta que se dicta el veredicto, así que presentaremos testimonios, recursos y pruebas en las próximas semanas y meses para cambiarlo”. Desde la defensa de las acusadas se considera importante seguir hablando del proceso y mantener la atención en él, “ya que eso influye en cómo se desarrollan las cosas”. 

En el caso de Leandra, refiere su abogado, “ella considera que todo el procedimiento es una señal de que la jueza ya se ha formado una opinión sobre el caso y sobre los cinco, incluso antes de haber escuchado nada al respecto. Para ella, eso resulta frustrante, aunque tampoco esperaba gran cosa del Estado alemán”. No obstante, Breuer deja algo de lugar para la cordura: “Hemos preparado numerosas alegaciones y pruebas que al tribunal le resultará difícil ignorar”.

El juicio pasará a la historia por la insistencia del Estado alemán en convertir a estos activistas pro-palestinos en un ejemplo para toda la sociedad —y especialmente para los activistas antimilitaristas— bajo la premisa de que la industria armamentística en Alemania es intocable. En ese sentido, varios testigos policiales han manifestado que la fiscalía ordenó a la policía que no investigara a Elbit ni su papel en el genocidio de Gaza. Asimismo, el tribunal ha hecho oídos sordos a las apelaciones y declaraciones de los “Ulm5” y de su equipo de abogados, según las cuales actuaron precisamente porque Elbit suministra alrededor del 85% de las armas utilizadas para masacrar a los palestinos —y no por las razones que alega la fiscalía, a saber, que actuaron por motivos antisemitas—. Para Breuer en un caso como este “la justicia sería que los cinco [acusados] cambiaran sus asientos en la sala del tribunal con el director general de Elbit Systems; pero supongo que tienen que cambiar muchas cosas en Alemania antes de que lleguemos a eso”.

El hecho de que estos activistas sean tratados —incluso antes del juicio— como peligrosos delincuentes, trasladados desde sus cárceles con esposas y grilletes, y conducidos a sus bancos de los acusados con esposas tras un cristal antibalas que los separa de sus abogados, no hace sino poner aún más en duda la imparcialidad de la presidenta del tribunal, Katrin Lauchstädt, quien ha ordenado todas estas medidas.

Las familias y los seres queridos presentes, así como todo el público, incluidos variosdiputados nacionales e internacionales y eurodiputados, también son tratados como una amenaza y no se les permite tomar notas porque los bolígrafos podrían utilizarse como “armas punzantes” en sus manos, a pesar de que están vigilados por agentes de seguridad armados.

Esto ha llevado a todos los cargos políticos que han asistido al juicio a expresar sus dudas sobre si este se está llevando a cabo de conformidad con el Estado de derecho alemán o con el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Un año del llamado “alto el fuego”

El aniversario del caso de Ulm coincide en el tiempo con el próximo aniversario del llamado alto el fuego en Gaza, un año en el que Israel ha matado a más de 1 000 palestinos en Gaza y ha llevado a cabo un genocidio contra el pueblo libanés. A ello se suman los violentos ataques y asesinatos en Cisjordania. Es también otro año de beneficios récord para los fabricantes de armas, entre ellos Elbit. El Estado alemán, alegando la necesidad de defenderse a sí mismo y al Estado sionista de Israel (su staatsräson), está intensificando la vigilancia y la sospecha hacia sus propios ciudadanos.

Pero también es un año en el que los 5 de Ulm Vi, Leandra, Zo, Daniel y Crow han logrado alcanzar al menos uno de sus objetivos. En los últimos meses, las ONG, los diputados, los observadores jurídicos y los medios de comunicación nacionales e internacionales que han asistido al juicio han cuestionado si el Estado de derecho se aplica por igual en este país o si, como parece, varía en función de si tus acciones van dirigidas contra la maquinaria bélica y quienes se lucran con ella.

La imagen que Alemania ha mantenido durante mucho tiempo como país que ha expiado su pasado también está en el punto de mira con cada moción que presentan los abogados de los 5 de Ulm y cada declaración que hacen los acusados. Por ejemplo, han señalado que el genocidio y los crímenes de guerra forman parte del ADN corporativo de Elbit Systems Germany, que anuncia con orgullo sus 100 años de historia como Telefunken: demostrando su papel en el genocidio perpetrado por Alemania en Namibia y su oscuro pasado nazi de trabajo forzoso y esclavo.

Los cinco también han alzado la voz para concienciar sobre las espantosas condiciones carcelarias a las que se enfrentan las personas en este país incluso antes de haber sido juzgadas. Y, sobre todo, han demostrado una vez más hasta qué punto Alemania es cómplice del genocidio —a través de la exportación de armas, el apoyo diplomático y la represión de los disidentes y de la información— y hasta dónde está dispuesto a llegar este país, incluso contra sus propios ciudadanos, para proteger la maquinaria genocida.