Madrid
Las 8 de Becerril defienden su inocencia ante su declaración judicial el próximo 21 de octubre

Durante la penúltima etapa de La Vuelta Ciclista a España el 13 de septiembre de 2025, la Asamblea de Vivienda de Villalba (AVV) coorganizó con otros colectivos una acción de boicot y protesta por la participación del equipo sionista Israel Premier Tech en la competición. A la altura de la localidad de Becerril de la Sierra, más de un centenar de personas cortaron la carretera y un par se descolgaron de un puente para mostrar pacíficamente su solidaridad con el pueblo palestino.

A raíz de esa acción, la Guardia Civil detuvo a una persona de la AVV y encausó a siete más más bajo la acusación de atentado a la autoridad, desobediencia y desórdenes públicos. Desde entonces se les conoce como Las 8 de Becerril, y están organizadas con la asamblea de vivienda villalbina. Desde que fueron notificadas han venido preparando su defensa por la absolución ya que prevén que tanto juez como fiscal les pedirán penas de cárcel, tal y como ha pasado en el caso, casi idéntico, de Las 4 de Pucela, aseguran. Los delitos por los que se les acusa a Las 8 de Becerril —desórdenes públicos y atentado a la autoridad— “podrían acarrear peticiones de penas de prisión de hasta nueve años”, admiten desde la asamblea de vivienda. 

A ello se suma que el juez instructor ha solicitado extender el período de instrucción un año más antes de llevarla a juicio, lo que extendería aún más la llamada “pena de banquillo” para los encausados. El próximo 21 de octubre están citadas a declarar en el Juzgado número 7 de Collado-Villalba, como parte de la primera fase de instrucción donde se practicarán las primeras diligencias.

“Esto no es un problema de orden público, sino un simple escarmiento contra el movimiento en defensa de Palestina y lo único que pretende es una limitación, otra más, del derecho a la protesta”

“Las acusaciones, que negamos de manera rotunda, entendemos que están carentes de fundamento y que no están avaladas por ninguna prueba. Esto no es un problema de orden público, sino que es un simple escarmiento contra el movimiento en defensa de Palestina y lo único que pretende es una limitación, otra más, del derecho a la protesta y frenar la movilización a través de la represión”, sostiene el abogado de Las 8 de Becerril, Diego Redondo.

Es importante recordar que el conjunto de las acciones de protesta llevadas a cabo por la sociedad civil en diferentes puntos del recorrido de La Vuelta 2025 trajo como consecuencia la suspensión de la etapa final, ya en Madrid capital, debido al amplio apoyo que había suscitado en cada lugar la causa del pueblo palestino. Toda esa movilización contribuiría a que, poco tiempo después, el propietario del equipo Israel Premier Tech anunciara una reestructuración y cambio de nombre, motivados precisamente por el rechazo que el equipo había suscitado en esta y otras competiciones ciclistas europeas.

Campaña de defensa

En el caso de Las 8 de Becerril, su campaña por la absolución sumada a la de “la libertad del pueblo palestino”, el principal motivo de su protesta, dio inicio el pasado 20 de mayo ante la sede de la Fiscalía General del Estado y acompañados, por su abogado y por Amnistía Internacional organización que ha acogido el caso. La campaña incluyó un crowdfunding para afrontar los gastos judiciales, ya que son un colectivo que se autogestiona, que superó los 27.000 euros.

Desde entonces, las activistas encausadas han participado en una docena de distintos eventos para informar sobre su causa y continuar con su apoyo al pueblo palestino. La más reciente fue su asistencia a unas jornadas sobre desobediencia civil dentro de lucha por la libertad del pueblo palestino, organizadas en Bruselas por siete eurodiputados de los grupos S&D, Verdes/ALE y The Left. Aquí se reunieron más de 60 participantes, incluyendo a activistas palestinos, abogadas y familiares de Las 5 de Ulm, defensores de los derechos humanos, sindicalistas portuarios, judíos antisionistas, miembros de las Flotillas, artistas pro-palestinos y también dos de las 8 de Becerril, quienes denunciaron que su caso “es un juicio político”. Alegan que así como a otros militantes de diversas partes de España, Europa y el mundo, Las 8 de Becerril están siendo juzgadas por pedir el fin del genocidio y la libertad del pueblo palestino.

En Bruselas incidieron en que Europa “presume de derechos humanos, pero mantiene al Estado sionista como socio comercial, mediante su Acuerdo de Asociación. También han señalado que el Israel sigue participando en eventos culturales y deportivos sin ningún tipo de sanción por el genocidio al que sigue sometiendo a la población gazatí. “Europa es cómplice de la masacre, afirmación de la que España no es una excepción”, sostienen los activistas de Villalba.

91 sanciones a activistas por el boicot a Israel

Entre las muchas razones por las que las activistas justifican su acción pacífica de aquel septiembre de 2025 están no solo las miles de muertes y personas heridas, sino la expansión de la línea amarilla de Gaza que divide los territorios palestinos de Israel, la imposición de la pena de muerte por horca para la población palestina, o la sistémica detención, enjuiciamiento y encarcelación de menores.

Los activistas señalan como contradictorio que, a pesar de que el Gobierno central aparece como una de las mayores voces propalestinas en Occidente —el mismo presidente Pedro Sánchez que llegó a elogiar las protestas durante La Vuelta—, el sistema judicial quiera sancionar con cárcel a las mismas personas que protestaron durante La Vuelta en apoyo a Palestina. Por su parte, Redondo defiende que “la desobediencia civil es la única y mayor garantía que tiene cualquier sociedad democrática para protegerse de los abusos. No nos engañemos, esto es un juicio político, pero no lo hemos decidido nosotros. Es un juicio político contra la solidaridad, un juicio contra la protesta política y en último extremo, creemos que es un juicio político contra la causa palestina”.

“Se están aplicando procedimientos penales a acciones pacíficas de desobediencia civil que están amparadas y protegidas por el derecho internacional de los derechos humanos”: Amnistía Internacional

Según Amnistía Internacional, se han interpuesto 91 sanciones bajo la ley 19/2007 contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte a activistas que han ejercido el boicot deportivo a Israel. Explican que bajo esta ley, no solo las multas son más altas que con la Ley Mordaza (ley que prometió derogar el PSOE y se ha aplicado más que nunca), sino porque con ella se define a las activistas “como las violentas y racistas por criticar a Israel. 

Así, “se están aplicando procedimientos penales a acciones pacíficas de desobediencia civil que están amparadas y protegidas por el derecho internacional de los derechos humanos”, incidía Daniel Canales, del área Investigación de Amnistía Internacional–España, el pasado mes de mayo. Asimismo con respecto al uso excesivo de la fuerza por parte de la policía frente a acciones pacíficas “denunciamos la falta de transparencia sobre los protocolos policiales relativos al uso de determinado equipamiento policial que directamente ni conocemos. En definitiva, lo que decimos es que protestar de forma pacífica no es un delito y esperamos que este procedimiento no tenga más recorrido”.

Hay que seguir hablando de Palestina

En el tercer año de la ofensiva israelí y las incursiones ilegales en Cisjordania, la espiral de violencia contra la población palestina no se detiene. Según los últimos datos proporcionados por el Ministerio de Salud de Gaza, al menos 73.922 palestinos han sido asesinados y 174.995 han resultado heridos desde que comenzaron los ataques israelíes, en octubre de 2023. Desde el supuesto “alto el fuego”, firmado hace casi un año, en octubre de 2025, son ya al menos 1.402 palestinos los asesinados y 4.881 los heridos. En el enclave apenas quedan edificios en pie, y la población vive confinada en un tercio del territorio.

Las encausadas sostienen que “protestar ante el genocidio palestino, constituye una obligación moral. Lo fue durante La Vuelta y lo es ahora” y se niegan a “a ser mártires del intento de castigo ejemplarizante”

En este sentido, para la AVV, “protestar ante el genocidio palestino, constituye una obligación moral. Lo fue durante La Vuelta y lo es ahora”. Las encausadas no quieren que se desvíe el foco de su protesta: que pare el genocidio palestinos. Por ello insisten en negarse “a ser mártires del intento de castigo ejemplarizante” al que les están sometiendo, y se reafirman en continuar con la denuncia para “poner freno al sionismo en todas las esferas de la vida”.

Manifestación y declaración en juzgado

Para dar otro empujón a la visibilización de su proceso judicial convocan a una manifestación de apoyo este domingo 18 de octubre a las 12h en la Plaza de la Estación (de tren) de Collado Villalba. Sus principales reclamos son: la absolución de las 8 de Becerril y demás represaliadas de La Vuelta; la ruptura, real y sin matices, de las relaciones diplomáticas, culturales y comerciales entre el Estado español y el israelí y finalmente el veto a los equipos israelíes de las competiciones deportivas y culturales que se lleven a cabo dentro de las fronteras del Estado español.

Asimismo animan a la gente a que les acompañe el miércoles 21 de octubre, a las 9h cuando están citados a prestar declaración en los Juzgados de Collado Villalba.