Madrid
Cuatro integrantes de la PAH Vallekas, investigados por una protesta tras un desahucio

Este miércoles 23 de julio, cuatro personas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Vallecas fueron citadas para declarar por un supuesto delito de desórdenes públicos. El motivo: haber participado, el pasado 1 de julio, en una protesta para exigir responsabilidades a CaixaBank, una acción que la plataforma define como pacífica.

En la mañana del 1 de julio se ejecutó tras cuatro intentos el desahucio de Adolfo, vecino de Vallecas, su hija y su nieto de cuatro años. La vivienda donde habían residido en régimen de alquiler desde 2017 es propiedad de Building Center, filial inmobiliaria de CaixaBank. Según la PAH, esta entidad ha ignorado sistemáticamente durante el último año todos los intentos de negociación para garantizar una alternativa habitacional para la familia.

Por eso, tras el desahucio, sobre las 11:30h, unas ochenta personas realizaron una acción espontánea dentro de la oficina más cercana de CaixaBank, en la concurrida Avenida de la Albufera, encerrándose en su interior para tratar de dialogar con los directivos de la sucursal.

“En ningún momento obstaculizamos el acceso de ningún cliente a la sucursal, ni tampoco les impedimos trabajar”, cuenta Alex, de la PAH, sin embargo, la policía se personó, cortó la calle sacó a a las personas del local

Desde la PAH insisten en que la acción fue pacífica. “En ningún momento obstaculizamos el acceso de ningún cliente a la sucursal, ni tampoco les impedimos trabajar”, cuenta Alex, de la PAH, que participó en la acción. “Había trabajadores que estaban firmando hipotecas en el mismo momento, y ni se enteraron”. Sin embargo, la policía se personó, cortó la calle y fue sacando una a una a las personas concentradas dentro de la oficina e identificándolas.

Entre ellas se encuentran las cuatro personas que han tenido que declarar este miércoles: “Nos llamaron de uno en uno a nuestro teléfono para citarnos a declarar en comisaría el miércoles a las 10:00, no nos dijeron los motivos, nos dijeron que fuéramos con abogado”, cuenta Alex. Allí se les informó de que se les investigaba por “haber liderado a un grupo de 80 personas para ocasionar desórdenes públicos”.

El miembro de la PAH sospecha que la policía les identificó “a través de imágenes en redes sociales y cámaras de seguridad del banco. Por ejemplo, a una compañera la señalaban por salir en un vídeo de los noticiarios. A mí y a otra compañera, porque estuvimos de mediación con directivos de CaixaBank”. Ahora, están a la espera de que manden la denuncia al juzgado y este decida si hay indicios suficientes para abrir una instrucción judicial, algo que puede dilatarse en el tiempo.

Multas para producir “efecto desaliento”

Pero no es la única sanción a la que se enfrenta la PAH por intentar paralizar el desahucio del 1 de julio: también ha recibido sanciones económicas. Algunas de las personas que se concentraron en la puerta para evitar el desahucio, que sufrieron una carga policial que resultó en varios heridos, fueron identificadas y, semanas después, cinco de ellas han recibido multas de 601 euros cada una.

“Han llegado a cinco personas aleatorias, una estaba dentro de la vivienda y salió voluntariamente, ni siquiera estaba en el portal cuando la policía nos desalojó”, destaca Alex. Estas sanciones se producen por, supuestamente, “obstrucción de la actuación de la comisión judicial”, aunque desde la plataforma aseguran que dicha comisión ni siquiera se encontraba presente en el momento de las identificaciones. Los forcejeos e identificaciones policiales se produjeron en torno a las 8:00 de la mañana, mientras que la comisión llegó pasadas las 9:30h. “Lo sentimos como un intento de escarmiento porque molestó mucho la respuesta por parte del barrio ese día, es un intento de intimidarnos y que paremos”, valora el miembro de la PAH.

La PAH Vallekas acumula más de 50.000 euros en multas por diferentes acciones destinadas a evitar que se produjeran desahucios, siempre de forma pacífica. Todas estas sanciones, que también sufren otros colectivos de vivienda o ecologistas, se producen en el marco de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza. Una ley que, según los colectivos, se usa “para reprimir el legítimo derecho a la protesta. Nos amenazan con esas multas y sanciones graves, gracias a eso consiguen que nos tengamos que ir y acceden a la vivienda incluso antes de que llegue la comisión judicial”, valoraron desde el Sindicato de Inquilinas en una concentración contra la ley mordaza el pasado mes de mayo.

“Hay activistas que acumulan hasta diez sanciones por tratar de acudir a concentraciones, participar en acciones de protesta, intentar impedir desahucios o filmar actuaciones policiales irregulares...”: No Somos Delito

También Sara López, de No somos delito, lo consideró una persecución administrativa de la protesta, y señaló que “hay activistas que acumulan hasta diez sanciones por tratar de acudir a concentraciones, participar en acciones de protesta, intentar impedir desahucios o filmar actuaciones policiales irregulares. Son sanciones por el ejercicio de derechos protegidos por la Constitución Española, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”. Añadió que el impacto de las multas va más allá de lo económico: “Generan miedo, desgaste psicológico y autocensura. Es una herramienta de intimidación colectiva, lo que el Tribunal Europeo denomina el chilling effect o efecto desaliento”.

Desde la PAH Vallekas, señalan en un comunicado la “hipocresía” del Gobierno: el mismo día que anuncian la prórroga de los alquileres, cuatro personas “son procesadas por defender a Adolfo y su familia el día que estaban siendo expulsadas de su hogar”.