Madrid
Presentan el primer informe que solicita la paralización del desahucio de una menor por motivos educativos

El Sindicato de Inquilinas de Madrid (SDI) ha presentado este viernes en el Juzgado de Primera Instancia de Madrid el primer informe de un centro educativo que pide la paralización de un desahucio por vulnerabilidad educativa. Responde al caso de una alumna de primera de bachillerato de la Latina que actualmente se enfrenta a un posible desalojo el 28 de octubre por la acción de un fondo buitre. La alumna podido recibir estos últimos meses un acompañamiento desde su instituto gracias a la implantación del protocolo de vivienda que lleva vigente desde noviembre de 2025. Aún pendientes de conocer la sentencia judicial, el escrito elaborado por miembros de esta organización junto con personal docente podría sentar un precedente al justificar la extrema vulnerabilidad de una menor en caso de ser desalojada en pleno curso escolar.

De los desahucios que se producen en nuestro país, entre el 70 y el 80% incluyen menores de edad, según Save the Children. “El profesorado ha dicho ‘basta’ a la especulación que se lleva por delante el derecho a la educación de su alumnado. No puede ser que millones de niños que no puedan aprender y desarrollarse de forma adecuada porque viven con incertidumbre, miedo a perder su hogar y sus amigos, hacinamiento, infravivienda o precios abusivos”, trasladaba la portavoz de esta organización y orientadora educativa Alicia del Río durante la presentación del informe en sede judicial.

“Intentamos prevenir el sufrimiento que ocasiona la inseguridad habitacional, que se intensifica con el paso del tiempo, así como tratar de dar solución a la situación”, reza la guía

El protocolo de actuación ante la crisis de vivienda para centros educativos se lanzó oficialmente el año pasado en colaboración con la plataforma Menos Lectivas y los sindicatos laborales CGT enseñanza, CNT y STEM. Desde entonces ha permitido el acompañamiento desde las aulas de decenas de menores en situación de pobreza habitacional. El informe, afirman sus autoras, constituye a día de hoy una herramienta esencial para el profesorado ya que permite trabajar en coordinación tanto con las asambleas territoriales del SDI como con asociaciones de familias (AFAs) y otros agentes clave en la vida de los alumnos. A través de un conjunto de pautas de acción en caso de detectarse un caso de riesgo de inseguridad habitacional en el centro, el texto aporta recursos para ofrecer ayuda interdisciplinar a estos estudiantes.

Puntos de Vivienda: una herramienta clave para acompañar al alumnado en riesgo

Uno de los recursos fundamentales del protocolos son los “puntos de vivienda”, lugares seguros en colegios e institutos donde abordar las situaciones que viven las familias —del mismo modo que existen puntos de mediación de conflictos u otros similares—. En estos espacios miembros del AFA y docentes acompañan a las familias en riesgo para realizar con ellas un seguimiento sostenido del caso. Desde el punto de vivienda de cada centro se establece una frecuencia asumible para preguntar al alumno/a y su familia cómo está desarrollándose la situación, pudiendo trasladar este seguimiento a la tutora o alguno de los docentes si se estima oportuno. “Intentamos prevenir el sufrimiento que ocasiona la inseguridad habitacional, que se intensifica con el paso del tiempo, así como tratar de dar solución a la situación”, reza la guía.

Mariu Ruiz, madre miembro del AFA Ermita del Santo en el distrito de Latina, cuenta cómo funcionan estos puntos, donde los niños pueden expresar con libertad cómo viven y qué situación tienen en casa: “Cuando nosotras detectamos un caso realizamos un apoyo mutuo y un asesoramiento sobre cómo proceder en función de la circunstancia. Se trata de una respuesta inicial con la proyección de que luego asistan al Sindicato de Inquilinas a través de las asambleas. Les damos como un calendario de las distintas asambleas del SDI pero también de otras organizaciones de vivienda para que se puedan sumar a ellos”, describe. El acompañamiento desde las aulas puede realizarse de manera individual, a través de las tutorías individualizadas, o en grupo para tratar el tema como un problema social.

Pero el establecimiento de puntos dedicados a acompañar este tipo de conflictos responde también al desborde que sufren habitualmente las orientadoras académicas en colegios e institutos. Además de permitir una colaboración constante entre estas figuras, las AFAS y las maestras, la guía libera de trabajo a las orientadoras, que tienen que atender cada día decenas de casos de alumnos con dificultades de salud mental.

De hecho, una de las demandas de las docentes de la pública en huelga indefinida desde el pasado 14 de octubre es precisamente más recursos para los servicios de orientación escolares. “Los departamentos de orientación están tan sobrepasados. Los problemas son infinitos y algunos son más urgentes porque son de autolesiones. Por eso la guía posibilita abordar un problema al que desde los departamentos de orientación es dificil llegar”, establecen varias docentes en lucha. En la mayoría de casos los centros educativos disponen de un orientador y una trabajadora social para más de 700 u 800 alumnos con muy diversas necesidades de apoyo emocional.

“Los chavales también tienen ciertas actitudes más agresivas, porque están atravesados por una violencia que es el miedo inminente a dejar la casa o tener que vivir en sitios hacinados”

Según Save the Children, los precios del alquiler en Madrid han aumentado más del 100% en los últimos 10 años y la tasa media de pobreza infantil en esta comunidad es del 30,2%. La inseguridad habitacional impacta gravemente en el alumnado y no sólo redunda en perjuicios para el rendimiento académico -hay una vinculación directa entre abandono y absentismo escolar e inestabilidad residencial-: Los chicos y chicas en riesgo de desalojo padecen a menudo síntomas como malestar e inestabilidad emocional, dificultades atencionales y cambios en la conducta, tal y como desliza el informe.

La importancia de proteger el arraigo de los menores a sus centros educativos

“Los chavales y las chavalas están con ciertos miedos a llegar a casa, no quieren hacer los deberes, no encuentran su hogar como un espacio seguro para estar. En ciertos momentos también tienen ciertas actitudes más agresivas, porque están atravesados por una violencia que es el miedo inminente a dejar la casa o tener que vivir en sitios hacinados”, expresa Ruiz. La guía apunta igualmente a las secuelas emocionales, cognitivas y conductuales que generan estas situaciones de estrés a largo plazo. Asimismo, los alumnos suelen llevar con silencio y vergüenza sus situaciones de emergencia, lo que a menudo dificulta la prevención y los recursos de ayuda por parte del personal docente.

Por este motivo, en un primer momento la orden de desahucio de la alumna cuya vulnerabilidad ha sido esta semana trasladada a los juzgados fue desconocida para los docentes de su centro. Cristina López, profesora de secundaria del distrito de Latina Carabanchel, ha acompañado a la menor de 16 años sirviéndose de primera mano del protocolo de vivienda. Su familia lleva 20 años residiendo en una vivienda que fue adquirida recientemente por el fondo buitre Brookfield, conocido por sus prácticas abusivas. Inicialmente habían alquilado el inmueble con opción a compra. Cristina cuenta a El Salto que durante mucho tiempo la estudiante ya era conocedora del burofax que anunciaba su desalojo inminente, sin embargo “en el centro no lo sabía nadie”.

La guía de vivienda ha resultado ser una herramienta útil no sólo para alumnos sino para profesores, que viven con impotencia cómo sus alumnos sufren las consecuencias emocionales y académicas de estas expulsiones

El 14 de octubre las docentes obtuvieron por primera vez información del caso y comenzaron a actuar de urgencia: “Yo le había dado clase hace dos años. Ella tenía una asignatura que sustituye a religión, Medidas de Atención al Estudio (MAE), donde las alumnas hablaban de temas que les rodean y ahí se abrió poco a poco la confianza”, explica Cristina. Se puso en contacto rápidamente con el Sindicato de Inquilinas y gracias a este enlace el instituto le pudo proporcionar el informe de vulnerabilidad, que la organización trasladó finalmente al juzgado. Hasta ahora se ha tenido en consideración la vinculación de la alumna al centro educativo —donde lleva cinco años— y su integración con el resto de compañeros.

El arraigo de los alumnos respecto a su centro escolar y los perjuicios que supone para el rendimiento educativo el cambio constante de instituto no es un asunto menor. Cristina transmite que una alumna de secundaria de su centro se trasladó a Alcalá de Henares y desde que se mudó ha preferido invertir más horas de transporte público para llegar hasta Latina con tal de permanecer junto a su grupo de iguales. Pero la guía de vivienda ha resultado ser una herramienta útil no sólo para alumnos sino para profesores, que viven con impotencia cómo sus alumnos sufren las consecuencias emocionales y académicas de estas expulsiones forzosas.

Una investigación elaborada por la Asociación Enclave de Evaluación y Enfoque de Derechos Humanos, en la que participa la PAH de Madrid, pone de manifiesto esta realidad. El estudio revela que el 17% de chicos ha perdido la casa recientemente y se ha tenido que mudar, lo que hace que el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes se vea alterado por esta vivencia traumática.

“Somos la conexión que tienen los menores con la Administración y con la sociedad pero muchas veces nos sentimos frustradas porque obviamente somos conscientes del drama que supone que un niño pierda su casa”, afirma Ana Vicenti, profesora de secundaria

En esta línea, los docentes entrevistados para este reportaje admiten que en los últimos años se ha multiplicado el número de casos de vulnerabilidad emocional en todas las etapas educativas en parte por el impacto de la crisis habitacional. En este sentido, Ana Vicenti, portavoz de la Plataforma Menos Lectivas y profesora de secundaria, mantiene que el protocolo permite al cuerpo docente “ser partícipes en estos procesos personales de los alumnos y no solo espectadores, como estaba ocurriendo hasta ahora”. “Las profes somos las que nos enteramos de lo que pasa en sus casas, somos la conexión que tienen los menores con la Administración y con la sociedad pero muchas veces nos sentimos frustradas porque obviamente somos conscientes del drama que supone que un niño pierda su casa”, infiere Vicenti.

Ahora las maestras también pueden abordar los conflictos de sus alumnos desde la prevención, ya que el texto les dota de herramientas para detectar ciertas situaciones identificando con tiempo patrones de conducta sospechosos. “Me gustaría que hiciéramos una formación para que haya mucha gente que sepa que existe la guía de vivienda, y nos fijemos en qué indicadores nos pueden hacer saltar esa alarma”, defiende. Ella hace referencia al caso de un alumno de primero de la ESO que estaba en grave riesgo de inseguridad habitacional. Vivía junto a su familia en una vivienda de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), aunque en régimen de subarriendo ilegal por parte de los arrendatarios y este año le llegó la noticia de su desalojo.

El niño, fruto de esta coyuntura revictimizante, pronto empezó a presentar problemas comportamiento y reactividad con sus iguales. “Cuando nos dimos cuenta hablé con Alicia del Río porque sabía que existía este protocolo, vimos que se podía hacer y elaboramos un informe en coordinación con el profesor de servicios a la comunidad (PSC) y la jefatura de estudios”.

La letrada de la madre presentó ese texto en los juzgados, a la espera todavía de conocerse la resolución judicial. Para Ruiz, el protocolo sienta un precedente para la protección de los menores, ya que “se está dando formación a las profes, del mismo modo que se dio hace unos años formaciones contra las violencias machistas. Es importante porque conocer que esta violencia que se genera a partir de una crisis habitacional”.