Opinión
Por qué no construir un centro de datos: los impactos del nuevo proyecto en Málaga

La fiebre de los centros de datos ha llegado a Málaga. En mayo de 2026 el Gobierno de la Junta de Andalucía declaró el centro de datos que la empresa Saltburn Holding, administrada por los hermanos Benjumea, pretende construir en el municipio de Málaga, como proyecto de interés estratégico. Esta declaración permitirá agilizar los plazos y simplificar los procedimientos administrativos y urbanísticos del proyecto. La construcción del nuevo centro de datos está prevista para 2027 en el Parque Tecnológico de Andalucía, área empresarial de la ciudad de Málaga donde actualmente están localizadas más de 700 empresas. Las instalaciones se construirían sobre una superficie de 71.415 metros cuadrados y estarían destinadas a servicios de almacenamiento y procesamiento de datos, inteligencia artificial, servicios Cloud y conectividad digital.  Ni siquiera los 254 empleos en fase de explotación dan respuesta a la gran pregunta ¿A quién beneficiaría este centro de datos? A las malagueñas y malagueños, no.

Se está llevando a cabo una estrategia política y comunicativa que busca posicionar a Málaga como uno de los destinos prioritarios para la instalación de centros de datos en España y Europa. Como parte de esta estrategia, además de la declaración del centro de datos como proyecto de Interés estratégico por parte de la Junta de Andalucía, muchos medios se hicieron eco de las conclusiones del Informe Power and Place de Savills, que destacaba el supuesto bajo coste de la energía en Málaga -mismo que en el resto del Estado- y su alta capacidad de red eléctrica, ahora mismo en el límite.

A pesar de los informes favorables de las diferentes consejerías del Gobierno de Andalucía, y del apoyo que ofrece el Ayuntamiento de Málaga a la implantación de centros de datos en la ciudad, el consumo eléctrico y de agua de este centro de datos tendría un gran impacto territorial. Como ya se publicaba en El Salto, “la nube” no es etérea y abstracta, requiere de terreno, agua y energía, mucha energía. Aurora Gómez Delgado, portavoz de Tu nube seca mi río, colectivo que visibiliza el impacto ambiental y social que tienen las grandes infraestructuras digitales, ha estado presente en la resistencia contra esta expansión de centro de datos tanto en el Estado español con los casos en Ciudad Real y Aragón, así como en Europa. 

“La nube” no es etérea y abstracta, requiere de terreno, agua y mucha energía.

Consumo eléctrico del centro de datos Málaga

El centro de datos que se pretende instalar en Málaga tendría una potencia IT de 100 MW y un consumo eléctrico previsto de 150 MW, siendo uno de los mayores proyectos anunciados recientemente en España. Si estimamos que el centro de datos tiene un nivel de consumo medio equivalente al 75 % de su potencia eléctrica prevista, el consumo sería de aproximadamente 986 GWh al año. Esta cifra equivale a alrededor del  51% del consumo eléctrico anual del municipio de Málaga, que es de unos 1.920 GWh según los datos de caracterización del suministro de energía eléctrica en la provincia de Málaga del año 2022. El consumo previsto del centro de datos es equivalente al consumo eléctrico de una ciudad de aproximadamente 307.500 habitantes y representa aproximadamente el 16,1% del consumo eléctrico de toda la provincia de Málaga. 

El consumo previsto del centro de datos es equivalente al consumo eléctrico de una ciudad de aproximadamente 307.500 habitantes y representa aproximadamente el 16,1% del consumo eléctrico de toda la provincia de Málaga.

Sin embargo, las mismas administraciones que están está incentivando la construcción de centros de datos en Málaga, se lamentan por “la saturación de la red eléctrica” en palabras del senador y vicesecretario de Territorial y Asistencia al Concejal del PP de Málaga, y por “la “falta de potencia disponible” como decía el consejero de Industria de la Junta. Meses antes de la declaración del centro de datos como proyecto estratégico, Moreno Bonilla, presidente del Gobierno de Andalucía, denunció que un proyecto de centro de datos en Málaga llevaba siete meses esperando por la falta de capacidad en la red eléctrica y calificó a Málaga, como una provincia ”ya colapsada“ en términos de capacidad eléctrica.

No hay capacidad de asignación de nueva demanda en la provincia de Málaga. La capacidad disponible publicada para Málaga es 0 en todas las subestaciones de distribución en Málaga en datos de Endesa y la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia). Además, el Real Decreto-ley 7/2026 establece criterios de prioridad para el acceso a la red eléctrica en España, priorizando el acceso a la capacidad de la red eléctrica para la vivienda y los servicios esenciales frente a otros grandes consumos especulativos o de centros de datos. Por tanto, aunque se amplíe la capacidad de la red, seguiría sin ser suficiente. El último proyecto de Real Decreto publicado el 27 de agosto define que el 80% de la electricidad de los centros de datos debe ser nueva generación renovable, lo que implicaría una inversión extra en aumentar la infraestructura renovable de la provincia.

Durante el verano de 2026 Málaga alcanzó un nuevo récord histórico de máxima demanda eléctrica desde que hay registros, debido a las necesidades de refrigeración durante una de las olas de calor del mes de julio. En agosto, los máximos de demanda eléctrica provocaron una sucesión de apagones en Málaga. Hay un conflicto entre la incorporación de grandes consumidores de electricidad y la falta de recursos energéticos. Se quiere posicionar a Málaga como un destino prioritario de las inversiones en infraestructura digital, pero no hay capacidad de dar nuevos accesos a la red eléctrica. En este contexto, cabe preguntarse quién asumirá el coste de ampliar la capacidad de la red eléctrica, quién se beneficiará de esa ampliación y sobre todo, qué usos tendrán prioridad. 

Se quiere posicionar a Málaga como un destino prioritario de las inversiones en infraestructura digital, pero no hay capacidad de dar nuevos accesos a la red eléctrica. 

¿Quién se beneficia?: Asimetrías en el acceso a la energía 

La alta demanda eléctrica de los centros de datos limita el acceso a la red eléctrica de otros usos con una función social prioritaria. Por ejemplo, en Málaga, la falta de capacidad eléctrica está limitando la incorporación de nuevas viviendas a la red. “La instalación de grandes centros de datos es incompatible con una distribución justa de los recursos energéticos disponibles y suponen una amenaza para los objetivos climáticos, ya de por sí insuficientes“, denuncian desde Ecologistas en Acción Málaga. 

Por ello, los incentivos públicos que se les da a los centros de datos, como la declaración de interés estratégico de la Junta, producen asimetrías respecto al acceso a la energía y agravan las relaciones de poder desiguales que hay entre diferentes actores. Los centros de datos compiten con otras industrias por una capacidad eléctrica limitada y su consumo eléctrico dificulta la electrificación de otros sectores. La disputa por estos recursos es una manifestación del conflicto entre el capital global de las grandes tecnológicas y una economía local que atiende las necesidades reales de la población.

El despliegue de los centros de datos está siendo impulsado por el aumento de la inversión que las grandes tecnológicas llevan realizando desde el año 2024 para ampliar su capacidad de computación y almacenamiento. Las llamadas hiperescalers, empresas que proveen servicios de computación en la nube y que gestionan redes de servidores (Meta, Amazon, Google, Microsoft y Oracle), han multiplicado su inversión en centros de datos. El informe Global Data Centre Outlook de PwC prevé que el gasto anual en centros de datos aumente de 800.000 millones de dólares en 2026 a 1,8 billones en 2050. Pero más allá de los intereses económicos, las grandes empresas tecnológicasse están militarizando.El manifiesto de Palantir Technologies representa una declaración explícita del control social que permite este almacenamiento de datos y las implicaciones políticas que esto tiene.

Todo esto sucede en un contexto en el que la pobreza energética sigue siendo un factor de exclusión invisibilizado. Según el informe El Estado de la Pobreza 2025. Andalucía de la European Anti-Poverty Network (EAPN) el 20.3% de la población andaluza no pudo permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada en invierno de 2024, lo que supone una vulneración del derecho al acceso a la energía.

En definitiva, los centros de datos limitan otros usos eléctricos preferentes, retrasan la descarbonización y estrechan el margen para reducir el consumo energético. Este proceso se articula con formas de colonización técnica, donde la imposición de términos como digitalización, interconexión o sostenibilidad esconde procesos de acaparamiento de recursos, pérdida de soberanía y erosión de los medios de vida locales. “El centro de datos necesita electricidad y agua, las dos cosas”, denuncia Aurora Gómez Delgado, portavoz de Tu nube seca mi río. 

Agua y transparencia

El debate sobre los centros de datos suele presentarse como una cuestión de inversión, empleo y modernización tecnológica. Pero detrás de la “nube” hay una infraestructura material que necesita suelo, agua y electricidad. En Málaga, un único proyecto podría consumir anualmente una cantidad de electricidad equivalente a la mitad de toda la ciudad. Sin embargo, sobre el consumo hídrico que tendría no hay datos públicos publicados. 

El debate sobre los centros de datos suele presentarse como una cuestión de inversión, empleo y modernización tecnológica. Pero detrás de la “nube” hay una infraestructura material que necesita suelo, agua y electricidad.

“A día de hoy no hay ninguna legislación que regule el agua”, denuncia Aurora Gómez Delgado de Tu nube seca mi río, puntualizando que “la falta de transparencia“ es la principal estrategia del sector. Por ello, ha publicado el informe “El precio de las nubes” donde se recogen las consecuencias de los centros de datos en otros territorios, profundizando especialmente en el caso aragonés. Se trata de una vulneración del Convenio de Aarhus, el tratado internacional que protege el derecho de la ciudadanía a acceder a información, opinar y reclamar justicia en asuntos de medio ambiente. 

Para Marisa Casal, de la Asociación Valle Natural Río Grande la demanda de agua de los centros de datos forma  parte de una dinámica de “privatización del agua” y señala que “va a haber un gran problema de prioridad, hace poco estuvimos con cortes de agua y ahora resulta que Málaga es el destino perfecto para los centros de datos”. Desde la Ruta de la placa mapean los posibles proyectos de impacto territorial que están llegando a Andalucía, como el almacén de baterías planificado en el Chorro o el parque fotovoltaico proyectado en La Jara, a cinco kilómetros del parque nacional de la Sierra de las Nieves. “Vienen a quedarse con todo cuando la soberanía energética y alimentaria es lo más importante”, concluye Marisa.

En un contexto de crisis climática en el que se está desplegando una transición energética lenta e injusta, es fundamental preguntarse qué recursos estamos dispuestos a destinar a los centros de datos y al crecimiento de la economía digital, qué usos de la energía deben tener prioridad y en definitiva, quién decide para qué usamos la energía y el agua.