Colombia
Batalla contra la minería en el corazón de la Amazonía colombiana

Ubicados en la parte nororiental del departamento del Vaupés en Colombia, territorio rico en recursos naturales que posee aún zonas selváticas de la Amazonia en buen estado de conservación, habitan las comunidades multiétnicas del Timbó de Betania, Bogotá Cachivera y Murutinga, compuestas por los pueblos indígenas baras, cubeos, desanos, guananos, sirianos, tucanos y tuyucas. Tribus que en el pasado sufrieron del cruel proceso de evangelización impulsado por conquistadores e iglesia católica, del genocidio y esclavitud que trajo el periodo de la “fiebre del caucho” durante finales del siglo XIX e inicios del XX, y que a día de hoy enfrentan una nueva amenaza a su supervivencia, la explotación minera. 

Problemática con poca difusión a nivel nacional e internacional, que tiene como punto de origen, el otorgamiento de un título minero que permite la extracción por casi treinta años de niobio, tantalio, vanadio, circonio, entre otros minerales raros como el coltán, del cual se especula su más que probable presencia en este territorio. 

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Entidades y comunidades indígenas destapan la amenaza minera de una empresa española en el Amazonas colombiano

María Fernández

Minería

Derechos humanos Entidades y comunidades indígenas destapan la amenaza minera de una empresa española en el Amazonas colombiano

María Fernández

El holding español ISAM quiere extraer recursos mineros en áreas protegidas, pero las comunidades indígenas y entidades sociales presentan resistencia.

Considerado el “oro negro” el coltán es un recurso importante para las dinámicas actuales del mercado, dada su utilidad en el desarrollo de tecnologías que van desde los equipos electrónicos como celulares y computadores hasta armas o equipos de importancia estratégica para Estados y grandes compañías, lo cual lo convierte en un elemento codiciado que ha sido desencadenante de conflictos sangrientos en países como el Congo, que alberga el 80% de las mina de este recurso en todo el mundo. 

La concesión minera fue solicitada por una persona natural de nombre Claudia Patricia Gómez González. Actualmente es su única titular, según información de la Agencia Nacional de Minería (ANM). Pero se sabe que existe un claro interés por parte de la empresa Tantalum Tech Mininng, filial del holding minero de origen español Isam, en realizar la explotación de minerales en la zona, afirmación que encuentra base en el intento de cesión del título por parte de la señora Gómez González a la empresa en el año 2016. 

Preocupante es también, el involucramiento en la concesión de la organización criminal “El Mesa” de Bello Antioquia, a la cual se les vincula con los delitos de narcotráfico, desplazamiento forzado y extorsión. En una nota del El Espectador del año 2020, se alertó que la Fiscalía Colombiana confiscó más de 40 millones de dólares en bienes de esta banda delincuencial, incluido el título minero otorgado a la señora Claudia Patricia, el cual fue encontrado en una de las propiedades de Jorge Jesús Vallejo Alarcón, alias “Vallejo” o “el Doctor” condenado a 14 años de prisión. Las autoridades evidentemente se preguntaron cómo una mujer de bajos ingresos que recibe subsidios del Estado es titular de una concesión que involucra gastos tan costosos.

Actualmente, si bien la Fiscalía 65 Especializada de Extinción de Dominio decreto mediante Resolución del 21 de agosto de 2020 el embargo sobre el derecho a explorar y explotar minerales emanados de este título, lo cual representa un alivio momentáneo para las comunidades de la zona, la verdad es que la concesión sigue activa ante la ANM, por lo que existe aún posibilidad de que el panorama a futuro se tuerza a favor de quienes pretenden lucrarse con la extracción de recursos en este territorio. 

Con ayuda de Pastoral Social Cáritas Colombia, organismo eclesial que viene haciendo acompañamiento a estas comunidades desde hace algunos años, en septiembre del 2022, desde el Observatori DESC, se llevó a cabo una investigación en la que se visitó y entrevistó a miembros de las distintas etnias que allí conviven, así como a profesionales que conocen de primera mano esta problemática socioambiental. 

Si bien en 2018 la Corte Suprema de Justicia Colombiana declaró al Amazonas como sujeto de derecho, la realidad es que estos pronunciamientos resultan insuficientes si no van acompañados de voluntad institucional

En entrevista realizada a las máximas autoridades de la comunidad indígena del Timbo de Betania miembros de los pueblos siriano y desano, todos coinciden en que existe un claro interés corporativo detrás del título minero. Relatan cómo han visto desde hace unos años a profesionales que sin autorización se han acercado a sus comunidades a realizar estudios de campo y a pedirles firmas de documentos con los que pretenden obtener autorización de concesión de una zona de 2.004,08 hectáreas, perteneciente al Resguardo Indígena Vaupés. 

No solo el impacto ambiental en esta zona selvática atravesada por ríos y hábitat de cientos de miles de especies de flora y fauna en su mayoría endémicos ha de ser tenido en cuenta, como vislumbran las autoridades de Bogotá Cachivera, esto también traerá un aumento de violencia en la zona, pérdida más acelerada de valores ancestrales, mayores tasas de suicidio, que ya de por si son alarmantes y que en muchas ocasiones son producto del consumo desmedido de alcohol, divisiones internas e inevitablemente la desaparición de la población indígena.

Aun cuando en materia legal como se resalta en líneas anteriores esta zona cuenta con declaratoria de resguardo indígena, así como de reserva forestal, lo cual exige que todo proyecto extractivista sea sometido a consulta previa, esto no ha ocurrido en esta parte del país, donde la población en su gran mayoría se opone a estas iniciativas que ponen en peligro su estilo de vida. 

En materia legal, si bien en 2018 la Corte Suprema de Justicia Colombiana declaró al Amazonas como sujeto de derecho, la realidad es que estos pronunciamientos resultan insuficientes si no van acompañados de voluntad institucional y formulación de políticas públicas que promuevan la protección efectiva de estos derechos. En los juzgados ya se ha ido un paso más allá: el Juzgado Penal Sexto de Bogotá D.C suspendió también, aun de manera transitoria una resolución que permite la sustracción para fines económicos de áreas protegidas bajo la figura de reserva forestal en todo el país. Esto supone un nuevo pronunciamiento que busca proteger los derechos fundamentales a la vida, salud, agua, seguridad alimentaria y medio ambiente de comunidades indígenas como las del Vaupés que esperemos y sea atendido por el gobierno de Gustavo Petro, quien ha manifestado en varias ocasiones su oposición a la explotación minera en ecosistemas estratégicos. 

Sorprende que a pesar de las dificultades que afrontan, estos guardianes de los bosques no pierden la esperanza de que lograrán preservar sus ecosistemas y tradiciones

La explotación indiscriminada de recursos naturales es el mayor desafío que afrontan estas comunidades indígenas del Vaupés, que vienen haciendo presencia desde hace más de seiscientos años en tan importante ecosistema no solo para Colombia y demás países de la región, sino también para el resto del mundo. Sorprende que a pesar de las dificultades que afrontan, estos guardianes de los bosques no pierden la esperanza de que lograrán preservar sus ecosistemas y tradiciones. Hay un sentir generalizado en todas estas comunidades, de que fieles a su capacidad de resiliencia saldrán victoriosos de esta lucha contra empresas que por sus intereses económicos, ponen en entredicho nuevamente su futuro y el del Amazonas.