Medio ambiente
La Universidad de Sevilla hace un homenaje a la Ley franquista de minas que niega las agresiones ambientales

La Universidad de Sevilla homenajea este miércoles a modo de seminario el 50 aniversario de la Ley Franquista de Minas, aún vigente. Una legislación que, según denuncian Ecologistas en Acción, “ampara la impunidad de las agresiones medioambientales de las empresas mineras” y es la base fiscal que “ha permitido” a BOLIDEN la empresa responsable del desastre de Aznalcóllar “eludir todas sus responsabilidades desde 1998”.

El homenaje se enmarca en el proyecto del gobierno andaluz de Juanma Moreno de convertir Andalucía en “la gran reserva minera de Europa”. Una historia de amor con la que La Junta de Andalucía ha mostrado su implicación total en los Presupuestos Generales de este 2023, que han multiplicado por seis con respecto al de 2022 la inversión en el sector hasta alcanzar los 125 millones de euros.

“Esta Ley nunca ha sido revisada para incorporar la necesaria protección ambiental que exige el artículo 45 de nuestra Constitución, y la abundante legislación europea y estatal en materia de prevención y control ambiental”, sostienen desde Ecologistas En Acción.

Los promotores de este acto, la Cátedra de Estudios Mineros de la Universidad de Sevilla, AMINER (Asociación de Empresas Investigadoras, Extractoras, transformadoras Minero-Metalúrgicas, Auxiliares y de Servicios), han justificado su decisión alegando que “junto con la Ley de Expropiación forzosa de 1954, constituyen las dos únicas leyes de nuestro Sistema de Derecho Administrativo preconstitucionales que continúan vigentes” y que el aniversario es “una excelente ocasión para dar a conocer mejor la Ley de cabecera del sector minero español y con ello de la regulación del propio sector minero como sector fundamental de la economía”.

La ley 22/1973 que regula la actividad minera en el estado español se encuentra dentro del II Plan de Desarrollo Económico y Social aprobado por las Cortes Franquistas en 1969. Los Planes que Francisco Franco impuso en todo el territorio español para abandonar la autarquía de la posguerra e industrializar el país, con el establecimiento de decenas de Polos Industriales repartidos por el territorio sin regulación alguna que son origen, agresiones al medio ambiente, irremediables como la balsa de Fosfoyesos en Huelva. La ley que regula la minería se enmarcaba dentro de estas planificaciones franquistas, basadas en el desarrollismo y en el extractivismo, y fue la respuesta del régimen a la crisis del petróleo de 1973.

Cincuenta años después, en pleno siglo XXI y tras décadas de cambios sociales, políticos y culturales, la legislación sigue intacta. “Esta Ley nunca ha sido revisada para incorporar la necesaria protección ambiental que exige el artículo 45 de nuestra Constitución, y la abundante legislación europea y estatal en materia de prevención y control ambiental”, sostienen desde Ecologistas En Acción.

Una ley que impugna los delitos climáticos

Bajo el amparo de esta Ley franquista se han impugnado diversos casos de catástrofes ambientales derivadas del ejercicio de la minería. La más sonada ha sido el caso de Aznalcóllar, el pasado julio el juzgado n.º 11 de Sevilla fallaba a favor de la empresa BOLIDEN responsable del vertido que casi llega al Parque Nacional de Doñana producido por una rotura de balsas en abril de 1998. 25 años después, el juzgado exime a la empresa sueca de pagar 89 millones de euros gracias al artículo 81 de la Ley franquista de Minas de 1973. Desde ecologistas denuncian que esta interpretación “literal” del artículo es “anticonstitucional”, ya que según el art. 45 de la Constitución Española “Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado”.

Detrás de la cátedra especializada en la minería de la Universidad de Sevilla se encuentran diversas empresas mineras con actividad económica en la zona como Cobre Las Cruces, que hace un mes recibió una financiación europea de 26 millones para sus instalaciones en la localidad sevillana de Gerena o Minería Los Frailes promotora de la vuelta a la actividad de la mina de Aznalcóllar donde se produjo la catástrofe en 1998.

En la misma Universidad en la que en estos días se celebrará el evento en torno al 50 aniversario de la ley de minas franquista el pasado octubre de 2022, se impedía la celebración de una ponencia crítica con la minería: El reciclaje de metales como alternativa. Una “censura” como señalaba CGT Andalucía a la “libertad de cátedra del profesor encargado de promover la actividad”, el docente de Antropología Social, Félix Talego.

En el territorio andaluz se encuentran más de la mitad de las 34 materias estratégicas expuestas por la Unión Europea en su política de independencia energética. Una oportunidad de negocio que Moreno Bonilla quiere expandir a toda costa. Así lo demuestran las últimas medidas de la Junta de Andalucía, como la ampliación de la vida útil de la Mina de Riotinto en Huelva, a pesar de las advertencias de los grupos ecologistas y la aprobación de la Estrategia para la Minería en Andalucía (EMA) el pasado julio.