Medio ambiente
Verter Recycling reclamó el aval de un contrato tras el derrumbe de Zaldibar

La historia de cómo el afán de lucro provocó una tragedia sin precedente en la historia ambiental reciente del territorito vasco parece no tener fin. El último acontecimiento se produjo cuando la Mancomunidad de Debabarrena desestimó devolver a Verter Recycling, la empresa gestora del vertedero de Zaldibar, la fianza de un contrato público que debía finalizar en agosto del 2020. La entidad pública de la comarca guipuzcoana confiscó la garantía en marzo, semanas después del derrumbe, por incumplimiento del contrato. La intención era compensar el gasto realizado por la compra de un material requerido por Verter Recycling a la Mancomunidad, que nunca llegaría a utilizarse.

Sin embargo, Verter Recycling solicitó unos días después del escándalo de Zaldibar la devolución de los 3.489,94 euros que había depositado como garantía del contrato anual de “servicio de gestión y tratamiento de voluminosos”, firmado con la Mancomunidad de Debabarrena un año antes, en agosto de 2019. El contrato con la Mancomunidad que Verter Recycling nunca pudo finalizar ascendía a 38.956 euros en el ejercicio 2019 y a 37.807 en el año 2020. En total, 76.763 euros en dos anualidades.

Tras del derrumbe del vertedero de Zaldibar, Verter Recycling solicitó la devolución de los 3.489,94 euros que había depositado como garantía del contrato anual de “servicio de gestión y tratamiento de voluminosos”, firmado un año antes.

En la Comisión de Gobierno de la Mancomunidad, celebrada el 11 de marzo de 2020, se resolvió el “incumplimiento de la obligación principal del contrato desde el 6 de febrero”, fecha del derrumbe del vertedero, “debido a la imposibilidad de disponer de los medios indispensables para la prestación del servicio”.

La Mancomunidad señalaba que la ruptura del contrato era “culpa del contratista” y acordó “la incautación de la garantía por concurrir los requisitos legalmente exigibles para la no devolución de dicho aval”. La confiscación de la garantía pretendía compensar, en parte, “el resarcimiento de los perjuicios causados a la Entidad”. En concreto, la pérdida del sistema de control de báscula propiedad de la Mancomunidad Comarcal de Debabarrena para el control de entrada y pesaje de camiones de voluminosos instalado en el vertedero.

Verter Recycling había exigido a la Mancomunidad de Debabarrena colocar un sistema desatendido para controlar una báscula destinada al pesaje de camiones que hacían la entrega de residuos en horario nocturno. Este sistema debía incluir un programa de gestión IOD para dos ordenadores y licencia Windows, pantalla táctil para exteriores fabricada en acero inoxidable e impresora de albaranes. El coste de este sistema ascendió a 6.100,82 euros y su vida útil se había estimado en 4 años. Dada “la depreciación hasta la fecha”, el organismo restó los 1.906,21 euros que se habían amortizado y asignó un valor de 4.194,31 euros. El aval de Verter Recycling como garantía de cumplimiento del contrato ascendía a 3.489,94 euros.

En 2019, la Mancomunidad había adjudicado otro contrato para dos años a Verter Recycling por valor de 10.780. Evidentemente, tampoco pudo cumplir con este. Según los datos publicados por el diario Berria, la Mancomunidad de Debabarrena se había convertido en el cuarto mayor cliente del vertedero de Zaldibar, contabilizando 1.600 descargas entre los años 2018 y 2019. Dos meses después del derrumbe del vertedero, la Mancomunidad accedió a devolver a Verter Recycling una fianza de 3.704,07 euros por un servicio contratado entre 2018 y 2019. El importe total de este contrato había ascendido a 81.489 euros. Dos años antes, en 2016, esta misma entidad le había adjudicado otro contrato por importe de 43.685 euros.

Algunas de las últimas adjudicaciones a la empresa gestora de Zaldibar provenían del Ayuntamiento de Eibar, consistorio del que fue alcalde Iñaki Arriola, consejero de Medio Ambiente del Gobierno vasco en el momento del derrumbe del vertedero.

Conflicto entre la Mancomunidad y GHK

La historia continuó cuando el contrato que Verter Recycling había incumplido debido al derrumbe del vertedero pasó a ser prestado por medios propios de la Mancomunidad. Esta entidad, no obstante, indicó que la competencia en el tratamiento de los restos de los voluminosos correspondía al Consorcio de Residuos foral, Gipuzkoako Hondakinen Kudeaketa (GHK). Desde dicha instancia replicaron a la asociación de municipios que, efectivamente, la labor de recogida y separación era responsabilidad de la Mancomunidad y que sería GHK quien reutilizara la parte valorizable de dichos residuos.

GHK instó a la Mancomunidad a informarle de la ubicación en la que depositaría la parte valorizable para proceder a su recogida. El problema era que el único punto de recogida previsto en el Plan Territorial Sectorial de Infraestructuras de Gestión de Residuos Urbanos de Gipuzkoa era la Estación de Transferencia de Elgoibar. Y la propia GHK descartó esta ubicación porque “no había espacio para el depósito”. Por el contrario, en opinión de la Mancomunidad, el nuevo sistema requería “un refuerzo de recursos respecto a la recogida actual”. 

Además, cuando analizaron posibles puntos de recogida alternativos en la comarca, todos quedaron descartados. En el caso de uno de los terrenos analizados, propiedad de GHK, el informe geológico del mismo advertía que “es un terreno inestable, formado por un relleno de entre 8 y 20 metros de profundidad, que requeriría de una obra muy costosa para estabilizar y asentar el terreno, si se quisiera, a estos efectos, disponer del mismo”. Por estos motivos, la Mancomunidad propuso acordar una moratoria en relación con el servicio.

Otro contrato incumplido

Los problemas del derrumbe no son pocos, incluidos otros incumplimientos contractuales. En 2019, la Mancomunidad había adjudicado otro contrato para dos años a Verter Recycling por valor de 10.780. Evidentemente, tampoco pudo cumplir con este. La Mancomunidad de Debabarrena tenía suscrito con Verter Recycling el servicio de transporte y tratamiento de cajas de plástico de los Garbigunes de Ermua, Eibar, Elgoibar y Mutriku. Sin embargo, este contrato se dio por incumplido debido a “un supuesto asimilable a la extinción de la personalidad jurídica o muerte del contratista, al desaparecer los medios con los que contaba éste para la prestación del servicio”.

Por otro lado, el tratamiento de los escombros de los Garbigunes, cuyo servicio de transporte y tratamiento de cajas de plástico no pudo cumplir el vertedero de Zaldibar, estaba a cargo de la empresa Debeko. Dado que estos residuos terminaban en el vertedero de Zaldibar y el contrato concluía en mayo del 2020, la Mancomunidad había llamado la atención a Debeko por no atender este servicio. A fecha de 18 de febrero del 2020, días después del derrumbe del vertedero de Zaldibar, Debeko respondió que ningún vertedero les autorizaba para poder depositar los escombros.

Las relaciones societarias

El diputado de Medio Ambiente de Gipuzkoa, José Ignacio Asensio, afirmó que varias mancomunidades del territorio habían enviado al municipio vizcaíno de Zaldibar —sin pasar por el control de la Diputación— más de 11.000 toneladas al año de residuos urbanos. Prometió una investigación sobre por qué sucedió este trasvase “sin remitir información” a la Diputación, pero nunca se pronunció sobre las relaciones societarias que había mantenido su exasesora, Mónica Pedreira, ahora directora de Medio Ambiente en la Diputación de Gipuzkoa, con los accionistas del vertedero. Es más, Ernesto Martínez de Cabredo, quien era director de URA, la Agencia Vasca del Agua, en el momento del derrumbe, seguía manteniendo relaciones societarias con los responsables del vertedero.

La Consejería de Medio Ambiente adjudicó a Verter Recycling una subvención en materia de protección del medio ambiente destinada a la realización de un estudio de producción de biogás en el vertedero de Zaldibar.

Verter Recycling había sido la empresa adjudicataria de varios contratos de la administración pública vasca. Algunas de las últimas adjudicaciones provenían del Ayuntamiento de Eibar, consistorio del que fue alcalde Iñaki Arriola, el consejero de Medio Ambiente del Gobierno vasco en el momento del derrumbe del vertedero. Su exsecretario de alcaldía, Francisco Javier Sánchez, participó en las juntas de accionistas de Verter Recycling y además ejerció de representante del vertedero en las gestiones que se realizaban con el ayuntamiento de Zaldibar. Otra de las entidades públicas que adjudicó contratos a Verter Recycling era la Mancomunidad de Debabarrena, entonces presidida por Arcadio Benítez, un exedil del PSE del Ayuntamiento de Eibar.

El vertedero de Zaldibar también trabajaba con las mancomunidades de Urola Kosta y de Txingudi. Según fuentes de la Mancomunidad de Debagoiena, el Gobierno Vasco habría presionado a la entidad comarcal entre 2015 y 2019 para cerrar la gestión pública del vertedero de Epele. En aquellas reuniones entre ambas administraciones salió el nombre de Verter Recycling como destinatario de los residuos. El Gobierno Vasco venía de asumir el riesgo de un préstamo de 500.000 euros a Verter Recycling, concedido en el año 2009 por Luzaro (entidad en la que participa). Cinco años después, la propia Consejería de Medio Ambiente adjudicó a Verter Recycling una subvención en materia de protección del medio ambiente destinada a la realización de un estudio de producción de biogás en el vertedero de Zaldibar.

Verter Recycling aumentó su beneficio en más de un millón de euros dos meses antes del derrumbe del vertedero de Zaldibar

Ahoztar Zelaieta

País Vasco

Zaldibar Verter Recycling aumentó su beneficio en más de un millón de euros dos meses antes del derrumbe del vertedero de Zaldibar

Ahoztar Zelaieta

Los documentos a los que ha accedido Hordago-El Salto muestran que Verter Recycling aprovisionaba dinero para la futura rehabilitación del vertedero y reconocía la sobre explotación de su vida útil. A lo largo de su actividad, la empresa superó los 15 millones de euros en beneficio neto.

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