Infancia migrante
Fiscalía de Ceuta abre diligencias penales por la expulsión en caliente de menores

Las imágenes periodísticas registradas la semana pasada han evidenciado el rechazo en frontera de niños y niñas que ya estaban en territorio español, una práctica expresamente prohibida por la legislación. En base a ellas, Coordinadora de Barrios ha interpuesto una denuncia.
Ceuta 18 de mayo de 2021
Un soldado detiene a un menor migrante que acaba de llegar a Ceuta.

La Fiscalía de Ceuta ha abierto este jueves 27 de mayo Diligencias Informativas Penales por la expulsión en caliente de niños durante los hechos acaecidos en aquella ciudad durante la semana pasada. La denuncia ha sido presentada por la Coordinadora de Barrios a partir de las imágenes grabadas por el fotoperiodista de la agencia Reuters, Jon Nazca y difundidas en youtube a través del periódico El País.

En el vídeo se observa cómo un niño está en el agua con ayuda de un flotador improvisado hecho de botellas de refrescos y cámaras inflables. Llorando grita a los militares que custodian la playa “Traten de entenderme por Dios”. En un momento sale y huye hacia el muro que da a la calle, pero es interceptado por uno de ellos. Allí es conducido hacia la zona de seguridad de la playa del Tarajal que da acceso a la puerta del inter vallado bajo la Grada 1. El niño sin parar de llorar repite “me van a golpear, no quiero volver, por favor”.

“La devolución sumaria de personas o la denominada figura de rechazo en frontera ha sido objeto de análisis por parte del Tribunal Constitucional, que ha señalado la exigencia de que el procedimiento se ejecute con determinadas garantías”

“Con posterioridad, y a pesar de que el vídeo está editado se observa cómo los militares entregan a dos personas menores de edad, siendo que el primero de los entregados parece ser el mismo niño que llora en la secuencia anterior”, denuncian desde Coordinadora.

En tal sentido, argumentan que la devolución sumaria de personas o la denominada figura de rechazo en frontera ha sido objeto de análisis por parte del Tribunal Constitucional, que ha señalado la exigencia de que el procedimiento se ejecute con determinadas garantías.

En la sentencia 172/2020 de 19 de noviembre de 2020, el TC dictaminó que “en todo caso, de las referidas obligaciones internacionales en materia de derechos humanos se desprende que, con motivo de esta actuación de “rechazo en frontera”, los cuerpos y fuerzas de seguridad deberán prestar especial atención a las categorías de personas especialmente vulnerables, entre las que se cuentan, con distinta proyección e intensidad, las que aparentan manifiestamente ser menores de edad (sobre todo cuando no se encuentran acompañados por familiares), debiendo atender la especial salvaguardia de los derechos reconocidos en art. 3.1 de la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos del niño”.

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“No hay más meridiana alegación de malos tratos que un niño llorando, aterrado, pidiendo comprensión “tenéis que entendernos”, y pidiendo protección “me van a golpear” “No quiero volver, ante el que debería operar de modo automático el principio de no devolución”, cuestionan desde Coordinadora de Barrios.

Asimismo, en la denuncia hacen constar que el Estado español “no puede desconocer que los malos tratos de las autoridades marroquíes a las personas que son entregadas en España, especialmente a las que se encuentran en situación irregular, están ampliamente documentados”, y recuerdan que la violencia contra los ciudadanos subsaharianos en Marruecos fue objeto de atención del Comité de Naciones Unidas para la protección de los trabajadores migrantes y sus familias.

“El Comité toma nota con preocupación de la información recibida según la cual el Estado parte lleva a cabo expulsiones colectivas de trabajadores migratorios en situación irregular y sus familiares hacia Argelia y Mauritania”

“El Comité está sumamente preocupado por las informaciones recibidas según las cuales los trabajadores migratorios en situación irregular son víctimas de violencia física y psíquica, incluida la violencia sexual, la violencia extrema, que puede acarrear incluso la muerte, y diversas formas de malos tratos por parte de algunos servicios de seguridad y de grupos delictivos en el Estado parte… El Comité toma nota con preocupación de la información recibida según la cual el Estado parte lleva a cabo expulsiones colectivas de trabajadores migratorios en situación irregular y sus familiares hacia Argelia y Mauritania, y que es frecuente que se abandone a migrantes, especialmente mujeres embarazadas y menores no acompañados, en zonas desérticas, incluso en zonas minadas y en lugares en que pueden ser víctima de violencia, en particular de violencia sexual en el caso de las mujeres, en condiciones de precariedad que aumentan su vulnerabilidad a la agresión y la explotación”.

Por último, la denuncia hace referencia al dictamen 4/2016 del Comité de los Derechos del Niño, de fecha 12 de febrero de 2019, en el que considera que “a la luz de la situación de violencia contra migrantes en la zona de frontera con Marruecos y del maltrato al cual fue sometido el autor, no haber realizado una evaluación sobre el eventual riesgo de daño irreparable para el autor, antes de su deportación y no haber tenido en cuenta el interés superior del autor, viola los artículos 3 y 37 de la Convención”.

Desde Coordinadora de Barrios recuerdan que los testimonios de entregas sumarias que se vienen reflejando “de modo constante” desde 2012, señalan la existencia de malos tratos físicos como castigo, desplazamientos forzosos a la frontera sin garantías y la incautación de documentación personal. 

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