México
Operativos sin justicia y la violencia del narco expone las fallas del modelo de seguridad en México

Pequeños medios locales y algunos usuarios de la zona en redes sociales fueron los primeros en hablar de una gran presencia policial en la sierra de Tapalpa, en el Estado de Jalisco (México), en la madrugada del 22 de febrero de 2026. Aunque la confirmación oficial no llegaría hasta horas más tarde, apenas había amanecido cuando un nombre comenzó a sonar: Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Según la información disponible en aquellas primeras horas del día, el conocido como “El Mencho”, uno de los capos de la droga más buscados del mundo, había sido apresado en la madrugada en un operativo federal que, aparentemente le había dejado herido. El reloj aún no marcaba las nueve de la mañana cuando comenzaron a reportarse los primeros actos de violencia en Jalisco, que en cuestión de horas se replicaron en distintos puntos del país.

Las escenas se multiplicaron rápidamente: vehículos incendiados, carreteras bloqueadas y comercios atacados. Camiones y automóviles fueron atravesados en avenidas y autopistas, mientras grupos armados obligaban a conductores a abandonar sus vehículos para prenderles fuego. Un mes después la cronología de lo sucedido es todavía difusa, como apunta el analista sénior en México del International Crisis Group, David Mora: “Todavía no terminamos de entender lo que se vivió porque, aunque han pasado varias semanas no hay todavía una línea completa y oficial de los hechos”.

Los incidentes se concentraron especialmente en Jalisco, bastión del Cártel Jalisco Nueva Generación, pero la magnitud de la reacción salió rápidamente del estado, con episodios especialmente violentos también en Guanajuato, Michoacán, Colima y Zacatecas. El saldo oficial es de más de250 bloqueos y ataques a vehículos y comercios en al menos 20 de los 32 estados del país.

“Hubo parálisis de transporte público, varios estados decidieron suspender las clases para los alumnos en los días siguientes y la gente se guardó en sus domicilios en un virtual toque de queda”, relata el experto en seguridad David Saucedo, recordando lo sucedido. “Es narcoterrorismo, aunque al gobierno mexicano le moleste mucho ese término”, asegura, destacando que este tipo de acciones lo que persiguen es “direccionar acciones del gobierno”.

Un patrón que se repite

El analista del International Crisis Group, David Mora, insiste en que lo ocurrido no fue una reacción espontánea, sino una demostración de fuerza y coordinación frente al Estado: “Este tipo de reacciones de retaliación en contra del gobierno no son nuevas, han ocurrido en varias ocasiones recientes”.

En octubre de 2019, la detención de Ovidio Guzmán López, hijo de “El Chapo” Guzmán, desató un estallido de violencia sin precedentes en la ciudad de Culiacán, capital del estado de Sinaloa. Durante la recordada como Batalla de Culiacán o, popularmente como el “Culiacanazo”, grupos armados del Cártel de Sinaloa, bloquearon avenidas, incendiaron vehículos y enfrentaron a fuerzas de seguridad, durante horas y con una magnitud tal que el gobierno mexicano se vio obligado a poner nuevamente en libertad a líder capturado.

“Esta vez todo pudo empezar persiguiendo ese mismo objetivo”, explica Mora, recordando que los primeros reportes de violencia se dieron cuando la información que se tenía era que Nemesio Oseguera, había sido herido, pero seguía vivo y estaba siendo trasladado a un centro médico. “Cuando ya se supo que había muerto las acciones se siguieron, ya como venganza y demostración de poder”, afirma el analista.

En enero de 2023, la recaptura de Ovidio Guzmán dio lugar al Culiacanazo 2.0, que mantuvo en vilo la capital de Sinaloa durante dos días, aunque la violencia se extendió a otras localidades y algunos de los estados aledaños. Las autoridades lograron en esta ocasión retener al narcotraficante que meses después fue extraditado para ser juzgado en Estados Unidos, donde también acabó en el banquillo Ismael Zambada García.

David Saucedo cree que hay “una notoria intención de poner en ridículo al gobierno de México” por parte del Cártel que lideraba 'el Mencho'

“Hay que entender que este tipo de reacciones contra el gobierno obedecen a diferentes factores”, señala Mora. En el caso de “El Mayo” Zambada, su detención ocurrió en julio de 2024, al otro lado de la frontera, en Nuevo México, pero, pese a que su liberación era imposible pues no dependía ni siquiera del gobierno mexicano, eso no impidió que el Cártel de Sinaloa, envistiese con violencia, bloqueos, ataques a comercios, demostrando su poder sobre el territorio.

“Esto no lo hace cualquier grupo criminal, esto solo lo hacen los grandes grupos criminales”, explica David Mora, quien apunta que prueba de su capacidad de organización es que, pese a la gran violencia desatada el pasado 22 de febrero, solo hubo una única víctima civil. “Eso nos habla de que fue una reacción muy disciplinada. Fueron muy violentos, extremadamente violentos, pero tuvieron la oportunidad de matar decenas de civiles y no lo hicieron”, indica concluyendo que el objetivo del Cártel Jalisco Nueva Generación fue lanzar un mensaje al gobierno: “Están diciendo, podemos extendernos y os demostramos que tenemos presencia territorial en más de 20 estados y lo hacemos con acciones muy bien orquestadas.”

Coincide con el análisis de David Saucedo quien habla en esta ocasión de “una notoria intención de poner en ridículo al gobierno de México” por parte del Cártel que lideraba 'El Mencho' y que es actualmente es considerado uno de los mayores grupos criminales del país, con demostrada amplia presencia territorial, gran control sobre rutas clave de drogas, tráfico de armas y extorsión, y operaciones que se extienden fuera también de las fronteras mexicanas.

El impacto social de la inseguridad

Es la magnitud de estos grupos lo que, según Francisco Rivas, los hace especialmente peligrosos, pues sus represalias, ya no son locales o estatales, lo que dificulta su contención. “Está muy bien que las autoridades estén prevenidos y conscientes de que, tras grandes operativos, habrá respuesta, pero no es normal y como ciudadanía no podemos normalizarlo”, señala, recordando que, en el pasado, por episodios mucho menores de violencia la sociedad mexicana ha reaccionado exigiendo garantías de seguridad. “Tengo la impresión de que llevamos tanto tiempo con esto, que se ha perdido la fe en que pueda haber garantías reales de seguridad”, opina.

Más allá de las implicaciones directas de estos episodios de violencia, la sensación de falta de seguridad tiene afectaciones en la vida cotidiana de la población. “El ciudadano promedio lo que sufre son robos y extorsión”, explica Francisco Rivas, quien advierte que el problema no se limita a los grandes operativos o a las respuestas de los cárteles, sino que se manifiesta en una presión diaria por parte de los grupos criminales y que condiciona las decisiones de la ciudadanía. “Hay gente que decide no emprender o no invertir por temor, por ejemplo, a sufrir extorsión” señala, apuntando a un efecto menos visible pero que mella la economía y el desarrollo local.

Más allá de los episodios más visibles, como bloqueos o enfrentamientos, la tensión subyacente se traduce en pequeñas transformaciones silenciosas de la vida cotidiana

Rivas sostiene que la violencia en México es un elemento estructural. “Existe un grave problema de delincuencia organizada que controla muchos aspectos de la vida de la ciudadanía”, afirma, como reflejan tanto los datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana como la Encuesta Nacional de Victimización. “Las personas deciden salir menos, visitar menos a familiares, evitar la noche y modificar sus hábitos y rutinas”, resume el experto.

Más allá de los episodios más visibles, como bloqueos o enfrentamientos, la tensión subyacente se traduce en pequeñas transformaciones silenciosas de la vida cotidiana, marcada por el miedo, la autocensura y la restricción de la movilidad, que termina por definir el día a día de millones de personas en todo el país. Especialmente, en las zonas más “calientes” mientras, de acuerdo con Rivas, “la capacidad del gobierno para prevenir estos hechos o sancionarlos es muy limitada”.

Una estrategia limitada

“Hay estimaciones que dicen que la seguridad le cuesta a México alrededor de 10 puntos del PIB”, informa Rivas, quien destaca la evolución de las políticas en esta materia en las últimas décadas. “México no contaba con una política de seguridad nacional y con una política de seguridad pública que fuese capaz de enfrentar las acciones de los grandes cárteles”, afirma.

Durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), se priorizó la militarización y la captura de líderes de cárteles, lo que llevó a un aumento exponencial de la violencia en muchas regiones del país, con enfrentamientos abiertos entre cárteles y fuerzas de seguridad. “La evidencia que da la historia de los últimos 30 años es que descabezar un cártel no acaba con la organización”, explica David Mora, defensor de que la desarticulación de las estructuras del crimen organizado es mucho más compleja.

 “Políticamente te da mucho crédito decir ‘matamos al Mencho’, pero como estrategia para combatir a las organizaciones criminales es la peor estrategia”, asegura el analista recordando que “cuando atacas solo a las cabezas generas fracturas y divisiones”, que ya en el pasado han llevado a guerras internas que se han traducido en violencia en las calles. Ejemplo de esto fue lo sucedido tras la captura de Joaquín “El Chapo” Guzmán, que desató enfrentamientos internos en el Cártel de Sinaloa, provocando una ola de violencia en Sinaloa y otros estados vecinos mientras distintas facciones luchaban por el control territorial.

Mora describe la posición del gobierno actual de Sheinbaum como “mucho más sensata”. “Su mantra es capturas igual a seguridad y hemos visto muchas detenciones centradas en la base de la pirámide y en los mandos medios de los cárteles”, lo que para él refleja una estrategia de ir “más allá de los cabezas de las organizaciones”.

“La historia de México es la incapacidad de judicializar el problema del crimen organizado”, explica Mora

Sobre el reciente operativo contra Nemesio Oseguera, destaca que pese a la violenta respuesta que desencadenó, se ven en él aprendizajes. “Eligieron Tapalpa, un lugar más apartado y no el centro de la ciudad como en el ‘Culiacanazo’. Actuaron con información precisa y durante la madrugada, no a plena luz del día, evitando repetir los errores del pasado y minimizando los riesgos para la población”, asegura.

El muro de la impunidad

“México invierte menos del 5% del PIB en seguridad y procuración de justicia. Colombia necesitó invertir 10 puntos de su PIB para empezar a tratar el problema”, señala David Saucedo, quien advierte que la impunidad es la principal debilidad del sistema.

La incapacidad de judicializar los delitos de alto perfil se refleja en el funcionamiento de las fiscalías y tribunales. “Nuestro sistema de procuración de justicia no tiene jueces y magistrados que puedan emitir sentencias ordenatorias en contra de narcotraficantes de alto perfil” explica Saucedo poniendo sobre la mesa un dato revelador: “Todos los narcotraficantes importantes que han llegado a estar en prisión, salvo en contadas excepciones, todos fueron liberados, se fugaron o, en el mejor de los casos llegaron a ser juzgados sin que esto debilitara realmente sus estructuras”.

David Mora hace hincapié en que el problema persiste en todas las administraciones: “La historia de México es la incapacidad de judicializar el problema del crimen organizado”, explica. “Puedes capturar miles de personas, como los 45.000 detenidos de Hartford durante lo que va de sexenio, pero ¿con qué cargos están en prisión? ¿Qué investigaciones hay detrás?”. El experto afirma que incluso cuando hay aseguramientos masivos de drogas y laboratorios, esto no se traduce en resultados del sistema de justicia procesando, castigando, investigando y debilitando a los cárteles. “La respuesta puede ser rápida en la primera capa, pero sin justicia, el efecto es limitado”, señala. A lo que Saucedo añade que “de nada sirve detener 45.000 narcotraficantes si al mismo tiempo se siguen reclutando cada vez más jóvenes para reemplazarlos”.

En un país donde los cárteles pueden paralizar territorios enteros en cuestión de horas, la capacidad del Estado para responder no termina en las detenciones. Como coinciden los expertos, sin un sistema de justicia capaz de sostener esos golpes, los operativos pierden impacto y el problema permanece, mientras las estructuras criminales, se reorganizan una y otra vez para seguir actuando.