México
Salir del petróleo: el camino incierto de México hacia un nuevo modelo energético

El rol pasivo adoptado por la delegación mexicana en la reciente COP29 de Bakú refleja la contradictoria posición de un país cuyas políticas energéticas no van de la mano con los compromisos climáticos asumidos. Por un lado, el país se posiciona como un aliado para la lucha contra el avance del cambio climático, asumiendo internacionalmente metas orientadas a la justicia social y ambiental. Por otro, está la realidad de sus políticas energéticas, ambiguas y poco claras a la hora de encaminar alternativas reales.

“No hay una ruta clara hacia el abandono de los combustibles fósiles, especialmente porque México ahora le está apostando mucho al gas natural, que es en realidad un gas fósil”, explica Ariana Escalante, presidenta del Centro de Análisis e Investigación Fundar quien además estuvo presente en Bakú junto a la delegación mexicana. Allí fue testigo de como el gobierno reafirmaba sus compromisos ambientales, entre los cuales está justamente la reducción de los combustibles fósiles. En 2024, aproximadamente el 19,5% de los recursos presupuestarios asignados a la transición energética se emplearon en proyectos de combustibles fósiles según datos del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos por revitalizar la industria, como el aumento de la producción de gasolinas y la modernización de sus refinerías, el petróleo ya no es el pilar económico que fue para México y Pemex es ahora una sombra de lo que fue. Víctima de la falta de diversificación industrial, el país que llegó a ser el quinto productor de petróleo a nivel global enfrenta ahora el gran reto de transicionar hacia un modelo energético más verde y sostenible.

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El oro negro mexicano

La apuesta de México por el sector petrolero se remonta a comienzos del siglo XX. El interés de empresas extranjeras en extraer recursos de los yacimientos mexicanos llevó a que en 1938 el gobierno presidido por Lázaro Cárdenas decidiese nacionalizar la industria de los hidrocarburos creando Pemex (Petróleos Mexicanos), empresa que hasta el día de hoy monopoliza la extracción y refinación del crudo en el país.

El entendimiento de la producción de petróleo como una curva de campana existe desde mediados de la década de los 50, cuando se empezó a hablar de la existencia del peak oil o pico de petróleo, como ese punto de extracción máximo a partir del cual, irremediablemente, la producción comenzaría a decrecer. Independientemente del debate sobre si a nivel global se ha superado o no este nivel máximo de producción, a nivel nacional México hace dos décadas que lo dejó atrás. “Eso quiere decir que ya cuesta mucho más caro sacar el petróleo y todo lo que eso implica”, explica Ariana Escalante, quien asegura que la industria de los hidrocarburos “ya no es, ni va a volver ser algo rentable” para México.

El papel principal de Pemex a lo largo de su historia no ha sido el de generar y dotar de energía y combustible al país, sino generar renta pública, cosa que, desde la llegada del peak oil mexicano en 2004 y el notable declive de los niveles de producción, se ha visto fuertemente afectada. En el año 2000 el petróleo representaba una aportación de entorno al 6,1% del PIB, mientras que en los últimos años ronda tan solo el 3,5%.

La bajada de las reservas y de la capacidad de producción que se comenzó a hacer presente durante los gobiernos de Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018), se suma además a la caída internacional del precio del barril y a la mala situación financiera de Pemex, que está muy lejos de ser la que fue en sus años dorados. “Hace muchos años que Pemex está endeudadísimo”, asegura Escalante quien explica que el pequeño repunte de producción experimentado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, responde a una combinación de estrategias puntuales que no atajan el problema del sector de los hidrocarburos.

Pemex depende del apoyo público para mantener sus operaciones y compromisos financieros

“La apuesta de los gobiernos ha sido por intentar mantener esa renta pública que genera Pemex a cualquier costo. Pero la realidad es que cada vez se va, disminuyendo y disminuyendo más”, cuenta Manuel Llano, comunicador, antropólogo social y miembro de Cartocrítica y la Alianza Mexicana Contra el Fracking, que se muestra crítico con el gran esfuerzo que supone para las arcas públicas del país mantener el sector de los hidrocarburos. “Se le ha inyectado muchísimo dinero de los presupuestos públicos al mantenimiento del sector de los hidrocarburos”, explica Ariana Escalante. Solo en 2024, Pemex recibió 456 mil millones de pesos (25 millones de dólares) y en 2025, su subvención experimentarán un recorte del 7,5%, pero recibirá de forma adicional una transferencia gubernamental de 136 mil millones de pesos (7.5 millones de dólares) para cubrir obligaciones de deuda, lo que evidencia la dependencia de Pemex del apoyo público para mantener sus operaciones y compromisos financieros.

Además del fortalecimiento económico de Pemex con inyecciones de capital público, parte de la estrategia para continuar rascando el petróleo restante en el territorio ha consistido en la inversión en la extracción en campos maduros, lo que implica el uso de técnicas mucho más agresivas para rascar el restante tras una explotación convencional, y la exploración de nuevos yacimientos que, por sus condiciones, tienen tanto costos de operación como tiempos de producción más bajos. “No tiene ningún sentido económico, no cuando hay recursos públicos invertidos”, asegura Manuel Llano quien considera que este tipo de prácticas gubernamentales contribuyen “a seguir financiando la adicción al petróleo que tenemos como civilización y a cualquier costo”.

La realidad sigue siendo la misma, las reservas son cada vez menores y los costes de producción cada vez más altos. Según Manuel Llano, un ejemplo de esta negativa a lo evidente es que México continúa considerando como un valor por explotar las reservas de hidrocarburos denominadas como “no convencionales”, que son acumulaciones atrapadas en formaciones geológicas de difícil acceso y que, al menos por el momento, no tenemos tecnología para extraer. “La realidad es que aún si mágicamente pudiéramos perforar y fracturar todos los pozos necesarios para acceder a esas reservas, no tendríamos para más de cinco o seis años de producción”, explica Llano sobre un panorama en el que resulta difícil imaginar medidas encaminadas a un cambio de modelo energético o, tan siquiera, a la prohibición de técnicas tan dañinas como el fracking.

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¿Camino a qué transición energética?

Antes de culminar su sexenio, el 5 de febrero de 2024, el expresidente Andrés Manuel López Obrador propuso, durante la conmemoración del aniversario de la Constitución mexicana un paquete de reformas legislativas que incluían modificaciones constitucionales orientadas al fortalecimiento del proyecto de la Cuarta Trasformación que marcó su gobierno y al que ahora Sheinbaum da continuidad. Entre estas reformas, la prohibición del fracking y de la minería a cielo abierto se planteaban como piezas clave para ese cambio del modelo energético. “Durante su campaña, Sheinbaum abanderó estas medidas” declara Manuel Llano, quien, de acuerdo a este discurso esperaba que esa reforma, que no había llegado a ser sometida a votación en el Congreso antes de la salida de López Obrador, fuera retomada en los primeros meses de mandato de su sucesora. “Fue parte de su campaña, pero durante la toma de posesión, cuando la presidenta leyó sus compromisos en el Zócalo de la Ciudad de México, ese compromiso había desaparecido”, relata Llano, quien desconfía de que el veto a estas técnicas siga estando en la agenda de gobierno para esta legislatura.

“El cambio que está habiendo con Claudia es muy pequeño”, declara Ariana Escalante quien echa en falta “un posicionamiento claro contra los combustibles fósiles y alternativas reales a ellos”. Una cuestión que se hace más evidente cuando el discurso del gobierno continúa refiriéndose al petróleo como un bien estratégico que continúa alimentando y sosteniendo.

“Si queremos hablar de una verdadera transición energética tenemos que observar el costo real que tiene la producción de energía y eso implica mirar el costo ambiental, el costo energético, el costo hídrico, el costo social y el costo climático”, explica Llano quien cree que la transición económica debe de ir más allá del cambio tecnológico. “Debemos hablar de una transición energética justa, feminista, decolonial y con todos los apellidos que quieras ponerle”, afirma apostando porque el cambio no se quede en una sustitución de la matriz energética, en que lo que antes generaban los combustibles fósiles ahora lo produzcan los aerogeneradores. “Hay que cambiar los centro de poder, debemos de dejar atrás los modelos desde donde se toman decisiones empleando zonas de sacrificio como monedas de cambio”, destaca recordando que las expansión de la producción de las denominadas energías verdes “no quedan fuera de estas dinámicas de explotación, destrucción del territorio, la salud, el medio ambiente y el futuro de comunidades enteras”.

“Desaparecer Pemex es un gran reto, implica ocuparse y atender a todas esas familias cuya economía depende de este sector”

Organizaciones dedicadas y preocupadas por el tema, articuladas en plataformas como la Alianza Mexicana Contra Fracking o la campaña “Nuestro Futuro, Nuestra Energía” aseguran que el único camino posible es la reducción del consumo de energía, lo que reduciría la dependencia de los hidrocarburos. “Es un tema muy complejo y ningún país tiene una ruta clara de como alcanzar la descarbonización”, destaca Ariana Escalante quien exceptúa el modelo adoptado por Colombia, el cual considera como una posible hoja de ruta. En los últimos dos años este país ha conseguido acelerar su transición energética con un enfoque de justicia climática promoviendo justamente la disminución de la dependencia de los combustibles fósiles e impulsando la creación de los denominados “empleos verdes”.

“Millones de familias mexicanas están involucradas y trabajando día a día de una forma u otra vinculadas a la extracción, refinerías etc.” recuerda Llano, quien, aún desde un punto de vista muy crítico con el sector, es consciente de la complejidad que esto implica. “Desaparecer Pemex es un gran reto”, afirma, “implica ocuparse y atender a todas esas familias cuya economía depende de este sector, pero es algo que hay que hacer porque ya no tiene ningún sentido el costo económico, social, ambiental y a todos los niveles que nos está suponiendo mantener esta dependencia del petróleo”.