El 17 de enero de 2012 estallaba la guerra en el norte de Malí. Una primera ofensiva militar que abogaba por la liberación e independencia de la región norteña de Azawad acabó por desencadenar en una guerra cada vez más amplia y compleja, provocando un conflicto fruto de causas vinculadas a cuestiones históricas, culturales, sociopolíticas, económicas, militares y geoestratégicas. Un conflicto protagonizado por una gran diversidad de actores armados con agendas diferenciadas —separatistas, estatistas y yihadistas— y también por diversos actores y agentes de Occidente.

El conflicto armado que asola Malí desde entonces continúa pese al acuerdo de paz firmado en 2015 entre el Gobierno y algunos grupos armados. Los ataques contra la población civil y las ofensivas de los diversos grupos terroristas aumentaron también en el último tiempo. Este contexto de intensificación de la violencia en el territorio maliense ha llevado a forzado a sus ciudadanos a un desplazamiento masivo y empujado a decenas de miles de personas al exilio, buscando refugio y asilo en otros países.

Este es el caso de  Dinguere Dansoko, Fode Diakité, Demba Sissoko, Demba Dembelé, Bonko Dembelé, Fily Sissoko e Fousseni Samoura, siete jóvenes malienses que llegaron a principios de año a A Coruña y que todavía siguen esperando los trámites para lograr la protección internacional.

“No son cromos”: colectivos piden que se respeten los derechos de los menores no acompañados en su reparto

Sara Plaza Casares

Ley de Extranjería

Migraciones “No son cromos”: colectivos piden que se respeten los derechos de los menores no acompañados en su reparto

Sara Plaza Casares

Mientras el Gobierno presentan una proposición de ley para repartir a los niños y niñas no acompañados que han llegado a las costas de Canarias, colectivos ven la medida como necesaria pero recuerdan que es solo un “parche”.

Llegaron el 23 de noviembre de 2023 a Tenerife. “En la embarcación éramos cien personas. Vinimos hace muchos meses escapando de Malí, escapando de la guerra. Allí no podemos hacer nada“, relatan en conversación con El Salto. Los terroristas buscan y matan a la gente. Muchos de estos grupos cogen a la fuerza a la gente joven para hacerlos militantes guerrilleros de sus grupos armados. ”Cogen a la fuerza los alimentos, los animales, las personas. Nosotros abandonamos Malí por miedo”, ahondan.

Uno de ellos, Dinguere, cuenta cómo esto no comenzó solo en la embarcación. Viene de mucho más atrás: “En Malí no podemos hacer nada. En los pocos trabajos que hay no se gana nada de dinero. En 2021 fui a Mauritania y a finales de 2023 entré a España. Trabajé un poco en Bamako para tener dinero y llegar a Mauritania. Allí trabajé en varios oficios: mano de obra, ayudante de albañil, pesca… Un amigo de Francia me envió dinero y así completé lo que necesitaba para poder pagar el barco”.

Los siete vinieron en la misma embarcación. Allí se conocieron. Desde que llegaron a la costa canaria, estuvieron dos meses en Sigüenza y después llegaron a A Coruña a finales de enero: “Desde que llegamos a Tenerife dijimos que queríamos pedir asilo. Nos dijeron que nos encontrábamos en un lugar de paso, que una vez que nos enviaran a la Península podríamos pedirlo”. Siguiendo estos pasos, cuando llegaron a Sigüenza intentaron iniciar el trámite para conseguir el asilo, pero nunca les llegaron a dar ninguna cita. Todavía no estaban en el destino final y, ante la duda, les pidieron esperar para saber si se quedarían ahí o irían a otro lugar: "Finalmente, tras dos meses en Sigüenza, nos dijeron que teníamos que ir a otro centro”.

Así fue como llegaron A Coruña, el tercer destino de este viaje. Llegaron en enero de 2024 e iniciaron de nuevo la tramitación. Solicitaron por correo electrónico una primera cita para formalizar la manifestación de voluntad, un documento que se les exige a la Administración antes de presentar la petición de asilo.

Sin embargo, no recibieron respuesta. Llegaron buscando trabajo y se encontraron en un periplo burocrático en el que los espacios temporales no se ajustan a la realidad que se esperaban ni a las necesidades que tienen, generando cada vez una mayor sensación de frustración en ellos.

Se encuentran dentro del Programa de Atención Humanitaria de la Dirección General de Atención Humanitaria e Inclusión Social de la Inmigración. Este programa se gestiona también gracias a varias organizaciones, de las cuales Accem forma parte. Actualmente se alojan en uno de los hogares que gestiona Accem en A Coruña. La organización les apoya con la manutención, alojamiento, clases de español… Asesorando y acompañando en todos los procesos previos a la formalización del asilo. Si bien parte de sus necesidades básicas están cubiertas, no es suficiente: “Estamos cansados de quedarnos en casa y no hacer nada, queremos trabajar, para eso vinimos aquí. Ya han pasado nueve meses desde que estamos en esta situación. Es muy frustrante.”

Fue por esto que, tras cinco meses de espera en esta nueva ciudad, el 13 de mayo decidieron mandar un correo y presentar un escrito al Registro de la Oficina de Asilo de A Coruña exponiendo su caso. El 17 de junio, apoyados por personal de Accem, convocaron una rueda de prensa ante la sede de la Policía de A Coruña.

Pocas horas después de enviar la convocatoria a prensa, recibieron la notificación de su primera cita para la realización de este trámite. “Cuando nos llamaron nos pusimos muy contentos, pero queríamos seguir manteniendo la convocatoria para explicarle a la prensa y a la policía que no nos conformamos con esto, lo que queremos es nuestra cita de asilo”. De todas formas, cuentan, la ilusión duró poco. “Después de esta llamada nos explicaron la situación y nos dijeron que en unos seis meses nos llamarían para la primera entrevista. Sentimos mucha decepción. Llegados a este punto, para nosotros seis meses son muchos”, recalcan.

Su estado anímico se ve mermado y contagiado por la desmotivación, el miedo y la ansiedad. “Venimos de donde venimos y vemos cómo a otros compañeros ya les han dado la protección. Nosotros tenemos el mismo derecho que ellos a trabajar cuanto antes. Para nosotros esta primera cita es como si no fuera nada”, concluyen hablando de esta llamada de la Policía.

La manifestación de voluntad no actúa como un documento legal para trabajar. Se trata de una especie de limbo suscrito a temporalidades que no atienden a las particularidades ni situaciones personales de las personas solicitantes: “Los plazos que nos dan son muy largos, lo que queremos es tener la cita lo antes posible. Está pasando mucho tiempo. Nuestra demanda es que adelanten la cita para la demanda de asilo, tener nuestra protección internacional es lo único que queremos”.

La tramitación de las solicitudes de asilo dependen de la provincia y de la localidad en la que se demande. Todo depende de la cantidad de demandas que haya en cada sitio. Debido a la alta demanda de solicitudes de asilo en el último tiempo, el sistema está colapsado y la mayoría de provincias presentan grandes períodos de esperas en el procedimiento. Esto genera, además, una desigualdad entre los distintos territorios del Estado español: “Muchas de las personas que vinieron con nosotros en el barco tienen ya su entrevista de asilo hecha desde hace dos meses, incluso comenzaron a trabajar”.

Son firmes en su demanda: ellos lo que quieren es trabajar. Esa es su primera necesidad, tanto por una cuestión anímica como por una cuestión económica. Ante la pregunta “¿sabíais que esto pasaría una vez que llegaseis a España?” responden un unísono “no”. No entienden su situación. No pueden evitar compararse con el resto de compañeros y dicen que, aunque llegaron huyendo de la guerra, aquí también sienten miedo: “No nos sentimos bienvenidos aquí. Nos preocupa nuestra situación: no conseguimos dormir bien, no tenemos apetito”.

Securitización vs acogida: ¿para cuándo el debate sobre el “reparto” del presupuesto migratorio?

Sarah Babiker

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Infancia migrante

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En el paradigma de la migración como problema a neutralizar, “repartir” a los menores parece lo más acertado, solidaridad, que cada cual se haga cargo de su parte del problema. En este debate, quedan sin discutir otros “repartos” más problemáticos.

Desigualdades y diferencias entre las personas migrantes en el Estado español

Verse y compararse con el resto de compañeros con los que compartieron embarcación y vivencia les hacen sentir mucha extrañeza. Esta situación de desigualdad entre unos y otros no solo tiene que ver con el colapso de las oficinas y la cantidad de demandas de asilo en cada lugar, sino que también con la existencia o no de economía sumergida en los distintos territorios. La mayor parte de trabajos que desempeñan muchos de los migrantes irregulares son fuera de la ley.

Un estudio elaborado por la fundación porCausa en el año 2020 estima que en ese momento había unos 300.000 inmigrantes extracomunitarios ocupando empleos dentro de la economía sumergida. Es muy complicado encontrar datos exactos en este campo por la complejidad que supone y también porque no se dirigen recursos a su investigación. Este tipo de trabajos se concentran en sectores muy precarizados, fundamentalmente en la construcción, agricultura y particularmente en el sector servicios (restauración, limpieza, servicio doméstico, tareas de cuidado…). Su situación de regularización convierte estos espacios en lugares en los que se dan situaciones de violencia y abusos cara a sus trabajadores y trabajadoras.

Existe también una brecha muy grande entre distintos territorios del Estado español en lo que a economía sumergida se refiere, generando una gran disparidad. Comunidades como Andalucía, Extremadura y Castilla La-Mancha cuentan con una mayor economía sumergida en comparación a otras. Esto también puede explicar porqué muchos de sus compañeros están trabajando mientras ellos no: “Hay amigos que tuvieron procesos más acelerados y ya están trabajando. Conocemos a gente que está en otros lugares como Sevilla y ya encontraron trabajo”, comentan.

Todo esto ocurre en un marco de cambios y movimientos. El futuro es incierto, pero pueden verse luces. El pasado 9 de abril de 2024, en el Congreso de los Diputados y las Diputadas, se apoyó por mayoría absoluta la toma en consideración de la ILP Regularización para la continuidad de su trámite parlamentario dentro del Congreso.

Esta iniciativa legislativa popular, impulsada por más de 900 asociaciones de la sociedad civil y de colectivos de personas migrantes y racializadas que contó con el apoyo de más de 700 mil firmas de ciudadanos y ciudadanas españolas, pone en el foco la situación de 500.000 personas en situación de irregularidad administrativa.

La historia de vida de Dinguere Dansoko, Fode Diakité, Demba Sissoko, Demba Dembelé, Bonko Dembelé, Fily Sissoko y Fousseni Samoura tiene nombres y apellidos. Es un relato concreto, en un lugar concreto y en una temporalidad concreta. Pero en parte viene a contarnos también la historia de este medio millón de personas migrantes que actualmente se encuentran en irregularidad administrativa y por las que la ciudadanía reclama sus derechos.