Migración
Del asilo al retorno: España rediseña su política migratoria y se alinea con el pacto europeo

El anuncio, el pasado martes 25 de agosto, del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el primer Consejo de Ministros de este curso político que recién se estrena ya ha provocado reacciones en alguna de las organizaciones que trabajan por la defensa y la protección de los derechos de las personas migrantes.

Desde CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado), por ejemplo, ya han alertado de “los graves retrocesos en derechos de la propuesta de nueva Ley de Asilo” y han criticado que el Gobierno opte por una línea “dura”, “en la línea de los países con políticas más restrictivas en la UE”. La organización denuncia que el anteproyecto de ley “dificultará enormemente la reagrupación familiar de las personas refugiadas al exigir requisitos de medios económicos y vivienda adecuada si se presenta la solicitud de reagrupación pasado un año, un criterio que en la actual Ley no es obligatorio” y también considera que este nuevo paso dado por el proyecto restringe “la libertad de movimiento” o “el derecho a la información”, entre otros. Además, “no aborda el reconocimiento de las personas apátridas”.

Otros de los puntos que critican desde la organización —que incluye el anteproyecto de ley, pero que también se contempla en el nuevo reglamento de retorno, aprobado por el Parlamento Europeo el pasado 18 de junio y uno de los paquetes legislativos contemplados dentro del nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA) es la elaboración de listados de “países seguros”, así como las excepciones al derecho de asilo que se contemplan en situaciones de crisis o fuerza mayor. Desde CEAR lamentan que se haya perdido “una oportunidad histórica” para poner en marcha medidas para “reforzar las vías legales y seguras”.

Alba Llucià (NOVACT): “En algunos ámbitos, la normativa europea deja margen a los Estados para adoptar opciones más garantistas y, según la información a la que hemos tenido acceso, el Gobierno español ha optado por medidas más restrictivas”

El Instituto NOVACT de Noviolencia advierte de que, como no ha tenido acceso al texto íntegro del del anteproyecto, solo puede valorar el contenido del mismo en base a lo que se ha ido publicando en los medios. “Con la información disponible, consideramos que las medidas anunciadas suponen un claro retroceso en los derechos de las personas migrantes y solicitantes de asilo. La reforma pone aún más peso en el control de fronteras y las devoluciones, en lugar de garantizar el acceso efectivo al asilo y a los derechos”, explica Alba Llucià, técnica de NOVACT, para El Salto.

A la organización le preocupa especialmente que, aunque “se presente como una mera adaptación técnica a las directivas europeas, no todo esto viene impuesto por el PEMA”. Llucià asegura que, “en algunos ámbitos, la normativa europea deja margen a los Estados para adoptar opciones más garantistas y, según la información a la que hemos tenido acceso, el Gobierno español ha optado por medidas más restrictivas, que debilitan el derecho de asilo y las garantías de las personas migrantes y refugiadas”. La experta lamenta que en lugar de utilizar ese margen disponible “para proteger los derechos de las personas migrantes y refugiadas”, la reforma “refuerce un modelo centrado en el control fronterizo y la devolución”.

CCAR: “Adaptarse al PEMA no puede convertirse en una excusa para desmantelar garantías del sistema de protección español más allá de lo que exige la normativa europea” 

Quien también pone el foco en este margen que se da en el PEMA es la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (CCAR),que en las últimas horas ha emitido un comunicado para valorar las medidas. “La CCAR alerta que los anteproyectos de la nueva Ley de asilo y de reforma de la Ley de extranjería no se limitan a adaptar la legislación española al Pacto Europeo de Migración y Asilo: en ámbitos en que el Estado conserva margen de decisión, el Gobierno ha optado por medidas que restringen derechos y garantías”, se puede leer en el texto. En la organización consideran que adaptarse al PEMA “no puede convertirse en una excusa para desmantelar garantías del sistema de protección español más allá de lo que exige la normativa europea” y advierten de que estos dos anteproyectos de ley “consolidan un cambio de paradigma en la política de asilo: la protección pierde centralidad mientras ganan peso el control fronterizo, los procedimientos acelerados, la privación de libertad y la devolución”.

“No todas las medidas restrictivas incorporadas a los anteproyectos vienen impuestas por la normativa europea”, alertan en la CCAR: “En diversos ámbitos, los Estados conservan margen para preservar o reforzar garantías y, en algunos de estos, el Gobierno español ha optado por las alternativas más restrictivas. No estamos, por tanto, ante una simple adaptación técnica al PEMA. Estamos ante una decisión sobre qué sistema de asilo tendrá el Estado español durante los próximos años y hasta qué punto la política de control migratorio acabará condicionando el ejercicio efectivo del derecho de asilo”.

Jordi Campabadal (Bayt-al-Thaqafa): “Los detalles presentados por el Gobierno son antecedentes más que suficientes para estar preocupados”

En la Fundación Bayt-al-Thaqafa, donde trabajan con colectivos de personas migrantes, se muestran preocupados: “Los detalles presentados por el Gobierno son antecedentes más que suficientes para estar preocupados”. Jordi Campabadal, jurista en Bayt, pone en duda que “los derechos humanos sean el enfoque con el que se aborden estos cambios”. Aún así, también se muestran prudentes, puesto que no han tenido acceso al texto definitivo para poder saber “el alcance total y cómo acaban materializándose en la normativa interna las líneas que marca el PEMA”.

Los anteproyectos de ley, el PEMA y el nuevo reglamento de retorno de la UE

Los dos anteproyectos anunciados por el ministro de Interior y pasados en primera vuelta en el Consejo de Ministros del pasado 25 de agosto serán ahora remitidos a los ministerios involucrados para que hagan sus aportaciones. También el Consejo General del Poder Judicial y otros organismos deberán emitir sus informes valorativos.

Estos dos anteproyectos de ley se enmarcan dentro del contexto de la puesta en marcha del nuevo PEMA, aprobado en mayo de 2024 pero en vigor desde el pasado 12 de junio, pero que aún no se había empezado a aplicar en el Estados español. El PEMA, que regirá a partir de ahora la gestión de los flujos migratorios de los Veintisiete, es un paquete de textos legislativos conformado por reglamentos y directivas, un marco general de aplicación europea.

Tal y como anunció Grande-Marlaska, los dos anteproyectos tienen como objetivo adaptar la legislación española al PEMA, que tiene una parte de desarrollo y aplicación común para todos los Estados miembros, y otra de transposición nacional —por las diferencias de realidades migratorias entre los diferentes países que conforman la UE— por lo cual se exige un desarrollo normativo particular en ciertos puntos en el seno de cada Estado miembro.

Uno de los textos que exige adaptación es la Directiva (UE) 2024/1346, que fija las normas de acogida de los solicitantes de protección internacional. En el caso de España, la adaptación de este punto requiere la modificación de la Ley Orgánica 4/2000, del 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

Novedades contempladas en los anteproyectos de Ley

Uno de los aspectos que ha trascendido de la normativa española, por ejemplo, es el caso del triaje: si bien en el PEMA se contempla un plazo máximo de siete días para llevar a cabo esta tarea, en el caso de España esto se reducirá a 72 horas —prorrogables sólo por decisión judicial en casos individuales justificados—. El triaje incluirá “un reconocimiento médico, un examen de vulnerabilidad, la identificación, la toma de datos biométricos, una inspección de seguridad y la derivación al procedimiento adecuado”. A este respecto, las organizaciones de derechos humanos vienen advirtiendo que esto podría violar el derecho a la intimidad. Tal y como se asegura en el documento oficial de Moncloa, ninguna persona migrante estará autorizada a entrar en el territorio español si no se ha completado el triaje.

Los anteproyectos anunciados por Grande-Marlaska actualizan conceptos clave como el estatuto del refugiado, la protección internacional, o la protección subsidiaria

Respecto a los procedimientos en frontera, el anteproyecto establece que la resolución deberá darse en un máximo de 12 semanas para aquellas personas que no gocen de protección internacional. Para los solicitantes de protección internacional, “la reforma regula un derecho de permanencia en el país” pero en ningún caso da derecho a obtener una autorización de residencia. Por otra parte, si una solicitud de protección internacional es rechazada, la persona solicitante deberá abandonar el país. De este modo, los anteproyectos anunciados por Grande-Marlaska también actualizan conceptos clave como el estatuto del refugiado, la protección internacional, o la protección subsidiaria. Respecto a esto último, se precisan los daños graves que pueden justificarla, incluidas “las amenazas graves e individuales contra la vida o la integridad física de civiles en contextos de conflicto armado”.

CCAR: “La eficiencia administrativa no puede significar eficiencia para expulsar”

Se incorporan también consideraciones por persecución de género, identidad o expresión de género y discapacidad. En el caso de personas menores de edad, se incluirá, a partir de ahora, la figura del representante para aquellos y aquellas que soliciten protección internacional. Si bien el Gobierno ha asegurado que todas estas nuevas medidas buscan mejorar la “eficiencia” de los procedimientos, en la CCAR se muestran contundentes: “La eficiencia administrativa no puede significar eficiencia para expulsar. Una decisión errónea en materia de asilo puede comportar la devolución de una persona al lugar donde es perseguida o donde su vida, libertad o integridad están en riesgo. El principio de no devolución y el examen individualizado deben ser límites efectivos de cualquier política de retorno”.

Grande-Marlaska se distancia del nuevo reglamento de retorno de la UE

Uno de los puntos más conflictivos de la nueva normativa europea para las organizaciones de defensa de los derechos humanos tiene que ver con el desarrollo de conceptos como “primer país de asilo”, “tercer país seguro” y “país de origen seguro”, contemplados en el reglamento de retorno, que complementa al PEMA. La consideración de ciertos países (Bangladesh, Colombia, Egipto, Kosovo, India, Marruecos y Túnez) como lugares seguros tendrá una influencia directa a la hora de tramitar las solicitudes de entrada, y se prevé que se pueda enviar a personas migrantes a países donde los derechos humanos están comprometidos.

Grande-Marlaska quiso distanciarse de esa normativa. En el turno de preguntas tras su comparecencia, aseguró que él mismo había volado en contra del nuevo reglamento de retorno “y la conformación y la constitución de centros de internamiento en el extranjero, por entender que, podía conculcar, vulnerar, derechos internos, evidentemente españoles, también legislación internacional, y también los propios valores, que estructuran y que, conforman la Unión Europea”. Desde las organizaciones consultadas, sin embargo, se toman ese distanciamiento con prudencia y piden que se renuncie a ese listado de “países seguros” impuesto por la UE.

Esta información ha sido realizada en colaboración con la ONGD Bayt al-Thaqafa y ha sido cofinanciada por la Unión Europea y por la ACCD‑Generalitat de Catalunya a través del programa Connect for Global Change de Lafede.cat. Sus contenidos son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente las opiniones de la Unión Europea.