Migración
Llegada a El Hierro, CIE y deportación: 82 senegaleses frente al Pacto Europeo de Migración y Asilo

El Juzgado de El Hierro ha ordenado el internamiento de uno de los mayores grupos de personas migrantes que han llegado a Canarias en los últimos años. Los magistrados, que sustituyen a la jueza titular, una vez emitieron las órdenes de devolución, autorizaron el ingreso en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de 82 migrantes senegaleses que llegaron en una embarcación de 119 personas el 23 de junio al puerto de La Restinga. La Policía Nacional fue quien solicitó al juez que se activara su retorno, al tener la certeza de que se podía llevar a cabo la devolución, según informó EFE. Aunque el procedimiento de devolución hacia las personas migrantes que llegan de manera irregular ya viene contemplado en la normativa española, ha coincidido con la entrada en vigor del Pacto de Migración y Asilo.

La ruta canaria se reactivó a finales de 2019 y desde entonces ha combinado picos de llegadas con momentos de baja intensidad. Las devoluciones también han ido cambiando a lo largo de estos años. Entre enero y junio de este año han llegado a Canarias por vía marítima 3.708 personas, de acuerdo con los datos publicados por el Ministerio del Interior. En 2025 empezó a caer de manera drástica el número de llegadas, en comparación con lo sucedido entre 2020 y 2024, años en los que desembarcaron en el Archipiélago más de 145.000 personas. Este descenso se explica por el endurecimiento de los controles fronterizos en Marruecos, Mauritania y Senegal, lo cual ha llevado al desplazamiento de la ruta atlántica hacia el sur, concretamente a Gambia y, en ocasiones, a Guinea Conakri. En paralelo a las llegadas de los últimos años, se han producido algunas órdenes de devolución de nacionales senegaleses y marroquíes.

En este sentido, la abogada de extranjería Loueila Sid Ahmed Ndiaye destaca que el procedimiento, casi “automático”, viene recogido ya en la normativa española, la cual señala que toda persona que entre por una vía irregular al territorio español se le abre un procedimiento de devolución a su país de origen. “Lo nuevo es que no hemos visto una solicitud de internamiento de un grupo tan grande como de 80 personas en El Hierro”, matiza. La abogada recuerda que estas devoluciones se suspendieron en 2020 con el Covid19 y que después se abrió un nuevo panorama con llegadas constantes, lo que provocó la apertura de los Centros de Atención Temporal a Extranjeros (CATE) con el objetivo de que, en un plazo máximo de 72 horas, las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado puedan filiar, reseñar y saber el país de origen del migrante para así poder notificar el acuerdo de devolución.

Como estas 72 horas son insuficientes para materializar la devolución, a algunas personas migrantes, a petición del juzgado competente, se les ordena el ingreso en un CIE, donde el Estado tiene hasta 60 días para completar la devolución. De lo contrario, la persona migrante será puesta en libertad. “Para poder hacerlo necesitan tener a las personas en un sitio el día y la hora que vaya a materializarse el vuelo de deportación. Por eso solicitaron al juez de guardia su internamiento. Pero esto no es el Pacto de Migración y Asilo; esto es nuestra propia normativa y nuestra legislación nacional”, considera Ndiaye. Para la letrada, ha sido clave que estos migrantes sean de Senegal, país con el que España tiene acuerdo de devolución. “En Lanzarote, Fuerteventura o Gran Canaria ya se han estado produciendo órdenes de devolución”, detalla.

“El Pacto Europeo de Migración y Asilo apuesta casi en exclusiva por el retorno para aquellas personas que no están dentro de la protección internacional”

Esta autorización masiva de ingreso en el CIE ha coincidido con la implementación del Pacto de Migración y Asilo, aprobado por la Unión Europea (UE). A juicio del coordinador de CEAR en Canarias, Juan Carlos Lorenzo, esta medida guarda relación con la entrada en vigor de la nueva normativa, ya que aunque este procedimiento ya se encuentre en la legislación española, el pacto europeo “apuesta por el retorno” para las personas que no hayan pedido protección internacional. “Que el juzgado de El Hierro haya establecido esta medida entra dentro de la previsión de la normativa española, por una parte y, por otro lado, se afianza con lo que el pacto establece y que apuesta casi en exclusiva por el retorno para aquellas personas que no están dentro de la protección internacional”, subraya.

Del mismo modo, Lorenzo recuerda que hasta el momento la mayoría de las personas que entraban de manera irregular por algún punto de la costa canaria, aun con la orden de devolución, eran trasladadas a los recursos de atención humanitaria como Las Raíces o el Canarias 50. Sin embargo, en el escenario actual, considera que “ese tránsito directo e inmediato” y que ha sido la tendencia en los últimos años ya no se va a dar: “Nosotros vamos a tener claro que una persona que no esté dentro del marco de la protección internacional porque no ha pedido asilo, va a estar dentro del marco de la situación de potencialmente expulsable y, por tanto, será internado en un CIE para que se pueda llevar a cabo esa devolución en ese plazo máximo de 60 días”, manifiesta.

El nuevo pacto prioriza, entre otras cuestiones, acelerar y aumentar las devoluciones. Para Lorenzo esta rapidez en el procedimiento puede poner en riesgo el cumplimiento de algunos derechos, el principio de no devolución, que se dificulte una atención a la persona migrante de manera concreta, un análisis individualizado o una atención jurídica con garantías. Aunque por falta de medios humanos y materiales, Ndiaye apunta que las personas migrantes con orden de devolución de El Hierro tuvieron que realizar la comparecencia en el juzgado por grupos y que la asistencia letrada y con los intérpretes se hizo de manera online. “No hay medios para poder llegar ni desplazar a las personas desde El Hierro. Y esto es lo que no prevé la normativa de extranjería ni la Ley de Enjuiciamiento Criminal”, denuncia.

Senegal, país que acepta vuelos de deportación

Ndiaye también señala que es la Brigada de Extranjería y Fronteras, cuando tiene la certeza de que se va a poder ejecutar esa devolución, la que hace la solicitud. “Se la podría haber hecho de 30, 20, de 40 o de 50, pero dio la casualidad de que los 80 eran todos nacionales de Senegal”, aclara la abogada. Durante 2026, según datos de Stop Deportación, ha habido dos vuelos de deportación con destino a Senegal, ambos operados por la compañía Air Nostrum. El último fue el 19 mayo, salió de Madrid e hizo escala en Gran Canaria antes de partir a Dakar. En 2025, se pusieron en marcha tres operativos de deportación a este país. Los vuelos con migrantes deportados a Senegal se remontan a 2006, con el inicio de la conocida como crisis de los cayucos, año en el que muchas embarcaciones partían de Senegal y cuando este país y España firmaron un acuerdo de devolución.

Desde 2020, el Mecanismo de Prevención de la Tortura no ha realizado ninguna visita a los dos centros de detención de migrantes que permanecen abiertos en Canarias

En cualquier caso, siempre es el país receptor el que tiene la última palabra. La asociación senegalesa Boza Fii, que denuncia las consecuencias del control de fronteras en las personas africanas, apunta que en los vuelos de deportación de los que han hecho seguimiento desde 2023, salvo en uno, no hubo ninguna agencia ni personal de la administración pública del país esperando a los migrantes. “Cuando empezamos a ir al aeropuerto vimos que no había nadie, ni de la Dirección General de Senegaleses en el Exterior, ni de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM). Nadie. Es el abandono total”, se lamenta el presidente del colectivo, Saliou Diouf. Al mismo tiempo, reconoce estar al corriente del proceso de devolución activado en El Hierro y que, en el caso de que el vuelo se lleve a cabo, realizarán algunas acciones, como ponerse en contacto con las autoridades senegalesas en el país, y harán actos de denuncia en redes sociales y cadenas de televisión.

A la espera de que se agoten los 60 días que marca la normativa, las personas migrantes permanecen privadas de libertad. En Tenerife, donde suelen ser trasladados muchos migrantes que llegan a El Hierro, está el CIE de Hoya Fría, que ha permanecido cerrado un tiempo por reformas. Tiene una capacidad para 238 personas, según Global Detention Project y en 2020, el Defensor del Pueblo, tras una visita en 2019, concluyó que no era un espacio adecuado para largas estancias. En aquel momento, la institución les afeó que no disponían de mamparas en las duchas, ni de puertas en los inodoros que garantizaran la intimidad ni de espacios adecuados para recibir visitas o hacer las entrevistas con letrados, trabajadores sociales u ONG. En cualquier caso, se desconoce la situación actual de este tipo de centros en las Islas. Desde 2020, el Mecanismo de Prevención de la Tortura, dependiente del Defensor del Pueblo, según se constata en su web, no ha realizado ninguna visita a los dos centros de detención de migrantes que permanecen abiertos en Canarias, el de Tenerife y el de Barranco Seco en Gran Canaria, tras el cierre de El Matorral, en Fuerteventura.