Migración
“Melilla sigue siendo un laberinto del cual es preciso buscar salida” denuncia el SJM

El Servicio Jesuita Migrante (SJM) presentó el Informe Frontera Sur 2020 “Buscar Salida”, el quinto de este tipo que la entidad realiza desde 2012 y que ha permitido en los últimos años arrojar luz sobre la situación de vulneración de derechos humanos que sufren las personas migrantes en su intento de llegar a Melilla.

Ya en el informe de 2018 el SJM definía a Melilla como “un laberinto geográfico complicado por una maraña de normas y prácticas administrativas que frustran la regularización del proyecto migratorio de las personas migrantes en situación irregular, con autorización de permanencia provisional como solicitantes de asilo o incluso con autorización de residencia ordinaria”.

“Tres años más tarde sigue siendo un laberinto del cual es preciso buscar salida”, aseguran desde la entidad y agregan que “si algo puede caracterizar el año 2020 ha sido la permanencia en Melilla de cerca de un millar de personas originarias de Marruecos, Argelia y Túnez, mayoritariamente en el CETI, puesto que el Ministerio del Interior rehúsa trasladarlas a la Península, donde quedarían en libertad, transitando por España con destino a Francia o a otros Estados miembros de la UE”.

El coordinador del área Frontera Sur, Josep Buades Fuster detalló que el informe centra la atención en siete puntos, entre los que destacó “el drama de los que arriesgan la vida y la integridad física para pedir asilo, la falta de garantías mínimas en procedimientos de devolución y denegación de entrada y rechazo en frontera, la mala práctica administrativa de no tramitar la documentación de los menores extranjeros bajo tutela administrativa y algunas malas prácticas en casos de trata que han llevado a la condena penal de víctimas del delito que se les imputa ”. También “el logro de que el Tribunal Supremo haya sentado jurisprudencia sobre los derechos fundamentales a la libre elección de residencia y a la libre circulación por todo el territorio nacional de solicitantes de asilo documentados”.

Sobre el primero de los puntos, el abogado David Melián remarcó “la paradoja” de que “aquellas personas que sufren algún tipo de persecución o cuya vida corre peligro, se vean forzadas a arriesgarla para poder salvarla. Escapa a toda lógica”, afirmó.

“Hemos documentado numerosos casos de personas que han perdido la vida antes de llegar a nuestro territorio, por tanto es difícil asegurar que su intención era pedir asilo pero no es difícil concluirlo a partir de los datos de países de origen, perfiles de vulnerabilidad, conocidos que ya se encuentran en nuestro país y han contactado con nosotros posteriormente y nos han expresado estas voluntades”, aseguró.

Más de 800 personas internas en el CETI de Melilla se manifiestan para exigir el traslado a la Península

Redacción El Salto

Migración

Más de 800 personas internas en el CETI de Melilla se manifiestan para exigir el traslado a la Península

Redacción El Salto

El miércoles 3 de junio más de 800 personas internas en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla se manifestaron para exigir el traslado a la Península y que se garantice el asilo político.

En ese sentido aunque la Ley prevé que la protección internacional se solicite en los puestos fronterizos, en el caso de Melilla en el de Beni Ensar, Melián denunció que en la realidad “aquellas personas que no tengan rasgos fenotípicos de la población marroquí ven enormemente dificultado su acceso a esas oficinas, lo cual lleva a poner nuevamente en peligro su vida e integridad utilizando vías cada vez más peligrosas, como los bajos de vehículos”.

Sobre posibles soluciones dijo que “urge” el reglamento que corresponde a la Ley de Asilo de 2009, “sobre todo en lo tocante a la solicitud de asilo en embajadas y consulados, que creemos ayudaría a salvar muchas vidas“, y la creación “de corredores humanitarios seguros que garanticen el acceso de los solicitantes a las oficinas de asilo y refugio en Ceuta y Melilla”.

“Melilla es una ciudad a la que cuesta mucho llegar y de la que resulta muy difícil salir”, aseguró la abogada María Vieyra.

Por su parte, la abogada María Vieyra, recordó la sentencia del Supremo que reconoce a los solicitantes de protección internacional el derecho a circular libremente por todo el territorio nacional y a elegir su lugar de residencia en España. “Para el SMJ el Ministerio de Interior debe asumir los pronunciamientos judiciales del Tribunal Supremo y en consecuencia cesar en la práctica de delimitarlos en forma generalizada en Ceuta y Melilla, y la policía no puede persistir en la prohibición del traslado a territorio peninsular dado que los tribunales han dicho que carecen de fundamento legal para ello. Melilla es una ciudad a la que cuesta mucho llegar y de la que resulta muy difícil salir”, aseguró.

Otra problemática que aborda el informe frontera sur es la separación de familias, un hecho bastante usual, admitió el letrado Diego Fernández Maldonado. “El Derecho a la vida en familia, considerado derecho fundamental europeo, vemos como su respeto efectivo se dilata en el tiempo. sobre todo por el celo desproporcionado de las autoridades hacia las familias que llegan a Melilla”, remarcó.

No obstante aclaró que la rigidez y lentitud “no es un problema de voluntad de los funcionarios, sino de falta de protocolos ágiles y garantistas” y admitió que hay un choque “entre la búsqueda de esa reagrupación familiar y la seguridad jurídica plena de que existe ese vínculo familiar”.

“Nuestra propuesta es que la administración se abstenga de separar los miembros de la familia y en su defecto las reagrupe sin mayor dilación”, piden desde el SJM.

“Conociendo estas circunstancias buscamos que exista un protocolo que equilibre el rigor y la seguridad jurídica, pero también un análisis individualizado, multidisciplinar en cada caso, buscando esos indicios de vínculos afectivos y que se procure la unión del menor con el mayor a cargo salvo que se concluya muy claramente que no existe ese vínculo. Nuestra propuesta en el informe es que la administración se abstenga de separar los miembros de la familia y en su defecto las reagrupe sin mayor dilación, sobre todo cuando quede acreditado que el vínculo familiar existe por documentación fehaciente, como un pasaporte, que debe ser reconocido salvo que haya claros indicios de manipulación o falsedad”, concluyó.