Migración
Regularización Ya considera utilitarista la reforma de Escrivá y denuncia el ninguneo a la ILP

El pasado 2 de junio un documento se filtraba a la prensa y era reproducido por varias cabeceras, se trataba del borrador de un Decreto Ley propuesto por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para la modificación del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, es decir, la Ley de Extranjería. En dicho documento, ahora en consulta pública, se distinguían varias pinceladas en torno a la idea de agilizar la regularización de personas migrantes para facilitar su acceso al mercado laboral en aquellos sectores donde resulta más difícil encontrar mano de obra, permitir trabajar a personas extranjeras que se hallan en el país con permiso de estudiante, o seguir apostando por la contratación en origen.  

La propuesta de regularización del ministro Jose Luis Escrivá surge durante la campaña ILPRegularización que comenzara el pasado febrero con el propósito de regularizar al medio millón de personas que residen en el país de manera irregular, con el menoscabo a sus derechos que ello supone. Esta iniciativa, promovida por personas migrantes organizadas en torno al movimiento Regularización Ya que en alianza con entidades de la sociedad civil, partidos políticos, y otros actores constituyen la plataforma Esenciales, recientemente llegó a la mitad de las firmas requeridas. La Iniciativa sigue a la PNL por la regularización, presentada en 2020, que fuera debatida y rechazada en el Congreso en septiembre de aquel año. 

“El contenido de la propuesta de modificación presentada muestra que para el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, las personas migrantes somos vistas como instrumentos para satisfacer las necesidades del mercado laboral”

“El contenido de la propuesta de modificación presentada muestra que para el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, las personas migrantes somos vistas como instrumentos para satisfacer las necesidades del mercado laboral, y no como personas con derechos”. Esta es la valoración por parte de Regularización Ya que se recoge en un documento de reacción al borrador de Escrivá al que El Salto ha podido acceder.

Silvana Cabrera, en conversación con el Salto, transmite el descontento desde el movimiento: “una vez más, habiendo un movimiento social integrado por personas migrantes que hemos llegado al Congreso con una PNL, ahora estamos con una ILP que es de pleno conocimiento del ministro Escrivá, somos ninguneadas. No se cuenta con nuestras voces y no se cuenta con que hay 500.000 personas en situación administrativa irregular”.

Según explica Regularización Ya en su documento, frente a la propuesta del Ministerio centrada en cuestiones laborales, en la plataforma “nos constituimos desde la convicción de que la regularización es un proceso de defensa de los derechos y de justicia social”. Lejos de esta concepción, las y los activistas recuerdan como en el mismo texto del Real Decreto se especifican unos parámetros bien distintos: “El objetivo de la norma es hacer frente de forma ágil a los crecientes desajustes del mercado de trabajo español asociados a la escasez de mano de obra desde el ámbito migratorio”.

La propuesta de modificación sugiere al colectivo que “si hay voluntad política es posible avanzar hacia un proceso de regularización amplia, que se base en los derechos de las personas en situación de movilidad”. Les preocupa, sin embargo, la falta de voluntad política para trabajar en esa dirección, y también la falta de escucha con respecto a las personas migrantes. El hecho de que se hayan habilitado solo 11 días para comentar el borrador, y además desde plataformas online que pueden no resultar accesibles para muchas de las personas afectadas, pone en evidencia, para el movimiento, esa impermeabilidad a las demandas del colectivo migrante. Por otro lado, denuncian la vaguedad de la propuesta en cuanto a su alcance real y la falta de datos sobre sus efectos. Tampoco se especifica cuál sería su propuesta referente a la formación como vía de acceso a la regularización. Además, denuncian que no aborde lo que consideran uno de los problemas centrales que afectan a las personas migrantes: “La falta administrativa de carecer de regularidad administrativa, continúa siendo motivo de encierro en CIEs o bajo el amparo de la Ley Mordaza, de deportaciones desde Comisarías. Urge acabar con las prácticas de criminalización de la migración”.

La activista y abogada en Extranjería, Loueila Mint al Mamy, coincide con el diagnóstico de Regularización Ya: “nos siguen viendo como mano de obra. Por eso también les interesa hacer algunas modificaciones con respecto a la contratación, no porque crean que tenemos un derecho de las personas migrantes a poder salir, entrar y a construir nuestra vida y nuestra realidad de la manera que queramos”, explica tajante en conversación con el Salto.

Esta abogada reconoce en el borrador un intento de mejorar algunas figuras como el arraigo social, principal vía de regularización que implica tres años de espera y demostrar que se tiene una oferta de trabajo. Sin embargo, apunta, su peor “handicap” es que la norma es ajena a la realidad de las personas que se ven perjudicadas por la propia normativa. La jurista enmarca este nuevo movimiento en la voluntad de Escrivá de introducir modificaciones —como ya se hizo en el reglamento de menores no acompañados que incluyó cambios que facilitan el acceso a la residencia, y también al mercado laboral— que agilicen la regularización por la vía laboral. “Me parece bien y es genial que exista intención y voluntad política por realizar una serie de modificaciones dentro de la propia normativa de extranjería. Porque la normativa de extranjería para mí mata”, apunta esta letrada que trabaja con familias a las que la situación irregular aboca a la precariedad, el trabajo en la economía sumergida y la privación de los derechos más básicos.

“La #ILPRegularizacion es una iniciativa que pretende responder a esta situación de no derechos, dado que el gobierno se ha negado en reiteradas ocasiones a ofrecer condiciones para que la regularización de las personas que se encuentran en el territorio de España sea posible”, apunta en este sentido Regularización Ya en su comunicado de reacción, subrayando que, si desde el Ministerio mismo se plantea reformar la Ley de Extranjería es por que se ha demostrado su ineficacia y la necesidad de modificarla.

Para Mint al Mamy, esa voluntad política no puede plasmarse solo en la normativa sino en la manera en la que se trasladan las modificaciones a la práctica: la abogada recuerda la precaria situación en la que se hallan las oficinas de extranjería, y lo que esto implica para las personas migrantes: imposibilidad de avanzar en trámites burocráticos centrales para su existencia, o trabas para obtener un permiso de residencia por falta de personal dedicado a estas gestiones. “Por ejemplo, en la oficina de Santa Cruz de Tenerife ahora mismo se ha hecho un recorte, de 40 funcionarios que teníamos para los expedientes de miles de personas, a 12 funcionarios. Ya no tienen gente para gestionar los trámites, lo que a su vez también dificulta la posibilidad de que las personas puedan llegar a que esos expedientes se resuelvan en plazo y puedan entrar dentro de este sistema”.

La controvertida contratación en origen

Si hay una apuesta que genere desasosiego entre quienes defienden los derechos de las personas migrantes es la de la contratación en origen que vuelve a ocupar un lugar privilegiado en los planes del ministerio. Cabrera la califica directamente como “trata legalizada de personas”. “Es un sistema totalmente mercantilista y utilitario por el cual las personas, una vez que llegan a territorio español, no tienen los mismos derechos que cualquier ciudadano. Viven en condiciones deplorables, dependiendo de las empresas que les hacen las contrataciones, que hacen lo que se les da la gana con estas personas”. 

La integrante de Regularización Ya ha presenciado estas experiencias de primera mano, como empleada del sector de la hostelería, donde trabajaba con personas que habían sido contratadas en sus países de origen, “era una denuncia tras otra que se podría hacer, y estamos hablando del campo de la hostelería”, pese a las irregularidades vividas en este sector, Cabrera considera que es mucho más grave lo que se da en el ámbito agrícola.  Algo que el colectivo Jornaleras en Lucha, viene denunciando desde hace tiempo.

Ana Pinto explica desde Huelva cómo están comprobando por las denuncias de trabajadoras y trabajadores migrantes el inclumplimiento de las condiciones establecidas en la contratación de origen. Algo que, según conversaciones que han mantenido con el Ministerio de Trabajo y con Inspección, preocupa, y sin embargo seguiría sucediendo. “Se ha denunciado públicamente por parte de los hondureños o las ecuatorianas —jornaleros de ambas nacionalidades protagonizaron un proyecto piloto en la actual campaña de la fresa— y ha habido protestas de las trabajadoras marroquí aquí”. 

Para esta activista, la fórmula del contrato en origen es una forma de aprovechar la situación de la gente en otros países para que cubran los puestos con peores condiciones, en sectores “donde no se cumplen los derechos laborales”. “Siempre que hablan de personas migrantes,  lo relacionan con la economía, con el mercado laboral, dicen aquí representantes públicos de Huelva, que con los contratos en origen se pagan las pensiones de la gente de Huelva”.

Esta mirada de las personas migrantes como fuerza de trabajo genera además un ecosistema en el que se pone a competir a trabajadores muy precarizados locales, trabajadores que están en situación irregular y trabajadores que provienen de estos contratos en origen, generando fragmentación y tensiones entre los distintos grupos, “una pelea de los últimos con los penúltimos” que se nutre de racismo, alerta Pinto.

Contar con las personas migrantes

Desde la Regularización Ya encuentran problemático que ante este tipo de lógica, “los sindicatos mayoritarios, lejos de mostrar apoyo a la #ILPRegularizacion, se han abstenido de establecer diálogos con nuestro movimiento y al mismo tiempo critican la propuesta del gobierno por romper un “consenso sobre migración laboral” en el que las organizaciones migrantes no somos convocadas”.

Y es que, como afirma Pinto, incluso abrazando la perspectiva que privilegia lo laboral,  la regularización que se propone desde la ILP también puede satisfacer esa demanda de mano de obra. “¿Pero qué ocurre? Que a la gente que está aquí y no tiene sus papeles y demás, pues resulta que no les interesa regularizarla, pues no la van a poder explotar tan fácilmente. Viene muy bien tener a esas personas ahí y explotarles a la vez que explotan a la gente de aquí más pobre, a la que dicen que si no funcionan pues van a meter a trabajar a la gente que no tiene papeles porque le sale mucho más rentable”.

“Que el Ministerio se siente con los agentes implicados, que se sienten con Regularización Ya, que se siente con todos los colectivos y con todos los abogados que trabajamos en las distintas subcomisiones de Extranjería”

Mint al Mamy considera que si hay voluntad por parte del Ministerio para realizar una serie de modificaciones, “que se siente con los agentes implicados, que se sienten con Regularización Ya, que se siente con todos los colectivos y con todos los abogados que trabajamos en las distintas subcomisiones de Extranjería, para que le podamos mostrar todos los hándicap y obstáculos que encontramos”.  La abogada denuncia frustración ante una normativa de extranjería que limita los derechos de las personas, y las condena a tres o cuatro años en el limbo “esto sigue existiendo y dudo mucho que esta reforma lo vaya a modificar”.

Cabrera recalca esa sensación de ninguneo, que se ve exacerbada por lo acotado del tiempo de consulta pública: “Saben que estamos en medio de una ILP y todo el esfuerzo que nos conlleva, somos personas auto organizadas, no tenemos ningún tipo de financiación para llevar a cabo esta ILP. Entonces en 11 días, ¿qué tenemos que estar? ¿pidiendo favores a abogados que sepan de extranjería?”

“Seguimos viendo urgente una regularización en los términos más amplios posibles, como se viene impulsando desde la #ILPRegularizacion. De esta forma el Estado español, más allá de reconocer los fallos de la LOEX, podrá plantear una forma de detener el daño y ofrecer una mínima reparación a las 500.0000 personas que se han visto afectadas por esta ley”, concluye el documento de Regularización Ya.