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La mina de Aguablanca, en el aire

Ecologistas en Acción de Extremadura ha registrado un escrito en el que denuncia la pérdida de vigencia de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para la explotación subterránea de la mina de Aguablanca, publicada en 2017 y prorrogada en 2021 hasta 2023. La organización ecologista considera que, mientras la mina ha estado inactiva desde 2015 hasta nuestros días, se han producido cambios de propietarios y proyectos que mostrarían un uso especulativo incompatible con prácticas de minería responsable.

Rectificación sobre noticia publicada en El Salto sobre Mina Aguablanca

El Salto

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Investigación Rectificación sobre noticia publicada en El Salto sobre Mina Aguablanca

El Salto

El pasado día 8 de diciembre de 2023, El Salto publicó la noticia titulada “Narcos, Paramilitares y petrodólares, ¿quiénes son los nuevos dueños de la mina Aguablanca?”, actualmente despublicada.

En el citado documento se denuncia la pérdida de vigencia de la Declaración de Impacto Ambiental para la explotación subterránea de la mina de Aguablanca en Monesterio (Badajoz), tomando como argumento principal el artículo 43 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación ambiental. En el mismo queda señalado que la DIA del proyecto perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicada en el “Boletín Oficial del Estado” (fue publicada el 4 de agosto de 2017) o diario oficial correspondiente, no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto o actividad en el plazo de cuatro años. En tales casos, el promotor deberá iniciar nuevamente el trámite de evaluación de impacto ambiental del proyecto, salvo que se acuerde la prórroga de la vigencia. El mismo artículo señala que: “En defecto de regulación específica, se entenderá por inicio de la ejecución del proyecto cuando, una vez obtenidas todas las autorizaciones que sean exigibles, hayan comenzado materialmente las obras o el montaje de las instalaciones necesarias para la ejecución del proceso o actividad y así conste a la Administración”.

Aguablanca operó a cielo abierto extrayendo níquel y cobre entre 2005 y 2013. La mina recibió más de 6,6 millones de euros de los fondos de incentivos regionales de Extremadura (FEDER) al inicio de sus operaciones. El cierre de la explotación y el desempleo generado en la comarca llevó a la adopción de un Plan de Regeneración Económica y del Empleo en la zona minera de Aguablanca dotado con 3,6 millones de euros y sufragado por la Junta de Extremadura y la Diputación Provincial de Badajoz.

En 2013 la empresa inició ilegalmente la explotación subterránea del yacimiento, algo que no estaba contemplado en el proyecto de explotación aprobado ni en los permisos ambientales

En 2013 la empresa inició ilegalmente la explotación subterránea del yacimiento, algo que no estaba contemplado en el proyecto de explotación aprobado ni en los permisos ambientales. Este cambio en el método de explotación sólo se mencionó en el plan anual de labores de diciembre 2014, meses antes del cierre. La explotación quedó paralizada en julio de 2015 como consecuencia de la contaminación asociada a las aguas subterráneas y el colapso de la mina.

Aguablanca ya había generado un enorme depósito de residuos y seguía contaminando el Dominio Público Hidráulico. La declaración de impacto ambiental formulada en 2017 puso en evidencia los continuos impactos de la mina y, por ello, se establecieron condiciones muy restrictivas para que las operaciones pudieran continuar.

La propiedad de los derechos mineros, a través de Río Narcea Recursos, ha estado sujeta a varios cambios de empresas relacionadas con otros proyectos del negocio de la minería: Sacyr, Valoriza Minería, Lundin Mining, Claudenia Participaciones, Geológica Monesteriense y ahora Denarius.

Aunque en Aguablanca no ha habido actividad extractiva desde 2015 hasta hoy, no han cesado las actividades financieras y de imagen, con la creación de empresas pantalla o solicitud de subvenciones para la minería. Estas últimas, de acuerdo con Ecologistas en Acción, obtenidas, “con frecuencia, aportando datos y declaraciones falsas en las solicitudes, sea en convocatorias nacionales o de fondos europeos”. Las apariciones de estas empresas en los medios tenderían, entonces, a ofrecer una imagen sobrevalorada de sus proyectos, restando valor a las afecciones que pudieran producirse.

Una mina de mano en mano 

Sacyr entró en Aguablanca en 2015, a través de un acuerdo con la canadiense Lundin Mining y Rio Narcea Recursos. Dicho convenio le permitía participar en 24 permisos de prospección en Ossa Morena en la comarca de Olivenza y en la mina de Monesterio. Con posterioridad, en 2016, Lundin Mining vendió sus participaciones a Sacyr-Valoriza, por 15 millones de euros.

En 2018, Valoriza y Sacyr recibieron fondos públicos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, a través de una subvención de 6,4 millones de euros del CDTI que les permitió seguir operando en la mina de San Finx en La Coruña, explotación sancionada en febrero de 2024 por vertidos de metales pesados a la ría de Muros, algo que los ecologistas habían denunciado desde 2016. Valoriza también obtuvo fondos del EIT Raw Materials por un proyecto para definir “nuevos enfoques para obtener licencia social para la minería”. Sacyr también obtuvo financiación del programa EU Life para un proyecto de tratamiento ecológico de drenajes ácidos en el río Odiel en Huelva.

En 2019, Río Narcea Recursos, (participada de Sacyr-Valoriza) presentó una actualización del Plan de Restauración y Cierre de la explotación, con arreglo al RD 975/2009, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por las actividades mineras, que fue aprobado por resolución de septiembre de 2022, pero nunca iniciado.

En marzo de 2021, Valoriza Minería S.L. vende Río Narcea Recursos a Claudenia Participaciones Empresariales S.L. (representada por Iñigo Resusta Covarrubias, CEO de Lithiun Iberia) y a Geológica Monesteriense S.L. (representada por Alejandro Francisco Ayala). Los nuevos propietarios solicitan prorrogar la vigencia de la DIA.

Ecologistas en Acción de Extremadura presentó alegaciones para que no se autorizase el proyecto de explotación subterránea, considerando los riesgos de afecciones al Dominio Público Hidráulico, con daños a los embalses de abastecimiento aguas abajo

El 31 enero de 2023 fue publicado en el BOE el anuncio de información pública del Plan de Restauración de la actualización del proyecto de explotación subterránea de Aguablanca. Ecologistas en Acción de Extremadura presentó alegaciones para que no se autorizase dicho proyecto, considerando los riesgos de afecciones al Dominio Público Hidráulico, con daños a los embalses de abastecimiento aguas abajo y pérdida de biodiversidad en la fauna fluvial, además de las producidas en la localidad de El Real de la Jara (contaminación por polvo en suspensión, ruido, grietas en las viviendas, daños viarios por tráfico pesado, etc.).

En diciembre de 2023, Denarius compra el 50% de Río Narcea Recursos por 25 millones de euros. En varios medios nacionales e internacionales aparecen noticias que relacionan a Denarius con graves delitos y atentados contra los derechos humanos, laborales o ambientales; como usurpación de tierras, ocultación de contaminación de aguas públicas, etc.

Polémica reapertura

En visita al yacimiento de Aguablanca, representantes de Río Narcea Recursos declararon a la prensa, según aparece en varios medios, que su presencia en las instalaciones suponía oficialmente el inicio de los trabajos para la reapertura de la mina de Aguablanca, lo que chocaría frontalmente con lo establecido en el artículo 43 de la Ley 21/2013 de evaluación ambiental. Además, señala el colectivo ecologista “en la prensa están planteando un plan de trabajo diferente al expuesto en el proyecto presentado a información pública, como es traer mineral de Lomero-Poyatos, en Huelva, para tratarlo en Aguablanca”.

Ecologistas en Acción ha solicitado que se impida cualquier actuación basada en la preexistente Declaración de Impacto Ambiental sin aparente vigencia y, en consecuencia, que se impida cualquier actuación de explotación en la Mina de Aguablanca argumentando que, en cumplimiento del referido artículo 43 de la Ley 21/2013, debería iniciarse nuevamente el trámite de Evaluación de Impacto Ambiental, informando igualmente de ello a todas las partes interesadas, abriendo un nuevo proceso de información y participación pública en el que fuera posible una participación con más conocimiento del proyecto minero y de sus potenciales afecciones al medio ambiente y a la salud.

Como concluye Ecologistas en Acción en la valoración de su iniciativa, esta se fundamenta “atendiendo a que Sacyr y Valoriza, empresas veteranas en el sector y receptoras de subvenciones por minería responsable, cejaron en su intento de retomar la explotación subterránea de Aguablanca, debido a los riesgos que comportaba y que, de hecho, habían presentado un Plan de Restauración y Cierre de la explotación, aprobado en septiembre de 2022 y considerando que los antecedentes de los nuevos propietarios no reflejan valores de minería responsable como para cumplir los condicionantes y prescripciones ambientales y sociales que necesitaría la nueva puesta en marcha de Aguablanca”.