Minería
Mientras la Junta concede los permisos solicitados por la minera, crece la oposición en Sierra de Gata

El jueves 11 de abril ha aparecido publicada en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) la admisión definitiva de los proyectos de investigación minera presentados por Omega Real Estate S. L. sobre la Sierra de Gata y Piedras Albas/Alcántara. Dicha resolución está sometida en este momento a un plazo de treinta días en el que propietarios y particulares pueden presentar sus alegaciones. Estas son diferentes para cada uno de los casos, siendo necesario para los titulares de fincas afectadas la aportación de datos catastrales y otros documentos. La Plataforma Sierra de Gata Viva ha habilitado, al efecto, un espacio web donde facilitar toda la información al respecto. 

‘Sierra de Gata Viva’ tuvo su origen en octubre de 2018, surgiendo como respuesta a un proyecto minero en búsqueda de estaño, wolframio y oro denominado ‘El Rodeo’ y que, con 77 cuadrículas mineras, afectaba a Perales del Puerto, Villasbuenas de Gata y Hoyos, limitando con Cilleros al oeste y Moraleja en el sur. Reactivado a raíz de la actual intentona extractivista, es el principal núcleo de agrupación ciudadana frente a la nueva amenaza extractivista.

Como menciona dicho colectivo en un comunicado, “la preocupación por las consecuencias de un proyecto de estas características aúna desde un principio a decenas de personas que, procedentes de diferentes puntos de la Sierra de Gata, se reúnen para conocer más acerca del mismo y cómo podría afectarles en su futuro laboral y/o negocios pero también en su salud, en sus terrenos, en el entorno natural y en la fauna de la zona”.

Hay que recordar que, cuando llegó a la opinión pública el conocimiento de la solicitud de investigación en la provincia de Cáceres, estaban sobre la mesa los siguientes permisos: “Acebo” (65 cuadrículas mineras en los términos municipales de Acebo, Hoyos, Perales del Puerto y Villasbuenas de Gata); “Peña” (incluye 59 cuadrículas en los municipios de Valverde del Fresno, Eljas, San Martín de Trevejo y Villamiel); “Carbonero” (el único ubicado fuera de la Sierra de Gata, con 31 cuadrículas mineras en los términos municipales de Alcántara y Piedras Albas). Todos han sido admitidos.

A todo estos hay que sumar ahora la solicitud denominada “Salvaleón”, en los términos municipales cacereños de Valverde del Fresno, Eljas y San Martín de Trevejo, y en los salmantinos de Navafrias y El Payo. Detrás de este se encuentra Technology Metals Europe SL, domiciliada según el Boletín Oficial del Registro Mercantil en Ferraz 10, de Madrid, y cuyo socio único desde diciembre de 2022 es Welsbach Holdings Pte. Ltd. Este holding, radicado en Singapur, se describe en sus redes sociales como una empresa “centrada en proporcionar capital social y financiero directo para apoyar la transición energética, mediante el despliegue de fondos y experiencia en empresas que contribuyen a la reducción de las emisiones de carbono, directa e indirectamente. Technology Metals Europe es actualmente propietaria de Villasrubias Lithium Project, un proyecto ubicado en la esquina suroeste de la provincia de Salamanca, España”.

Para facilitar el conocimiento y alcance de los planes mineros, la plataforma ‘Sierra de Gata Viva’ ha elaborado una recopilación de todas aquellas parcelas que figuran como afectadas o ubicadas dentro de las cuadrículas objeto de investigación. Dichas afecciones pueden ser consultadas telemáticamente en su página web.

La implicación de los ayuntamientos afectados está llevando incluso a que estos mismos faciliten en sus instalaciones la recogida de alegaciones. Es el caso de Eljas, Valverde del Fresno, San Martín de Trevejo, Hoyos, Villamiel o Acebo

La inquietud en la comarca de Gata, vista la evolución de los acontecimientos, está haciéndose cada vez más patente.  Como subraya su plataforma ciudadana, “la Sierra de Gata lleva décadas apostando por una economía sostenible, circular y respetuosa con el medioambiente. Los principales sectores de esta comarca de montaña son la agricultura, la ganadería y el turismo (alentado este último por el reclamo de albergar parajes naturales de gran valor, de una fauna privilegiada, de tradiciones, arquitectura y culturas de interés arquitectónico, antropológico y lingüístico y otras características). Es de reseñar que en el Plan Territorial de Sierra de Gata se marca un rumbo donde difícilmente tiene cabida estas industrias extractivas que tanto afectan al entorno”.

De hecho, en idéntica línea, la implicación de los ayuntamientos afectados está llevando incluso a que estos mismos faciliten en sus instalaciones la recogida de alegaciones. Es el caso de Eljas, Valverde del Fresno, San Martín de Trevejo, Hoyos, Villamiel o Acebo.

El presidente de la Mancomunidad de Municipios de Sierra de Gata y alcalde de Hernán Pérez, Pablo Iglesias, en declaraciones conocidas hoy mismo, ha sido claro recogiendo el sentir de la población de la zona al subrayar cómo “desde hace tiempo tengo la sensación de que nos consideran un pozo de recursos naturales”, añadiendo que “la Sierra de Gata quiere desarrollarse alrededor de la agricultura y la ganadería, como viene haciéndolo desde hace milenios, del turismo y la industria sostenible, del patrimonio y el medio ambiente”.

En qué consiste un permiso de investigación minero

Los permisos de investigación encuentran regulación en la vieja Ley de Minas de 1973, en su Título V, Capítulo III (artículos 43 a 59). En el derecho de minas se denomina como tal a un título habilitante que concede a su titular la facultad de realizar, en el perímetro previamente demarcado y durante un plazo señalado, todos los estudios y trabajos necesarios para definir uno o varios recursos mineros de las secciones C o D. La C comprende aquellos que no estén incluidos en las normativamente llamadas secciones A (minerales de escaso valor utilizados en construcción, las aguas minerales y termales o las estructuras subterráneas) y B (los carbones, minerales radiactivos o los recursos geotérmicos). Si quedara demostrada su existencia (y para ello se pueden realizar los accesos necesarios y utilizar maquinaria pesada) quedaría otorgada una concesión de explotación para su aprovechamiento.

En el caso de que los titulares de las fincas afectadas (o de otros derechos sobre las mismas como pastos o explotación forestal) no llegaran a un acuerdo con el dueño del permiso (el auténtico bien de negocio con el que proceder a su negociación y compraventa en función de los recursos posibles en el área investigada), este dispone de dos meses para incoar expediente de ocupación temporal.

La duración de un permiso de investigación no puede exceder de tres años, prorrogables por otros tantos (mediante una sola prórroga o con varias sucesivas de forma parcial).

En ningún caso se puede hacer uso de un permiso de investigación para propósito diferente a los de la investigación solicitada (salvo posible autorización expresa de la Delegación Provincial de la Comunidad Autónoma correspondiente). También el Estado puede demandar al titular de un permiso de investigación que extienda sus trabajos con el objetivo de localizar recursos distintos de los investigados por “causa de interés nacional”.

Si la fase de investigación culmina positivamente, se pasa a la solicitud de un permiso que regule la explotación (sin obligación de hacerla en toda la cuadrícula minera investigada). Esta fase implica la presentación de un proyecto para la extracción del mineral, así como de restauración posterior del terreno. Al tratarse al tratarse de recurso de utilidad pública (los contemplados en las citadas secciones C o D), el Estado puede proceder a la expropiación, tanto de terreno como de inmuebles, en un procedimiento con características similares a las expropiaciones por el paso de una vía férrea o una carretera.

Las validaciones del proyecto de explotación dependen de diferentes autoridades: de la autoridad minera en el aspecto técnico, de la medioambiental en el impacto sobre el entorno natural, de la de patrimonio (en atención a bienes arqueológicos o etnográficos) y de la de ordenación del territorio, responsable de todas las áreas habitadas o habitables. La concesión de explotación tiene, además, sus plazos de renovación y revisiones anuales.