Minería
Presentadas alegaciones a la actualización del proyecto de explotación de la mina de Wolframio de La Parrilla

Ecologistas en Acción alega, además de las afecciones ambientales, el largo historial de incumplimientos legales e irregularidades de W Resources, la empresa que quiere volver a explotar el yacimiento cacereño.
Mina La Parrilla
Estado en el que queda el terreno tras la explotación minera intensiva. Mina abandonada de La Parrilla, en Almoharín, provincia de Cáceres. A tan solo 500 metros se encuentra el canal de riego de Orellana. Fotografía: José Aranda

Las afecciones ambientales en el pasado consistieron en contaminación con drenajes ácidos de los cauces del Lirio y del Budial, como ilustran imágenes del PNOA de 2016 y 2022, además de impactos en la agricultura, ya que muy cerca, aguas abajo de la mina, discurre el canal de Orellana, que utilizan 6.700 regantes para regar 40.000 hectáreas. En 2022, la empresa ya fue sancionada con 60.000 euros por el vertido ilegal de aguas contaminadas tras las comprobaciones de la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Desde hace años no se hace restauración en el recinto de la mina.

La situación financiera de la compañía, mientras tanto, no parece buena pese a haber recibido dinero público. En febrero de 2018 había suscrito un acuerdo de préstamo de 36 millones de euros por cinco años, con una sociedad instrumento de BlackRock especializada en empresas en crisis, con un coste medio anual del 12,6%.

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En abril de 2018, la Junta de Extremadura les concedió una ayuda de 5,32 millones de euros. En 2019, W Resources recibió una ayuda de la entidad estatal ICO para cubrir con garantías de casi 2 millones de euros un préstamo concedido a la promotora por Caixa Bank, Bankinter, BBVA y Caja Rural de Extremadura. Luego llegó una subvención de más de 200.000 de euros del SEXPE, como parte de su línea de subvenciones para el fomento de la contratación indefinida.

En 2019, iniciaron la explotación comercial de La Parrilla sin la autorización ambiental unificada. Fue en septiembre de 2021, cuando al realizar una inspección para la puesta en marcha de la planta de beneficio, se descubrió que: a) la empresa se encontraba operando sin permisos, b) que utilizaban una balsa de lodos sin autorización. Unos días después, CH del Guadiana trasladó a la Junta un requerimiento a W Resources para que evitasen vertidos al Dominio Público Hidráulico. Todo esto supuso el inicio de varios procedimientos sancionadores en la Junta y el ayuntamiento de Santa Amalia. Las sanciones de la Junta fueron de 65.000 euros y las del Ayuntamiento de Santa Amalia de 415.000.

En la primavera de 2022 la mina suspendió las operaciones [...] En este contexto, dejó de pagar las nóminas de sus 130 trabajadores, que denunciaron las demoras en la tramitación de un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE)

En abril de 2022, W Resources suspendió la cotización en el Alternative Investment Market (AIM), Submercado de la bolsa de Londres para industrias de alto riesgo, con un marco regulatorio más flexible. El precio de las acciones había bajado de 11,5 a 2,5 peniques, quedando su valor bursátil en menos de 5 millones de euros. En la primavera de 2022 la mina suspendió las operaciones por falta de liquidez y el creciente coste del gas natural. En este contexto, dejó de pagar las nóminas de sus 130 trabajadores, que denunciaron las demoras en la tramitación de un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), finalmente iniciado en mayo.

Con el nuevo proyecto, como denuncia Ecologistas en Acción, no parece que los gastos de energéticos vayan a ir a la baja y aún no plantean una instalación fotovoltaica para autoconsumo. No se contemplan en los posibles riesgos que la mina está en una zona de nivel alto del potencial de radón, con posibles nuevas obligaciones de gastos de prevención laboral a los que hacer frente. Tampoco se ha realizado una caracterización de residuos mineros errónea, tanto de los antiguos residuos como de los nuevos. En las analíticas que presentan, los resultados están por encima de los umbrales permitidos o bien por encima de los niveles genéricos de referencia (NGR) en Extremadura para el arsénico, lo que supone catalogar los residuos como no inertes y peligrosos. Reconocen como No inertes y peligrosos los de estéril grueso en jigs y en espirales, así como de la muestra de residuos finos, pero sin embargo no caracterizan como peligrosos ni los estériles de mina ni la tierra vegetal que, por su alto contenido en arsénico, superan los NGR de Extremadura y deben caracterizarse como No inertes y Peligrosos. En este caso la empresa presentaba un estudio por el que el NGR del arsénico debería considerarse 444,69 en vez de 61, nivel que, en todo caso, era superado según el resultado de las analíticas presentadas en estéril de mina y tierra vegetal. Se minimiza, igualmente, el efecto de una posible contaminación de masas de agua del entorno, pese a proponer un desvío de cauces.

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