Movimiento ecologista
Organizaciones ecologistas cierran filas en torno a Greenpeace tras la multa millonaria por una protesta

“Si consiguen acallar a Greenpeace, van a meter miedo al resto de organizaciones [medioambientales]”. Así se expresa Juan Fernando Martín, de Fundación Renovables, y el resto de ecologistas en la mesa asiente. En una rueda de prensa de presentación de un plan sobre el metano en España, varios portavoces de organizaciones de protección del medio ambiente han mostrado su apoyo a Greenpeace después de que un jurado popular estadounidense fallara que la filial de la ONG en ese país tenga que pagar más de 660 millones de dólares en daños y perjuicios a la empresa Energy Transfer.

La vulneración de derechos relacionada con la protesta política crece un 30% en 2024

Tomás Muñoz

Represión

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El informe Diagnóstico del derecho a la protesta cifra en 1.140 los excesos represivos dirigidos contra la disidencia política en el Estado Español.

Crisis climática Archivada la causa por la protesta en Arcelor contra las ayudas a la industria más contaminante

El tribunal del condado de Morton (Dakota del Norte) ha fallado este miércoles que Greenpeace Internacional y dos entidades de la organización en Estados Unidos deben pagar más de 660 millones de dólares por “incitar” unas protestas contra la construcción de un oleoducto de la empresa Energy Transfer que, según informa la Agencia Efe, devinieron en actos de vandalismo. Greenpeace ha anunciado que recurrirá la sentencia.

Un portavoz de Greenpeace admite que el pago de la multa podría obligar el cierre de la ONG en Estados Unidos: “Justo por eso tenemos que unir fuerzas”

La organización ha negado las acusaciones de la empresa diciendo que no “instigó” ninguna protesta, sino que apoyaron a la nación sioux en 2016 en la protesta: “Unimos fuerzas para que pudieran alzar la voz de manera más efectiva”, explica Luis Ferreirim, portavoz de Greenpeace, que admite que el pago de la multa “podría llevar al cierre de la oficina” en el país norteamericano. “Justo por eso tenemos que unir fuerzas”, sentencia el director de Agricultura de Greenpeace España.

“Hoy le pasa a Greenpeace, mañana le puede pasar a cualquiera”

Aunque Greenpeace España es una entidad legal distinta a las dos demandadas, Eva Saldaña, directora ejecutiva de la filial española, lo considera “un ataque directo a nuestros derechos fundamentales”: “Vivimos tiempos oscuros, pero ahora Greenpeace es más necesario que nunca y vamos a seguir peleando por un mundo donde la libertad de expresión y el derecho a la protesta pacífica estén garantizados”, ha declarado Saldaña.

Ferreirim ha anunciado que Greenpeace va a poner “todos sus recursos” en luchar contra la demanda y otras organizaciones han mostrado su apoyo a la ONG. “Hoy le pasa a Greenpeace, mañana le puede pasar a cualquiera. No podemos mirar hacia otro lado”, dice Mario Rodríguez, portavoz de ECODES.

Carlos Bravo (Mighty Earth): “Quieren asustar a las demás organizaciones para que no hagamos acciones de protesta”

“Quieren asustar a las demás organizaciones para que no hagamos acciones de protesta”, concuerda Carlos Bravo, de Mighty Earth, que afirma que esta sentencia se encuadra dentro de la “política matonista” de Trump con el ecologismo. “El dueño de la empresa [Energy Transfer] fue uno de los grandes financiadores de Trump en su última campaña”, apostilla Rodríguez.

“Lo que tenemos que hacer como organizaciones es rebelarnos contra esta decisión [judicial]”, dice Martín, el portavoz de Fundación Renovables, que se reafirma en que la protesta de Greenpeace bajo escrutinio judicial fue “pacífica”.

Ecologistas en Acción considera la acción judicial contra Greenpeace como 'demanda mordaza', un tipo de arma jurídica  que busca acallar a defensoras ecologistas de todo el mundo

Ecologistas en Acción califica de “legítimas y necesarias” las protestas contra el oleoducto Dakota Access y califica la acción judicial contra Greenpeace de 'demanda mordaza'. Este tipo de movimientos judiciales se conocen como SLAPP (Strategic Lawsuits Against Public Participation o demandas estratégicas contra la participación ciudadana), armas jurídicas que “silencian, castigan y acallan a defensoras ecologistas de todo el mundo”, explican en Ecologistas. “La judicialización y represión de la protesta nos afecta a todas las personas que trabajamos por un mundo más habitable, más justo y más sotenibles. Por ello, también ahora, nos mantenemos unidas”, sentencia la federación de asociaciones en un comunicado.