Represión
La vulneración de derechos relacionada con la protesta política crece un 30% en 2024

El informe Diagnóstico del derecho a la protesta cifra en 1.140 los excesos represivos dirigidos contra la disidencia política en el Estado Español.
Cargas Via Laietana Huelga
La policía carga contra los manifestantes durante la huelga general del 19 de octubre en Barcelona. Victor Serri

La represión a la disidencia política se ha visto intensificada en el Estado Español durante el pasado año. Defender a quien Defiende (Dqd), mediante su herramienta de monitoreo, Red Malla, ha registrado 1.140 vulneraciones de derechos en un total de 228 casos durante el pasado año. Estos datos suponen que la plataforma registró casi las mismas vulneraciones en 2024 que los dos añores anteriores juntos (314 y 870, respectivamente).

En su informe Diagnóstico del derecho a la protesta, la plataforma, formada por personas defensoras de derechos humanos, expertas legales, colectivos sociales, institutos universitarios, movimientos sociales y organizaciones que trabajan juntas frente a la criminalización y represión de la protesta social y las vulneraciones de derechos por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, detalla que “las vulneraciones sistematizadas engloban detenciones, multas, amenazas, censura, afectaciones a la integridad psicofísica, identificaciones y/o encausamientos”.

Libertad de expresión
Acuerdo entre Sánchez y EH Bildu ¿Qué queda intacto en la Ley Mordaza?
El acuerdo pactado entre EH Bildu y PSOE ha sido presentado por el partido abertzale y su entorno mediático como el fin de la Ley Mordaza. Aunque sobre el papel constituyan un avance, no hemos de olvidar que la norma continuará en vigor.

Según hacen constar en el texto, el objetivo de esta recopilación es doble: “disuadir y mitigar las vulneraciones de derechos (...), y recopilar datos que ayuden a procesos de rendición de cuentas, den apoyo en procesos judiciales e interpelen a las instituciones para realizar cambios que garanticen el ejercicio de derechos y libertades para la población”. Aunque el derecho a la protesta no está reconocido como un derecho en sí mismo, es un concepto que se utiliza para englobar un grupo de derechos fundamentales, como el derecho a la reunión pacífica, la libertad de expresión, la libertad de información y la libre asociación.

“Este año ha sido testigo de una escalada represiva. La movilización social ha crecido, pero también lo han hecho los mecanismos de represión y criminalización”, ha advertido Clara Calderó, de Novact, en la presentación a la prensa del informe. “Hemos observado tres tendencias a destacar: la diversificación de la represión, el surgimiento de nuevos movimientos de protesta, tales como la eclosión de los movimientos contra la masificación turística en varios puntos del Estado, las movilizaciones de los agricultores o las protestas que tuvieron lugar en Valencia por la gestión de la dana y el repunte de otros movimientos que los últimos años habían registrado menos vulneraciones, de manera especialmente relevante, el movimiento de solidaridad con Palestina”, ha explicado Calderó.

El movimiento propalestino, el más reprimido

Según los datos del citado informe, las protestas en solidaridad con Palestina representan el movimiento más perseguido con 57 casos. Entre las principales vulneraciones destacan las 34 detenciones, al menos 133 identificaciones, 16 casos de represión judicial y más del 58% de los casos de censura en todo el Estado. 

Los casos más graves sucedieron en Catalunya, con la detención en Barcelona de diez activistas que participaron en la huelga convocada el 7 de febrero, y en Santiago de Compostela, con otras nueve personas jóvenes detenidas tras una multitudinaria marcha en la capital gallega, que además fueron víctimas por el uso desproporcionado de la fuerza por parte de los agentes de la Policía Nacional.

Los 16 procedimientos de represión judicial contra el movimiento pro Palestina también han sido muy significativos en relación con los tipos delictivos aplicados, como el de “organización o grupo criminal”

Las vulneraciones más recurrentes en las manifestaciones del movimiento han sido las 133 identificaciones, algunas de ellas en redadas por perfilamiento racial. Sin embargo, el caso más numeroso fue la identificación de 92 estudiantes en la acampada estudiantil por Palestina en la Universidad Complutense de Madrid. Los 16 procedimientos de represión judicial contra el movimiento en solidaridad con Palestina también han sido muy significativos, especialmente en relación con los tipos delictivos aplicados, como el de “organización o grupo criminal”.

Otro caso reseñable es el de un hombre de Puerto de la Cruz (Tenerife), que fue condenado a dos años de cárcel por comentar públicamente en las redes sociales opiniones en contra de Israel y del sionismo, lo que fue interpretado por la Audiencia Provincial como un “delito de incitación al odio”. También se han aplicado otros tipos delictivos contra activistas propalestinos, tales como “enaltecimiento del terrorismo”, “desórdenes públicos”, “resistencia” o “desobediencia”.

La represión contra el movimiento por el derecho a la vivienda

Las protestas vinculadas al derecho a la vivienda y la okupación han sido el segundo movimiento más criminalizado, concretamente en Barcelona, donde se concentran 24 de los 32 casos registrados. Las vulneraciones que más se han repetido han sido las identificaciones (67) y las sanciones económicas (60). Sin embargo, también cabe destacar que se trata de la familia con más vulneraciones a la integridad psicofísica (41), dado el uso recurrente de violencia policial en los desahucios, a la vez que se trata del movimiento en el que se han dado más casos de represión judicial (41).

En este sentido, especialmente remarcable es el caso de las 21 personas encausadas por la manifestación contra el desalojo del Bloc Llavors, en Barcelona, que tuvo lugar en mayo y por la que la Fiscalía exigió en diciembre un total de 35 años de prisión y 190.000 euros en multas. Se han registrado al menos dos casos en los que el presunto racismo policial y la represión del movimiento por el derecho a la vivienda han confluido en dispositivos policiales de desalojo de espacios habitacionales okupados en los que vivían personas en situación administrativa irregular, concretamente en los desalojos de la Tancada Migrant y del Bloque de Calle Muntaner, ambos en Barcelona.

Centros sociales
Derecho a la vivienda La Sareb desahucia tres centros sociales del País Valencià en una semana
La Trinxera (València) y Cals Flares(Alcoi) se ven obligados a cerrar sus puertas. Ca La Caixeta (València) consigue frenar el desalojo.

En este contexto, se ha detectado el uso del encarcelamiento en Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs) como medida de represión de personas vinculadas con los sindicatos de vivienda. En el informe, destacan que es “importante señalar que las personas que se encuentran en situaciones más vulnerables son las que experimentan una mayor recurrencia e impacto de la represión, y más dificultades para darle respuesta”.

El “Chilling effect” o efecto disuasorio

En 2024 se ha evidenciado la desmovilización del movimiento ecologista tras registrar niveles muy elevados de represión durante 2023, año en que fue, por primera vez, la corriente activista que más vulneraciones presentó. Según Dqd, los 19 casos registrados “evidencian el chilling effect o efecto disuasorio como consecuencia de la represión, y suman 116 identificaciones, 85 multas, y 33 encausamientos, entre otras vulneraciones”.

Cabe destacar la práctica de las identificaciones masivas, como en el caso de la protesta organizada por Rebelión o Extinción (XR) y Rebelión Científica (RC) que intentó ocupar pacíficamente una empresa siderúrgica en Gijón para denunciar el impacto de la industria en la crisis climática y terminó con 100 personas identificadas. Esta misma semana, se ha conocido el archivo de la causa.

Crisis climática
Crisis climática Archivada la causa por la protesta en Arcelor contra las ayudas a la industria más contaminante
La Audiencia Provincial de Asturias ha sobreseído el caso contra cinco activistas de Extinction Rebellion que cortaron el acceso a la planta de la siderúrgica en Gijón en el marco de la campaña Stop Subsidios Fósiles.

De entre todos los movimientos, el ecologista ha sido el que ha registrado más sanciones económicas, que además son especialmente elevadas. Destaca la sanción de 180.000 euros impuesta, en el marco de la Ley de Seguridad Aérea, a dos activistas de Futuro Vegetal por paralizar momentáneamente el tráfico en una pista del Aeropuerto de Barajas en 20236. Finalmente cabe señalar que se han registrado 33 vulneraciones en relación a la represión judicial, como una continuación de las detenciones y encausamientos abiertos en años anteriores.

Las vulneraciones a la libertad de expresión e información

El informe recopila 13 casos vinculados con las limitaciones y obstáculos a periodistas y profesionales de la comunicación en contexto de protesta, “cada vez más frecuentes”, señalan en el texto, así como las vulneraciones a la libertad de expresión a través de denuncias, sanciones y procesos judiciales, específicamente contra artistas, humoristas y comunicadores.

Destacan especialmente los 11 casos de represión judicial y las 4 vulneraciones a la integridad psicofísica. Esta última cuestión tiene que ver con las personas periodistas que cubren las movilizaciones de protesta y, muchas veces, suelen recibir golpes de las cargas policiales, así como identificaciones y, a menudo, detenciones. Los 11 casos judiciales mencionados anteriormente guardan relación con dos sucesos.

En primer lugar, la detención del cantante del grupo musical Raimundo El Canastero y la citación a declarar de 4 miembros más del grupo por escribir una canción crítica contra la gestión de la alcaldesa de Lizarra (Navarra).

Libertad de expresión
Libertad de expresión UPN denuncia a Raimundo el Canastero por una canción
El cantante del grupo fue detenido ayer y ha sido puesto en libertad esta mañana. Se le acusa de un delito de amenazas e injurias graves por las letras de Beff D' Alda

En segundo término, se destaca la oleada de denuncias contra humoristas como el caso del presentador David Broncano, condenado por un chiste sobre el coaching tras la denuncia de una empresa del sector; o las dos denuncias por parte de la asociación ultracatólica Abogados Cristianos: una contra el cómico Héctor de Miguel, imputado por “provocación a la discriminación, al odio y a la violencia” y otra junto a Hazte Oír contra la actriz Lalachús por “posible delito de odio y contra los sentimientos religiosos” a causa de una broma en las campanadas de fin de año en TVE.

Estas últimas vulneraciones, según el informe, se pueden categorizar como SLAPP (conocida por sus siglas en inglés que significa: demanda estratégica contra la participación pública), “un fenómeno criminalizador y censurador al alza en la Unión Europea”, afirman.

Informar de un error
Es necesario tener cuenta y acceder a ella para poder hacer envíos. Regístrate. Entra na túa conta.

Relacionadas

Burorrepresión
Guadalajara Los “8 de Caixabank” mantendrán su insumisión judicial tras la condena
El Juzgado de lo Penal de Guadalajara les ha condenado en primera instancia por un delito de resistencia a la autoridad y les impone una multa de 7.200 euros.
Burorrepresión
Guadalajara Los “8 de Caixabank” se declaran insumisos judiciales y no participarán en el juicio de febrero
Los activistas de la PAH Guadalajara están convocados el próximo 10 y 12 de febrero acusados por haber realizado una protesta en la sucursal de Caixabank de Cabanillas del Campo en 2017.
Crisis climática
Crisis climática Seguridad Aérea multa con 180.000 euros a dos activistas por invadir una pista de Barajas
Las dos jóvenes sancionadas paralizaron momentáneamente el tráfico en una pista del Aeropuerto de Barajas para evidenciar la falta de ambición climática de los programas de los partidos políticos ante las elecciones generales de julio de 2023.
Comunidad de Madrid
Universidad pública El alumnado de la UNED denuncia el “modelo antipedagógico” tras la supresión de tutorías presenciales
El proceso de eliminación de clases se remonta a 2008, aunque ha sido este año, con el nombramiento Claudia Sevilla como directora de centros asociados de Madrid, cuando el gobierno de Ayuso “ha pisado el acelerador”.
Rumanía
Rumanía La ultraderechista Alianza para la Unión de los Rumanos de George Simion se destaca para la segunda vuelta
La extrema derecha rumana sale de nuevo reforzada pese a la eliminación de la carrera electoral de su otro representante, Calin Georgescu. La segunda vuelta de las elecciones será el 18 de mayo.
València
València Rechazada la querella por tortura contra Ramón, policía infiltrado en València
Un juzgado de València desestima el recurso presentado por Alerta Solidària contra la inadmisión de la querella criminal por torturas contra el agente que pasó dos años infiltrado.

Últimas

O Teleclube
O Teleclube 'Os Pecadores' loitan contra montruos reais e mitolóxicos no novo episodio de 'O Teleclube'
O dúo do director Ryan Coogler e o actor Michael B. Jordan estrean unha película sobre a experiencia afroamericana cunha ameaza sobrenatural engadida.
Opinión
Opinión El apagón y la ofensiva nuclear de las derechas
El gran apagón se ha producido en medio de una auténtica guerra cultural de la derecha contra el plan de cierre de las nucleares.
Gobierno de coalición
Gobierno de coalición El PSOE se mira en el espejo de Canadá
La irrupción de un enemigo exterior poderoso como Trump ha provocado un giro rotundo en las elecciones del país norteamericano, catapultando a los progresistas tras estar al borde de una dura derrota.
Economía social y solidaria
Cooperativismo Economías tejidas por mujeres: feminismo y cooperativismo en Madrid, una genealogía por contar
La Economía Social y Solidaria feminista no ofrece fórmulas mágicas, pero sí un horizonte: uno donde lo productivo y lo reproductivo, lo económico y lo afectivo, dejen de estar enfrentados.
Más noticias
Huelva
Huelva Jornaleras de Huelva en Lucha interpone la primera denuncia por el despido de una temporera marroquí
La sección sindical, recién constituida, asegura que “abren la veda” para denunciar otros atropellos laborales similares en contratos fijo-discontinuos de trabajadoras contratadas en origen.
Artes gráficas
Andalucía Poevélez: Cuando poesía e imagen mezclan, funden y subliman
La muestra colectiva de diversos artistas del panorama nacional nos presenta ejercicios de poesía visual desde diversas disciplinas como el collage y la fotografía y se puede visitar en la Fundación Eugenio
Opinión
Opinión Sobre la guerra y la paz
Parece que los alemanes y el resto de europeos no aprenden con la historia que ellos mismos han protagonizado en los últimos 400 años. Ni siquiera con la historia del siglo XX, tan inmediatamente próxima y tan inmensamente trágica.

Recomendadas

Laboral
Laboral Coidar sen dereitos: a loita das traballadoras nas residencias privadas de Galiza
Sen tempo nin medios para ofrecer uns coidados axeitados, alertan dunha situación insostible nos centros e denuncian a privatización dun servizo a costa do benestar das persoas maiores e dependentes.
Galicia
Galicia Vigo, A Coruña e Ourense mercaron material policial a Israel por medio millón de euros en só catro anos
O alcalde ourensán, Gonzalo P. Jácome, adxudicou un contrato por 70.000 euros días despois do sete de outubro. Abel Caballero asinou outro de máis de 200.000 euros e a alcaldesa da Coruña seguiu a estela cun contrato de 170.000 euros.