Multinacionales
Circulen, solo es otro caso de puertas giratorias

La exministra de Agricultura y Medio Ambiente acaba de fichar por Iberdrola. La exministra de Empleo y Seguridad Social, que desde hace meses ya estaba a sueldo de la CEOE, también. Antes, el exministro de Justicia fue contratado por Codere; la ex vicepresidenta, por Cuatrecasas; el exministro de Economía, por EY y Llorente & Cuenca; el exministro de Fomento, por la misma agencia de cazatalentos que fichó a Esperanza Aguirre cuando dejó de ser presidenta de la Comunidad de Madrid.

De todos los integrantes del último Gobierno de Rajoy, apenas dos años después de la moción de censura que lo expulsó de La Moncloa, no falta nadie por colocar. Unos regresaron a sus puestos como altos funcionarios del Estado, otras obtuvieron acomodo en las instituciones europeas o en organismos internacionales; los demás tardaron muy poco en conseguir un buen puesto en las grandes empresas del país.

Tampoco se trata de fingir sorpresa por ver cómo funcionan las puertas giratorias. En las últimas décadas hemos conocido cientos de casos de miembros del ejecutivo y altos cargos empresariales que fueron ido intercambiando sus posiciones entre el sector público y el privado. De la misma manera que los presidentes del gobierno que privatizaron las eléctricas acabaron en sus consejos de administración, ahora la ministra que impulsó la reforma laboral ha pasado a trabajar para la patronal y el ministro que aprobó la ley mordaza dirige los servicios jurídicos de una multinacional de las apuestas. Bienvenidas a la “nueva normalidad”.

Movimiento de sillas

A principios de 2012, unos meses después de salir del gobierno, la ex vicepresidenta del gobierno Elena Salgado fichó por Endesa. El truco que utilizó entonces esa eléctrica es el mismo que ahora ha empleado Iberdrola para incorporar a las exministras Fátima Báñez e Isabel García Tejerina: hacerlo a través de sus filiales latinoamericanas, para burlar la regulación sobre incompatibilidades y posibles conflictos de intereses. Aunque, en realidad, la legislación española es tan laxa que ni siquiera podría aplicarse en estos dos últimos casos: se supone que no hay conflicto de intereses si han transcurrido dos años entre el cese de cargos públicos y las actividades en empresas privadas “relacionadas con el cargo desempeñado”.

El truco que utilizó Endesa con Elena Salgado es el mismo que ahora ha empleado Iberdrola para incorporar a las exministras Fátima Báñez e Isabel García Tejerina

“Es inaceptable privar a la política de los conocimientos y la experiencia de buenos profesionales. Que haya movimiento de sillas parece razonable, bastante más que la supresión pura y simple de esa posibilidad”. A finales de 2016, el diario El País se veía obligado a fijar su posición con este editorial que justificaba la necesidad de que existan puertas giratorias. Y es que, en los momentos de mayor fuerza social del ciclo 15M-Podemos, la crítica a la devolución de favores prestados entre políticos y empresarios llegó a hacerse viral. Cómo olvidar el tiempo en que Telefónica tuvo en nómina a personajes como Urdangarin, Rato y Zaplana.

En ese mismo año, cuando saltó a los medios la noticia de que la exministra Trinidad Jiménez también había fichado por Telefónica, Pedro Sánchez llegó a prometer que modificaría la legislación para incluir “un supuesto especial de incompatibilidad al cese de altos cargos destinado a evitar el fenómeno de puertas giratorias, fijando un periodo de incompatibilidad de cinco años para quienes pretendan incorporarse a empresas del sector sobre el que no tenían experiencia profesional previa y sobre el que hayan tenido responsabilidades de regulación o gestión”. En esa línea, el grupo parlamentario confederal de Unidas Podemos en el Congreso presentó en 2019 una proposición de ley para endurecer la normativa sobre conflictos de intereses.

Todas esas iniciativas quedaron aparcadas tras la formación del “Gobierno de progreso”. De hecho, en mayo de este año, los exministros del PSOE José Montilla y José Blanco fueron nombrados consejeros de Enagás, la empresa gasista participada por el Estado. Blanco, además, es consejero delegado de la consultora Acento, creada recientemente por él junto al exportavoz parlamentario del PSOE Antonio Hernando para ofrecer a las empresas “una interlocución permanente con los poderes públicos sobre la regulación y su influencia en las inversiones de la compañía”. Esta agencia de lobby ha fichado también a Alfonso Alonso, exministro de Sanidad en el primer gobierno de Rajoy.

La seguridad jurídica y la “reconstrucción” de la CEOE

Pedro Ramiro Juan Hernández Zubizarreta

Crisis económica

La seguridad jurídica y la “reconstrucción” de la CEOE

Pedro Ramiro ,  Juan Hernández Zubizarreta

Cuando los empresarios hablan de “innovación para salir de la crisis”, lo que vuelven a exigir es que se reduzcan aún más los impuestos a las grandes compañías, que el Estado siga subvencionando sus costes laborales y que se las rescate con fondos públicos.

Una gran alianza público-privada

La evolución del poder económico, político, jurídico y cultural de las empresas transnacionales no podría entenderse sin la alianza estratégica con los aparatos estatales de sus países de origen y la connivencia —aceptada o impuesta— de los Estados de destino. Frente a la extendida percepción de que los intereses de las grandes corporaciones se oponen a los de los Estados-nación, la realidad es que el proceso de expansión global de las transnacionales no habría sido posible sin el apoyo de los Estados centrales. Estos han jugado un papel decisivo a la hora de reforzar, a través de las instituciones públicas, la lex mercatoria que protege los negocios privados de la clase político-empresarial.

Desde la producción normativa, reforzando su capacidad de legislar en favor de estas corporaciones, hasta la financiación de sus actividades vía exención de impuestos, ventajas fiscales, bonificaciones laborales, créditos blandos o subvenciones a fondo perdido. Desde la difusión del discurso hegemónico sobre las virtudes de la gran empresa hasta la ampliación de los dispositivos de represión y control social, pasando por la construcción de infraestructuras de comunicación y transporte. Como han escrito Tombs y Whyte en su libro La empresa criminal (Icaria, 2016), “forma corporativa y Estado quedan así tan estrechamente conectados que, en el capitalismo contemporáneo, cada uno es la condición de posibilidad del otro”.

La ecuación vendría a quedar del siguiente modo: los gobiernos apoyan la expansión de las transnacionales con sede en su territorio como la mejor forma de beneficiar a la clase político-empresarial de la que ellos mismos forman parte. La justificación oficial pasa por el “efecto goteo”, con el que se supone que, junto a los grandes propietarios y directivos de estas empresas que van a seguir engrosando sus fortunas, la riqueza irá filtrándose poco a poco a las capas más bajas de la pirámide económica. Este es el discurso que han utilizado los sucesivos gobiernos españoles y las principales compañías del país con sus diferentes actualizaciones de la Marca España, ese proyecto de gran alianza público-privada con el que ha tratado de fortalecerse la percepción social de que aumentar la internacionalización empresarial y atraer inversiones extranjeras es la única forma de salir de la crisis.

El mecanismo de las puertas giratorias, al fin y al cabo, sirve para engrasar toda esta maquinaria. El hecho de que los exgobernantes se busquen una jubilación millonaria como asesores o consejeros de las grandes compañías no es sino la parte más visible de la maraña de relaciones político-jurídico-económico-mediático-familiares que preside el capitalismo. Un entramado que tiene ramificaciones que alcanzan lo más variado de las altas instituciones del Estado, desde la casa real hasta los servicios secretos. Un saqueo organizado y sistemático de lo público en el que, tal y como vemos a medida que se van conociendo nuevos casos de corrupción, están implicados prácticamente todos los que son o han sido algo dentro de las élites del país.

Antes de incorporar a su directorio a las exministras Báñez y Tejerina, Iberdrola fichó como asesor a Félix Sanz Roldán, exdirector del Centro Nacional de Inteligencia y enemigo declarado del comisario Villarejo. Se da la circunstancia de que, durante más de una década, la compañía tuvo en nómina a Villarejo para realizar tareas de espionaje a políticos y empresarios rivales. “Me sale más barato matarle, macho”, llegó a decirle el responsable de seguridad de Iberdrola al policía cuando estaban planeando una campaña de desprestigio contra Florentino Pérez. Este caso, al igual que el del BBVA, está siendo investigado por la Audiencia Nacional y ya hay decenas de directivos imputados por cohecho, revelación de secretos y corrupción. Pronto veremos nuevos capítulos.

Pero qué “reconstrucción”

Al principio de la pandemia, temiendo que su reputación pudiera verse dañada, las grandes empresas publicitaron que este año iban a reducir los sueldos de sus máximos directivos y que se suspendía el pago de dividendos. En verano, la CEOE  renovó su imagen y se presentó como la gran aglutinadora de los intereses de “nuestras empresas”, para así blindar sus privilegios fiscales y asegurar la centralidad de las grandes corporaciones en el modelo socioeconómico. Y hoy, muchas compañías ya anuncian que van a volver a repartir beneficios en 2021 y que la “reconstrucción” pasa por aplicar el enésimo plan de ajuste estructural.

Ni V, ni U, ni W, ni el logo de Nike: ahora se pronostica que la “recuperación” será en forma de K y que eso hará que se amplíen las desigualdades entre la mayoría de la población y los dirigentes del capitalismo español. Mientras está en marcha la penúltima aplicación de la doctrina del shock, el malestar social originado por el desmantelamiento de lo público y la gigantesca crisis económica que viene dejan en segundo plano la indignación por esas puertas de la “colaboración público-privada” que no paran de girar.

Que haya gobernantes que nada más dejar el ejecutivo son contratados por las grandes corporaciones sigue siendo percibido negativamente por buena parte de la opinión pública. A veces, como ocurre con el rosario de escándalos empresariales, parece que hemos perdido la cuenta de cuántas vueltas han dado los líderes de la clase político-empresarial que nos gobierna. Pero, según ha quedado reflejado en la última encuesta del CIS, la corrupción y el mal comportamiento de los políticos siguen situándose entre las principales preocupaciones de la ciudadanía. Continuará.

Una de las nuestras

Fondos públicos, negocios privados

Erika González Beatriz Casado

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Multinacionales

Fondos públicos, negocios privados

Erika González ,  Beatriz Casado

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La internacionalización empresarial siempre ha sido una “cuestión de Estado” para los gobiernos españoles, que han apoyado la expansión de las grandes empresas españolas a otros países a través de una batería de instrumentos financieros, sin tener en cuenta los impactos socioambientales de sus actividades.