Municipalismo
Burocracia, contratos blindados o resignación dificultan recuperar la gestión pública de servicios

El Centro Dotacional de Arganzuela acogió este sábado la jornada Del dicho a los hechos organizada por la Plataforma por la Remunicipalización de los Servicios Públicos de Madrid. Unas 80 personas asistieron a este acto en el que los ponentes reseñaron las dificultades que han encontrado para cumplir con la promesa de remunicipalizar los servicios públicos en sus consistorios y describieron algunos ejemplos exitosos de remunicipalización. Porque, insistieron, remunicipalizar es posible, si se cuenta con apoyo ciudadano y se tiene la voluntad política de encararlo.

La enumeración de dificultades giró en torno a tres vectores: inercias funcionariales y obstáculos operativos en los procedimientos, dificultades relacionadas con ambigüedades y contradicciones jurídicas de la legislación actual y, finalmente, las de orden político, derivadas de la correlación de fuerzas existente en cada caso. Entre los ponente había formaciones que están en la oposición (como TAB), otros que tienen una minoría que apoya la gestión del PSOE (Ganemos Toledo), y dos en el Gobierno junto a  formaciones opuestas a la remunicipalización (como son los casos de Ahora Ciempozuelos y Zaragoza en Común).

En la mesa se encontraban Alberto Cubero, de Zaragoza en Común (ZeC), Rubén Iglesias, de la CUP Ahora Ciempozuelos, Javier Garrido, de Tú Aportas Béjar (TAB), Helena Galán, de Ganemos Toledo, Eulalio Ávila, secretario general de la Unión de Directivos Territoriales de Europa, y Carmen Diego, trabajadora de los Servicios de Ayuda a Domicilio.

Panorámica privatizadora

Iglesias describió cómo Ahora Ciempozuelos encontró una deuda de dos millones de euros a proveedores heredada de la gestión PP en un ayuntamiento en el que hasta el área de Tesorería estaba privatizada. Los ponentes de la mesa destacaron cómo sectores sociales parecen recibir con naturalidad y poco espíritu crítico el salvamento a las empresas privadas deficitarias con recursos municipales. Por ejemplo, a la empresa Tagus, detentora del servicio del agua potable en Toledo la administración anterior le condonó una deuda de 70 millones de euros.

Los contratos blindados constituyen otro enclave; en el caso de esa misma empresa, si se le rescindiera el contrato habría que asumir una indemnización de 48 millones de euros. Otra de las dificultades, dijeron, la encuentran en la inercia instalada en parte del tejido funcionarial. Sobre las condiciones de trabajo de los empleados de esas empresas, señalaron que muchas veces trabajan en pésimas condiciones salariales y horarias. Casi unánimemente se quejaron del calvario de tener que presentar profusión de informes económicos, de viabilidad y jurídicos para justificar la iniciativa de remunicipalizar. Por el contrario, explicaron ,cuando se trata de privatizar servicios, la derivación se acepta prácticamente sin condicionamientos.

También argumentaron cómo tuvieron que priorizar qué servicios recuperar primero y cuáles dejar para más tarde. A veces hubo que asumir la renovación de contratos porque no se contaba con recursos financieros, o alternativa consistente a la prestación privada. En otros casos, primó la dependencia de orden político, sea por estar en minoría, o necesitar del apoyo de partidos –como el PSOE- que salvo excepciones localizadas se opone a la remunicipalización. En casos, tuvieron que renunciar a la remunicipalización porque se les imponía como requisito desentenderse de los destinos de la mano de obra (candidata a ser subrogada), sometida a condiciones de trabajo de extrema explotación por las empresas prestatarias que serían sustituidas.

LA LEY ACTUAL, UN OBSTÁCULO

Eulalio Ávila, hizo una detallada exposición de las contradicciones y ambigüedades de la legislación española sobre el tema. La más flagrante es que la Constitución establece que las comunidades y ayuntamientos tienen la potestad de establecer el modelo de preferencia para administrar sus recursos (gestión propia o derivada). Pero, al mismo tiempo, la reforma del Artículo 135, consagrada en 2011 por el acuerdo de PP y PSOE, prioriza el pago de la deuda por sobre cualquier otra consideración y establece un duro anillo restrictivo sobre las nuevas contrataciones de la administración pública. Esto supone que, si se aspira a remunicipalizar un servicio, hay que crear empresas mercantiles (públicas) que subroguen a los funcionarios otrora privados, que pasan a la ambigua categoría de Indefinidos No Fijos. La “ventaja” para el Estado estriba en que esa mano de obra está sometida al Régimen General (derecho privado) y no al estatuto de los funcionarios públicos, con lo cual la Administración se exime de responsabilidades jurídicas y contractuales a su respecto.

Ávila enfatizó que para intentar sortear este cerco es tan decisiva la movilización social como la creación de fuertes complicidades (“mucha comunicación” según sus palabras) entre los agentes implicados: empleados de las contratas, dirigentes políticos, funcionarios del área técnica y jurídica). Se trataría de promover una reforma de legislación vigente en España y Europa, para hacerla más favorable a la remunicipalización.

No obstante, dejó claro que con la actual normativa también es posible llevarla a cabo, a condición de que exista la necesaria voluntad y determinación por parte del poder público. El alto voltaje político estuvo a cargo de Alberto Cubero, de ZeC. Explicó que los responsables del gobierno anterior siquiera consiguieron enumerar qué servicios estaban privatizados.

Después de exhaustiva investigación, el nuevo equipo consiguió determinar que hay unos 150 servicios externalizados, con un presupuesto total aproximado a los 300 millones de euros. Constataron así que las empresas que vieron caer su tasa de beneficios al implosionar la burbuja inmobiliaria, hoy la recuperan detentando la prestación de servicios para el ayuntamiento (FCC, ACS o Ferrovial). La ZeC se planteó las remunicipalizaciones estableciendo criterio basado el coste del servicio, la calidad del servicio y la calidad del empleo. Pese a a ello, el PSOE, que los apoyó para la investidura, se opone sistemáticamente a la remunicipalización y ha votado en contra, junto con PP y C's. ZeC sólo ha contado con el apoyo de CHA. Además, todos los intentos de remunicipalización (agua, 010, Parques y Jardines han sido impugnados en los tribunales por la CEOE.

Cubero afirma que hay un entramado ideológico jurídico y empresarial montado para impedir las remunicipalizaciones. A pesar de ello, no se arredra: “hay que seguir trabajando por la remunicipalización porque, con voluntad política y sobre todo con movilización social, sí se puede”.

La jornada se cerró con un turno de preguntas de los asistentes. Inquirido acerca de cómo la sociedad organizada debería comportarse con “los ayuntamientos del cambio” que no cumplen con la promesa de remunicipalizar servicios, Rubén Iglesias (Ahora Ciemozuelos) tampoco dejó dudas: “si hace falta pasar por encima de nosotros, tenéis que hacerlo”. Pablo Carmona, único concejal de Ahora Madrid presente en la jornada, aeguró que los programas que su partido presentó en 2015 son claros con respecto a la remunicipalización, que es una pieza “vertebral”. “Nos debemos al programa político de defensa de lo común, que nació en el movimiento de las plazas y que existe gracias a la movilización social”, aseguró.