Análisis
Nicaragua y la Revolución que dejó de disputarse a sí misma

Centroamérica, la cintura de América Latina, aparece en la conversación pública europea de forma intermitente; es casi una región invisible. Una catástrofe natural, las caravanas migrantes hacia Estados Unidos, la violencia de las pandillas, la violación de los derechos humanos en megacárceles o unas elecciones controvertidas devuelven, de forma momentánea y secundaria, la región al mapa informativo. Nicaragua, el país que en 1979 derrocó a la dictadura de la familia Somoza tras una larga lucha revolucionaria, comparte esa invisibilización con el resto del istmo.

La conmemoración del 47 aniversario de la Revolución Sandinista, el 19 de julio pasado, situó al país bajo la mirada internacional. Ante una multitud y en defensa de la Revolución, Daniel Ortega, que gobierna el país junto a su esposa, Rosario Murillo, anunció entre vítores y cánticos que en Nicaragua “no volverá a haber elecciones” y aseguró que promoverá leyes para impedir que unas fuerzas políticas, a las que vinculó con Estados Unidos y con el legado del somocismo, vuelvan a disputar el poder. Ortega y Murillo, esta vez sin ningún disimulo y más allá de la habitual descalificación de una oposición sometida desde hace años a una represión sistemática, cerraron cualquier posibilidad de disputa política y de alternancia en el Gobierno.

El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, afirmó días después que sí habrá elecciones, bajo un marco constitucional que las “blinde” de la injerencia extranjera y de los “traidores a la patria”

Tres días después, el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, afirmó que sí habrá elecciones, aunque bajo un marco constitucional que las “blinde” de la injerencia extranjera y de los “traidores a la patria”. Nadie explicó quiénes ni bajo qué reglas podrían competir, ni hizo referencia a los cientos de opositores presos, exiliados, desterrados o desnacionalizados. Conviene señalar, además, la presencia significativa de personas pertenecientes a comunidades indígenas entre los presos políticos.

La deriva antidemocrática y la violación de los derechos humanos y las libertades civiles no son recientes. Desde 2018 se ha exacerbado la represión contra quienes adversan a Ortega; en 2021 el régimen encarceló o inhabilitó a los siete precandidatos presidenciales con posibilidades reales de competir contra él, asegurándose una reelección sin oposición real. En 2025, una reforma constitucional convirtió a Rosario Murillo en copresidenta, amplió el mandato presidencial y otorgó al Poder Ejecutivo la autoridad de “coordinar” los poderes Legislativo y Judicial.

Maurice y Daniel Edmundo Ortega Murillo, dos de los hijos de la pareja presidencial, ocupan posiciones dentro de una red familiar vinculada al negocio del oro y a las confiscaciones forzosas de propiedades. En abril de 2026, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos los sancionó, junto a varios funcionarios y empresas mineras, por su papel en esa red. Desde 2021, el Gobierno ha entregado más de 1,2 millones de hectáreas, una décima parte del territorio nacional, en concesiones mineras a empresas chinas, muchas de ellas ubicadas en territorios indígenas y afrodescendientes.

La pareja Ortega-Murillo y la red familiar construida a su alrededor, administran el Estado como una hacienda particular. En ella se diluyen las fronteras entre lo público y lo privado, entre lo lícito y lo ilícito; las instituciones y los mecanismos de reproducción política y económica están subordinados a los designios de la familia.

En Nicaragua, como en toda América Latina, el Estado-nación se vincula a una experiencia colonial que no terminó con la independencia política respecto de la Corona española, sino que pervive en un continuum de legado colonial con acento criollo, capaz de configurar ciudadanías degradadas y de distinto valor. Las élites nicaragüenses han administrado y reproducido esa herencia que pervive, imponiéndose sobre los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes, las disidencias y las mujeres, sobre unos cuerpos-territorios sometidos a la lógica del capitalismo, el patriarcado y la colonialidad.

Daniel Ortega y Rosario Murillo son una expresión de ese legado. Se presentan como herederos de la Revolución Sandinista, pero no rompen con esa matriz colonial-imperial. Se revisten con el discurso y la simbología de la lucha contra el somocismo y contra el imperio norteamericano, una lucha que en 1979 abrió un horizonte revolucionario y antimperialista de construcción socialista.

Es cierto que la injerencia norteamericana es real e histórica. Estados Unidos sostuvo al somocismo y después trató por todos los medios de destruir el proceso de transformación. En 1986, la Corte Internacional de Justicia determinó que Estados Unidos había violado el derecho internacional mediante su apoyo a la Contra y sus acciones contra Nicaragua, orientadas a dar al traste con los programas de la Revolución, entre ellos la alfabetización, la reforma agraria, la salud comunitaria y el avance de los derechos de las mujeres y de pueblos originarios.

También es innegable que una buena parte de la oposición procede de ese mismo legado imperial y se frota las manos esperando el derrumbe de los Ortega-Murillo. Eso no exime a quienes hoy ostentan el poder absoluto. Y es que algunas izquierdas toman cualquier crítica al orteguismo como un altavoz del imperio y de las derechas y, de tanto añorar una Revolución que tampoco estuvo exenta de abusos, termina protegiendo a quienes reproducen la violencia en todas sus expresiones contra la que la misma Revolución se levantó.

La deriva autoritaria de Nicaragua no surgió de la Revolución, sino de una acumulación de traiciones y complicidades posteriores

Mónica Baltodano, sandinista disidente, advierte que la deriva autoritaria de Nicaragua no surgió de la Revolución, sino de una acumulación de traiciones y complicidades posteriores. Entre ellas señala el pacto de 1999 entre Ortega y el expresidente liberal Arnoldo Alemán, el silencio de sectores empresariales, las confabulaciones religiosas con el orteguismo y la indiferencia de la comunidad internacional.

Para los Ortega Murillo, las vidas, los cuerpos y los derechos de las mujeres han sido siempre moneda de cambio. En 1998, Zoilamérica Narváez, hijastra de Daniel Ortega, lo denunció públicamente por los abusos sexuales que, según su testimonio, había sufrido desde niña. El aparato orteguista la deslegitimó, rechazó la acusación y blindó a Ortega con el fuero parlamentario. En 2006, ya reconciliado con el cardenal Miguel Obando y Bravo, el Congreso aprobó con los votos del orteguismo la prohibición total del aborto terapéutico, como parte de su alianza con las jerarquías religiosas. Ortega ganó esas elecciones y el feminismo nicaragüense, protagonista de la guerra contra Somoza y del proceso revolucionario, fue sacrificado en aquella transacción.

La deriva autoritaria no es exclusiva de Nicaragua. En El Salvador, la Asamblea aprobó y ratificó en un solo día, sin debate, una reforma que habilita la reelección indefinida de Nayib Bukele. En Costa Rica, la Administración de Laura Fernández y el expresidente Rodrigo Chaves han intensificado sus ataques contra el Poder Judicial y otros contrapesos institucionales. No son regímenes equivalentes, pero en los tres casos se reconoce un mismo movimiento hacia el autoritarismo, en el afán de modificar las reglas desde arriba para que el poder deje de estar realmente en disputa.

En Nicaragua hay muchas personas que apoyan al Gobierno, que se sienten libres y lo defienden. Son parte de la misma contradicción, porque un Gobierno puede garantizar techo y comida y, a la vez, encarcelar a quien disiente. Ningún proceso, ni siquiera el que se levanta en nombre de la liberación, está a salvo de reproducir aquello que combatió.

Los procesos de transformación política no son un horizonte armónico. Los habitan tensiones que no necesariamente se pueden resolver, es más, visibilizar el mismo conflicto permite encontrar salidas. Es el ch'ixi del pensamiento aymara al que se refiere Rivera Cusicanqui, ese gris jaspeado cuyas manchas conviven sin fundirse jamás. No se trata de conciliar las contradicciones ni de borrarlas en una síntesis consoladora, sino de mantener la diferencia que las hace visibles. Esta perspectiva es importante para dimensionar parte de lo que ocurre en Nicaragua.

Ese cerco represivo ayuda a explicar por qué no se vislumbra una alternativa capaz de romper esa matriz ni la lógica de la colonialidad de la democracia. La salida va más allá de restaurar una democracia procedimental

La democracia no se agota en votar cada cierto periodo. Es la libertad de expresión, es el derecho a participar en política, es la existencia de fuentes de información independientes del Gobierno, es la separación de poderes, es un sistema de pesos y contrapesos y que la ciudadanía tenga espacios y capacidad para frenar o impulsar las leyes que lo afectan. La democracia es también justicia social, reconocimiento y redistribución. Es la posibilidad de encontrar un camino colectivo y propio hacia la vida digna y buena. Nada de esto es viable en medio del saqueo, la corrupción, la impunidad, el abuso, la represión, el recorte de derechos y libertades y, sobre todo, la manipulación de la memoria.

Quienes cuestionan el poder de los Ortega-Murillo pueden pagar con la cárcel, el exilio, la desnacionalización, la confiscación de sus bienes o incluso con la vida. Ese cerco represivo ayuda a explicar por qué no se vislumbra una alternativa capaz de romper esa matriz ni la lógica de la colonialidad de la democracia. Por ello, la salida va más allá de restaurar una democracia procedimental. Porque en Nicaragua, como en el resto del istmo centroamericano, nunca llegó a construirse una democracia capaz de asegurar libertades y derechos para quienes han sido históricamente excluidos de la propia democracia.

La nostalgia y la melancolía no favorecen ningún proceso de liberación ni a la democracia misma, porque la memoria de la Revolución solo puede conservar su fuerza emancipadora, vinculada a la justicia social y al buen vivir, si también se la somete a una crítica que la proyecte como horizonte de transformación.