Nicaragua
“Ortega ya no puede seguir en el poder, ha cometido crímenes de lesa humanidad”

A poco menos de un año del inicio de las protestas callejeras en Nicaragua, hemos entrevistado en la sede de El Salto a tres activistas nicaragüenses que han iniciado una gira para denunciar las graves violaciones a los derechos humanos por parte del Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo y para solicitar el apoyo internacional de cara a una salida negociada. Se trata de Francisca Ramírez y Mónica López, de la Articulación de Movimientos Sociales —ambas en el exilio— y María Teresa Blandón, de la Articulación Feminista. Las tres participan en la Unidad Nacional Azul y Blanco, integrada por 70 movimientos y asociaciones de este país centroamericano.

El movimiento campesino ha sido un factor decisivo en la paralización del proyecto de canal interoceánico con capitales chinos. ¿Cómo se articuló esa movilización?
FRANCISCA RAMÍREZ: Este movimiento campesino nace en 2013 cuando el régimen lanza el proyecto del canal, con el argumento de que serviría para salir de la pobreza. Los campesinos no estábamos informados de la concesión amparada por la Ley 840, hasta que llegaron los chinos a nuestras tierras, protegidos por el ejército nicaragüense y tomaron medidas de las fincas y viviendas, sin pedirnos permiso ni darnos ninguna explicación.

Entonces comenzamos, desde la sociedad civil, a informarnos acerca de la gravedad del proyecto. Así supimos que los 25 artículos de la Ley 840 conculcaban nuestros derechos. Que se trataba de la entrega de la soberanía de Nicaragua a partir de la concesión del canal a Wang Jing, un multimillonario chino, y vimos que se iba a hacer un grave daño para el medio ambiente. Tampoco habíamos sido consultados y no se preveía ningún referéndum. Entonces comenzamos a organizarnos y a salir a manifestarnos contra el proyecto.

¿Cuál es el grado de incidencia que tiene actualmente en la rebelión al Gobierno Ortega-Murillo?
F.R.: De 2013 hasta el 18 de abril de 2018 nosotros llevábamos 97 marchas. La represión de abril, que dio visibilidad al conflicto, los campesinos ya la conocíamos desde 2013. Como antes los indígenas, ya éramos víctima del desplazamiento, sufríamos asesinatos por parte del régimen de Ortega. El 18 de abril los universitarios se manifestaron exigiendo que se apagara el incendio en la reserva Indio Maíz, de origen más que sospechoso.

La realidad es triste, hay más de 700 presos, líderes estudiantiles, de la sociedad civil y campesinos. Todos los días hay secuestros, así como miles de desplazados. Algo más de 40.000 estamos en Costa Rica atravesando una crisis humanitaria

Parecía haber una clara intención de que esa reserva fuera destruida porque los países cercanos ofrecían ayuda para extinguir el incendio, pero el régimen de Ortega hacía caso omiso. Los estudiantes salieron y enseguida se iniciaron las masacres, hubo 40 asesinados en dos días. Entonces, desde el movimiento campesino, que ya estaba organizado —habíamos estado solos durante mucho tiempo—, vimos que era el momento de salir a la calle a exigir justicia y el cese de la represión. Pero esta continuó y hoy hay más de 325 muertos confirmados por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, pero en realidad hay más, ese número es el que ellos pudieron confirmar mientras se les permitió estar en Nicaragua, después fueron expulsados. Sabemos que son más, porque en las zonas rurales hay asesinatos, secuestros. Hay seis líderes del movimiento campesino con largas condenas, como la que sufre Medardo Mairena, a 216 años; Pedro Mena, a 210, y así sucesivamente. Y otros que están encarcelados sin juicio.

La realidad es triste, hay más de 700 presos, líderes estudiantiles, de la sociedad civil y campesinos. Todos los días hay secuestros, así como miles de desplazados. Algo más de 40.000 estamos en Costa Rica atravesando una crisis humanitaria. Hay que buscar una salida pacífica lo más rápido posible, el pueblo ha decidido salir a luchar en las calles y hacen demanda a instituciones como la ONU y otras, porque creemos que Ortega ya no puede seguir en el poder, ha cometido crímenes de lesa humanidad.

¿Podría pensarse que lo que sucede en Nicaragua admitiría —al menos en parte— entenderse como resonancia del conflicto de intereses entre China y los EE UU?
MÓNICA LÓPEZ: No. En Nicaragua son años de un sistema político basado en falta total de democracia, de un ejercicio autoritario y autocrático de Ortega y su círculo más cercano, que ha llegado a cometer crímenes de lesa humanidad contra la población. La rebelión de abril de 2018 fue de ámbito nacional y autoconvocada, aunque también participaron fuerzas organizadas de vieja data como organizaciones de los movimientos feminista, ambientalista, campesino y antiminero. Para quienes intentan situar este conflicto desde una perspectiva geopolítica, cabe aclarar que la concesión del canal fue entregada a un empresario privado chino; nunca fue un acuerdo entre naciones.

En la Mesa de Diálogo hay una representación del movimiento feminista. ¿Se han conseguido avances en la agenda del movimiento?
MARÍA TERESA BLANDÓN: Desde los movimientos se ha intentado un diálogo y negociación con el régimen. El primero fue en mayo del año pasado y fracasó porque Ortega continuó —incluso incrementó— la represión. Ahora intentó —a través de los banqueros— abrir una negociación sobre el tema económico. Pero estamos de nuevo en un punto muerto porque Ortega decidió romper los acuerdos preliminares que había establecido con la Alianza Cívica y porque está tratando de maniobrar para evadir el tema electoral y las premisas que le fueron planteadas: liberación de los presos políticos, desarme de los paramilitares, investigar los crímenes, restablecimiento de las libertades de expresión y de movilización y retorno de los organismos de derechos humanos.

Las feministas somos parte de esa gran unidad Azul y Blanco. Y tengo que admitir que en este momento es perentorio resolver esta agenda articulada con la crisis. Pero no hemos dejado de asumir cuestiones vertebrales en nuestra agenda: la violencia contra las mujeres, la ausencia de reconocimiento a los derechos sexuales y reproductivos. Pero evidentemente estamos frente a un Estado colapsado, no hay manera en este momento de que otras demandas que son urgentes puedan tener eco, no tienen cabida. Las feministas estamos junto a otros actores de la sociedad civil y otros movimientos sociales, empujando para procurar una salida negociada. Y esto es en este momento nuestra prioridad.

Dentro de la iglesia hay sectores conservadores y otros progresistas, ¿cómo está esa correlación entre ambas en la Mesa de Diálogo?
M.T.B.: La Conferencia Episcopal ha sido tal vez el actor de mayor prestigio durante la crisis, porque la mayoría del clero se puso del lado del pueblo y tuvo una respuesta íntegra ante el Gobierno, denunciando la violación de los derechos humanos y exigiendo el cese de la represión. Sin embargo, no es una Conferencia progresista, es más bien conservadora. Tampoco es homogénea, tiene dentro unas fuerzas que son progresistas y otro sector profundamente conservador. Las feministas, en este momento, tenemos un reconocimiento importante hacia la Conferencia Episcopal, que no esconde las diferencias que mantenemos en otros temas, como la autonomía de las mujeres sobre sus cuerpos, o sobre la libertad sexual.

“Me sorprende que algunos actores de la izquierda crean que Ortega ha estado enemistado con los EE UU, cuando durante sus once años de gobierno ha cumplido con la agenda de los EE UU para Centroamérica”

Una parte de la izquierda cree que esta rebelión forma parte de la estrategia del imperialismo estadounidense y la oligarquía nicaragüense. La otra, que Ortega-Murillo han traicionado los ideales de la revolución sandinista.  
M.L.: Es inaceptable ética y políticamente que se pretenda justificar graves violaciones a los derechos humanos, bajo una argumentación de intereses imperiales. Grupos independientes han investigado y confirmado que el Gobierno ha cometido crímenes de lesa humanidad en contra de una rebelión cívica de la ciudadanía.
Por otro lado, dentro de este movimiento hay una diversidad de sectores con múltiples intereses. Unos actores están más cercanos a algunos de esos personajes que tú mencionas, pero otros estamos trabajando con los movimientos sociales y sectores populares.

Me sorprende que algunos actores de la izquierda crean que Ortega ha estado enemistado con los EE UU, cuando durante sus once años de gobierno ha cumplido con la agenda de los EE UU para Centroamérica, que es impedir las migraciones de las poblaciones hacia el norte. Incluso ha actuado reprimiendo a emigrantes en tránsito por Nicaragua. Y hay buenas relaciones del ejército nicaragüense con los EE UU. Eso denota una incomprensión de lo que está sucediendo y cabe decir que, dentro de esta rebelión, el régimen ha actuado con especial saña contra la propia gente de origen sandinista que se rebeló en abril, o que viene del sandinismo histórico. Entonces tampoco se sostiene decir que esto es “sandinismo versus antisandinismo”; en realidad lo que hay es ciudadanía frente a un régimen opresor. Y, como es lógico, hay diversidad de actores y de criterios.

El “orteguismo” se basó en el desarrollo de una clase económica empresarial vinculada a él que se ha hecho millonaria y se ha convertido en parte de los nuevos polos de poder económico

¿La consolidación de Ortega y su grupo cercano tiene que ver con La Piñata, aquella redistribución que se hicieron de los bienes estatizados por la revolución sandinista?
M.L.: Dentro del sandinismo hay múltiples expresiones. La que ha acompañado a Ortega, el “orteguismo” se basó en el desarrollo de una clase económica empresarial vinculada a él que se ha hecho millonaria y se ha convertido en parte de los nuevos polos de poder económico. Y esto incluye a gente del ejército, a comandantes que tuvieron grandes responsabilidades políticas en los 80 y que durante los once años de Gobierno de Ortega cogobernaron en un romance profundo con el gran capital. Y que se rompió por la rebelión y posterior masacre, pero antes de abril no había cuestionamientos del gran empresariado, que consintió el debilitamiento de las instituciones democráticas y la hegemonía de Ortega a cambio de que él no se metiese con sus procesos de acumulación de riqueza.

A esa izquierda que cree que Ortega es anticapitalista y anti hegemónico hay que decirle que institucionalizó el poder del COSEP [entidad que agrupa al empresariado], que se ufana de decir cuántas leyes ha conseguido aprobar. Ahora se han pasado la oposición. Y nos parece bien que hayan percibido que no podían continuar del lado de un asesino, pero eso también es parte de una cuestión de conveniencia; pero también de las presiones que, hasta ellos mismos, recibieron de los EE UU precisamente por estos vínculos intrincados entre su riqueza y la acumulación de riqueza de Ortega…

¿Presiones de los Estados Unidos?...
M.L.: Sí, hubo mensajes muy fuertes de la embajada de los EE UU al sector empresarial, de que también podrían ser sujetos de sanciones por la vía de la Ley Magnitsky, si no mostraban de manera más contundente su cuestionamiento al régimen. Y se han aplicado sanciones económicas a funcionarios de alto nivel por la vía de esa ley. También un factor de presión sobre el ejército, que ha mantenido hasta el momento una actitud encubridora y en algunos casos corresponsable de la represión.

Antes de la rebelión y posterior masacre no había cuestionamientos del gran empresariado, que consintió el debilitamiento de las instituciones democráticas y la hegemonía de Ortega a cambio de que él no se metiese con sus procesos de acumulación de riqueza

¿De qué modo esta lucha del pueblo nicaragüense podría saldarse en favor de políticas democráticas y redistributivas y no de la derecha y los intereses concentrados del capital?
M.T.B.: En América Latina asistimos a una lamentable pérdida de oportunidades que tuvo la izquierda. Y esto se lo debemos en mucho a este polo de gobiernos que, en nombre del pueblo, conculcaron derechos e instalaron gobiernos autoritarios. Hoy, la izquierda son los movimientos sociales, no las agrupaciones partidarias que intentaron cooptar —y en algunos casos lo lograron— a estos movimientos y sus justísimas reivindicaciones. Estos gobiernos autoritarios nos han usurpado nuestro discurso, liderazgos y representaciones y han convertido en una especie de fetiche al socialismo, despojándolo de todo su potencial transformador.

Ortega es parte de este círculo de impostores. Y la izquierda europea, si no toma nota de esto, también va a tener que rendir cuentas por defender gobiernos que en nombre del socialismo han reproducido esquemas neoliberales, colonialistas, machistas, profundamente discriminatorios. Una izquierda democrática está obligada a nutrirse del pensamiento ecologista, feminista, ambientalista, de las luchas indígenas. La apuesta es clara: la democracia; pero no la democracia de mínimos de los liberales, sino replantear la relación entre el Estado y la ciudadanía, que amplíe los márgenes de los derechos.

M.L.: Las barbaridades que ha cometido Ortega bajo el amparo del FSLN [Frente Sandinista de Liberación Nacional, partido histórico del sandinismo, hoy dirigido por Ortega y Murillo] y con el contubernio con determinados sectores a nivel internacional va a tener implicaciones para un largo plazo. En Nicaragua como en el resto del mundo, la autonomía de los movimientos sociales es fundamental. El desprestigio de la política es muy grande, por la corrupción de los partidos, la ausencia de conexión entre las demandas ciudadanas y lo que hacen los políticos ha generado enormes discusiones al interior de la sociedad, donde es recurrente escuchar —en la vasta gama de posicionamientos de la alianza— que no importan las definiciones ideológicas y sí que se respeten los derechos.

Hoy, la izquierda son los movimientos sociales, no los partidos que cooptaron sus reivindicaciones, que han usurpado nuestro discurso, liderazgos y representaciones y han convertido en una especie de fetiche al socialismo, despojándolo de todo su potencial transformador

¿Cómo se ha escenificado la ruptura de la Mesa de Diálogo con el Gobierno?
M.L.: El día que se retomaba la mesa de negociación, siete compañeras presas mandaron una carta pública diciendo que no hay negociación mientras existan 777 presas y presos políticos y se pusieron en huelga de hambre. También los presos hicieron una protesta en la penitenciaría, denunciando que los de la galería 300 están en condiciones inhumanas y siendo torturados. Ahí cambió el escenario de la negociación: la Conferencia Episcopal dijo que no van “a ser parte, porque “no hay condiciones”, la articulación de movimientos sociales también y luego la Unidad Nacional Azul y Blanco; finalmente lo hizo la Alianza Cívica.

Son los liderazgos de base, campesinos, estudiantiles, territoriales presos los que nos están marcando la pauta de que no es posible caer nuevamente en un pacto de cúpulas para conseguir una estabilización económica, o para hablar de reformas electorales. El régimen quiere ganar tiempo, Ortega es incapaz de gobernar y es legítimo que la ciudadanía exija que se vaya en el menor tiempo posible y que la comunidad internacional respalde esta exigencia.