Obsolescencia programada
Un IVA social contra la obsolescencia programada

“Para lo que me cuesta repararlo, casi es mejor comprar uno nuevo”. El abaratamiento de muchos productos mediante la reducción de costes, ya sea por avances tecnológicos o por la importación de países de salarios más bajos y legislaciones laborales casi inexistentes frente al precio de la mano de obra de un servicio de reparación en un país como España, ha hecho que esa frase se escuche muy a menudo. Tareas como conseguir una pieza de recambio —que en muchas ocasiones tiene que viajar miles de kilómetros—, el delicado trabajo de restauración de un mueble o remendar unos zapatos, están perdiendo la batalla de la competitividad del mundo globalizado contra las ofertas de Media Markt, Ikea o Zara.

Esto no ocurre solo en el Estado español: según una encuesta del Eurobarómetro, en Europa el 77% de los ciudadanos estaría dispuesto a reparar sus productos, pero casi nunca lo hace porque es demasiado caro para ellos. El consumo de “usar y tirar” se ha instaurado y normalizado en nuestra sociedad, mientras los recursos naturales se agotan y los vertederos del mundo van ganando terreno a bosques o cultivos.

Pero sí que hay algo que, tanto en algunos Estados europeos como en el seno de las instituciones públicas de Bruselas, está cambiando. En varios países del continente se están aplicando medidas fiscales para promover la reparación de productos o la restauración y posterior venta de objetos. Estas medidas están dando ya resultados, pero queda mucho camino por recorrer, sobre todo en países que todavía no han aprovechado esta oportunidad, como España.

Europa quiere Economía Circular

En 2015, la Comisión Europea presentó el paquete de medidas sobre economía circular para estimular la transición del continente hacia un modelo que contribuya a “cerrar el círculo” de los ciclos de vida de los productos a través de un mayor reciclaje y reutilización. Se han modificado los marcos legislativos sobre tratamiento de residuos para promover la economía circular y la creación de empleo mediante el tratamiento de los residuos.

La Directiva 2018/851 de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre residuos, explica en su apartado 29 que “los Estados miembros deben facilitar modelos de producción que fomenten la prolongación de la vida útil de los productos y promuevan la reutilización mediante el establecimiento y el apoyo de redes de reutilización y reparación, como las dirigidas por las empresas de la economía social, los regímenes de depósito, devolución, retorno y rellenado e incentivando la refabricación, el reacondicionamiento y, en su caso, la adaptación de los productos a nuevos fines”.

El primer apartado del artículo 11 de esta directiva indica que “los Estados miembros adoptarán medidas para promover las actividades de preparación para la reutiliza­ción”, usando, entre otras opciones, “instrumentos económicos o criterios de adjudicación”. En uno de los anexos se indica que, entre esos instrumentos, está el “uso de medidas fiscales para promover la utilización de productos y materiales preparados para su reutilización o reciclado”. Europa lo plantea, ofrece las herramientas y competencias a los Estados para llevarlo a cabo. Muchos países ya lo están utilizando, pero España sigue sin aplicar ninguna de estas medidas.

Un IVA social y ecológico

Varias organizaciones, entre las que se encuentra la Asociación Española de Recuperadores de la Economía Social y Solidaria (Aeress) o Amigos de la Tierra, han lanzado campañas con la intención de utilizar, principalmente, una de esas medidas fiscales para promover una economía más social y ecológica que pueda crear empleo bajo las hipótesis de la economía circular: el IVA.

Bajo el nombre “Un impulso redondo”, la campaña de Aeress exige que el Ministerio de Hacienda utilice esas herramientas fiscales para promover la economía social, la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión y un modelo económico circular que luche contra la obsolescencia programada y las consecuencias medioambientales de la sociedad de consumo actual. “Hablamos de beneficios medioambientales porque cogemos estos residuos y los volvemos a meter en el mercado —explica a El Salto Raquel Haro, de Aeress—, además de beneficios económicos, al crear empleo, y beneficios sociales, al introducir en el mercado laboral a personas de colectivos en riesgo de exclusión, como migrantes, parados de larga duración y personas que vienen de procesos de desintoxicación de drogas”.

Las organizaciones que pertenecen a esta asociación, como Traperos de Emaús o la canaria Isonorte, llevan décadas realizando labores de recuperación de muebles, electrodomésticos o material textil para su restauración o reparación y posterior venta. “A nosotros se nos olvida decir que lo que hacemos es lo que ahora se llama economía circular porque llevamos años haciendo precisamente eso”, dice Haro. Pero no es fácil ni barato, “las personas en riesgo de exclusión necesitan un proceso de acompañamiento y formación”, lamenta.

El IVA que recauda Hacienda de la venta de productos de segunda mano por parte de empresas de la economía social apenas supone un 0,02% del total de ingresos. Según el Estudio de fiscalidad ambiental aplicada a la jerarquía de residuos, de Aeress, en el que se evalúan las repercusiones de eliminar el IVA a productos procedentes de procesos de preparación para la reutilización que realicen las entidades de economía social, la Agencia Tributaria dejaría de ingresar 14,8 millones de euros al año. Esto supondría un 11,8% del total de cuotas atribuibles al Régimen especial del IVA de bienes usados, que fue de 125,5 millones en 2017, según la estadística de la propia AEAT. “La cantidad que dejaría de ingresar Hacienda es mínima, si la comparamos con otras partidas presupuestarias, como los 2.000 millones que nos vamos a gastar en rescatar autopistas”, dice Haro.

Con la eliminación del IVA a productos de las entidades de economía social la Agencia Tributaria dejaría de ingresar 14,8 millones de euros al año

Otras organizaciones quieren ir más allá. La ONG Amigos de la Tierra lanzó en 2017 la campaña “Se merecen un 10”, en la que se pedía la reducción del IVA a un tipo reducido del 10% para los servicios de reparación, los establecimientos de segunda mano y los de alquiler de objetos, como por ejemplo herramientas o trajes. “Creemos que los pequeños comercios de reparación o venta de segunda mano realizan un gran servicio para las economías locales, creando empleo, y además favorecen al medio ambiente”, explica a El Salto Teresa Rodríguez de Amigos de la Tierra. 

Menos IVA, más empleo

Pero además, desde Aeress también reivindican el poder para crear empleo de calidad de las empresas de inserción que podría tener esta medida fiscal. Según su estudio, la exención del IVA podría ayudar a la generación de aproximadamente 30.000 puestos de trabajo en 2020. Además, según otros estudios anteriores realizados por Aeress, si conseguimos reutilizar el 50% de los residuos que van a los vertederos, se podrían crear 160.000 nuevos puestos de trabajo. 

Alargascencia

La expresión “las cosas ya no duran tanto como antes” no es una simple frase hecha. La obsolescencia programada, la planificación del fin de la vida útil de un producto por parte del fabricante para que se compre, es uno de los engrases de la maquinaria consumista que mantiene en movimiento al sistema económico actual. Algunos países, como Francia y su denuncia al oligopolio de las impresoras, ya le han declarado la guerra y multarán a las empresas que la practiquen. En el Estado español, en 2014, la Ley de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos menciona la prohibición del diseño de productos de corta vida y difíciles de reparar, pero no establece objetivos ni presupuesto para llevarla a cabo, por lo que es totalmente inservible.

La exención del IVA podría ayudar la generación de alrededor de 30.000 puestos de trabajo en 2020, según un estudio de Aeress

Las denuncias ante este modelo son muchas, pero, ante la inoperancia de las administraciones públicas, las soluciones no son tantas. Rodríguez cree que es también una cuestión de mentalidad y que se necesita concienciar a la gente de que debemos huir de “este modelo obsolescente de usar y tirar”. Por ello, desde Amigos de la Tierra también llevan promoviendo el uso de un término que, desde mayo de 2018, ha sido admitido como antónimo válido de obsolescencia por la Fundéu: alargascencia.

Para las empresas, dicen desde la ONG ecologista, también debería surgir un efecto que desincentivara la fabricación de productos con una vida útil corta: “Al reducir la carga impositiva sobre estos servicios, y por tanto su precio, se fomentará la práctica de la reparación y la reutilización frente a la compra de productos nuevos, y se incentivará a los fabricantes para que sus productos sean reparables y duraderos”.

Pero principalmente se intenta revertir esa mentalidad de usar y tirar que se ha instaurado en la sociedad de consumo actual, así como normalizar la reutilización de las cosas que no usamos o se han roto: “Buscamos crear un poco de conciencia en torno a la compra de productos de segunda mano —dice Haro—, en otros países de Europa las tiendas de segunda mano están más a la orden del día”.

Una realidad en Europa

Una de las principales demandas de las empresas de la economía social en el Estado español ya es una realidad en Francia. La recogida y venta de bienes usados por parte de empresas sociales están exentas de IVA en el país vecino porque las autoridades francesas lo entienden como una forma eficaz de crear empleo para personas en riesgo de exclusión o discapacitadas. En Bélgica, estas empresas tienen un IVA reducido del 6%.

En otros países la reducción fiscal está más enfocada a productos concretos. En Irlanda, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Eslovenia, Finlandia y Suecia existe una reducción del IVA en servicios de reparación menor, entre los que se incluye el arreglo de bicicletas, zapatos y artículos de cuero. En el Reino Unido, la venta de artículos donados tampoco tiene la obligación de pagar IVA, siempre y cuando dicha donación se haga a una organización benéfica, charities, o se haya entregado a una persona o empresa que certifique por escrito que las ganancias serán donadas a una de estas organizaciones.

¿Dónde estamos en España?

Actualmente el IVA 0% no está contemplado en España. Existe la exención del IVA para algunos sectores, “pero no es lo mismo que piden las organizaciones de la economía social”, explica a El Salto el portavoz del Sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha), Carlos Cruzado: “La exención no permite deducirse el IVA soportado, pero el de tipo cero sí”. No obstante, apunta el técnico, “es una posibilidad que la nueva directiva va a abrir y en ese momento se podrá plantear”.

El IVA de tipo cero no existe actualmente, pero es una posibilidad que la nueva directiva va a abrir y se podrá plantear

Las dos organizaciones sociales consultadas lamentan que las medidas directivas siguen sin adaptarse ni aplicarse. “Aquí el paquete de medidas de la economía circular está todavía en negociación, pero no hace mención a reducción del IVA para este tipo de actividades”, critica Haro. En los próximos meses, comentan ambas, quieren unir fuerzas: “Queremos buscar más apoyos y recoger firmas para poder ir de la mano y reunirnos con Hacienda”, dice Rodríguez.

“En Gestha siempre somos muy cautelosos a la hora de incentivar mediante beneficios fiscales, creemos que tienen que ser los mínimos y bastante estudiados”, explica Cruzado, “pero por incentivar la economía circular y todos los beneficios que conlleva hacerlo con la economía social, no veríamos mucho que objetar a esa posibilidad de que estableciera el IVA cero”.