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Ocupación israelí
El Congreso vota una reforma que permitiría un embargo integral de armas a Israel

Las declaraciones de condena del presidente español, Pedro Sánchez, hacia el Estado de Israel han escalado intensidad esta última semana, unas palabras que han ido por delante de medidas concretas.
Este 20 de mayo, el PSOE tiene la oportunidad de comenzar a alinear su discurso con los hechos con la votación en el Congreso de la toma en consideración de la reforma de la Ley 53/2007 que permitiría imponer un embargo integral de armas a Estados investigados por genocidio o crímenes de guerra. Hasta ahora, aclaran los impulsores de la reforma, la campaña Fin de Comercio de Armas con Israel y la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina (Rescop), la imposición de un embargo “era una decisión política”. Con esta proposición de ley, registrada por los grupos de Podemos y Sumar y que ha estado paralizada durante un año en el Congreso, la interrupción de la compraventa de armas con un estado genocida, “Israel el primero”, estará regulada por una ley.
Industria armamentística
Genocidio Las relaciones armamentísticas de España e Israel han sido “más lucrativas que nunca” desde octubre de 2023
Solo queda que el PSOE y otros aliados de derecha del Gobierno, como Junts, decidan permitir que la ley se abra paso y pueda debatirse en el Congreso. El movimiento de solidaridad con Palestina ha convocado una concentración frente al Parlamento a las 18:30h para presionar a los diputados y diputadas que tienen que dar luz verde al debate de esta reforma. “Pedimos a todos los grupos parlamentarios que estén a la altura del momento histórico y voten a favor”, dicen desde la campaña. El PSOE aseguró esta mañana que facilitará con su voto la tramitación de la medida, aunque todavía faltaría el voto del partido de Carles Puigdemont.
Hasta ahora, la imposición de un embargo “era una decisión política”. Con esta reforma se podría declarar un embargo de forma automática cuando se abren investigaciones por genocidio o crímenes de guerra en instancias internacionales
La votación llega después de una escalada de declaraciones y tensiones entre el Gobierno español y la diplomacia israelí. Este 19 de mayo, el presidente Pedro Sánchez se sumó, al menos de palabra, a las tesis del Movimiento de Boicot, Sanciones y Desinversiones (BDS) al pedir expresamente que Israel no participe en Eurovisión ni en otras competiciones internacionales: “Nadie se llevó las manos a la cabeza cuando se inició la invasión de Rusia a Ucrania y se le exigió la salida de nada más y nada menos que de competiciones internacionales, y también no participar en Eurovisión. Por tanto, tampoco debería hacerlo Israel”.
El pasado 14 de mayo, el presidente español ya había declarado en el pleno del Congreso que España no vendía ni compraba armas a un Estado “genocida”. Unas declaraciones que le valieron una reprimenda del Gobierno israelí a la embajadora española en Jerusalén. Pero también las críticas de la campaña Fin de Comercio de Armas con Israel y de colectivos antimilitaristas como el Centre Delàs per la Pau, que acusaron a Sánchez de estar mintiendo. Según un informe realizado por el Centre Delàs desde el inicio del genocidio de Gaza, el 7 de octubre de 2023, el comercio de armas entre España e Israel “ha sido más lucrativo que nunca”. Según este instituto de investigación pacifista, desde aquel día se han registrado 134 operaciones de compraventa entre estos dos países y se han rubricado 40 nuevos acuerdos.
Una reforma para realizar un embargo integral
La proposición de ley que reforma la ley 53/2007 sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso, introduciendo la figura del embargo y su régimen jurídico, fue registrada el 11 de julio de 2024 y ha estado bloqueada desde entonces por las principales fuerzas políticas del Congreso. La relatora especial de la ONU para los Territorios Ocupados, Francesca Albanese, mostró en redes sociales su apoyo a la proposición de ley para que “España no sea cómplice” del genocidio en Gaza.
La reforma plantea, cuando se den las condiciones, la imposición de un embargo integral, que incluya no solo la compraventa de armas sino también prohibir cualquier tipo de colaboración militar
La reforma pretende subsanar algunas “lagunas” de esta ley de 2007 e incorpora a la legislación de la figura del embargo como una herramienta coercitiva destinada a los Estados que “pueden estar incurriendo en la comisión de genocidio, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad u otras graves vulneraciones de derechos humanos”. La proposición de ley pretende establecer “mecanismos de aplicación inmediatos, que no queden sujetos a criterios interpretativos” sino que se apliquen de manera automática cuando se producen hechos objetivos, como por ejemplo, la admisión de demandas a trámite por la comisión de crímenes de genocidio, crímenes de lesa humanidad y otros crímenes de guerra, ante tribunales internacionales de justicia cuya jurisdicción haya sido reconocida por España.
La reforma plantea la imposición de un embargo integral, que incluya no solo la compraventa de armas sino también prohibir cualquier tipo de colaboración militar, formación, asistencia técnica o “coproducción con estos regímenes”, incluyendo el control del tránsito de armas por territorio español. “Un embargo real debe significar romper los lazos de complicidad con quienes violan sistemáticamente los derechos humanos”, apuntan.
Ahora, dicen desde la campaña, “es el momento de pasar de las palabras a los actos”. Declarar que “España no hace negocios con Estados genocidas” es importante, añaden, “pero insuficiente”. Esta reforma “es el instrumento que traduce esas palabras en obligaciones jurídicas concretas y exigibles”.
Pese a reconocer la importancia de esta reforma, recuerdan al presidente que el Gobierno no necesita esperar a que esta medida sea aprobada, y que el ejecutivo puede y debe declarar de manera inminente un embargo integral de armas a Israel que comprenda la compra, la venta y tráfico de armas por puertos y aeropuertos españoles. “Esta decisión es solo cuestión de voluntad política: en el próximo Consejo de Ministros el Gobierno puede realizarlo”, señalan.
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Espero que la medida se apruebe y que aplique a los terceros países que quieran utilizar el territorio español.