Okupación
El espíritu de Arrakala resiste cinco meses después de su desalojo en Bilbao

La música empezó a sonar y la gente se congregó en torno a un grupo de personas que desplegaban una gran pancarta frente a la vivienda que, al menos durante cuarenta días, se transformó en Arrakala. Las escaleras de la Plaza Unamuno quedaron cubiertas por una gran tela y la gente comenzó a caminar al grito de “ni una vecina fuera del barrio”. La manifestación avanzó tranquila la tarde de este viernes por las calles del Casco Viejo de Bilbao el enfado y la indignación por el desalojo de Arrakala. La recuperación de este local ha llevado a los juzgados por vía penal a tres personas acusadas de liderar la ocupación. Las declaraciones previas comenzaron el lunes, aunque se desconoce todavía la fecha de la vista.

Arrakala, nació en el mes de marzo cuando AZET, el Sindicato de Vivienda del Bilbao la Vieja y San Francisco, decidió ocupar un inmueble que llevaba 30 años abandonado a comienzos de las Calzadas de Mallona. “Claramente, es un ejemplo paradigmático de un espacio que no hay ninguna voluntad de utilizar”, explica un integrante de AZET. “Vivimos en barrios donde vemos que hay un montón de espacios y casas vacías, y, al mismo tiempo gente quedándose en la calle y entendemos que esto es un problema estructural, una manera que tiene la especulación de funcionar, de ganarnos terreno”, añade.

Para el Sindicato de Vivienda, “la unión hace la fuerza” y la organización social es la herramienta más eficaz para poder dar respuesta a problemáticas “tradicionalmente entendidas como individuales, como la de la vivienda en su sentido más amplio” y para combatir el sistema capitalista, al que señalan como culpable de estos males. Las subidas de los alquileres, la gentrificación o la proliferación de pisos turísticos no son “disfunciones del sistema”, apuntan, sino un mecanismo para acumular capital. En este sentido, justifican la razón de ser de Arrakala y reivindican que la ocupación es siempre, en caso de necesidad, una opción legítima. “Pensamos que es nuestra obligación desarrollar herramientas para responder a las necesidades materiales de nuestras vecinas y, si es necesario, recuperar espacios que nos permitan hacerlo”, aseguran.

“Pensamos que es nuestra obligación desarrollar herramientas para responder a las necesidades materiales de nuestras vecinas y, si es necesario, recuperar espacios que nos permitan hacerlo”

Vivienda de emergencia

“Nos encontramos un espacio con grandes signos de abandono y en cuanto entramos nos pusimos a trabajar para transformarlo en algo que diese un servicio a las vecinas”, explica una de las personas que participó en la ocupación de Arrakala. El local fue utilizado, en los apenas 40 días que permaneció ocupado, por el propio Sindicato de Vivienda AZET, que instauró allí su sede, y también como vivienda de emergencia para familias desahuciadas del barrio, “para que quienes se quedaban en la calle tuviesen, al menos esa noche, un lugar donde dormir”.

Paralelamente, ante las necesidades de las vecinas y los vecinos del barrio que están sufriendo los peores efectos de la crisis, AZET puso también en marcha en el local el Almacén Popular de Alimentos ASETU.

“Excesos” policiales

Durante el tiempo que Arrakala permaneció ocupado, siempre estuvo “bajo un acoso policial constante y cotidiano”, una vigilancia y control que se inició tan solo un par de días después de la presentación pública del espacio. “Solían estar aquí parados en la plaza, nos hacían fotos, nos grababan, a una chica que salía incluso la siguieron hasta que lograron identificarla entrando en su casa”, cuenta una de las personas que formó parte de la asamblea de Arrakala.

“Solían estar aquí parados en la plaza, nos hacían fotos, nos grababan, a una chica que salía incluso la siguieron hasta que lograron identificarla entrando en su casa”

Para denunciar este acoso, en abril convocaron una concentración que se saldó con tres multas impuestas por la policía municipal bajo el amparo de la Ley de protección de la seguridad ciudadana, popularmente conocida como Ley Mordaza. Finalmente, en la madrugada del 11 de mayo, la policía municipal, escoltada por la Ertzaintza, ejecutó el desalojo, según AZET, “siguiendo un procedimiento no convencional y de carácter político cuyo verdadero responsable es el Ayuntamiento de Bilbao”.

“Para mí no es una cuestión tan simple como decir si ocupar un edificio es ilegal o no. La pregunta es qué es preferible a nivel social, para el bien común, y si las leyes están viendo esa parte humana de la historia porque si no lo hacen entonces creo que tenemos la obligación moral de intentar cambiarlo”, señala uno de los participantes en la manifestación de este viernes por el Casco Viejo. Aunque no forma parte de AZET, ni ha tenido nada que ver con la ocupación de Arrakala, participa en la protesta “para dar apoyo a una manera de ver y hacer las cosas que comparto”.

Aunque son contadas excepciones, no sería la primera vez que un juez en España dicta una sentencia favorable a los acusados en un caso de ocupación. Probablemente el caso más reciente y notorio sea el de La Ingobernable que, tras ser desalojada por orden del consistorio madrileño en noviembre de 2019, pudo volver a su actividad tan solo siete meses después, tras sentenciar el Tribunal Superior de Justicia de Madrid a favor de los ocupantes. La resolución dictó que el procedimiento seguido por el Ayuntamiento había sido ilegítimo debido a que este carecía de derechos posesorios sobre el inmueble en el momento de la realización del expediente administrativo en el que se habían basado el desalojo.

En esta ocasión fue una irregularidad en el proceso lo que permitió a los ocupantes volver al inmueble y retomar su actividad. Sin embargo, se han dado casos en los que, amparándose en el supuesto legal del estado de necesidad, un magistrado haya dictado a favor de los acusados. Sucedió, por ejemplo, en 2016 cuando el juzgado de lo Penal N.º 7 de Zaragoza absolvió a una familia que llevaba un año viviendo como ocupas en un piso aludiendo a su “situación de necesidad”. La resolución fue inesperada incluso para el abogado de la defensa, al que le había tocado el caso durante su turno de oficio y que se refirió a ella en sus declaraciones a diversos medios como “una sorpresa muy agradable”.

Respecto al causa judicial abierta por la ocupación de Arrakala, aunque poco se sabe, por consejo legal de sus abogados, sobre la línea de defensa que adoptarán en el proceso, la AZET insiste en que el principal objetivo del desalojo no fue poner fin la ocupación del edificio sino “golpear la actividad política del sindicato AZET”, un proyecto ciudadano que, aún desalojado, continúa trabajando para abrir nuevas grietas, arrakalas, por pequeñas que sean, en el sistema.