Opinión
Ante la petición de ahorrar, exigir facturas más baratas

Las medidas de ahorro energético que nos exigen desde Europa pueden ser necesarias y urgentes, pero la urgencia también debe ser máxima para que el esfuerzo en el ahorro realizado por hogares y empresas se vea reflejado en un abaratamiento en las facturas de la luz.

Hay que recordar que el incremento del coste de la luz no se debe únicamente a la guerra en Ucrania. Es cierto que Rusia ha acrecentado la crisis energética, pero no olvidemos que antes de la invasión a Ucrania la luz en Europa y en España superaba los 200€/MWh y que industrias electrointensivas como Sidenor se enfrentaban en foros económicos a una Iberdrola inmutable que junto a otras multinacionales han formado un oligopolio energético en la que abundan ex-políticos del PP, PSOE o PNV.

Obviamente los rusos, como maestros del ajedrez que son, saben jugar muy bien en el tablero geopolítico. Ante una torpe Comisión Europea que airea sus próximos movimientos de reducir las importaciones rusas, se anticipan y mueven sus piezas, cortando el gas del gaseoducto Nord Stream I y subiendo precios como represalia a las sanciones económicas.

El incremento del coste de la luz no se debe únicamente a la guerra en Ucrania, no olvidemos que antes de la invasión la luz en Europa y en España superaba ya los 200€/MWh

Un alza de precios, que según datos de Eurostat y respecto al año anterior, supone a los países miembros de la Unión Europea pagar un 89% más a Rusia por el gas a pesar de haber reducido el volumen comprado en un 15%. Unos 14.000 millones de euros mensuales se nos van a Moscú en comprar gas, petróleo y carbón, y, lamentablemente, somos “patrocinadores colaterales” de su guerra en Ucrania además de darle alas al rublo y a su superávit por cuenta corriente.

Ante el alza de los precios del gas, la Comisión Europea presentó el pasado el 18 de mayo el plan Repower UE. Por una parte, para reducir la dependencia de hidrocarburos de Rusia, lo que ha llevado a  aumentar las importaciones de gas natural licuado (GNL) de buques metaneros de EEUU, Qatar, Nigeria o Trinidad y Tobago. Y por otra parte, para exigir un plan de contingencia a los países con el objetivo de fomentar las renovables de manera urgente y elaborar planes de ahorro energético y ahorrar un 15% en el consumo de energía. Será de un 7% en el caso de España y Portugal por su menor dependencia al gas ruso, aunque en Euskadi alrededor del 40% de buques de GNL que llegan al puerto de Bilbao y a Bahía Bizkaia Gas provengan de Rusia. Dicha recomendación puede tornarse en obligatoria si no hacemos acopio de gas suficiente para el invierno.

El Gobierno estatal aún no ha elaborado el Plan de Contingencia, pero sí ha aprobado el pasado 25 de agosto el Real Decreto-ley 14/2022 en el Consejo de Ministros con medidas de ahorro energético que tan criticadas han sido por gran parte del espectro político, comercios y hostelería. Se aprobó con la condición de tramitarse como proyecto de ley y poder recibir propuestas alternativas por parte del resto de los partidos políticos.

Pero es curiosa la polémica suscitada contra el Real Decreto. El “Madrid no se apaga” de Isabel Diaz Ayuso o el “Euskadi ya ha hecho los deberes” de la Consejera vasca Arantxa Tapia han resultado ser mera táctica electoralista con poca altura política y legislativa. Primero, la insumisión es a la Comisión Europea, no al Gobierno estatal. Y segundo, el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE), aprobado en 2007 y modificado en 2009, ya establecía medidas de eficiencia energética a edificios o comercios, con rangos de temperatura óptimos, cierre de puertas o incluso paneles que deben informar de la temperatura del recinto. De hecho, el RDL 14/2022 lo que ha hecho es modificar los 26º para el aire acondicionado y los 21º para la calefacción que exigía el RITE, aumentando la exigencia a 27º y 19º, respectivamente, y manteniendo las excepciones según la normativa laboral del RITE.

De lo que no se han percatado el PP y el PNV tras este burdo tacticismo electoral es que han sacado a relucir el total incumplimiento de sus gobiernos de las medidas de eficiencia energética establecidas en el RITE en sus comunidades autónomas ya que es su competencia la inspección y vigilancia. De hecho, la Consejera Tapia se reunió recientemente con la Confederación de Comercio de Bizkaia-Cecobi informándoles que “va a ser flexible“ y que ”no pondrá sanciones“ para que se adapten al real decreto. Ir de salvadores cuando no han hecho cumplir el RITE en una década es una burla a la ciudadanía. Pero este laissez faire en los comercios no es de extrañar de liberales que ni siquiera controlan vertederos que colapsan como el de Zaldibar o industrias e incineradoras que contaminan como Sader, Petronor o la incineradora de Zubieta.

El “Madrid no se apaga” de Isabel Diaz Ayuso o el “Euskadi ya ha hecho los deberes” de la Consejera vasca Arantxa Tapia han resultado ser mera táctica electoralista con poca altura política y legislativa.

Pero avancemos y centrémonos en el siguiente paso: el Plan de Contingencia que exige la Presidenta de la Comisión Europea Ursula Von der Leyen.

La Ministra Teresa Ribera dio de plazo hasta el 25 de agosto para que las CCAA enviasen sus propuestas. El Gobierno vasco respondía a la llamada presentando un plan continuista que afianza un modelo fracasado que solo beneficia al oligopolio vasco al regalarles más fondos públicos.

Elkarrekin Podemos-IU también se sumó a la llamada y presentó su plan con 56 medidas el 24 de agosto. Propuestas que van más allá de ahorrar energía y que exigen abaratar el precio de la energía y ejecutar cambios estructurales en el fracasado modelo energético actual.

La exigencia de crear una empresa pública de energía para avanzar en la soberanía energética no únicamente respecto a terceros países sino también respecto al oligopolio está convirtiéndose en seña y bandera de la formación morada. Incluso medidas como dejar de dar fondos públicos a las multinacionales energéticas o aumentar la ambición en los objetivos de reducción de emisiones de CO2 y de generación de energías renovables en la Ley de Cambio Climático. Esta última, una medida que también ha exigido EH Bildu para condicionar su aprobación al RDL 14/2022.

Las medidas de ahorro del RDL 14/2022 parecen estar reduciendo el consumo en un 9%. Pero no es suficiente con ahorrar. Es necesario abaratar el coste de la energía y cambiar el modelo energético.

En ese sentido, Von der Leyen y los populares europeos parece que por fin claudican y van a reunirse el 9 de septiembre para intervenir el mercado eléctrico europeo. Una intervención a la que se han resistido con uñas y dientes los apóstatas del libre mercado porque constata el fracaso de las políticas liberales que están arruinando a la Unión Europea por tener un sistema marginalista donde el precio de la luz lo fija la energía más cara, generalmente el gas. Esperemos que el cambio consiga que se pague a cada tipo de energía por su coste real.

Pero la Unión Europea debe seguir interviniendo y regulando los mercados de materias primas  (commodities en inglés), actualmente controlados por grandes corporaciones financieras o hedge funds que especulan con los precios del petróleo, materias primas, productos agrícolas o derechos de emisiones de CO2. Es preciso eliminar a los especuladores de la ecuación y desinflar los precios de dichas commodities que tanto afectan a la inflación.

Pero en España también pueden tomarse medidas para abaratar los costes de la luz modificando varios cargos que se incluyen en la factura. Y esta vez impactando en los beneficios de las eléctricas, no en los ingresos al Estado.

Elkarrekin-Podemos-IU, en su paquete de 56 medidas presentó tres propuestas para abaratar las facturas a costa de las eléctricas: reducir el coste del término de potencia, crear un “consumo básico” a precio valle en todas las franjas horarias, y auditar y reducir la compensación por el “tope al gas”. ¿En qué consisten?

Las eléctricas han creado un sistema donde la mayor demanda y precios más caros se dan en horas en las que estamos en casa y no tenemos escapatoria.

Para empezar, en 2013 el Gobierno del Partido Popular aumentó el coste del término de potencia en un 36%. Lo justificó en una reducción de la demanda y una recaudación baja por parte de las eléctricas. Es decir, se penalizó el ahorro de hogares y empresas aumentando el coste del término de potencia. En ese sentido se propone reducir en un 50% el coste del término de potencia. Un ahorro que repercute en las eléctricas y no en el Estado. 

Por otra parte, para fomentar el ahorro, sería necesario crear un “consumo básico de energía” con una tarificación valle en todas las franjas horarias, y una vez superado ese consumo básico, se facturaría según la tarificación horaria correspondiente. Por poner un ejemplo, en horario de máximo consumo y mayor precio nos piden no poner la lavadora. Una persona ahorradora, aún cumpliendo y no poniendo la lavadora, tiene necesidades básicas como cenar o encender la luz, y ese consumo mínimo se penaliza con la tarificación horaria más cara. Esto, por supuesto, es otra picaresca de las eléctricas, que han creado un sistema donde la mayor demanda y precios más caros se dan en horas en las que estamos en casa y no tenemos escapatoria. Hay que cambiar este modelo para incentivar el ahorro.

Por último, las nuevas facturas traen un nuevo cargo: la compensación por el “tope al gas”. Un mecanismo de ajuste por la excepción ibérica establecido en el RDL 10/2022 que topa a 40-70€ y hasta mayo de 2023 el precio del gas que usan las eléctricas en sus ciclos combinados. El ajuste se aplica tras una fórmula que compensa la diferencia entre el precio topado (40€) y el precio en el mercado MIBGAS (>200€). Pero existen dudas sobre el precio real al que compran el gas las eléctricas, ya que parece que la mayoría del gas lo compran mediante contratos a largo plazo directamente a los productores a precios muy inferiores a los precios del MIBGAS. En ese sentido, sería necesario auditar los costes reales de la compra de gas de las eléctricas para que la compensación sea justa y se abarate la factura.

 Si vamos al “fin de la abundancia” de Macron, o a la “era de la escasez” como decimos otros, el ahorro es necesario, pero tan necesario es abaratar las facturas, regular los mercados y a los especuladores y cambiar el modelo liberal que ha servido a las multinacionales a enriquecerse a costa de la sociedad y el planeta. La transición sólo será posible cuando una mayoría social y política entienda que ese cambio no vendrá de la mano de los políticos y multinacionales que nos han llevado a la crisis.