Opinión
14D: Por el derecho a la vivienda y contra la mercantilización de nuestras vidas

Alazne, con 31 años, ya ha pasado por cinco alquileres y una temporada okupando una vivienda propiedad de un fondo de inversión en Bilbao. Su experiencia refleja una situación que se repite en nuestras calles: alquileres exorbitantes, condiciones abusivas y una competencia feroz por cada piso disponible. En su última vivienda, la inmobiliaria se negó a facilitarle el contrato de arrendamiento necesario para solicitar ayudas del Gobierno Vasco, calificándola como una “inquilina problemática” por rechazar pagos ilegales.

El caso de Alazne no es una excepción. Mohamed y Nadya, una pareja marroquí, llegaron a Euskal Herria en 2019 y se enfrentaron al desahucio durante la pandemia tras perder los ingresos de su empleo precario. Su situación, como la de muchas otras personas migrantes, ejemplifica la brutalidad de la crisis habitacional: discriminación inmobiliaria, alquileres por habitaciones que en proporción son un 30% más caros que los pisos completos y un mercado que prioriza el lucro sobre el derecho a una vivienda digna.

Mohamed y Nadya enfrentan discriminación inmobiliaria y deben pagar un 30% más por una habitación que por una vivienda completa.

La crisis de la vivienda es un problema estructural que trasciende fronteras. La manifestación del pasado 13 de octubre en Madrid reunió a 150.000 personas en una demostración clara contra el rentismo y a favor de una bajada de los precios de los alquileres. Este movimiento, que también ha cobrado fuerza en ciudades como Barcelona, Málaga o Zaragoza, se enmarca en un contexto global de financiarización de la vivienda, que convierte un derecho fundamental en una mercancía sujeta a las leyes del mercado.

En Euskal Herria, hoy, sábado 14 de diciembre, la red de sindicatos de vivienda Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatuen Sarea (EHESS) y el Sindicato de Vivienda Socialista han convocado una movilización masiva contra la mercantilización de la vivienda. Con el apoyo de 222 colectivos sociales, la manifestación busca visibilizar la complicidad de las instituciones en perpetuar este modelo de exclusión. En palabras de los organizadores, “la vivienda no es un bien de mercado, sino un derecho”.

Sin embargo, las políticas actuales en Euskadi muestran otra cara. El Gobierno Vasco, liderado por el PNV, se ha posicionado del lado de los intereses de propietarios y constructoras. La proliferación de viviendas turísticas y desarrollos urbanísticos, como los 5.500 pisos previstos en Zorrozaurre, ejemplifican un modelo que prioriza la especulación. Mientras tanto, las ayudas al alquiler, como Gaztelagun o Bizigune, terminan beneficiando más a los propietarios que a los inquilinos, y las viviendas vacías, que ascienden a 43.000 según el Observatorio Vasco de Vivienda, permanecen sin penalización efectiva.

Gaztelagun y Bizigune favorecen a propietarios más que a inquilinos, mientras 43.000 viviendas vacías siguen sin penalización efectiva.

Las cifras también hablan por sí solas. Entre 2015 y 2024, el precio medio de una habitación en alquiler en Euskadi ha aumentado un 70%, situándose en 534 euros. Mientras tanto, los salarios han crecido por debajo del IPC, causando una pérdida del poder adquisitivo que ELA cifra en 14.000 euros desde 2009. Este desequilibrio obliga a dedicar hasta el 60% del salario al alquiler, dejando a los más jóvenes y a la población migrante en una situación insostenible. Para muchas personas migrantes, el porcentaje destinado al alquiler asciende al 80%, y los casos de racismo inmobiliario son una barrera adicional que los empuja hacia condiciones de vida cada vez más precarias.

Además, el auge del turismo ha intensificado la gentrificación en ciudades como Bilbao, donde barrios como el Casco Viejo concentran un 23,7% de los pisos turísticos de la ciudad. Este fenómeno desplaza a las vecinas hacia periferias con menos recursos y peores infraestructuras, transformando los espacios de vida comunitaria en productos al servicio de la industria turística.

Ante esta realidad, la manifestación del 14D es una oportunidad para articular una respuesta colectiva y exigir un modelo alternativo.

Ante esta realidad, la manifestación del 14D es una oportunidad para articular una respuesta colectiva y exigir un modelo alternativo. La vivienda debe dejar de ser un negocio para convertirse en un derecho garantizado. Esto no se logrará sin una organización constante en barrios y sindicatos, así como sin una presión continua contra las políticas que perpetúan la especulación.

La lucha por la vivienda es una lucha por la justicia social. Nos vemos este 14D en las calles, porque la vivienda no es un privilegio, sino un derecho fundamental que debemos defender colectivamente.