Opinión
Complicidad criminal: Israel en Fitur

En la Base de Datos de las Naciones Unidas referida a empresas que facilitan la colonización israelí (un crimen reconocido por la Corte Internacional de Justicia en su Resolución del 24 de julio de 2024, párrafos 278 y 279) están las empresas de alojamiento hostelero, como Airbnb, Booking, Expedia y Tripdvisor que, a su vez, disponen de otras empresas asociadas y subsidiarias, desde Edreams a Trivago. Estas empresas, en tanto que intermediarias entre la propiedad y el turista, se dedican a facilitar alojamientos en asentamientos (ilegales, según el Derecho internacional) en los Territorios Ocupados palestinos y sirios, en Cisjordania, incluyendo Jerusalén, y en los Altos del Golán. Lo hacen a través de sus páginas digitales, y por ese servicio cobran un porcentaje de los ingresos que se producen por esas transacciones de alquiler de alojamientos y servicios conexos.

Ese lucro criminal apoya la Ocupación, profundiza la colonización y sostiene la impunidad, así como la ausencia de rendición de cuentas y de sanciones a estas empresas. El tráfico económico se lleva a cabo a la vista de todo el mundo, dado que se trata de empresas que en sus múltiples páginas y en diversos idiomas cuentan con un mercado mundial de captación para el que anuncian actividades que son delictivas, sin que esto afecte a sus negocios. Por otro lado, las administraciones que debieran poner freno a ese negocio lo consienten y recaudan vía impuestos parte de sus beneficios. No debe de extrañarnos, por tanto, que todo este tráfico económico haya ido alimentando y dando alas al genocidio que presumiblemente está cometiendo Israel, un punto de vista que compartimos con Francesca Albanese, la relatora de las Naciones Unidas.

A la conquista militar israelí se le añaden las expropiaciones y expulsiones de los nativos palestinos y sirios, así como el robo de sus recursos, desde agua a materiales de construcción (en canteras, suelos y arenales). Todo esto apoyado desde la potencia ocupante por toda una panoplia de leyes de expolio y discriminación. Fortalecer esos asentamientos, proporcionando ingresos, en este caso vía turística, falseando en muchos casos el carácter ilegal del asentamiento y, por ende, de la actividad lucrativa de alquiler de alojamientos y otros servicios conexos, fomenta su expansión y la ampliación del crimen de la colonización.

La falta de rendición de cuentas de esas empresas es consubstancial a la política de permisividad y complicidad de los Estados donde tienen sus sedes estas empresas. La falta de rendición de cuentas se extiende a los auditores y sellos de calidad, medios de comunicación y otras empresas asociadas a las directamente responsables, que deberían cumplir unos mínimos de ética profesional. También son corresponsables de esa permisividad y complicidad los organismos y entidades que deben velar por hacer cumplir las leyes nacionales de blanqueo de capitales y el Derecho internacional y sus normas.

Las propias autoridades rectoras de la UNWTO, una agencia no por casualidad vinculada a las Naciones Unidas, deberían excluir, de oficio, a todas las empresas y entes mencionados

Entre estos últimos que descuidan su Código Ético se encuentra la Organización Mundial para el Turismo, UNWTO por sus siglas en inglés, de la que forman parte las cuatro empresas mencionadas, inscritas en la Base de Datos de las Naciones Unidas de empresas colonizadoras.

Así, por ejemplo, en el artículo 2 de ese Código Ético se afirma que ‘las actividades turísticas respetarán la igualdad de hombres y mujeres. Asimismo, se encaminarán a promover los derechos humanos y, en particular (…) los [de los] pueblos autóctonos’.

A su vez, en el artículo 10, se afirma que ‘los agentes públicos y privados del desarrollo turístico cooperarán en la aplicación de los presentes principios y controlarán su práctica efectiva’. De ahí que no entendamos que FITUR, la Feria Internacional de Turismo de Madrid, que es también miembro de la UNWTO y ha subscrito este Código Ético, acepte como expositores habituales a empresas que vulneran los principios que dice defender o, todavía más grave, permita que esté presente al Estado de Israel. Un Estado colonizador, que hace gala de su incumplimiento del Derecho internacional y del Derecho humanitario y promueve y expande los asentamientos en Territorios Ocupados.

Las propias autoridades rectoras de la UNWTO, una agencia no por casualidad vinculada a las Naciones Unidas, deberían excluir, de oficio, a todas las empresas y entes mencionados. Y lo mismo puede decirse del Pacto Mundial (Global Compact), un instrumento de las Naciones Unidas de responsabilidad social empresarial, que dice liderar la sostenibilidad empresarial. Por coherencia con los Principios y Códigos Éticos que informan su actuación.