Opinión
Condenan a un empresario de Jerez por vulnerar los derechos de trabajadores extranjeros sin permiso de empleo

Los hechos sucedieron en Chiclana de la Frontera, donde un empresario jerezano contrató a dos trabajadores en situación administrativa irregular para desempeñar tareas con categoría profesional de oficial de primera en el sector de la construcción.

Abogada laboralista y activista de la APDHA




12 feb 2025 11:11

Los pasados 11 de diciembre de 2024 (Sentencia núm. 465/24 del Juzgado de lo Social 2 de Cádiz) y 16 de septiembre de 2025 (Sentencia núm. 396/2024 del Juzgado de lo Social núm. 1 de Cádiz) se resolvieron dos demandas que reclamaban la extinción laboral de las relaciones laborales de dos trabajadores en situación administrativa irregular por impago de salarios y menoscabo de su integridad física, así como se solicitó una indemnización por vulneración del derecho a la igualdad, concretamente por discriminación por motivos raciales y situación administrativa irregular en su relación laboral.

Los hechos sucedieron en Chiclana de la Frontera, donde un empresario jerezano contrató a dos trabajadores en situación administrativa irregular para desempeñar tareas con categoría profesional de oficial de primera en el sector de la construcción. Dicho trabajo consistía en una reforma integral de una vivienda sin las más elementales condiciones de protección a la salud, tal como acredita la Sentencia núm. 396/2024: “vulneración de las más elementales obligaciones de seguridad e higiene en la prestación del trabajo, vulnerando el derecho a la dignidad física” y recoge también la Sentencia núm. 465/24 que señala “no proporcionando el demandado ni los EPIS ni las herramientas necesarias para el desempeño de sus funciones”. Ante la ausencia de herramientas adecuadas para trabajar, equipos de trabajo, equipos de protección, etc. y durante la carga de diferentes materiales de construcción sin más elementos que el propio cuerpo, uno de los trabajadores sufrió un accidente laboral. El trabajador no ha recibido ningún tipo de protección social derivada de su condición de trabajador, arrastrando graves dolores lumbares hasta la actualidad.

Además de las inexistentes medidas de prevención de riesgos laborales, el empresario les entregaba un infrasalario, que posteriormente dejó de abonarles, aun cuando los demandantes seguían acudiendo a su puesto de trabajo. Durante dicho tiempo reclamaron sus salarios en multitud de ocasiones, respondiendo el empresario de forma abiertamente discriminatoria, como así ha reconocido el magistrado: “te voy a comentar para que tú lo sepas un poco, ¿vale? Como va aquí en … Si esta mujer a mí me da todas las semanas una cantidad de dinero para comprar materiales y pagar a ustedes cada tres semanas, Hacienda, Ministerio de España se mete e investiga, ¿me comprendes o no? Y entonces ya no se hace ninguna obra, pero no aquí, sino en todo el país entero”.

Andalucía
Derechos Humanos Las empresas agrícolas siguen incumpliendo con los temporeros: agresiones e impagos en Huelva y Almería
La explotación laboral en el campo andaluz aumenta mientras miles de trabajadores migrantes viven en los más de cien asentamientos chabolistas sin electricidad ni agua que se encuentran en ambas provincias andaluzas.

Ante dichas circunstancias, los demandantes presentaron denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS), la cual visitó el centro de trabajo y consultó la cuenta de cotización de la empresa. Las dos búsquedas resultaron infructuosas, la primera debido a que las obras habían finalizado y la segunda por carecer el empresario de altas de personas trabajadoras desde 2019. La ITSS resolvió no hacer nada, incluso llegó a subrayar que cualquier infracción grave de un examen documental estaría prescrita. A pesar de que una simple búsqueda en internet constataba que el empresario seguía operando y publicitándose. Sus actuaciones para corregir las graves irregularidades denunciadas resultaron, por desgracia, totalmente insuficientes, dejando a los denunciantes en la más absoluta indefensión administrativa.

Los trabajadores debieron acudir a los juzgados para hacer valer sus derechos, dictándose dos sentencias, una de ellas firme (Sentencia núm. 396/2024) y la segunda se encuentra recurrida (Sentencia núm.465/24). La primera reconoce la extinción de la relación laboral, una indemnización por despido improcedente, las diferencias salariales entre el infrasalario abonado y las cantidades que debieron percibir según el Convenio de la Construcción y Obras Públicas de la provincia de Cádiz y el 10% de mora respecto del pago de dichas cantidades.

Dicha sentencia establece también una indemnización de 6.251 euros por vulneración de derechos fundamentales; concretamente, reconoce que se ha vulnerado el artículo 14 de la Constitución Española, el derecho a la igualdad, el cual recoge el derecho a la no discriminación por motivos de raza y otras circunstancias personales, como son en este caso la situación administrativa irregular y las dificultades de comunicación idiomática de los trabajadores.

De esta forma, el magistrado señala también la inobservancia de los derechos laborales contenidos en el artículo 42. “En la relación de trabajo, los trabajadores tienen derecho: d) A su integridad física y a una adecuada política de prevención de riesgos laborales” y el artículo 19 “Artículo 19. “Seguridad y salud en el trabajo” del Estatuto de los Trabajadores, como elementos discriminatorios, así la sentencia afirma: “considero que no estamos en una simple y única situación de incumplimiento de no abonar la retribución correcta, con una actuación que se repite con otra persona también de nacionalidad extranjera, sin permiso de trabajo, y con dificultades de comunicación lingüística y de idioma.

Si a ello añadimos que en nuestro caso ya sí queda aprobada una vulneración de las más elementales obligaciones de seguridad e higiene en la prestación del trabajo, vulnerando el derecho a la dignidad física, consideró que sí se ha dado una discriminación contra el principio de igualdad de cualquier otro trabajador a quien sí se le hubiera entregado equipos de protección individual para el trabajo de la construcción”.

La segunda sentencia referida reconoce también la extinción de la relación laboral, la indemnización por despido improcedente así como las diferencias salariales, a pesar de concurrir los mismos hechos en ambos casos, debido a que los dos laboraban juntos, el magistrado interpreta: “Con relación a la discriminación por razón de trato e igualdad, al margen de ser ciertas las diferencias salariales conforme al convenio de aplicación y el impago del salario durante cerca de un mes; el trabajador no laboraba fuera del horario legal (...)”, a pesar de reconocer en la propia sentencia que el demandado no proporcionó ni los EPIS ni las herramientas necesarias para trabajar, incompareciendo la parte demandada y no aportando absolutamente ninguna prueba respecto de que cumpliera mínimamente las normas de prevención de riesgos laborales, entre otras.

Además de las inexistentes medidas de prevención de riesgos laborales, el empresario les entregaba un infrasalario, que posteriormente dejó de abonarles, aun cuando los demandantes seguían acudiendo a su puesto de trabajo

Exige, en este caso, una víctima estereotipada, dado que no es suficiente trabajar en un régimen de semi explotación salarial y sin ningún tipo de protección a la salud, y que, si además el trabajador no hace jornadas exhaustas, puede ser incluso un argumento para justificar que no existe discriminación contra el trabajador en situación administrativa irregular.

En la actualidad, el empresario condenado continúa operando impunemente (incluso después de la resolución de ambas sentencias) y sigue publicitando sus construcciones y reformas por internet. En nuestro Código Penal tenemos un título completo, el XV, con ocho artículos, los cuales recogen los delitos contra los derechos de los trabajadores, recogiendo las sentencias mencionadas hechos delictivos que, a pesar de estar bajo conocimiento de los Juzgados de lo Social y de la ITSS, actúan las mismas con pasividad, no practicándose ningún tipo de coordinación entre las diferentes administraciones públicas, ni entre órdenes jurídicas, así como tampoco se han comunicado los hechos delictivos al Juzgado de lo Penal, Policía Judicial o/y Ministerio Fiscal.

Por otra parte las restituciones económicas se verán extremadamente limitadas en el momento de reclamar su efectividad (en la actualidad los Juzgados de lo Social de Cádiz no han “sido capaces” de conseguir la identificación del individuo demandado), tampoco el Fondo de Garantía Salarial abonará ninguna indemnización por vulneración de derechos, y por supuesto, con la nueva reforma del Reglamento de Extranjería y las modificaciones con respecto a los arraigos y concretamente con la eliminación del arraigo laboral, estas dos personas continuarán en un régimen de irregularidad administrativa sin posibilidad de regularizar su situación por la vía laboral, teniendo que recurrir al arraigo social actual, o al nuevo socio – laboral cuando entre en vigor.

Las violencias ante las que se encuentran las personas sin posibilidad de regularizar su situación administrativa son múltiples, pero son especialmente hirientes en el ámbito laboral, estas no son arbitrarias, sino fomentadas por nuestra normativa de extranjería, que impide, en muchos casos, la regularización de las personas hasta el transcurso de los dos o tres años.

Celebramos un fallo que reconoce la discriminación laboral a personas por su situación administrativa irregular, a pesar de ello, el periplo administrativo y judicial que deben sufrir dichas personas para denunciar se torna intrincado y la restitución, mermada e insuficiente.

Informar de un error
Es necesario tener cuenta y acceder a ella para poder hacer envíos. Regístrate. Entra na túa conta.

Relacionadas

Cine
Cine Del taxi en Cádiz, a la alfombra roja en EEUU: la vida de película de Antonio González Guerrero
El gaditano es el único actor español del elenco de ‘Mobland’, serie de Paramount Plus que se acaba de estrenar en Reino Unido, EEUU y Canadá, y que estará disponible en España a partir del 9 de junio.
Sevilla
Medio ambiente Diez Ayuntamientos, agricultores y colectivos sociales exigen el cese de los vertidos mineros al Guadalquivir
Ayuntamientos y colectivos han enviado una carta al presidente de la Junta exigiendo que haya una moratoria a las minas de Aznalcóllar y la Mina Las Cruces y a los vertidos que pretender realizar al Guadalquivir
Andalucía
Derecho a la vivienda Andalucía se une a la movilización del 5 de abril con el precio de la vivienda en su máximo histórico
Sevilla, Málaga, Granada, Cádiz y Almería se unen a la manifestación estatal contra el negocio de la vivienda mientras el precio del alquiler en Andalucía alcanza sus máximos históricos y se ejecutan 157 desahucios mensuales en la comunidad
Gasto militar
Gasto militar ¿De dónde sacará Sánchez el dinero para financiar el incremento del gasto en defensa?
La promesa de aumentar las partidas presupuestarias militares necesita redirigir 10.471 millones de euros para alcanzar el 2% del PIB. Cumplirlo este año abre a su vez un grave problema para hacerlo en 2026.
Salud
El precio justo La nueva ley del medicamento o estrategias para bajar el precio de los genéricos (que son caros)
En España pagamos de media un 10% más por los medicamentos genéricos que consumimos que en el resto de la UE. Al mismo tiempo, nuestro gasto farmacéutico ha aumentado un 33% en la última década.
Israel
España El Gobierno español vuelve a romper su compromiso de no comprar armas a Israel
El Ejecutivo de Pedro Sánchez adquiere armamento israelí por valor de 6,6 millones de euros a pesar de haberse comprometido a un “embargo total”.
Israel
Israel Nuevos contratos de compra de armamento a Israel tensan la situación del Gobierno
El incumplimiento del compromiso al “embargo total” por parte del PSOE deja críticas de Sumar y la opción de romper la coalición por parte de Izquierda Unida. El Ejecutivo asegura que está buscando la manera de rescindir el contrato.
Gobierno de coalición
Carrera armamentística Izquierda Unida denuncia incumplimiento del PSOE y habla de “crisis de Gobierno”
El aumento del gasto en defensa y la compra de armas a Israel, a pesar del compromiso de no hacerlo, ha enfadado a tres pesos pesados de la coalición.

Últimas

There Is Alternative
There Is Alternative De redes, software, cacharritos y todo lo que no sea Elon Musk | TINA #1
Primer programa del podcast There Is Alternative de El Salto Radio sobre el lado oscuro de la tecnología y sus alternativas éticas y responsables.
Opinión
Opinión Priorizar bombas sobre camas de hospital
El presupuesto público parece tener siempre un límite cuando se trata de contratar personal o mejorar infraestructuras en Sanidad. Pero no lo tiene cuando se trata de gasto militar.
Opinión
Guggenheim Urdaibai Respuesta al Agirre Center: no participaremos en este juego con cartas marcadas
VV.AA.
El “proceso de escucha” se invalida a sí mismo al existir un plan ya elaborado y no publicado “de expansión discontinua del Guggenheim de Bilbao en Urdaibai”.
Más noticias
Estados Unidos
Extrema derecha Los beneficios de Tesla caen un 71% y Musk anuncia que reducirá su colaboración con Trump
Las protestas contra Elon Musk funcionan y hacen caer los beneficios y el valor en bolsa de la compañía. El anuncio del millonario hace que las acciones de Tesla crezcan cerca de un 5% en apenas unas horas.
Comunidad de Madrid
Huelga de universidades públicas Con un gigantesco mural profesorado y alumnado exigen más inversión en las universidades públicas de Madrid
Después del encierro del pasado 7 de abril, una espectacular acción de la comunidad universitaria ha llamado la atención sobre el recorte de recursos que prevé el gobierno de Díaz Ayuso en su nueva ley de universidades.
Laboral
Laboral Tres nuevos días de huelga para parar el ERE en Bridgestone
Los sindicatos de forma unánime convocan paros los días 24, 25 y 26 de abril y no descartan ampliar las acciones de lucha para evitar el despido de 546 trabajadores.

Recomendadas

Medio ambiente
Medio ambiente Que papel xoga Abanca no proxecto da celulosa de Altri en Galiza?
A sociedade público-privada Impulsa Galica, que cimentou os primeiros plans da multinacional papeleira e Greenalia está participada fundamentalmente pola Xunta e polo banco que xurdiu da desastrosa fusión das caixas de aforro galegas.
El Salvador
El Salvador El caso Ábrego García destapa el turbio pacto de Trump con Bukele
El joven salvadoreño no ha sido condenado ni en Estados Unidos ni en su país de origen, pero es uno de los cientos de personas con la vida pendiente de un hilo por las políticas de Trump y Bukele.
Historia
Historia Miguel Martínez: “En Villalar, la izquierda arrancó los comuneros al franquismo”
Miguel Martínez, profesor de historia y literatura españolas en la Universidad de Chicago, analiza desde una óptica progresista la Edad Moderna, el momento histórico fetiche de las derechas españolistas.