Opinión
La derecha recoge un malestar para el que no tiene programa

Donald Trump ganó las elecciones de 2024 prometiendo bajar los precios desde el primer día. Dos años después, con la compra y la gasolina por las nubes, ha perdido las dos cámaras del Congreso en las elecciones de mitad de mandato. No le han castigado tanto sus payasadas como que muchos votantes sigan sin llegar a fin de mes. Ese mismo malestar se vive en muchas casas españolas a pocas semanas de las generales, pero aquí todavía nadie lo ha convertido en un programa.

Pensemos en una administrativa de 38 años, con contrato indefinido, que vive de alquiler con su pareja y su hijo pequeño. Llegan a fin de mes con todas las facturas pagadas, pero con la cuenta a cero. Las consecuencias son inmediatas. Cuando compran en el supermercado buscan las marcas blancas para recortar gastos y, lo que es más grave, comprarse un piso ha dejado de ser una posibilidad de futuro, porque sin ahorros es imposible reunir la entrada de una hipoteca. Su caso se repite en buena parte de los hogares.

A finales de octubre, el INE confirmó que la economía española había crecido un 2,7% en el último año, y desde 2022 lo hace a más del doble de ritmo que la media de la zona euro. Pero es un éxito difícil de celebrar para quien, como la administrativa y su pareja, ha hecho los deberes y no ha recibido la recompensa que se le prometía. Durante décadas, las democracias europeas se sostuvieron sobre un pacto social implícito: quien trabajaba y cumplía podía contar con un salario suficiente, con un Estado de bienestar que le protegía en la enfermedad y en la vejez y, con los años, con una casa en propiedad. Ese pacto ha dejado de cumplirse, y la primera grieta está en la nómina, porque el salario real de un asalariado medio apenas ha crecido un 4% en lo que va de siglo mientras lo que produce cada persona ocupada ha crecido casi el triple.

Ese mismo malestar que castigó a Trump se vive en muchas casas españolas a pocas semanas de las generales, pero aquí todavía nadie lo ha convertido en un programa

La otra grieta se abre después de cobrar. Desde 2015, por cada punto que ha subido el sueldo medio, el alquiler ha subido más de tres y la comida casi dos. Un informe de CCOO calcula que comprar una vivienda se ha encarecido 3,6 veces más que los salarios desde 2013. Resulta que el salario, en realidad, se negocia dos veces. La primera, con la empresa, en una mesa donde hay sindicatos. La segunda, cada mes, con el casero, el supermercado y la eléctrica, en una mesa donde quien paga se ha encontrado casi siempre solo. Los sindicatos de inquilinas intentan cambiarlo, y por eso junto a CCOO, UGT y otras centrales convocan la huelga general del 11 de noviembre.

Desde IDRA, el Instituto de Investigación Urbana, acabamos de publicar un informe, basado en una encuesta a 1.850 personas residentes en España realizada junto al centro de investigación berlinés d|part y comisionada por el Global Fund for a New Economy. Los resultados muestran que la mayoría pone un aprobado a la economía de su hogar, pero casi la mitad reconoce que, como mucho, cubre lo básico, y solo una de cada ocho personas vive con holgura y puede ahorrar. Casi tres de cada cuatro temen no llegar a fin de mes, mientras que perder el empleo preocupa bastante menos.

Los hogares con menos margen empiezan renunciando a las vacaciones y, cuando eso no basta, recortan también en lo básico. Más de uno de cada tres limita la calefacción o el aire acondicionado, y uno de cada cinco recorta en comida saludable. La vivienda no aparece en la lista porque es el único gasto que no se puede recortar. Entre quienes viven de alquiler, nueve de cada diez temen no tener una vivienda digna, y, según un estudio de Fedea, uno de cada cuatro inquilinos que no sería pobre por lo que gana cae por debajo del umbral de riesgo de pobreza cuando paga el alquiler. Ese miedo todavía no tiene un signo político claro, y tanto puede alimentar la demanda de un sistema de bienestar ampliado como la búsqueda de culpables entre quienes vienen de fuera. Hacia dónde se incline está, todavía, en disputa.

Según la explicación de manual, los precios suben cuando se reduce la oferta y vuelven a bajar cuando el desequilibrio se corrige. Con los bienes esenciales, esa caricatura no se sostiene. Los precios subieron con cada crisis, de la covid a las guerras de Ucrania e Irán, y prácticamente no volvieron a bajar cuando pasaron. La economista Isabella Weber lo llama inflación de vendedores, y lo explica sin apelar a la codicia. Cuando una guerra encarece el gas, el coste sube para todas las empresas a la vez y todas lo saben, así que pueden subir precios sin miedo a perder clientes. Basta con que mantengan su margen. Si una empresa vende a 120 euros lo que le cuesta 100 y el coste pasa a 110, conservar el mismo margen la lleva a cobrar 132, y su beneficio crece sin necesidad de pactos. Donde hay cuellos de botella, el margen se amplía, y cuando el coste baja, el precio se queda estancado. La crisis explica que suba el coste. El poder concentrado de unas pocas empresas explica que la factura la acaben pagando, sobre todo, los pequeños productores y los consumidores, mientras el oligopolio queda indemne o beneficiado.

En España lo vimos con la luz y el gas, cuyas empresas, según el Banco de España, subieron sus precios entre 2021 y 2022 bastante más de lo que aumentaron sus costes. Con la comida pasa algo parecido. Seis empresas de distribución concentran más de la mitad de las ventas y determinan lo que compramos en el supermercado y a qué precio. A partir de mediados del 2023, cuando la energía y el transporte se abarataron, la cesta de la compra siguió aumentando, y justo en 2024, con los costes ya a la baja, las grandes cadenas de distribución ganaron casi 7.500 millones de euros. La guerra en Irán ha vuelto a disparar los carburantes, y en septiembre los alimentos frescos seguían costando un 5,8% más que un año antes. Los productos más baratos han subido bastante más que los de gama alta, así que quien se pasa a la marca blanca para ahorrar acaba pagando la subida más fuerte. La luz, donde el Estado intervino más a fondo con la excepción ibérica, subió entre 2015 y 2025 un 18%, menos que los salarios, mientras el alquiler y la comida se disparaban. Cuando el Estado interviene en serio, los precios se contienen.

En la vivienda, ese poder para fijar precios se construyó con decisiones políticas. Durante décadas, el Estado subvencionó millones de pisos protegidos que, pasados unos años, salían al mercado libre, de modo que hoy el alquiler social no llega al 4% de las viviendas. Después de la crisis de 2008 llegó el segundo impulso, cuando el rescate bancario puso miles de pisos al alcance de fondos de inversión y, desde 2012, las SOCIMI, las sociedades que invierten en inmuebles para alquilarlos, dejaron de pagar impuesto de sociedades. El resultado es que hoy la vivienda es una de las inversiones más rentables del país, con una rentabilidad total del 16% en 2025, sumando alquiler y revalorización, y que quienes tienen más de diez viviendas han multiplicado su parque por más de cuatro desde 2008.

La derecha capitaliza así un descontento al que no ofrece respuesta, y eso tiene un límite, porque tarde o temprano quien la vota espera que la factura baje

En la encuesta también preguntábamos a la gente qué habría que hacer, y las respuestas señalan en una dirección que merece la pena tomarse muy en serio. De media, siete de cada diez personas apoyan las propuestas de intervención pública, mientras que las de libre mercado convencen a poco más de la mitad. Las dos medidas que más gente sitúa entre sus prioridades son topar los precios de los alimentos en tiempos de crisis y crear una red pública de distribución de alimentos al margen de las grandes cadenas, y las apoyan ocho de cada diez personas. Dos de cada tres quieren que pague más impuestos quien tiene más viviendas en alquiler, y la idea convence también a la mayoría de los propietarios.

Este sentido común no se detiene en la izquierda. Tres de cada cuatro votantes del PP y de Vox apoyan esas dos mismas medidas. La derecha capitaliza así un descontento al que no ofrece respuesta, y eso tiene un límite, porque tarde o temprano quien la vota espera que la factura baje. Le ha pasado a Trump, y puede pasar aquí. Pero que la derecha no la tenga no significa que la izquierda sí. El Gobierno de coalición ha subido el salario mínimo, y es una mejora real, pero se queda corta mientras no se atreva a intervenir sobre quienes fijan el precio de la vivienda, la comida y la energía. Convertir ese apoyo en una mayoría política exigirá propuestas claras y mucha organización.

Si el pacto social se ha roto, alguien se ha quedado con la diferencia. A escala global, el 10% más rico posee tres cuartas partes de la riqueza. En España la tendencia es la misma, y según el Instituto de Estudios Fiscales, del propio Ministerio de Hacienda, el 1% más rico pasó de tener el 24% de la riqueza en 2017 a cerca del 30% en 2023, mientras la mitad con menos recursos ha perdido la mitad de su riqueza desde 2008. A esos grandes patrimonios, además, el fisco apenas les pide nada, porque el Impuesto sobre el Patrimonio les cuesta, de media, menos de dos euros por cada mil declarados.

Cuando lleguen los programas, bastará con mirar si gravan a quien acapara viviendas, si topan el precio de los alimentos y crean una red pública para distribuirlos y si hacen pagar más a los grandes patrimonios

A diferencia de lo que se suele pensar, la población española ve con buenos ojos una mayor imposición a las grandes fortunas. Siete de cada diez personas, y alrededor de seis de cada diez votantes del PP y de Vox, creen que los más ricos deberían pagar bastante más impuestos. Una reforma de la fiscalidad sobre la riqueza y las rentas del ahorro podría elevar lo que aportan los grandes patrimonios de unos 2.000 a unos 20.000 millones de euros al año. Con la recaudación de un solo año se podría pagar un plan de renovables públicas que vendan la luz a precio de coste y una red pública de mercados alimentarios, y aún sobraría más de la mitad. Un impuesto a quien acapara viviendas sería la primera fuente de financiación de un gran parque público de alquiler, que en veinte años podría llevar la vivienda social de menos del 4% al 15% del total. Ese sería el punto de partida de un nuevo pacto social.

El 11 de noviembre, esas demandas saldrán a la calle, y dos días después empieza la campaña electoral. Cuando lleguen los programas, bastará con mirar si gravan a quien acapara viviendas, si topan el precio de los alimentos y crean una red pública para distribuirlos y si hacen pagar más a los grandes patrimonios. Esas tres propuestas tienen el apoyo de al menos dos de cada tres personas. Esa mayoría existe, y el 29 de noviembre se verá quién se atreve a representarla.