Opinión
Después de las elecciones, toca rescatar la sanidad pública

Las elecciones andaluzas han concluido y el Partido Popular ha recibido el mandato de formar gobierno. Los resultados electorales son claros y merecen respeto democrático. Pero también exigen una reflexión que va más allá de la aritmética parlamentaria. Porque mientras los partidos negocian mayorías y estrategias de gobierno, la sanidad pública andaluza continúa atrapada en una crisis que se prolonga desde hace demasiado tiempo.

Las listas de espera siguen creciendo. Cada vez más personas tienen dificultades para acceder a su médico/a o enfermera/o de referencia. Hospitales, centros de salud y servicios de urgencias trabajan continuamente al límite de sus posibilidades y queman una tras otra generaciones de profesionales agotadas. Y mientras tanto, el sector privado amplía su presencia en ámbitos que deberían ser responsabilidad directa del sistema público.

Nada de esto es nuevo. Lo preocupante es que la normalización del deterioro parece haberse instalado en el debate político. Como si fuera inevitable acostumbrarse a esperar semanas para una consulta de Atención Primaria o meses para una consulta hospitalaria o a contratar un seguro privado para obtener una atención en tiempos razonables.

Desde la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Granada llevamos catorce años denunciando esta situación.

Nuestra plataforma nació en 2012 como respuesta a las consecuencias del Real Decreto-Ley 16/2012, una norma que rompió el principio de universalidad del sistema sanitario y abrió una etapa especialmente dura para la sanidad pública.  Desde entonces hemos impulsado movilizaciones, debates públicos, actividades formativas y acciones reivindicativas junto a otros colectivos ciudadanos, profesionales y sociales. Etapa, por cierto, que la nueva legislatura amaga con resucitar a través de las amenazas de la ultraderecha a la asistencia universal con la grosera “prioridad nacional” que relega al sufrimiento de las personas más desfavorecidas.

“La nueva legislatura amaga con resucitar a través de las amenazas de la ultraderecha a la asistencia universal con la grosera 'prioridad nacional' que relega al sufrimiento de las personas más desfavorecidas”

Lo hemos hecho bajo gobiernos de distinto signo político. Y conviene recordarlo en un momento de creciente polarización política. La defensa de la sanidad pública no pertenece a ningún partido. Nuestra independencia ha sido precisamente una de nuestras principales fortalezas. Hemos denunciado decisiones que considerábamos perjudiciales para el sistema sanitario gobernara quien gobernara. Nuestra lealtad nunca ha estado con unas siglas. Ha estado con la ciudadanía y con el derecho a la salud.

Por eso, tras estas elecciones, no nos interesa tanto quién gobierna como qué políticas va a desarrollar el nuevo Ejecutivo. Y lo que observamos con preocupación es que muchos de los problemas acumulados durante años podrían agravarse en una legislatura donde la influencia de la extrema derecha puede empujar aún más hacia modelos que reducen el papel de los servicios públicos y favorecen la mercantilización de derechos básicos.

Frente a ese riesgo, creemos que ha llegado el momento de plantear exigencias concretas: La primera es una apuesta inequívoca por la Atención Primaria. Durante años se ha repetido que constituye la piedra angular del sistema sanitario, tal y como reconocen las instituciones sanitarias a nivel mundial. Sin embargo, los discursos no han ido acompañados de los recursos necesarios. Los centros de salud soportan una carga asistencial creciente, las agendas resultan inabordables y la capacidad de prevención, promoción de la salud y trabajo comunitario ha quedado gravemente limitada.

El nuevo Gobierno debe comprometerse a incrementar progresivamente la financiación destinada a Atención Primaria hasta alcanzar niveles acordes con su importancia estratégica, reforzando plantillas, garantizando estabilidad profesional (pues la evidencia científica constata que mejora la salud de la población atendida) y recuperando la capacidad resolutiva perdida.

La segunda exigencia consiste en revertir las políticas privatizadoras que han ido debilitando el sistema público. Durante demasiado tiempo se ha presentado la derivación de recursos al sector privado como una solución inevitable que se ha justificado desde la provisionalidad en espera de mejores tiempos. Sin embargo, la experiencia demuestra que cuanto más se privatiza, más dependencia se genera de intereses privados cuya lógica principal no es garantizar derechos, sino obtener beneficios. Además, en el ámbito sanitario la consecuencia es un aumento de mortalidad, como ya han demostrado varios estudios científicos. La prioridad debe ser fortalecer los recursos propios del sistema sanitario público y recuperar su capacidad de respuesta.

Las listas de espera constituyen probablemente la expresión más visible de este deterioro. Pero no pueden analizarse únicamente como un problema estadístico. Detrás de cada demora existen personas que sufren, enfermedades que progresan y desigualdades que se agravan. Resulta difícil justificar que sigan existiendo camas cerradas, infraestructuras infrautilizadas o quirófanos funcionando por debajo de sus posibilidades mientras miles de pacientes esperan atención. Andalucía necesita un plan extraordinario de recuperación de la actividad asistencial basado en recursos públicos y no en la externalización permanente de servicios.

Igualmente urgente es abordar la situación del personal sanitario. Profesionales que se han formado con recursos públicos abandonan Andalucía buscando mejores condiciones laborales. La precariedad laboral, la sobrecarga asistencial y la falta de incentivos hacen cada vez más difícil retener talento y experiencia. No existe sanidad pública fuerte sin profesionales con reconocimiento, estabilidad y motivación.

La ciudadanía también tiene derecho a exigir una respuesta ambiciosa ante los desafíos del envejecimiento poblacional. Miles de personas mayores permanecen ingresadas más tiempo del necesario por la ausencia de recursos sociosanitarios adecuados. La coordinación entre servicios sanitarios y sociales sigue siendo una asignatura pendiente. Una sociedad que envejece necesita reforzar la atención domiciliaria, los cuidados intermedios, la rehabilitación y los dispositivos de apoyo comunitario.

La salud mental merece igualmente un lugar prioritario en la agenda política. Los problemas de sufrimiento psíquico han aumentado de forma preocupante, especialmente entre jóvenes y adolescentes. Sin embargo, la respuesta institucional continúa siendo insuficiente. Es necesario avanzar hacia un modelo de salud mental comunitaria, con más profesionales, más recursos de proximidad y una coordinación efectiva con educación, servicios sociales y tejido asociativo. Medicalizar o psicologizar el malestar social no solo no resolverá los problemas que lo generan, sino que los empeorará.

Tampoco puede seguir aplazándose la incorporación efectiva de la perspectiva de género en las políticas sanitarias. Persisten retrasos diagnósticos, insuficiente investigación y déficits asistenciales en patologías que afectan de forma específica o mayoritaria a las mujeres. Una sanidad verdaderamente pública debe ser también una sanidad comprometida con la equidad.

Por último, es imprescindible recuperar la participación ciudadana. Durante años se han vaciado o debilitado los espacios donde pacientes, asociaciones vecinales, colectivos sociales y profesionales podían intervenir en la planificación y evaluación de las políticas sanitarias. Estas y otras propuestas están incluidas en la iniciativa legislativa popular para la que recogimos más de 50.000 firmas y cuyo trámite parlamentario ha quedado paralizado por las elecciones prematuras (al negarse el Partido Popular a usar la vía de urgencia). La democracia no termina en las urnas. También debe estar presente en la gestión de los servicios públicos.

“La democracia no termina en las urnas. También debe estar presente en la gestión de los servicios públicos”

Las propuestas existen. Los diagnósticos están hechos. El mundo profesional lleva años señalando soluciones concretas. Las organizaciones ciudadanas también. Lo que falta es voluntad política para situar la defensa de la sanidad pública en el centro de la acción de gobierno. Lamentablemente no cabe esperar cambios en positivo en un gobierno que vende sus últimos 8 años de gestión sanitaria como un éxito en el que seguir ahondando.

La experiencia nos ha enseñado que ningún avance importante en la protección de los derechos sociales ha llegado como una concesión generosa de quienes gobiernan. Ha sido siempre el resultado de la movilización ciudadana, de la presión social y del compromiso colectivo.

Por eso la defensa de la sanidad pública no puede delegarse exclusivamente en los responsables políticos. Corresponde también a la ciudadanía organizada, al conjunto de profesionales y a los movimientos sociales.

Desde la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública seguiremos haciendo lo que hemos hecho durante estos catorce años: denunciar los retrocesos, formular propuestas y movilizarnos cada vez que sea necesario. Porque la defensa de la sanidad pública no termina el día de las elecciones, sino que empieza. Y depende de todas y todos. La sanidad también está en tus manos.