Opinión
Regularización extraordinaria de personas migrantes: un acto de reparación colectiva y justicia social

Este mes entramos en la recta final para la Regularización Extraordinaria de personas migrantes en todo el Estado. Toca dar el último empujón hasta el 30 de junio, fecha límite para poder llevar a cabo este proceso que mejorará la vida de cientos de miles de personas. Al final, el sentido común se ha impuesto a la idea torticera de la prioridad nacional, tanto que incluso el Papa León XIV tuvo a bien este fin de semana recordar que “allí donde una persona es discriminada por su origen nacional, étnico, religioso o lingüístico, o por su condición económica o social, se vulnera gravemente el principio universal de la igual dignidad de todos los seres humanos”.

Me pregunto qué pensarán estos días de resaca postpapal todos aquellos cristianos votantes de la misma derecha que rechazó el decreto desde el inicio ante tales palabras del Pontífice. La máxima autoridad de la Iglesia católica habló incluso de garantizar “vías seguras y legales, una acogida respetuosa y posibilidades reales de integración”, un discurso más propio de la izquierda parlamentaria que de la mayoría de sus devotos.

Más allá de las muchas contradicciones que puedan tener los seguidores del Papa entre lo que rezan y lo que votan, lo preocupante es que en España todavía hay muchas personas para las que, al igual que el Papa, el proceso de regularización responde a un deber social moral o ético. La regularización extraordinaria no es ni una ayuda ni un gesto de buena voluntad del Gobierno de turno hacia la comunidad migrante: es un esfuerzo de reparación jurídica y política frente a un aparato estatal intrínsecamente racista, también una garantía de derechos fundamentales que llega tarde, pero llega. O, mejor dicho, una leve corrección legal para achicar la enorme brecha que todavía se cierne entre nativas y extranjeras.

Es a su vez el resultado de años de pugna en las calles y en las instituciones por desnaturalizar cuestiones como que a nuestras amigas racializadas las puedan parar por la calle para pedirles los papeles cada dos por tres o someterlas a todo tipo de abusos en el trabajo si carecen de ellos. Porque nos duele verlo y porque rehusamos acostumbrarnos a ello, como algunos pretenden.

La red creada a nivel regional para la regularización extraordinaria de personas migrantes, compuesta por centros sociales, asambleas populares, ONGs, sindicatos y otras organizaciones no nació por caridad. Las personas que hemos formado parte de la Asamblea Antirracista por la Regularización sabemos que esto no va de ayudar, ni siquiera de hacer algo útil por nuestras compañeras migrantes. Eso sería extremadamente paternalista y superficial y, por tanto, insultante desde todo punto de vista: subyace, ante todo y frente a todo, un sentido de justicia social que da sentido a todo el proceso. Permea en el tejido social organizado para la regularización un sentir colectivo sobre lo roto que está un sistema diseñado para excluir a determinados cuerpos.

Organizarnos para la regularización no obedece sino a un sentimiento profundo de rabia contra el racismo de Estado

Un aparato que además se nutre constantemente de esa injusticia histórica, que la necesita para reproducirse hasta la saciedad. Las cadenas globales de cuidados, los trabajos mal remunerados y peor reconocidos del hogar, todo el trabajo semiesclavo en el campo se han sostenido en el tiempo a base de irregularidad administrativa migrante. Por eso sabemos que organizarnos para la regularización no obedece sino a un sentimiento profundo de rabia contra el racismo de Estado.

Estamos hablando de un gesto de reparación colectiva que bebe del triunfo inmenso del movimiento antirracista, por mucho que algunos intenten obtener rédito electoral del decreto como si éste hubiera nacido dentro del Congreso. La Plataforma Regularización Ya lleva desde 2020 peleando contra viento y marea para que más de medio millón de personas migrantes en situación administrativa irregular puedan por fin tener vidas dignas de ser vividas. En septiembre de 2024 lograron que el Congreso aprobara la toma en consideración de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) y este año por fin se ha hecho efectivo su derecho tras arduas negociaciones y muy a pesar de los designios de una ultraderecha. Mientras los agoreros del PP y Vox alarmaban sobre la posibilidad de un masivo ‘efecto llamada’, cuyo efecto apocalíptico solo perciben ellos y sus votantes ultras, la comunidad migrante celebraba triunfante que ahora muchas podrán dormir por las noches con algo más de tranquilidad.

El decreto no va a acabar de golpe y porrazo con un sistema estructuralmente racista, pero sí corregirá levemente la desigualdad presente

Porque la falta de papeles, no olvidemos, también significa miedo permanente. Un miedo siempre aferrado al cuerpo ante la posibilidad de deportación (razón por la que actualmente muchas mujeres migrantes en situación irregular no se atreven a denunciar a sus maltratadores), a enfermar a consecuencia de la explotación laboral, a sufrir redadas policiales por perfilamiento racial mientras acompañan a sus criaturas al médico o al colegio, a sufrir agresiones racistas en el momento menos pensado. O a tener que vivir eternamente subarrendadas en habitaciones en pisos sin cédula de habitabilidad porque es la única opción en un sistema caníbal donde sin nóminas, avales y documentos acreditativos de cierta solvencia económica es casi imposible alquilar.

Regularizar no es, como pretende hacer ver la extrema derecha parlamentaria, un regalo hacia la comunidad migrante. El decreto no va a acabar de golpe y porrazo con un sistema estructuralmente racista, pero sí corregirá levemente la desigualdad presente al permitir que miles de personas que ya viven aquí puedan disponer de permisos de residencia y trabajo.

Esta semana hablando con Edith Spínola, portavoz de SEDOAC y una de las voces más activas del Movimiento #RegularizacionYa, le pregunté si para ella y sus compañeras trabajadoras del hogar la regularización podía entenderse como una forma de reparación histórica o al menos un ejercicio justicia restaurativa. A su juicio, este término sería apropiado si el Decreto hubiese ido acompañado de un reconocimiento de los daños causados durante años hacia el colectivo migrante, desposeído y expropiado hasta el día de hoy. “La reparación histórica implicaría transformar realmente o eliminar y escribir de cero una Ley de Extranjería que no esté cruzada por el racismo institucional que sufrimos, que tenga en cuenta toda la deuda histórica que existe hacia la población migrante”, alegaba. No ha habido nada de eso al menos desde el ámbito institucional, pero sí parece haberse gestado toda una articulación social consciente de esa deuda y esa necesidad tan acuciante de derechos.

Es un acto de justicia administrativa “que está llegando ahora y que siempre llega tarde, en un país como España que lleva décadas beneficiándose de un trabajo de explotación

Lo que sí supone para Espínola es un acto de justicia administrativa “que está llegando ahora y que siempre llega tarde, en un país como España que lleva décadas beneficiándose de un trabajo de explotación y abuso a una mano de obra que sale muy muy barata a las empresas”, comenta. Hablamos de más de 500.000 personas que están trabajando para las instituciones y sosteniendo el bienestar social hasta ahora sin acceso a cosas tan básicas como un techo digno. Así que no, la moral y la ética cristianas están muy lejos de lo que se pretende con toda esta organización popular en torno a la regularización que tiene más de contraofensiva antisistema que de “ayuda al prójimo” o de solidaridad individual para calmar conciencias.

El apoyo mutuo, las redes de cuidados que ya operaron en tiempos tan oscuros como la pandemia, el primer corte de luz en Cañada Real o el apagón se han reactivado estos meses de decreto para combatir la violencia institucional de la burocracia laberíntica. Muchas de estas redes creadas desde la autogestión pretenden incluso, una vez finalizado el plazo para regularizar, transformarse en espacios de autodefensa antirracista contra las redadas policiales en los barrios.

Sabemos que, cuando todo el armazón del sistema colonial y extractivista está montado para excluir a determinados sujetos políticos, la regularización extraordinaria española es un grano de arena en el desierto. Ahí tenemos a la vuelta de la esquina el Pacto Europeo de Migración y Asilo a puntito de salir del horno, una normativa comunitaria que allanará el terreno para que se multipliquen las deportaciones y los push backs y que ahondará en la securitización fronteriza, reforzando los mecanismos de devolución como nunca antes.

Tenemos también el Reglamento de Retorno, otra consagración de la Europa Fortaleza, a través del cual podrá habilitarse la instauración de centros de detención en terceros países extracomunitarios con antecedentes de violación de derechos migrantes: detenciones arbitrarias, impunidad de la brutalidad policial que ya vemos desde hace años en los CÍE, externalización de fronteras y falta de rendición de cuentas. Nada nuevo bajo el sol, de hecho ya lo hemos visto con los últimos pactos firmados entre Estados miembro de la Unión y países de los Balcanes como Albania para la construcción de centros de deportación. Armarnos de solidaridad colectiva después del 30 de junio seguirá siendo la única vía para acotar los efectos brutales de toda esta superestructura.