Opinión
Una política migratoria contradictoria: entre un discurso progresista y la falta de compromiso ideológico

Justamente ahora, que tanta cobertura institucional y mediática se está dando al debate sobre los centros de internamiento y deportación de personas migrantes que está intentando implementar el Gobierno italiano de Giorga Meloni en Albania (cabe decir, con el absoluto beneplácito de Ursula von der Leyen actuando como Presidenta de la Comisión Europea), anunciándolo como un hecho inédito dentro de las políticas europeas de contención migratoria y suficientemente grave como para provocar rupturas significativas en los criterios de los diferentes países de la Unión Europea, no queda por más que poner de relieve las evidentes incoherencias que se manifiestan en este discurso, especialmente en el caso del Gobierno español.

Se expone el PEMA como una medida política de migración consensuada e integradora, cuando realmente a lo que se aspira es a perpetuar y blindar los intereses de la Unión Europea (…), eso sí, a costa de tener que llegar a entendimientos con la ultraderecha.

Resulta así que, mientras que el Gobierno de España pretende expresar su firme disconformidad y desaprobación para con la instauración de centros de internamiento fuera del ámbito territorial de la Unión Europea, por otro lado, reitera de forma continua que su propuesta para poder buscar una política migratoria europea respetuosa con los derechos humanos pasa por adelantar la puesta en práctica del Nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA); arrogándose (además con orgullo) la firma de este acuerdo bajo el periodo de su Presidencia de la Comisión Europea y planteándolo como una suerte de receta infalible, siendo que, se lo expone de tal manera que pareciera que debe ser celebrado por todos como un logro para el desarrollo de una Política Migratoria Común Europea consensuada e integradora – y claro que habrá resultado una negociación ardua y difícil, no lo niego ni desmerezco el trabajo invertido en ello, sobre todo si a lo que se aspira es a perpetuar y blindar los intereses de la UE, eso sí, a costa de tener que llegar a entendimientos con la ultraderecha para construir un sistema de migración y asilo que sitúe los derechos humanos en su centro -.

Se expone el PEMA como una medida política de migración consensuada e integradora, cuando realmente a lo que se aspira es a perpetuar y blindar los intereses de la Unión Europea (…), eso sí, a costa de tener que llegar a entendimientos con la ultraderecha. No obstante, todos somos conscientes de que, desde que fuera tomando forma el Nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo y se fueran vislumbrando cuáles eran los puntos de acuerdo entre los diferentes grupos políticos, las organizaciones del Tercer Sector que trabajan en la cuestión de las migraciones han denunciado insistentemente que, con su firma y su puesta en funcionamiento, se estará reforzando y fortaleciendo una política europea profundamente inspirada en la criminalización de las migraciones y en la securitización y militarización de su sistema de control fronterizo.

En este sentido, se advertía que este acuerdo era una clara apuesta por mejorar la eficacia del sistema en lo que a la contención y la deportación se refiere, consolidando así un modelo basado en la externalización del control de las fronteras exteriores y en el uso utilitarista y explotador de los movimientos migratorios. Y todo ello, por cuanto de las condiciones del acuerdo se desprendía que su aplicación suponía: configurar las fronteras como espacios de excepción legal, implementar procedimientos de solicitud de asilo acelerados con menos garantías y fomentar la aplicación de medidas privativas de libertad y de detención en pos de la ejecutividad de las expulsiones exprés.

De contrario, también se advertía que irremediablemente esta ponderación de valores supone, a su vez, ahondar - aún más si cabe - hacia una política migratoria totalmente despreocupada por las causas y las consecuencias del proceso de vulneración de derechos y pérdida de garantías legales que sufren las personas migrantes; recordemos, además, por el simple hecho de realizar desplazamientos transfronterizos en una sociedad global profundamente basada en la interdependencia. En definitiva, pareciera que, si no fuera suficiente con las graves carencias que presenta el sistema actual de gestión de las migraciones, se está optando por consolidar legal e institucionalmente los efectos deshumanizadores que provoca.

Hemos visto recientemente como el Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y Elma Saiz, Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, se han reunido con una veintena de organizaciones sociales de reconocida dedicación a la defensa de los derechos de las personas migrantes, para que estas tuvieran la oportunidad de plantearles sus propuestas de aplicación del PEMA de cara a la elaboración del Plan Nacional de Implementación que debe ser entregado a la Comisión Europea en el mes de diciembre; sobre todo, aprovechando que este todavía no tiene eficacia práctica y que, por tanto, es “susceptible de ser moldeado en su fase de implementación”.

De manera que, habiéndose hecho efectiva la aprobación de este Pacto y siendo irremediable su inminente puesta en funcionamiento, este encuentro se ha producido con la intención de “transformar estos retos en oportunidades, sirviendo como ejemplo para el resto de los países de la Unión Europea en la construcción de una política migratoria que ponga en el centro a las personas y a sus derechos”; como una especie de ocasión in extremis para poder enmendar, corregir y reconducir las concesiones más polémicas de la negociación, tratando de paliar los importantes retrocesos en derechos humanos que contempla el acuerdo migratorio.

Lo cierto es que toda esta suma de afirmaciones contradictorias son las que nos abocan a un panorama que se nos presenta desconcertante, pues resulta incoherente pretender, por una parte, denunciar vehementemente que la implementación de Centros de Internamiento y Deportación de Extranjeros en territorios de países de fuera de la Unión Europea supone asumir un retroceso en la efectividad de los Derechos Humanos, cuando, por otro lado, su fórmula para “combatir esta externalización” en la gestión migratoria es acelerar la aplicación del Nuevo Pacto de Migración y Asilo, siendo que ya se han venido anticipando y pronosticando las devastadoras y nocivas consecuencias que ello va a acarrear en la protección y los derechos de las personas migrantes.

Así ocurre también, por ejemplo, respecto al caso inmediatamente citado del proceso de negociación y aprobación del PEMA. En este supuesto, mientras nos encontrábamos en el periodo previo a su aprobación, se han desatendido por completo las continuas demandas de la sociedad civil de intentar frenar la adopción del acuerdo bajo las condiciones descritas. Ahora, sin embargo, siendo ya irreversible su aplicación, opta por expresar a las organizaciones sociales su voluntad de contar con sus propuestas en la fase de implementación y afirmar su compromiso “de defender en la UE un enfoque de garantía de derechos de las personas migrantes y refugiadas en la aplicación del Pacto”.

La participación de España en la deshumanización de la gestión migratoria: vulneración de derechos y expansión de fronteras

En este sentido, usando estas eventualidades como supuestos representativos de las dinámicas institucionales que se frecuentan en materia de migraciones, podemos extraer la visión de que este contexto puede resultar por completo incomprensible. Sin embargo, aplicando un análisis materialista es posible vislumbrar que estas incoherencias se plantean casi exclusivamente desde un plano teórico-ideológico, circunscribiéndose principalmente al interés de desarrollar estrategias de marketing y comunicación política.

Precisamente así sucede en el caso específico que veníamos a comentar, respecto a los Centros de Detención y Deportación que el Gobierno italiano de Giorgia Meloni está intentando poner en funcionamiento en territorio albano, más concretamente, en relación al tono de estupor e indignación con el que se está tratando este tema. Pareciera que, en esta coyuntura de auge de la ultraderecha, se está intentando instrumentalizar este tipo de propuestas que vienen de posiciones reaccionarias como una especie de escenario público donde exponer la postura “progresista” del Gobierno con relación a estos temas de la agenda política, canalizando a su favor la profunda reprobación que causan estas iniciativas en los electores de la izquierda.

Pues, muy a nuestro pesar, lo cierto es que no es para nada extraordinario ni sorpresivo que los países miembros de la Unión Europea hayan estado difuminando y expandiendo sus espacios fronterizos hasta el punto de desplazar paulatinamente la gestión del control de los flujos migratorios hacia terceros países encargados de su contención; pues, dicho sea de paso, esta externalización de las fronteras europeas responde a la evidente intencionalidad de aplicar métodos y técnicas de persecución y disuasión de las migraciones que no encajan en el marco de protección de los derechos fundamentales de la legalidad comunitaria.

Siendo que, inexplicablemente, este tipo de métodos subrepticios de contención migratoria siguen perjudicando con mayor grado de incidencia y de forma totalmente desproporcionada y contraproducente, precisamente, a aquellos territorios y poblaciones más afectadas por la falta de vías legales y seguras para emprender su ruta migratoria hacia Europa.

Ocurre así que, la Unión Europea ha creado su “marca diferenciadora” presentándose a través del escaparte como la máxima exponente de la convivencia democrática y el progreso social, incluso, como el culmen de los procesos de integración interregionales; lo cual le ha valido para arrogarse a sí misma una posición dominante como referente a nivel mundial. Sin embargo, mientras la UE se percibe como baluarte y cuna de la proyección universalista de los Derechos Humanos para legitimar su influyente presencia y su pretendida hegemonía discursiva en el plano internacional, no tiene problema alguno en instrumentalizar los sistemas represivos y las vulneraciones de derechos que cometen esos países a los que infraconsidera - calificándolos como “no democráticos” – si de lo que se trata es de preservar y blindar su “estabilidad” y su “seguridad”; desvelándose así cual es, por encima de todos, el verdadero principio inspirador de las políticas migratorias y de fronteras de la UE.

Como ejemplo paradigmático del caso que nos ocupa, resultan ser de gran utilidad las evidencias que se pueden extraer de la - todavía reciente - investigación “Lo que la FIIAPP esconde: La ‘cara B’ del control migratorio español” que han publicado en colaboración la “Fundación porCausa de Investigación, Periodismo y Migraciones” y el medio digital “El Confidencial”. Siendo entonces que, a través del valiosísimo e indispensable trabajo que han realizado las compañeras, se ha podido dar a conocer el pernicioso modelo de externalización del control fronterizo que se está diseñando y desplegando desde el Estado español, siempre en el marco y en sintonía con las políticas de la UE.

De manera que, centrando sus esfuerzos en averiguar cuál es el papel que juega España en las políticas de control migratorio y fronteras de la UE, se han enfocado en evaluar su actuación por medio de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) (un supuesto organismo de “cooperación internacional” dependiente orgánicamente del Ministerio de Asuntos Exteriores) en el marco del proyecto “GAR-SI Sahel”, a través del cual ha venido suministrando tecnología, equipamiento y entrenamiento a diversos países de la región con la finalidad de reforzar su capacidad para luchar y contener la inmigración irregular.

Siendo que, en el marco del precitado proyecto GAR-SI se han destinado principalmente a Mauritania, Senegal, Mali, Burkina Faso, Chad y Níger; mientras que, en menor medida, también se han desviado a otros países no incluidos en el Proyecto como Ghana, Costa de Marfil, Togo, Benín y otros países del Golfo de Guinea.

Entre los hallazgos más preocupantes de esta investigación se encuentran: el absoluto descontrol sobre el uso que se le da a esa financiación y a los equipamientos suministrados (como por ejemplo el uso represivo de este material en las recientes manifestaciones y protestas en Senegal o su apropiación por parte de grupos terroristas en Mali) y el surgimiento de toda una infraestructura de corrupción basada en la reventa y el desvío de fondos públicos aprovechando la falta de trasparencia de los procesos de adjudicación de licitaciones y contratos públicos.

Ciertamente, estaríamos de nuevo ante la más genuina expresión de nuestro sistema económico capitalista, que, en su funcionamiento mercantil, es capaz de subsumir todo fenómeno y proceso biológico humano para que las dinámicas de desarrollo de nuestras sociedades acaben organizándose alrededor de un interés económico. Así ocurre, por ejemplo, respecto al funcionamiento de la Industria de Control Migratorio (ICM) que tan convenientemente ha constatado y desentrañado también la “Fundación porCausa” en diversos de sus análisis, siendo de destacar a este respecto el “Informe: Externalización (*) Caos, corrupción y control migratorio bajo la apariencia de cooperación europea”.

Resulta evidente que la garantía de los Derechos Humanos no han resultado todavía un negocio rentable que el sistema capitalista haya sabido integrar y explotar en su valor de mercado, sin embargo, por desgracia, sí ha sido capaz de somatizar los profundos padecimientos y dolores que generan sus violaciones; y así ocurre, precisamente, con el desorden y la absoluta falta de transparencia que ha caracterizado la paulatina securitización y militarización de los espacios de contención de los movimientos migratorios. Siendo que, aprovechando esta oscuridad y la total ausencia de controles fiscalizadores, ciertos agentes empresariales han ido creando una serie de estructuras de poder para instrumentalizar la falta de vías migratorias legales y seguras para lucrarse de esta coyuntura, como si se tratara de un nicho de mercado a explotar.

Como cabría esperar, la ordenación y la gestión de la movilidad internacional no se está guiando por la imperante necesidad de enriquecernos y adaptarnos como sociedad global a una realidad intercultural y diversa que incluya e integre el fenómeno migratorio desde su dimensión humanitaria, sino más bien todo lo contrario, pues pareciera que estos actores que se han ido beneficiando de este enfoque represivo – tanto económica como políticamente – también han ido tejiendo e implantando de forma subrepticia los intereses a los que responden este tipo de políticas y de proyectos – aunque más bien debería de llamarse negocios - que son tan costosos como ineficaces, caóticos y opacos.

La Migración y la Interculturalidad – como proceso natural de desarrollo humano – es un fenómeno tan esencial, genuino y fundacional de nuestras comunidades que debería de estar completamente integrado en nuestra organización como sociedades políticas

Esto, a su vez, está poniendo internacionalmente en evidencia la total incapacidad de nuestro modelo de sociedad para poder superar las carencias y las crisis tan graves que revela la decadencia del sistema colonial-europeo; de tal manera que, la cada vez más imperante tendencia a configurar un sistema migratorio europeo que considera este fenómeno como una especie de amenaza o una problemática que hay que eludir y evitar, está generando que otros países – que de facto asumen la función de controlar las fronteras y de reprimir estos flujos para disuadir la migración irregular a los países miembros de la UE – interpreten y consideren esto como una forma de ejercer presión, convirtiéndose así en una especie de arma geoestratégica.

Desde luego, el empecinamiento analítico e ideológico que padecen nuestros sistemas políticos profundamente reaccionarios, según el cual cualquier mínima voluntad de producir transformaciones estructurales se representa como una amenaza a la estabilidad de un modelo manifiestamente fracasado e ineficaz, no hace sino socavar por completo las posibilidades de adaptación de nuestras sociedades a nuevas condiciones sociales de vida. Por lo que esta resistencia a los cambios sociales y la constante obstinación por interpretarlos como amenazas al sistema, no hace sino producir los efectos de una “profecía autocumplida”; por cuanto se nos bombardea con una narrativa y un marco interpretativo que acaba por perpetuar la rigidez y debilidad que generan nuestra diagnosticada crisis crónica.

La Migración y la Interculturalidad – como proceso natural de desarrollo humano – es un fenómeno tan esencial, genuino y fundacional de nuestras comunidades que debería de estar completamente integrado en nuestra organización como sociedades políticas. Para ello, necesitamos que la trascendencia de esta cuestión sea correspondida con un modelo de gestión migratorio que sea capaz, por una parte, de adaptarse a una realidad cambiante y dinámica y, por otra, de responder a las necesidades de un contexto internacional cada vez más interdependiente e interrelacionado, lo que evidentemente atañe a la circulación de personas.

Consecuentemente, ello implica analizar y evaluar las carencias y el fracaso de las políticas migratorias europeas desde una dimensión humanitaria, enfrentando el racismo estructural y las vulneraciones de derechos humanos que genera el sistema europeo de control de fronteras como una profunda amenaza para la democracia y como un desafío para superar los relatos de la Modernidad europea. En este sentido, se hace necesario atender y entender los factores y las causas que dan lugar a la magnitud de este fenómeno e interpretarlo como un asunto que es necesario abordar y regular con vocación de estar preparados como sociedad para asumir y gestionar la movilidad internacional, que se nos presenta tan lícita como irremediable.

Más allá de supuestos coyunturales, una crisis sistémica

Finalmente, no me gustaría terminar este escrito sin hacer mención a una reflexión que, traspasando los límites del impacto o la influencia que puedan tener ciertas decisiones políticas de carácter más circunstancial o coyuntural, tiene vocación de referirse a cuestiones relativas a procesos sociales e históricos más amplios y complejos. En efecto, por más que nos empeñemos y esforcemos en intentar luchar por la implantación de una política migratoria europea que ponga la protección de los Derechos Humanos en el centro de mira, no debemos de olvidar la génesis y los cimientos sobre los que está construida nuestra “sociedad del privilegio”: el colonialismo y sus distintas expresiones.

Resulta a todas luces evidente que – desde la perspectiva de los centros de poder - el mantenimiento de ese pretendido estatus privilegiado pasa por perpetuar el sistema de interdependencia desigual y estructural que ha generado el proyecto imperialista-colonial europeo. Por lo que, a este respecto, Europa no está preparada- o mejor dicho no está dispuesta - a asumir de forma responsable las repercusiones negativas y el impacto perjudicial de su dinámica de proyectar y localizar exteriormente los efectos devastadores de este reparto desigual de poder; esforzándose por evitar cualquier porosidad de la situación de agudización de las crisis capitalistas – entre ellas la climática – que están experimentando los territorios sobreexplotados del sistema colonial.

Y, siendo – ahora sí – congruentes a este respecto, las políticas migratorias de los Estados miembros de la UE se debaten entorno a una serie de disyuntivas que se presentan como una contradicción casi irreconciliable y que no es otra que: por un lado, su vocación de proyectarse internacionalmente desde el plano económico para hacer efectiva su aspiración globalizadora de imponer la lógica Moderna y unívoca del Mercado como Absoluto Social, con la consiguiente pretensión de sacar provecho de la creciente interdependencia comercial desigualitaria; mientras que, por el otro, tratan de ser impermeables a las secuelas humanitarias que genera esta –digámoslo así – externalización de las condiciones materiales de vida más cruentas y depredadoras del capitalismo.

Europa no está preparada- o mejor dicho no está dispuesta - a asumir de forma responsable las repercusiones negativas y el impacto perjudicial de su dinámica de proyectar y localizar exteriormente los efectos devastadores de este reparto desigual de poder; esforzándose por evitar cualquier porosidad de la situación de agudización de las crisis capitalistas

Por lo que, en definitiva, lo que se está poniendo de relieve es que la Unión Europea, ejerciendo su facultad de definir y diseñar las políticas de control migratorio y de vigilancia de fronteras, reconoce su propia incapacidad de adaptación y está interpretando cada vez más como una amenaza el proceso tan determinante que se está produciendo a nivel global en torno a la necesidad de ciertas personas de hacer efectivo su derecho natural a migrar (Reconocido formalmente en el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos). Por lo que, ante esta deriva ideológica - completamente reaccionaria - que trata de plantear que los flujos migratorios desregularizados procedentes del “Sur Global” son un riesgo y un peligro para la seguridad y permanencia de “nuestro Estado del bienestar” y para la estabilidad de su modelo de sociedad, no queda por más que los movimientos sociales seamos capaces de organizarnos y responder con un discurso humanitario, férreo y, sobre todo, consecuente, que de verdad pueda tener credibilidad y en el que los sectores de la izquierda podamos vernos plenamente reconocidas e identificadas.

En este sentido, salta a la vista que toda esta inconsistente estrategia que se está intentando sostener desde el Gobierno de Coalición PSOE-SUMAR resulta cada vez más contraproducente por cuanto, primero, es dañino para la legitimidad de la izquierda, toda vez que provoca el vaciamiento de su discurso y, en segundo lugar, porque esta falta de compromiso real es una razón de peso para movilizar a la ultraderecha. Pues, he de admitir que debe resultar tarea complicada ser coherente cuando se pretende aunar, por un lado, una comunicación política y un discurso que mantenga la fidelidad del electorado que teme el auge de la ultraderecha, mientras, por el otro, con el objetivo de no tambalear demasiado la estabilidad de la legislatura, no se atreve a correr riesgos para asumir la responsabilidad de llevar esta posición ideológica hasta sus últimas consecuencias.

Y, como venimos viendo a lo largo de este artículo, la posición equidistante de este Gobierno respecto a la Migración no es una excepción a esta regla; siendo entonces que, existe tal discrepancia entre lo que dicen y lo que hacen que no es posible entender sus verdaderas intenciones sino atendiendo a las evidencias más creíbles de su voluntad, que no son otras que sus hechos materiales. Pues de lo contrario, resultaría por completo inverosímil que se jacten de defensores de los derechos humanos por posicionarse en contra de los centros de internamiento de extranjeros del Gobierno italiano mientras guardan un absoluto silencio sobre cuestiones como: su contribución a la creación de dos centros de detención de migrantes en Mauritania o la construcción de un nuevo macro CIE (Centro de Internamiento de Extranjeros) en Algeciras.