Pacto de Estado contra la violencia de género
Igualdad da por cumplido el pacto de Estado y pone al siguiente Gobierno el reto de ejecutar su ampliación

El 94,8% de las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género están cumplidas o en proceso para poder ser alcanzadas y, si se tienen en cuenta solo las medidas en las que es competente la Administración General del Estado, el porcentaje sería del 96,8%. 

Así lo recoge el Primer informe de evaluación de cumplimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género 2018-2022 que la ministra de Igualdad, Irene Montero, la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, han entregado a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, este jueves 26 de octubre.

Con el Pacto de Estado se aprobaron 214 medidas para el caso del Congreso y 267 del Senado, medidas aglutinadas en un texto refundido de 290 medidas.

Medidas incumplidas

Ese 5,2% de medidas pendientes que falta por poner en marcha se concreta en nueve medidas pendientes y seis medidas que no son competencia de la Administración General del Estado. 

Entre las medidas pendientes de cumplimiento se encuentran algunas que requieren reformas del Código Penal o de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y que, por tanto, necesitan ejecutarse a través de una propuesta que siga el trámite habitual en el Congreso. Es el caso de las medidas 106 y 107, medidas del Pacto de Estado que plantean la eliminación de la atenuante de confesión del daño y de reparación en los casos de violencia de género en pareja o expareja, al entenderse que estas dos atenuantes operan de manera diferente en estos delitos.

Tampoco se han cumplido las medidas 119 y 120, referidas a la introducción de criterios no cerrados de valoración del riesgo en las órdenes de protección y a la eliminación de la fianza cuando se personen en casos de violencia de género asociaciones de ámbito estatal.

Entre las medidas que no se han cumplido hay varias que requieren reformas en el Código Penal o en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y otra medida pendiente de calado es la aprobación de un Pacto de Estado por la Educación

Las medidas 126, 145, 151 y 206, que requieren reforma del Código Penal o de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, tampoco se han cumplido, así como la 190, sobre la incorporación a los temarios de las oposiciones de temas de salud con perspectiva de género.

Las seis medidas incumplidas que no son competencia de la Administración General del Estado son la 2, 75, 182, 183, 288 y 289, que eran responsabilidad de Congreso, Senado y entidades locales. Así, por ejemplo, las dos últimas instaban al Senado diferentes medidas de evaluación del Pacto.

El incumplimiento de la 182 y 183 señala a las entidades locales, a quienes el Pacto de Estado pedía establecer comisiones de igualdad o facilitar el desplazamiento de las mujeres víctimas para acudir a servicios especializados, algo que requiere coordinación entre entidades. La medida 75 insta a las entidades locales a mejorar la asistencia integral y la número 2 insta al Congreso a crear un Pacto por la Educación.

Según el informe, aunque el pacto fue aprobado en 2017, los avances han sido especialmente importantes entre 2020 y 2022.

Cinco años de pacto

España aprobó el Pacto de Estado contra la Violencia de Género en 2017 con la abstención de Podemos, que argumentó que era insuficiente y mostró entonces su preocupación por dotar al pacto de presupuesto suficiente para ponerlo en marcha. 

El informe evalúa la financiación del Pacto de Estado y, de hecho, la medida 277 establece indicadores sobre cómo se iban a financiar las medidas del pacto. Esta medida establece una aportación de 400 millones para la Administración General, que se repartiría bajo la siguiente fórmula: los créditos del presupuesto de la Delegación de Violencia de Género se incrementarían progresivamente en los cinco años, a razón del 20 % el primer año y del 15 % en los cuatro años siguientes. El resto se repartiría entre los departamentos de la Administración General del Estado.

La delegación, recoge el informe, tenía asignado en 2017 un presupuesto de 31,8 millones de euros, por lo que la suma de los incrementos anuales debería aportarle 98,4 millones de euros adicionales en los cinco años de aplicación del pacto. Por consiguiente, el pacto implícitamente comprometía 301,6 millones de euros para dotar los presupuestos del resto de departamentos de la Administración General del Estado (la media es de 60,3 millones de euros anuales), pero no recogía ningún criterio para ese reparto. 

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Cuando se cumplen diez años del único instrumento jurídico para luchar contra la violencia machista a escala europea, los países de Europa Central, azuzados por la ultraderecha, están dando pasos atrás retirándose del tratado.

Respecto de las Comunidades Autónomas y entidades locales, se consignarían en los Presupuestos Generales del Estado unas transferencias del pacto de 100 y 20 millones de euros anuales, respectivamente, que tendrían que aplicar a programas contra la violencia de género de su competencia.

El informe subraya que la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha aumentado sus dotaciones presupuestarias, ya que en el período 2008-2012 destinó 248 millones de euros y en 2022 se ha incrementado un 128% su presupuesto con respecto a 2017, ejercicio previo a la entrada en vigor del Pacto de Estado.

También detalla que el Ministerio de Igualdad ha aumentado la cuantía económica dirigida a sociedad civil y ONG para proyectos de erradicación de la violencia contra las mujeres: en el período 2008-2012 ha destinado 49,6 millones de euros y en 2022 se han multiplicado por ocho los recursos con respecto a 2017.

Hacia un pacto dos

El 25 de noviembre de 2021, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y cuatro años después de la aprobación del Pacto de Estado en 2017, todos los grupos políticos del Congreso de los Diputados y del Senado con la excepción del Grupo Parlamentario Vox, firmaron un acuerdo de renovación del Dictamen del Pacto de Estado en 2017.

Porque, una vez finalizada la vigencia del Pacto de Estado, el Ministerio de Igualdad entiende que se debe avanzar hacia una institucionalización de las medidas contra las violencias machistas desde un enfoque estructural, y no como medidas temporales y coyunturales, ya que existe un nuevo contexto: el marco normativo de ha ampliado considerablemente en la última legislatura.

La ley de libertad sexual y la reforma de la ley del aborto amplían la conceptualización de las violencias machistas y establecen un nuevo marco que hace necesario institucionalizar políticas contra las violencias machistas tras el pacto

Así, la Ley de garantía integral de la libertad sexual, la reforma de Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo amplían la conceptualización de las violencias machistas y fuerzan a superar el marco establecido en 2004 con la Ley Integral de Violencia de Género que desplegó casi todas las políticas públicas en torno a la violencia contra las mujeres ejercida por sus parejas. Hoy, el marco normativo considera violencias machistas las violencias sexuales, la esterilización forzada o la gestación subrogada, entre otras.

Además, la Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia introduce en el marco normativo el abordaje de las violencias sexuales contra la infancia.

El nuevo compromiso se concreta en un Plan conjunto plurianual en materia de violencia contra las mujeres (2023-2027) cuyo cumplimiento, sin embargo, no podrá vigilar el actual Ministerio de Igualdad. El acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar despeja el horizonte hacia la investidura y cierra la etapa de Irene Montero y su equipo al frente del ministerio.