Análisis
Por qué CAF tiene que responder ante los tribunales

CAF ha sido denunciada ante la fiscalía por vulnerar los derechos humanos con sus negocios en el territorio palestino ocupado. Los efectos de las operaciones de la compañía en un contexto de colonización y apartheid, tantas veces puestos en cuestión por diferentes organizaciones sociales en los últimos años mediante campañas y movilizaciones ante la junta de accionistas, pasan ahora también a la arena jurídica. El caso, que ha tenido cierto recorrido mediático, vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de concretar la responsabilidad criminal de las grandes corporaciones y de sus directivos. Y a la espera de que el ministerio fiscal decida si procede llevar la denuncia ante las autoridades judiciales, mientras investiga la conducta expuesta sobre la compañía, supone un paso importante para luchar contra la impunidad empresarial. Al menos, por diez razones.

La arquitectura de la impunidad

Los beneficios empresariales se protegen a través de la arquitectura jurídica de la impunidad. Es el poder de la lex mercatoria, el conjunto de reglas comerciales y normas internacionales que blindan las ganancias de las grandes compañías por encima de los derechos de las personas, los pueblos y las comunidades.

Sobre esta asimetría normativa entre el derecho corporativo global y el derecho internacional de los derechos humanos, al fin y al cabo, se ha construido la globalización capitalista. Año tras año, las empresas transnacionales multiplican sus cuentas de resultados al mismo tiempo que se incrementan sus impactos sobre las trabajadoras y los ecosistemas. Por un lado, ganancias millonarias protegidas por contrato y respaldadas por políticas gubernamentales, tribunales de arbitraje e intervenciones militares; por otro, impactos socioecológicos, desplazamiento forzado y violaciones de derechos humanos. El año pasado, los beneficios de CAF aumentaron hasta un récord del 42%.

‘Modus operandi’

La historia de la internacionalización de las empresas españolas, como la de las demás multinacionales con sede en los centros económicos del planeta, es la historia de un patrón que se repite de manera sistemática. Es una forma habitual de actuar que tiene en la violación de derechos humanos la raíz del incremento de sus ganancias. La tragedia del Rana Plaza en Bangladesh, con más de 1.100 personas fallecidas tras derrumbarse el edificio donde miles de trabajadoras cosían prendas para Mango y El Corte Inglés. La muerte de 28 trabajadoras en un taller textil en Tánger, cuando fabricaban ropa para Inditex. El mayor desastre ecológico de la historia reciente de Perú, con el vertido de crudo de la refinería de Repsol frente a las costas de Lima. Las amenazas e incluso el asesinato de líderes sociales que se oponían al Proyecto Integral Morelos, construido en México por Elecnor y Enagás con fondos públicos del Estado español. Un modus operandi al que no es ajeno CAF: sus negocios con el Tren Ligero de Jerusalén contribuyen a la consolidación de los asentamientos ilegales de Israel en el territorio palestino ocupado y al mantenimiento de prácticas discriminatorias e inhumanas.

Alianza con el Estado

La expansión internacional de las grandes empresas españolas nunca se habría podido hacer realidad si no hubiera sido concebida como una política de Estado. El apoyo estatal ha sido permanente, en términos materiales: programas de internacionalización, avales públicos, fondos europeos, diplomacia económica. Pero también desde el punto de vista simbólico: las instituciones del Estado, junto a la academia y las patronales empresariales, han asentado la idea de que los intereses privados de “nuestras empresas” se identifican con los de la mayoría de la población. Por eso el Gobierno español no ha querido entrar a valorar la reunión del presidente de Repsol en la Casa Blanca con los jefes de las mayores petroleras del mundo, donde Josu Jon Imaz le dio a Trump las “gracias por abrir la puerta a una Venezuela mejor” y anunció nuevas inversiones para aumentar la extracción de hidrocarburos. Y por eso mismo nadie en el Gobierno español se ha atrevido a cuestionar las operaciones de una compañía como CAF, que está cometiendo una flagrante violación del derecho internacional y del derecho internacional humanitario. Tampoco el Gobierno vasco, accionista de la empresa, ha creído conveniente tomar decisión alguna al respecto.

Negocios en el genocidio

Lo atestiguan los últimos pronunciamientos de la Corte Internacional de Justicia, numerosas resoluciones de Naciones Unidas, los recientes dictámenes e informes de relatoras y expertos independientes de la ONU. Lo que está pasando en Palestina es un genocidio y las empresas que siguen desarrollando sus negocios en ese marco son corresponsables de crímenes internacionales. Más allá de las responsabilidades que puedan tener los Estados por apoyar, por acción u omisión, la comisión de delitos económicos y ecológicos, las propias empresas son sujetos de responsabilidad jurídica. Y no pueden alegar un error invencible para desentenderse de su responsabilidad en la comisión de crímenes internacionales.

La asesoría jurídica del ministerio de Asuntos Exteriores ya reconoció hace años que las operaciones de CAF en territorio palestino ocupado podían constituir una violación del derecho internacional. Así quedó recogido en el dictamen del Punto Nacional de Contacto que, a la vez, se escudaba en la falta de mecanismos vinculantes a nivel internacional para poder responsabilizar jurídicamente a la empresa por sus impactos. En lo que trata de avanzar la denuncia contra el consejo de administración de CAF es, precisamente, en esta exigencia de responsabilidades.

Ocupación y apartheid

El informe Albanese ha mostrado al mundo, con nombre y apellidos, a las grandes compañías que se lucran con la aniquilación del pueblo palestino. Unas contribuyen a la fabricación de armamento, otras financian el exterminio, algunas son colaboradoras y otras más cooperadoras necesarias de la ocupación. Todas ellas, directa o indirectamente, sostienen una masacre que les renta importantes dividendos. Mientras tanto, el Estado de Israel continúa impugnando el derecho internacional: el “acuerdo de paz” promovido por Trump solo ha servido para cargar de razones a Netanyahu, que ha seguido con los bombardeos y los ataques indiscriminados a la población civil en Irán y Líbano, además de aprobar la pena de muerte exclusiva para palestinos. Las apelaciones a la “responsabilidad social” y a la diligencia debida de las empresas que operan en este contexto resultaban ridículas hace tres años, hoy se vuelven una ofensa. CAF se declara “firmemente comprometida con la ética empresarial y el respeto de los derechos Humanos en todas sus operaciones”, pero los informes de la relatora de la ONU demuestran cómo “varias empresas contribuyeron al desarrollo de carreteras e infraestructuras de transporte público fundamentalmente para establecer y ampliar las colonias y conectarlas con Israel al tiempo que excluyen y segregan a los palestinos”.

‘Business as usual’

La generación de riqueza, la creación de empleo, el bienestar de las sociedades y hasta la contribución a los objetivos de desarrollo sostenible suelen aparecer como los principales argumentos empresariales para justificar el business as usual. Las consultoras externas y las auditorías privadas, en ocasiones también arropadas por acuerdos con algunas organizaciones sindicales, dan fe de las buenas prácticas de las grandes corporaciones que, en cualquier caso, remiten a ciertas externalidades negativas y “casos aislados” los abusos que hayan sido cometidos. CAF afirma que los servicios jurídicos de la administración han confirmado que su proyecto en territorio palestino ocupado se ajusta a la legalidad internacional y que las evaluaciones de riesgo realizadas no han identificado ninguna vulneración de los derechos humanos. Y los informes de “expertos independientes” contratados por la empresa certifican la utilidad social y el impacto positivo de sus negocios. Pero los puestos de trabajo, los dividendos para los accionistas y los intereses privados no deberían estar por encima del derecho del pueblo palestino a permanecer en su territorio. La infraestructura operada por CAF sostiene directamente el entramado de los asentamientos ilegales de colonos israelíes, mejorando el acceso y la viabilidad económica de los mismos, reforzando su expansión e integrándolos aún más en la parte que Israel mantiene ocupada. Así se afianza la fragmentación de los barrios palestinos en enclaves aislados y se consolida la colonización y el régimen de apartheid.

Resquicios legales

A pesar del constante ataque a lo que queda del orden mundial post-1948, aún existen grietas en las legislaciones nacionales que pueden servir para obligar a los Estados a cumplir el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. En el caso de las empresas con sede en el Estado español involucradas en la economía del genocidio, la denuncia contra el consejo de administración de CAF sigue la estela de otras presentadas contra Sidenor y Edreams. La primera ha sido interpuesta ante la Audiencia Nacional por enviar acero a Elbit Systems, el principal proveedor del ejército de Israel, para la fabricación de armamento que posteriormente ha podido ser utilizado en crímenes de lesa humanidad. La segunda, por el blanqueo de capitales derivado de su participación en la promoción de reservas turísticas en Cisjordania, Jerusalén Este y los Altos del Golán. Las actuaciones de CAF, según la denuncia presentada, podrían encajar en distintos preceptos del código penal español relativos a crímenes contra personas protegidas en conflictos armados. Entre ellos, la participación en el traslado de población civil de la potencia ocupante al territorio ocupado, el mantenimiento de prácticas discriminatorias y la vulneración de la convención de Ginebra.

Sí se podría

Existe un vacío legal en las normativas nacionales e internacionales para que, como mínimo, se puedan poner al mismo nivel los derechos y las obligaciones de las grandes corporaciones. Por eso, en Naciones Unidas se lleva desde 2014 impulsando un tratado vinculante que obligue a las empresas transnacionales a responder por la violación de derechos humanos. La Unión Europea pudo haber hecho algo parecido, pero prefirió reforzar la unilateralidad empresarial aprobando una directiva de diligencia debida que ahora, tras varios paquetes ómnibus, se ha quedado en stand-by. En el Estado español, el ala izquierda del Gobierno de coalición trabajó en una propuesta de ley para el cumplimiento de las obligaciones extraterritoriales de las grandes compañías que se quedó perdida por el camino. Numerosas organizaciones sociales, políticas y sindicales llevan años exigiendo que se pongan en marcha centros públicos sobre empresas y derechos humanos. Pero que todas estas propuestas no hayan cristalizado no tiene que ver con dificultades de técnica jurídica, sino con falta de voluntad política. Cuando se ha querido, se han podido tomar medidas: el Ayuntamiento de Barcelona ha incorporado en los pliegos de la contratación pública una cláusula para excluir a las compañías que, como es el caso de CAF, aparecen en el listado de la ONU que recoge las empresas que mantienen operaciones en los territorios palestinos ocupados.

Lucha social y sindical

Hace un año, Sidenor anunció el cese definitivo de sus relaciones comerciales con Israel. La presión del movimiento BDZ y de la mayoría sindical presente en su comité de empresa surtió efecto: en julio pasado, la compañía comunicaba formalmente la suspensión de sus envíos a compañías israelíes. Más allá del resultado de la investigación judicial por los presuntos delitos de contrabando y participación de la empresa en el genocidio del pueblo palestino, estas alianzas entre la lucha social y la acción sindical son una buena muestra de cómo avanzar en la exigencia de responsabilidades a las grandes empresas por la violación de derechos humanos. La presión pública, la desobediencia, el boicot y el músculo social ya torcieron el brazo del Gobierno español, que tuvo que promulgar el decreto-ley que limita las relaciones militares con Israel, el habitualmente (mal) llamado “embargo de armas”. También dejaron tocados al fondo proisraelí KKR, propietario de grandes festivales de música, y al equipo Israel-Premier Tech, que tuvo que disolverse tras la última edición de La Vuelta. La legalidad internacional no solo tiene que construirse alrededor de los Estados: los movimientos sociales y colectivos en resistencia han de ser protagonistas en la construcción del derecho desde abajo.

La guerra empieza aquí

“No busquemos adversarios dentro de casa”, ha dicho la diputada general de Gipuzkoa tras conocer la denuncia contra CAF. Según Eider Mendoza, la responsabilidad “no es de las instituciones públicas, no es de las empresas, ni de las universidades”. Y para rematar su argumentación: “La responsabilidad de lo que está sucediendo allí es de Netanyahu y de nadie más”. Son declaraciones que echan por tierra un sinfín de análisis, resoluciones, sentencias e informes, desde Núremberg a Ruanda, pasando por la antigua Yugoslavia y Sudáfrica. Y es que el genocidio en Gaza no podría haberse llevado a cabo sin el apoyo de Estados Unidos y la Unión Europea; tampoco sin el concurso de la banca armada, los fondos de inversión y las grandes corporaciones. No es solo un eslogan, la guerra empieza aquí: en los puertos que comercian armas y suministros con Israel, en las entidades bancarias que financian la masacre, en las matrices de las empresas que se lucran en medio del genocidio, en las universidades que mantienen convenios de colaboración con el Estado sionista, en las instituciones que criminalizan la solidaridad con Palestina. La nuestra es una proposición sencilla que, solamente para defender los intereses económicos que están en juego, se quiere presentar como imposible: se trata de que empresas como CAF dejen de hacer negocios con el sufrimiento del pueblo palestino.