Palestina
Israel asesina a 11 palestinos más en Gaza y destruye la sede de la UNRWA en Jerusalén

El último episodio de violencia por parte de Israel en Gaza se saldó, durante el día de ayer, miércoles 21 de enero, con la vida de 11 palestinos, entre los que se encontraban dos niños de 13 años —uno de ellos fue abatido a tiros por soldados israelíes— y tres periodistas que se estaban desplazando por motivos de trabajo. Según el Ministerio de Salud palestino, con estas, ya son 466 las personas asesinadas en Gaza desde que se firmara el alto el fuego, en el mes de octubre.

Un niño de 13 años, asesinado cuando iba a por leña

Mohammed Salah Qashta, Abdul Raouf Shaat —colaborador habitual de la Agencia France-Presse— y Anas Ghneim son los nombres de los tres periodistas, asesinados en su vehículo cuando iban a filmar a un campo de desplazados. En su estrategia de hacer pasar a los periodistas por combatientes de Hamás, Israel asegura que los atacaron porque “operaban un dron afiliado a Hamás”, cosa que representaba una “amenaza” para su “seguridad”.

Según informaciones de la cadena Al-Jazeera, los tres periodistas trabajaban para el Comité Egipcio para el Socorro en Gaza, que supervisa la ayuda egipcia en el enclave. Iban a documentar un campamento de desplazados recién instalado. Según Mohamed Mansour, el portavoz de dicho comité, el vehículo en el que viajaban los periodistas estaba perfectamente identificado. Según las cifras que maneja Reporteros Sin Fronteras (RSF), con ellos ya son casi 220 los periodistas palestinos asesinados en Gaza desde el inicio del genocidio, en octubre de 2023.

En el caso de los menores asesinados, uno de ellos fue alcanzado por un dron mientras se encontraba con su padre; y el otro fue asesinado a tiros por las tropas israelíes. La madre asegura que el niño había salido a por leña para cocinar, según informó France-Presse.

Además de estos asesinatos, en las últimas horas, Israel ha vuelto a atacar Rafah, en el sur de Gaza, y ha violado, una vez más, el alto el fuego y el derecho internacional. Además, continúa restringiendo la entrada de la ayuda humanitaria para los 2,2 millones de gazatíes en la Franja, que malviven en tiendas de campaña y sin los productos básicos necesarios.

La sede de la UNRWA en Jerusalén, reducida a escombros

En Cisjordania, el martes empezaron los trabajos de demolición de la sede de la agencia de las Naciones Unidas para los refugiados palestinos, la UNRWA, situada en Jerusalén Este y en desuso desde hace año. Israel prohibió operar a la UNRWA a principios de 2025; fue entonces cuando canceló decenas de visados de personal humanitario internacional que trabajaba en la organización y les obligó a salir del territorio. Muchos de estos trabajadores y trabajadoras se instalaron en Jordania para continuar trabajando desde allí.

Junto a las excavadoras se presentó el ministro ultra de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, una de las caras más visibles y extremistas del Gobierno de Netanyahu. Dijo que se trataba de un día “histórico”; mientras que desde la organización advertían del precedente que significaba este acto mucho más que simbólico. La demolición del complejo es otra más de las violaciones del derecho internacional por parte del Estado de Israel; ya que este terreno “fue arrendado al Gobierno de Jordania en 1952”, dijo Philippe Lazzarini, comisionado general de la UNRWA, para desmentir el argumento israelí, por el cual aseguran que ese terreno les pertenece.

Desde los albores de la ocupación israelí en Palestina, pero más intensamente desde octubre de 2023, Israel ha puesto en el punto de mira a todas las organizaciones que trabajan en el terreno para asistir a la población palestina. Para intentar acabar con su trabajo y borrar todo rastro, recientemente ha prohibido que unas 37 organizaciones humanitarias internacionales operen en terreno. Para ello les ha revocado las licencias bajo el pretexto de que no cumplen con las regulaciones que se les exigen. Una de las demandas del Gobierno israelí es que las organizaciones proporcionen datos personales y financieros de las personas que trabajan en las organizaciones, algo que quebranta la ley.