Perú
Un año después del derrame de Repsol en Perú: ni limpieza ni reparación

Los colectivos de pescadores y otros grupos de afectados por la fuga de crudo ocasionada por Repsol el 15 de enero de 2022 denuncian la falta de una vía efectiva de compensación por los daños causados, la pasividad de las instituciones competentes a la hora de intervenir a favor de las víctimas y la persistencia de los remanentes del desastre en el fondo marino y en zonas de difícil acceso.
Un año después del derrame de Repsol en Perú - 4
Más de 1.800 especímenes de fauna fallecieron como consecuencia del vertido, según datos de Serfor. Ramón P. Yelo
5 feb 2023 06:00

Unos 30.000 peruanos acudieron a los balnearios de Ancón para celebrar el año nuevo en una de las reservas naturales más visitadas de la costa limeña. Nadie hubiera reparado en tal concurrencia si no fuera porque la autoridad ambiental mantiene dichas zonas de baño cerradas y la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa) había alertado del peligro de acercarse a las aguas contaminadas de esta hermosa bahía.

Y es que, pese a que Repsol informó el pasado 13 de abril de la culminación satisfactoria de las principales labores de limpieza de los 11.900 barriles de petróleo vertidos el pasado 15 de enero de 2022 durante las operaciones de descarga ejecutadas en el Terminal Multiboya Nº 2 de la refinería de La Pampilla, los últimos datos brindados por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) evidencian la presencia nociva de restos del hidrocarburo en 71 puntos de la costa central peruana.

La catástrofe impactó sobre muchas de las especies emblemáticas del ecosistema marino y, según datos de la Defensoría del Pueblo, truncó la vida de más de 15.000 personas, principalmente pescadores artesanales, pero también comerciantes y trabajadores de otros oficios vinculados al mar y al turismo que perdieron su fuente de ingresos. Hoy en día, buena parte de los damnificados se encuentran en una situación de incertidumbre, sin expectativas de recuperar su forma de vida en el corto o medio plazo.

Los últimos datos brindados por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) evidencian la presencia nociva de restos del hidrocarburo en 71 puntos de la costa central peruana

Muchos de ellos se han visto obligados a escoger entre una indemnización exigua o reclamar una suma mayor a través de los caminos inciertos de la vía judicial, mientras que los menos afortunados no han recibido compensación alguna. Tal y como afirma el responsable de Gobernanza Marino-Costera de Cooperacción, Alejandro Chirinos, la dilación de procesos y la fragmentación social son estrategias habituales en corporaciones implicadas en delitos ambientales para “llegar a arreglos extrajudiciales con las víctimas y aprovecharse del agotamiento de la gente que sufre de escasez y teme enfrentarse a los equipos jurídicos de una transnacional en demandas que pueden demorar años en resolverse”. Asimismo, las asociaciones de afectados denuncian la falta de iniciativa por parte de las instituciones públicas a la hora de buscar una reparación justa para las víctimas del mismo.

Una catástrofe sin precedentes

El vertido de 2.100 toneladas de hidrocarburo se originó en la estructura de transferencia situada en el mar del distrito de Ventanilla, perteneciente a la provincia constitucional del Callao, y superó con creces el umbral de 700 toneladas establecido por la International Tanker Owners Pollution Federation Limited para la clasificación de los derrames de mayor gravedad. Según el informe elaborado y publicado por la Organización de Naciones Unidas (ONU) en febrero de 2022, las corrientes empujaron rápidamente la gran mancha hacia el norte, que cubrió más de 80 kilómetros de costa en distritos como Santa Rosa, Ancón, Aucallama o Chancay y asoló casi un millar y medio de hectáreas de área terrestre y marítima, entre las que se incluyen 500 hectáreas de áreas naturales protegidas como la Zona Reservada de Ancón y los grupos de islotes de Pescadores y Punta Salinas.

La catástrofe impactó sobre muchas de las especies emblemáticas del ecosistema marino y, según datos de la Defensoría del Pueblo, truncó la vida de más de 15.000 personas, principalmente pescadores artesanales

De hecho, las zonas afectadas forman parte del Gran Ecosistema Marino de la Corriente de Humboldt, un conjunto de hábitats de gran riqueza biológica donde, tal y como afirma Chirinos, la abundancia de plancton favorece el desarrollo de una extensa variedad de peces, moluscos y crustáceos, por lo que se constituye como una región predilecta para la migración o residencia permanente de aves como el pelícano, el alcatraz y el cormorán, además de mamíferos como el lobo marino. El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) sancionó el pasado 15 de diciembre a Repsol con una multa de más de 7 millones de soles por la muerte de 1852 especímenes, entre los que se encuentran especies especialmente amenazadas como la nutria marina o el pingüino de Humboldt.

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Organizaciones civiles y asociaciones de víctimas del derrame de crudo que asoló la costa central peruana el año pasado temen que la compañía petrolera responsable del incidente consiga esquivar buena parte de las sanciones derivadas de la catástrofe.

No obstante, el impacto de tal magnitud de crudo podría ser mucho más profundo en un entorno diverso e intrincado. Augusto Durán se encarga del área de Energías Limpias y Transición Energética del Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (Mocicc) y considera que el mayor peligro reside en la cadena de consumo que vincula unas especies con otras: “La extensión del petróleo contamina el fitoplancton marino, la base de todo el ecosistema, el alimento de los peces más pequeños que son devorados por otros más grandes y éstos, a su vez, son cazados por las aves que se zambullen en busca de presas”.

Todo este proceso se agrava con la actitud negligente de la empresa petrolera en su deber de identificar y limpiar los restos de hidrocarburo de las zonas afectadas. Como reportan varios pescadores, todavía se pueden divisar estos remanentes en la superficie del agua y en las rocas de los acantilados cuando el oleaje y las corrientes agitan el lecho marino y los hacen emerger. Oceana Perú difundió un vídeo el pasado mes de noviembre en el que mostraban un maniquí impregnado de crudo tras sumergirlo con la ayuda de un buzo de Ancón.

El director científico de dicha entidad, Juan Carlos Riveros, sostiene que la situación actual “era algo que se veía venir porque, en todos los procesos de limpieza del mundo, las primeras 48 horas son las más importantes, se debe recolectar el agente contaminante con gran rapidez ya que, si no se hace así, una parte se evapora y otra se hunde y se mezcla con los organismos y el fondo marino”. “Seis días después, tenían 20 personas trabajando en la playa sin equipamiento ni capacidades, entrenados a última hora, recogiendo el crudo con baldes y palas, sin las herramientas adecuadas, para enterrarlo en la arena cercana a la orilla a 50 centímetros de profundidad”, añade el especialista en biología.

Los testimonios de los vecinos de la zona indican que las manchas son más visibles en las aguas que rodean estructuras rocosas, islotes, cavernas y acantilados, donde no han llegado las labores de limpieza

Asimismo, los testimonios de los vecinos de la zona indican que las manchas son más visibles en las aguas que rodean estructuras rocosas, islotes, cavernas y acantilados, donde no han llegado las labores de limpieza y se pueden generar fuentes de contaminación secundaria a largo plazo ya que, según el análisis realizado por la ONU, “el petróleo puede desprenderse de las superficies y volver al mar”. Chirinos asevera a este respecto que dichos lugares de difícil acceso son de gran importancia para la pesca artesanal dado que “permiten la existencia de un entorno tranquilo para la reproducción de las especies destinadas al consumo”.

Las falencias de la respuesta de Repsol y las agencias estatales competentes a los impactos sociales y ambientales del vertido arrojan un escenario de incertidumbre en el que no se sabe con exactitud cuánto tardará la naturaleza en restaurar los ecosistemas afectados. Riveros, por su parte, declara que las previsiones no son muy halagüeñas: “La empresa ha limpiado poco, tarde y mal, así que podemos esperar entre una y dos décadas hasta la recuperación completa del entorno”. Y es que hasta las predicciones más optimistas describen un futuro incierto para las miles de personas que han perdido la seguridad que antes les brindaba una forma de vida ligada a las bondades del mar.

Abandonados por Repsol y el Estado

“Yo me metía a bucear en el agua celestita, entre los pilones, buceaba a pulmón y, conforme iba saliendo, veía pasar unas 30 chitas por mi costado y me detenía para ver cómo pasaban”, así es como Christian Israel Reyes, joven pescador de Bahía Blanca que reside en el barrio de Pachacútec, rememora los días en que desarrollaba su profesión con normalidad. Actualmente, se encuentra devastado y lamenta que nada volverá a ser como antes.

Reyes es uno de los afectados que han visto truncada su vida como consecuencia del derrame: “Al malograrse mi estabilidad económica y emocional, no pude solventar a mi familia y mi ex-pareja tuvo que acudir a sus familiares en busca de ayuda”. Dichos parientes residen en Pucallpa, a más de 700 kilómetros de la capital, por lo que el pescador lleva varios meses sin ver a su hijo. Otro caso es el de Verónica Fernández, comerciante de pescado en los muelles de Ancón, quien asegura que lleva más de 20 años trabajando en la bahía, un lugar que le ha permitido vivir con seguridad, “sin depender de nadie, pero ahora todo ha cambiado y no tenemos para lo más básico”.

“Mi empleo consistía en jalar las cajas de pescado que traen los pescadores, así que si ellos no trabajan, nosotras tampoco”, explica Gladys Bustamante, una jaladora

Cooperacción ha sido una de las organizaciones más implicadas en denunciar y atender la crisis humanitaria generada por el vertido y han podido comprobar que “la inmensa mayoría de las familias están quebradas y se han visto empujadas a un entorno laboral más precario e informal”. Por otra parte, la entidad abunda en la cuestión y señala la vulnerabilidad especial del sector femenino en esta situación, dado que buena parte de estas actividades alternativas son eminentemente masculinas y muchas mujeres se han visto expulsadas del mundo del trabajo. “Mi empleo consistía en jalar las cajas de pescado que traen los pescadores, así que si ellos no trabajan, nosotras tampoco”, explica Gladys Bustamante, una jaladora que se dedicaba a trasladar los productos marinos del puerto de Ancón a los espacios de venta al público.

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Los colectivos de pescadores afectados por el derrame de crudo provocado por Repsol en el litoral de Ventanilla no han recibido indemnización alguna mientras muchos se ven obligados a jugarse la salud en la limpieza de las aguas para obtener algo de dinero

Toda la cadena de valor basada en la pesca artesanal y el turismo estival que estructuraba las economías locales de las zonas afectadas se ha visto gravemente alterada por la contaminación de las aguas. Un panorama desolador que ha recibido escasa atención por parte de la empresa responsable de la catástrofe, la cual determinó junto con la Presidencia del Consejo de Ministros las condiciones de compensación de las personas damnificadas en un espacio de negociación del que éstas se vieron excluidas. Julio Ávila pertenece al Sindicato de Pescadores Artesanales del Puerto de Chancay, que aglutina a 174 pescadores artesanales, y habla en nombre de todos sus compañeros cuando se pregunta cómo se puede llegar a una conciliación si no están presentes las víctimas.

Este esquema asimétrico de relaciones ha resultado en una gestión tardía e ineficiente de las necesidades causadas por el desastre. En un principio, se determinó la entrega de cestas de comida y de bonos bisemanales de 500 soles (casi 120 euros), que resultó del todo insuficiente para personas que lo habían perdido todo y tenían familias que mantener. A partir del pasado abril, se dispuso una segunda fase en la que se entregarían adelantos mensuales de 3000 soles (poco más de 700 euros) de una hipotética indemnización futura. Sin embargo, los colectivos de afectados se mostraron inconformes con el monto pues está lejos de lo que podían acumular anteriormente, sobre todo en los meses de verano, y se quejan de las demoras recurrentes en la entrega del mismo.

“Apenas da para sobrevivir y está muy lejos de lo que podíamos hacer antes con la venta de pesca selecta, un mínimo de 350 soles al día, más de 10.000 soles al mes y en temporada baja”, arguye Miguel Ángel Núñez, presidente de la Asociación de Pescadores, Fundadores, Armadores y Estibadores de Pachacútec y Bahía Blanca (Aspefaea). Además, las pautas de distribución de las contrapartidas han seguido patrones de discriminación según criterios arbitrarios. La empresa asume que algunos oficios, como filetear el pescado o la venta de alimentos en la playa, no merecen la misma compensación que la pesca artesanal. Pero tal y como explica Judith Sánchez, comerciante de comida rápida de Chancay, no es tan sencillo: “Vivimos en un lugar muy bonito donde decenas de miles de personas vienen a pasar sus vacaciones, así que en verano podemos hacer mucha más plata de la que usted se imagina”.

Algo similar ha pasado dentro de la comunidad de pescadores, en la que algunos han podido ver reconocida su actividad casi por completo, mientras que otros han tenido que conformarse con acreditar sólo una fracción de las ganancias previas al derrame. Según Chirinos, esto se debe a las altas tasas de informalidad que caracterizan el mundo de la pesca artesanal, donde “muchos pescadores desconfían de las asociaciones y trabajan por libre, lo que también es consecuencia de las políticas pesqueras y laborales del Perú”.

Chantajes y engaños

A partir del mes de septiembre, Repsol alegó que no entregaría más adelantos hasta que se calcularan los montos finales de indemnización. Los más afortunados recibieron hasta seis bonos, pero los grupos más vulnerables sólo pudieron obtener dos, tres o incluso con ninguno. Es el caso de Betty Moreno y Mia Flores, dos comerciantes que no han percibido asistencia alguna por parte de la petrolera o de las instituciones públicas, por lo que afirman que se han visto forzadas “a buscar una chamba (empleo) distinta cada día y recurrir a la olla común”.

Nelcy Ortiz, por su parte, es la presidenta de la olla común que alimenta a más de 280 trabajadores afectados por el derrame (entre pescadores, fileteadoras, distribuidoras y comerciantes) desde la sede del Movimiento Juvenil Pachacutano (MJP) y sostiene que la transnacional ha engañado a muchas de sus compañeras: “Hay personas que se han acercado a tratar su indemnización en la oficina de Repsol en la Pampilla y les dijeron que esperaran una llamada en 15 días, pero pasa un mes, pasa otro mes y nada”.

Tras la presión ejercida por los colectivos de víctimas, que se concretó el pasado 11 de noviembre en una marcha multitudinaria para reclamar sus derechos ante la Presidencia del Consejo de Ministros, la empresa accedió a entregar un bono más en el mes de diciembre a las personas que habían visto reconocida su actividad laboral, pero bajo la condición de acotar definitivamente las compensaciones para cada una de las personas afectadas. El secretario de defensa de la Asociación de Pescadores Artesanales de Ancón (Apescaa), Kevin Villas, relata que se vieron obligados a aceptar una suma final de 49.000 soles (unos 11.000 euros), lo cual incluiría los seis adelantos previamente recibidos, es decir, 18.000 soles. “Si tenemos en cuenta que no sabemos cuándo vamos a recuperar nuestro mar, es una cantidad insuficiente que no cubre nuestras pérdidas actuales pero tampoco las futuras”, remata el representante sectorial.

Miguel Ángel Núñez pretende recuperar todo lo perdido junto a otros miembros de su asociación, aunque reconoce que varios compañeros han aceptado “el chantaje de la compañía por una cuestión de necesidad”

Otros damnificados han optado por rechazar la oferta de Repsol y embarcarse en un proceso judicial para obtener una compensación justa. Anthony Chumpitaz, pescador artesanal, preside el MJP y denuncia con tono de indignación que la petrolera “les ofreció unos 15.000 soles (3.500 euros) para cubrir la temporada de verano de 2022, pero nosotros trabajamos todo el año y podemos ganar más de 10.000 soles (casi 2.400 euros) al mes en temporada alta, así que nos hemos negado a aceptarlo, no es dable”. También es el caso de Miguel Ángel Núñez, que pretende recuperar todo lo perdido junto a otros miembros de su asociación, aunque reconoce que varios compañeros han aceptado “el chantaje de la compañía por una cuestión de necesidad”.

Y es que la estrategia de la empresa se ha basado en la atomización de los colectivos de afectados y en la dilación de los procesos, tal y como detalla Chirinos: “Repsol acudió a cada una de las zonas afectadas para intentar cerrar acuerdos individuales con las víctimas del desastre y segmentar las demandas”. Es así que grupos como Aspefaea, que se había mantenido firme ante las presiones de la compañía, ha visto como una parte considerable de sus asociados han aceptado arreglos particulares debido a las incertidumbres del proceso. El presidente de la asociación narra con resignación el momento en que Repsol le solicitó la lista de afiliados para “llamarlos uno por uno para aprovecharse de su desesperación y hacerles firmar extrajudicialmente un documento en el que se comprometen a no tomar medidas legales contra la entidad a cambio de una cantidad irrisoria”.

Riveros, por su parte, considera que la petrolera “no entiende la dimensión humana del problema, ya que no son seis pescados y dos nutrias, es gente que está viendo gravemente afectada su economía, su modo de vida y su salud, como consecuencia de las emanaciones nocivas de los restos de crudo y el estrés psicológico generado por la catástrofe”.

“No nos importa el cochino dinero, lo que queremos es que dejen el mar tal y como estaba antes del derrame, queremos que nos devuelvan nuestra playa y nuestro estilo de vida”

Igualmente, el aparato de respuesta institucional en el ámbito de la asistencia social ha evidenciado diversas inoperancias. Como manifiestan las conclusiones de Naciones Unidas, “las comunidades no han recibido una información oportuna, precisa y pertinente sobre el impacto del derrame, las acciones de respuesta ni los planes de asistencia humanitaria y de recuperación socioeconómica”, además de subrayar que “no se han implementado mecanismos de participación para las comunidades con el objetivo de integrarlas en el análisis de las necesidades y de recibir sus posibles consideraciones”. De hecho, según Chirinos, no hubo ni rastro de un programa de alternativas económicas para los afectados por parte de las administraciones competentes, ni siquiera en los sectores más deprimidos “donde se ve mucha pobreza”.

Pero lo más lacerante, según afirman muchos pescadores, es la pérdida de una generación entera que tomaría el relevo de sus mayores, lo cual amenaza la continuidad de una larga tradición de pesca artesanal. “Me inicié en la pesca con nueve años y aprendí con rapidez la importancia de respetar el entorno natural para que las generaciones futuras puedan disfrutar y vivir de lo que nosotros hemos disfrutado y vivido”, éste es el mensaje que Christian Reyes quería dejar como legado antes de ver sus sueños aplastados.

Como dice Abelino Ramírez (conocido como Mayumi), veterano de la pesca artesanal y portavoz de Apescaa, “no nos importa el cochino dinero, lo que queremos es que dejen el mar tal y como estaba antes del derrame, queremos que nos devuelvan nuestra playa y nuestro estilo de vida”.

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