La AEPD no se presenta en la comisión de investigación del Parlament de Catalunya sobre policías infiltrados

Ninguna de las personas citadas de la Agencia Española de Protección de Datos se presentó en la sesión en la que comparecieron los medios sancionados por investigar a policías infiltrados.
Collage justicia policia madrid infiltrados
Montaje sobre los infiltrados de la policía en movimientos sociales de Madrid, Barcelona y Sevilla Óliver Crespo Edita - Comunicación y Diseño
17 nov 2026 17:32 | Actualizado: 18 nov 2026 11:40

La Comisión del Parlament de Catalunya que investiga el espionaje policial y el realizado a través del programa Pegasus celebró el pasado 10 de noviembre una sesión en la que se expuso el procedimiento sancionador que la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha abierto contra los medios de comunicación Vilaweb, La Directa, Diari de Balears y El Salto. A la comparecencia no acudieron, pese a estar citados, ni el presidente de la AEPD, Lorenzo Cotino Hueso, ni Olga Pérez Sanjuan, subdirectora general de Inspección del organismo, ni la funcionaria Iria Fernández, que instruye los casos.

La comisión fue convocada en segunda sesión, tres días después, el pasado viernes 13 de noviembre. Ante la incomparecencia de los citados, el presidente de la comisión, el diputado Xavi Pellicer (CUP), ha dado traslado a Fiscalía para que investigue su ausencia, que puede suponer un delito de desobediencia dada la obligatoriedad que marca el reglamento interno que regula la comparecencia. Dos de los convocados justificaron su ausencia con un escrito ministerial en el que se exime a los cargos estatales de participar en parlamentos autonómicos. De esta forma, los funcionarios de la AEPD han esquivado dar explicaciones acerca de su actuación, así como ser fiscalizados por el extraño cambio de rumbo del procedimiento, que fue archivado en primera instancia y abierto tras un recurso de reposición.

En ese recurso, la AEPD dio por buena la calificación de agentes encubiertos de los policías destapados, algo que no se corresponde con la realidad, al no haberse realizado las infiltraciones bajo supervisión judicial, ni encajar los grupos espiados en los supuestos de organizaciones criminales.

Quienes si participaron en la sesión, y pudieron exponer la situación y detalles que rodean a las sanciones, fueron los periodistas Tomeu Martí, por el Diari de Balears, Jesús Rodríguez, representando a La Directa, Vicent Partal, director de Vilaweb y Tomás Muñoz por parte de El Salto. Además, también participaron el copresidente del Grup de periodistes Ramon Barnils, Arnau Lleonart, y Joan Maria Morros Cuadras, decano del Colegio de Periodistas de Catalunya.

Los testimonios de los periodistas

El primero en intervenir fue el periodista Jesús Rodríguez, de La Directa, el primer medio que documentó casos de infiltraciones policiales en movimientos independentistas catalanes. Rodríguez explicó que, en los primeros casos destapados, encargaron pruebas periciales fisionómicas para certificar que los policías infiltrados se correspondían con su identidad real: “Nos vimos obligados a demostrar con testimonios y pruebas lo que desde el Ministerio del Interior se llegó a calificar como habladurías”. Además, Rodríguez defendió que la publicación de los rostros pixelados de los policías infiltrados era necesaria, precisamente, para contrarrestar los desmentidos sobre las infiltraciones.


También hizo hincapié en que no puede considerarse que los agentes destapados estuvieran realizando las funciones de policías encubiertos, al no contar ni con supervisión judicial, ni adaptarse su espionaje a las limitaciones que establece la ley. Por contra, se los ha identificado como “agentes de inteligencia”, una figura sin amparo judicial ni reconocimiento en el ordenamiento jurídico.

Rodríguez considera que la AEPD quiere sancionar a los mensajeros en lugar de investigar los hechos y ha explicado que, más allá de la multa de siete mil euros para su medio, la agencia les exige borrar de la web fotografías de los agentes, además de los nombres falsos y los documentos de identidad igualmente falsos usados en esas operaciones.

El periodista de ‘Diari de Balears’ remarcó que no tiene ningún sentido que ningún policía se infiltre en el tejido asociativo, ni hay ningún argumento legal para realizar estas investigaciones prospectivas

Tomeu Martí (Diari de Balears) explicó que “a partir de las informaciones publicadas por La Directa, profundizamos, porque alguno de esos policías se hizo pasar por mallorquines o menorquines”. Martí remarcó que las infiltraciones policiales habían tenido un impacto negativo en las comunidades mallorquina y menorquina residentes en Catalunya, y que, a causa de esto, cuando se acercan a una entidad en el principado, los ciudadanos baleares pueden ser considerados sospechosos.

Martí remarcó que no tiene ningún sentido que ningún policía se infiltre en el tejido asociativo, ni hay ningún argumento legal para realizar estas investigaciones prospectivas. “No está justificado que dejen de hacer el trabajo que se supone que tiene que hacer y pasen a hacer ese trabajo político”, sentenció. También cuestionó el control que tienen las autoridades políticas sobre las fuerzas policiales y recordó que en las Islas había muchos ejemplos que evidenciaban esta carencia de control.

Vicent Partal, de Vilaweb, defendió la necesidad de publicar la identidad de los agentes infiltrados, porque considera que es un elemento esencial para acreditar las informaciones: “Si no se identifica esta persona, la credibilidad de la información es nula, no estaríamos haciendo nuestro trabajo”. Remarcó que los medios de comunicación ya estaban sometidos al control de la justicia y que cualquier persona que se sintiera perjudicada por una publicación puede recurrir a los tribunales.

El grupo Ramon Barnils ha pedido a la International Press Institute que las sanciones de la AEPD consten en el informe sobre el estado de derecho 2027 de la Comisión Europea

Por eso, Partal denunció que la actuación de la AEPD era un intento de censura por parte de una agencia administrativa y ha advertido de la arbitrariedad del procedimiento, que deja los periodistas en una situación de indefensión. También explicó que la agencia exige a VilaWeb censurar tres artículos, uno de los cuales es un texto de opinión de la escritora Nuria Cadenas, y ha recordado que la legislación distingue entre información y opinión, con unos límites mucho más amplios en este último caso.

Partal criticó que la AEPD se considere con derecho de decidir qué puede opinar una persona y ha advertido que el alcance de la censura podía ir mucho más allá de los límites que se podían esperar. Según insistió, el elemento central de la preocupación no era la multa económica, sino la censura que se pretende imponer a los medios. Partal denunció la arbitrariedad de la actuación de la AEPD y ha explicado que los cuatro medios afectados trabajaban conjuntamente para defenderse. Aseguró también que su medio tiene una voluntad clara de no dejarse pisar, cosa que incluye la judicialización del caso, primero en los tribunales del Estado español y, si hace falta, en los europeos. También ha cuestionado los criterios de la agencia, porque exige retirar determinados artículos mientras que hay muchos más que explican los mismos hechos y sobre los que no les han dicho nada:“Nos preguntamos por qué”. Partal explicó que la primera respuesta de la agencia a la petición de los medios fue que acudieran a los tribunales y remarcó que desconocían por qué la AEPD había cambiado de criterio.

Un ejercicio de censura

Por su parte, el periodista de El Salto Tomás Muñoz advirtió que este procedimiento hace peligrar el futuro de la profesión periodística y calificó la actuación de la AEPD como un ejercicio de censura. Muñoz explicó que la agencia obliga a los medios a censurar incluso los datos de la identidad ficticia de los agentes infiltrados y consideró que la multa era un aviso a navegantes dirigido a cualquier medio que quiera investigar abusos de poder. También alertó de que, si la protección de datos se convierte en una herramienta para imponer la censura, esto representará una degradación democrática.

Asimismo, Muñoz se preguntó sobre la privacidad de las personas que habían sido espiadas y advirtió del peligro de que, en un contexto de proliferación de noticias falsas, se pueda obligar los medios a retirar informaciones que cumplen los estándares del periodismo riguroso. Finalmente, pidió a la comisión parlamentaria que investigue cómo se han tramitado los expedientes sancionadores.


En la segunda parte de la sesión, el primer testimonio fue el de Arnau Lleonart, del Grup de Periodistes Ramon Barnils. Lleonart aseguró que la entidad trabajará conjuntamente con la International Press Institute (IPI) para que las sanciones de la AEPD contra los medios que han informado de las infiltraciones policiales consten en el informe sobre el estado de derecho 2027 de la Comisión Europea.

Denunció también que se pretenda castigar administrativamente una información de interés público sin que ningún juez haya ponderado el derecho de información con el derecho de la privacidad. También advirtió del efecto disuasorio de estos procedimientos, especialmente para los medios pequeños, que pueden acabar renunciando a investigar abusos de poder por miedo a las sanciones y los costes judiciales. Lleonart recordó que el caso ya ha llegado al Consejo de Europa, que ha pedido explicaciones en el Estado español, y reclamó que la futura legislación contra las demandas mordaza también proteja los periodistas de los procedimientos administrativos. Finalmente, pidió al Parlament que inste a la AEPD a archivar los expedientes contra los cuatro medios afectados y que traslade las conclusiones de la comisión a las instituciones europeas.

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