Policía
Denuncian en Sestao el acoso racista de la policía a viviendas de familias migrantes con menores

En la explanada de la antigua Escuela de Aprendices de Altos Hornos, junto a Arcelor Mittal de Sestao y las vías del tren, se han reunido militantes del colectivo Emakume Migratuak junto con la asamblea de Txirbilenea para denunciar de forma pública “el acoso y las amenazas” a las que se están viendo sometidas por parte de la policía.

La Escuela de Aprendices de Altos Hornos, otrora buque insignia de la industria vasca, fue ocupada en el año 2012 por diversos activistas de la localidad de Ezkerraldea, dando forma al espacio autogestionado de Txirbilenea. Desde diciembre de este año, la propiedad del inmueble ha pasado de Arcelor Mittal al consistorio sestaotarra, que ya ha obtenido 3 millones de euros de los fondos europeos vinculados a los Next Generation para la rehabilitación del edificio. Sin embargo, en la actualidad ni el ayuntamiento gobernado por el PNV-PSE  ni la sociedad pública Sestao Berri -quien gestiona el PGOU local- tienen planes concretos sobre los nuevos usos que se le darían a este histórico edificio, patrimonio industrial de Euskadi.

El hostigamiento policial persigue que las trabajadoras cuidadoras desistan de sus intentos por ejercer su derecho al padrón y a la vivienda

La asamblea que gestiona las actividades del centro social había comenzado desde inicios del 2024 a utilizar la parte inferior del edificio para albergar a personas que se encontrasen frente a una “necesidad habitacional de emergencia”.

Tras un proceso de colaboración y apoyo mutuo entre Emakume Migratuak y la asamblea de Txirbilenea, varias familias migrantes se encuentran residiendo en el inmueble de forma temporal, ante la incapacidad para encontrar una alternativa legal al problema de la vivienda. Se trata de trabajadoras de cuidados internos, que carecen de un lugar de descanso, por lo que durante los fines de semana acuden a dormir a Txirbilenea.

Familias sometidas al acoso policial

Desde la rueda de prensa los colectivos convocantes han querido señalar que esta situación de residencia en el edificio era ya conocida por el Ayuntamiento de Sestao. De hecho, en marzo de 2024 se solicitó el empadronamiento de las familias, petición que fue rechazada.

Desde el comienzo del verano Emakume Migratuak, junto con la asamblea del espacio autogestionado habían comenzado a desarrollar una serie de actividades comunitarias en las que tanto la policía municipal de Sestao como la Ertzaintza han estado personándose en el espacio “sin aparente motivo, identificando y amenazando a las residentes, sacando fotografías y accediendo al inmueble sin autorización”. Para los colectivos convocantes  la actitud policial ha demostrado “un acto de abuso de poder, reflejo del sistema racista que subyace al interior de las instituciones”.

Existe todo un mercado vinculado al subarriendo de habitaciones, donde los propietarios estipulan precios diferenciados que incluyen el derecho al empadronamiento pagando un plus mensual

Esta situación se ha agravado a partir de la última semana de agosto, cuando la policía se ha personado en el inmueble con el pretexto de haber recibido un aviso de alarma, pese a que en el edificio no hay ningún sistema de alarma instalado. En medio de la actuación de la Ertzaintza, la policía municipal de Sestao acudió, accediendo al edificio e identificando a un menor de edad. Los hechos se repetirían dos días mas tarde, cuando agentes del cuerpo autonómico trataron nuevamente de acceder al inmueble desde los pisos superiores del edificio, llegando incluso a allanar los dormitorios de las mujeres “sin previo aviso y sin permiso”, siendo identificadas varias de ellas, pese a haberlo sido también en los días previos.

De acuerdo a los convocantes, lo que se persigue con este hostigamiento policial es hacer desistir a las trabajadoras cuidadoras de sus intentos por ejercer su derecho al padrón y a la vivienda.

A vueltas con el padrón

El rechazo de este trámite administrativo por parte del consistorio dificulta las posibilidades de normalización y regularización de las familias residentes. En el proceso de regularización de las personas migrantes el padrón consiste en una de las primeras fases para poder demostrar el arraigo social, indispensable para poder obtener los papeles de ciudadanía. Debemos recordar que el padrón es la puerta de entrada al circuito de prestaciones sociales que existen en la Comunidad Autónoma Vasca como la RGI o las existentes en el ámbito del alquiler, a la tarjeta sanitaria o a los cursos ofertados por Lanbide.

La normativa que regula el padrón en Euskadi se encuentra en un limbo administrativo, ya que es una competencia municipal que queda reglada por cada ayuntamiento. Sin embargo, muchas localidades y sus servicios sociales argumentan carecer de estructura administrativa para poner en marcha estos servicios y remiten a muchos usuarios a otros municipios. Esta situación de dejación de funciones por parte de los distintos ayuntamientos ya ha sido denunciada en reiteradas ocasiones por Ongi Etorri Errefuxiatuak y Errolda Sarea.

La frontera del padrón

Gorka Andraka

Municipalismo

La frontera del padrón

Gorka Andraka

Las dificultades para empadronarse restringen el acceso a derechos básicos y servicios públicos.

En el caso del área metropolitana de Bilbao, estos servicios están centralizados en el ayuntamiento gobernado por Juan Mari Aburto. Sin embargo, la ausencia de padrón en la capital bizkaitarra es utilizada para denegar el acceso a servicios como el Servicio Municipal de Urgencias Sociales, conocido como el SMUS.

Por otro lado, debe mencionarse la existencia de todo un submercado de alquiler vinculado al subarriendo de habitaciones, donde los propietarios estipulan precios diferenciados que incluyen el derecho al empadronamiento pagando un plus de dinero mensual. De acuerdo a fuentes consultadas del sindicalismo de vivienda vasco, en lugares como Bilbao estas diferencias de precios pueden rondar los cerca de 250-300 euros mensuales.

La vivienda: Un problema estructural

En Euskadi, la tenencia en propiedad de la vivienda es la más extendida, alcanzando a un 84,1% de la población de acuerdo a los datos obtenidos en el Eustat de 2023. Sin embargo, esta realidad propietaria del mercado inmobiliario no se amplía al conjunto de la población que reside en el territorio vasco.

La vivienda en régimen de alquiler en Euskadi ha aumentado de manera significativa desde la crisis del 2008 -pasando del 8,8 al 14,8%  del total de los inmuebles- al mismo tiempo que los alquileres protegidos a precio inferior al mercado se han mantenido sin apenas variación durante este periodo. Sin embargo, las viviendas de uso turístico (VUT) y el aumento de la demanda del régimen del alquiler por parte de aquellos que no pueden acceder -o se han visto expulsados- a la propiedad han provocado que de 2015 a 2024 el precio de una habitación en alquiler se sitúe en los 534€, con un aumento del 70%. En la CAV es donde más han aumentado los precios de las habitaciones, exceptuando a las Islas Baleares.

En Euskadi es donde más han aumentado los precios de las habitaciones, viviendo de alquiler el 62-64% de los hogares con personas migrantes

¿Pero quién es la población que reside en alquiler? En un contexto laboral marcado por una fuerte pérdida salarial -que ELA cifra en 14.000 euros desde el comienzo de la crisis en 2008 hasta 2022-, el régimen de alquiler se plantea como la única salida legal para los tramos con las rentas más bajas de la sociedad.

De hecho, los trabajos peor pagados, con mayores tasas de sobreexplotación y precariedad, se concentran entre la población migrante y juvenil. Son trabajos de escaso valor añadido en términos capitalistas, en el sector servicios y que en el caso de determinadas actividades - las mas duras como la agricultura y los trabajos de cuidados- recaen sobre la población migrante. No obstante, esta desigualdad que afecta a la juventud y a la población migrante debe ser matizada. 

Que la juventud, en un momento vital, esté fuera del circuito de la propiedad no implica que quede en fuera de juego. En una sociedad fuertemente propietaria, las unidades familiares operan como pequeños agentes financieros donde la vivienda, como principal patrimonio, juega un papel fundamental. Ha sido la propiedad lo que ha garantizado a la mayoría de familias de clase media su lugar en esta sociedad -en el franquismo, pero también durante la burbuja inmobiliaria y la crisis.

Las rentas futuras esperadas mediante las transferencias de las herencias juegan aquí un papel fundamental en la integración esperada en la sociedad propietaria, aun cuando el final de la etapa juvenil -entendida como la integración en la propiedad o el pleno empleo- queda postergada hasta bien entrados los cuarenta años.

Del mismo modo, aunque exista una juventud inquilina en una sociedad fuertemente envejecida, el Gobierno Vasco interviene sobre la misma con la transferencia de recursos públicos como Alokabide o la reciente Emantzipa. Un negocio redondo: dinero público que se transfiere a la juventud, para acabar en los bolsillos de la generación propietaria.

No ocurre así con la población migrante. El régimen de la frontera genera ciudadanos de segunda categoría, que se las ven con trabas burocráticas para la obtención de la plena ciudadanía y procesos de desregularización laboral que abaratan los costes laborales. Esto es un hecho constitutivo, no moral, de una sociedad que requiere de una fuerza de trabajo precaria que atraviesa nuestras sociedades bajo la forma de un capitalismo racial.

De acuerdo a la Encuesta Continua de los Hogares entre el 62-64% de los hogares que tienen como referente a una persona extranjera viven de alquiler. Y es precisamente en el alquiler donde se concentran la mayoría de procesos de desahucio. 

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