Racismo
A vueltas con el giro securitario: cómo construir un horizonte antirracista

Los barrios de Abando y Martutene, en Bilbao y Donostia respectivamente, amanecieron hace unas semanas con hojas anónimas pegadas en las paredes y el mobiliario urbano que dirigían mensajes como lo siguientes a los menores no tutelados:

“A mamar hijos de puta. Y tú, puto mena, si sabes leer, que sepas que a partir de ahora, sí te portas mal, a la ría vas a ir aunque no sepas nadar” 

“Estamos esperando que nos deis una oportunidad para que nuestro arsenal de munición de armas se pueda ver reducido cuanto antes”

Aunque no apareciera explícitamente mencionado en los panfletos, estos mensajes de odio se dirigían, en primer lugar, hacia los jóvenes en situación de sinhogarismo que moran en el edificio abandonado de los Agustinos de Martutene y, en último término, a quienes pululan en torno al Burger King de la céntrica plaza bilbotarra. Ambos son los enclaves sobre los que ha girado la campaña de propaganda que han puesto en marcha los periódicos del Grupo Vocento y Grupo Noticias para justificar las políticas en materia securitaria del Gobierno Vasco durante el paso de Josu Erkoreka.

Asentada no solo sobre el ataque a los okupas, sino alimentando el sentimiento de inseguridad y criminalizando de manera demagógica las políticas del bienestar social con el discurso antipaguitas, la estrategia ha escalado. Hasta el punto que los comunicados ahora son replicados desde el entramado de grupos de Telegram y cuentas de Instagram con cierta relevancia dentro de los nodos que componen la infoesfera ultra. Un ejemplo es el grupo de telegram “Alt Right España”, o destacadas cuentas que bajo el seudonimo de “Ertzaintza.es” suelen compartir contenidos donde se defiende mayor “mano dura” contra el crimen, siguiendo el ejemplo de Nayib Bukele en El Salvador.

Este fenómeno responde a la crisis de gobernabilidad del modelo neoliberal vasco, que se sintetiza en el giro securitario, momento donde evidentemente surgen los monstruos. Ello pudo verse de manera manifiesta en la pasada Aste Nagusia de Bilbao, cuando el ahora ya eurodiputado del partido Se Acabo la Fiesta, Alvise Perez, publicó ficheros policiales de las actuaciones donde se revelaban nombres y rostros de los sospechosos habituales de la propaganda reaccionaria.

Ante la desidia política e inercia reaccionaria en el plano social del modelo vasco, vemos a grupos de ciudadanos organizados de forma escuadrista, dispuestos públicamente a que la seguridad se eleve por encima del imperio de la ley y el Estado

Un año después, vemos a varios grupos de ciudadanos, envalentonados, decidiendo que ya es hora de actuar y, organizados de forma escuadrista, se muestran dispuestos públicamente a que la seguridad se eleve por encima del imperio de la ley y el Estado, como de algún modo ha permitido la desidia política e inercia reaccionaria en el plano social del modelo económico vasco. La prensa local y los programas matinales de televisión pública han señalado a diario a los “causantes” del aumento de la inseguridad, creando un espacio para la legitimación de la violencia contra el otro y la militarización del espacio urbano.

En un panorama comunicativo burgués, donde solo se repite que la policía –con coches, armas y dispositivos tecnológicos punteros y con unos de los presupuestos que más han aumentado en los últimos años– cuenta con pocos medios, y que además está atada de pies y manos con leyes que solo favorecen a los delincuentes, no podía tardar en aparecer un grupo que decidiera tomarse la justicia por su cuenta.

Cargas, impunidad y descontrol cuestionan la legitimidad de la Ertzaintza

Aitziber Jimenez de Aberasturi Pablo Oliveros Gregorio

Violencia policial

ERTZAINTZA Cargas, impunidad y descontrol cuestionan la legitimidad de la Ertzaintza

Aitziber Jimenez de Aberasturi ,  Pablo Oliveros Gregorio

La policía no es un mero instrumento del Estado, sino que goza de una autonomía que se ve reforzada por la necesidad de mantener el orden social.

Seguridad y orden social, bases del populismo punitivo

“Me preocupa lo que le he escuchado a EH Bildu sobre desarmar a la Ertzaintza. ¿A quien robe o delinca le vamos a llevar un café con leche y pastas?”. Esta frase fue pronunciada por el PNV durante la campaña electoral de abril. Y no fue la única. Desde hace algún tiempo, la seguridad ha ido convirtiéndose en un tema  político que ha ido ocupando un peso cada vez mayor, se ha utilizado como una herramienta comunicativa que sirve como altavoz para proyectar consensos de cierre neoconservador frente al aumento del malestar social y las caídas a distinto nivel que la crisis económica va introduciendo dentro de la sociedad vasca.

Más allá del populismo punitivo pregonado por las élites vascas, y de acuerdo con los datos del sociómetro elaborado por el Gabinete de prospecciones sociológicas del Gobierno Vasco, la preocupación sobre la inseguridad y la delincuencia han experimentado una notable subida. Es de hecho uno de los principales problemas que tiene en la actualidad la sociedad vasca de acuerdo a los encuestados, solo por detrás de aquellos relacionados con la situación económica y laboral, Osakidetza y la cuestión de la vivienda. 

Esta tendencia responde a las dificultades cada vez mayores que viene arrastrando el modelo vasco para relanzar un modelo de acumulación competitivo a nivel mundial. La creciente digitalización de Osakidetza, la introducción del sistema de control fiscal del TicketBai y los giros restrictivos en la percepción del RGI son solo los primeros síntomas identificables de la dificultad, cada vez mayor, que atraviesa. No es compatible un régimen fiscal centrado en la evasión fiscal de los grandes conglomerados industriales y empresariales con servicios públicos vinculados a la idea del Estado de bienestar. Al contrario que hasta bien entrada la década de 2010, las políticas públicas no han sido capaces de asegurar, o quizá lo han hecho de forma renqueante, un elevado nivel de bienestar entre la mayoría de la población. 

Ello ha desembocado en un resquebrajamiento progresivo de las clases medias vascas. Si bien es cierto que este curso económico se iniciaba con 13.000 nuevos puestos funcionariales más que desde la crisis del 2007 y que una parte de la población vasca –la clase media, la de verdad, no la autopercibida– también ha sido capaz de ver su posición en la estratificación social consolidada, como se puede ver con la situación de las segundas viviendas, lo cierto es que no deja de producirse un aumento de la población restante, la que queda fuera de cualquier circuito de integración.

Aunque los niveles de integración social en Euskal Herria continúan siendo muy superiores a la media española, la pobreza crece a un ritmo más vertiginoso y la tasa de crecimiento económico sigue siendo de las más bajas en los últimos cuarenta años

Por otro lado, aunque los niveles de integración social en Euskal Herria continúan siendo muy superiores a los del resto de España, la pobreza crece a un ritmo más vertiginoso que en el resto del Estado y la tasa de crecimiento económico sigue siendo de las más bajas de todo el Estado. Durante la última década, también han aumentado las capas de población que se sitúan en los márgenes: parados de larga duración, superexplotadas, currelas precarios, migrantes sin papeles y el resto de sectores expropiados de la condición de ciudadanía, quienes ni siquiera son explotados en el espacio de trabajo porque no tienen un contrato 

De hecho, es en ese estrato social donde se concentra uno de los principales vectores de conflicto de clases en la sociedad vasca actual y que además, hasta hace bien poco, se ha encontrado fuera del radar las formas tradicionales de organización y protección, véase sindicales o de representación política, de izquierdas en la CAV. 

Por otro lado, en un contexto marcado por el recorte acelerado de muchas de estas prestaciones, así como el deterioro de los servicios públicos vinculados al mantenimiento del estado de bienestar, se producen importantes mutaciones en las formas de decir, pensar y hacer sobre la in/seguridad. El giro securitario, que desde los años 90 ha ido cogiendo un peso cada vez mayor, especialmente en los espacios urbanos, tiende a situar toda la cuestión de la protección desde una perspectiva cívica, axioma que a su vez tiende a olvidar otros tipos de violencias o delitos que tienen lugar en nuestras sociedades. Bajo esta perspectiva, se tiende a razonar que el crimen aparece relacionado con comportamientos racionales asociales, al mismo tiempo que se tienden a obviar las razones de marginalización y pobreza que conducen al delito.

Orden policial contra la pobreza

Pablo Oliveros Gregorio

Opinión

País Vasco Orden policial contra la pobreza

Pablo Oliveros Gregorio

La política neoliberal de las élites vascas no trata únicamente de gobernar a los integrados, sino que debe, al mismo tiempo, apuntalar un régimen que organice las fronteras en los márgenes.

La percepción de peligro autogenerada

Los pánicos morales de la clase media asentada –alimentados por las guerras culturales de los medios de comunicación hegemónicos– encajan perfectamente con la mutación neoliberal descrita. Al parecer, la solución a las crecientes desigualdades dentro de la estructura de clases actual pasa por el incremento del control y el punitivismo. Es por ello que la gobernabilidad del territorio vasco depende no solo de gestionar a los integrados, sino el llamado orden público, en particular a esa población situada fuera de los circuitos de integración social. A diario, en todas los niveles vemos como esa parte de la sociedad es proyectada como seres que deben ser gobernados, ya que carecen de la “consciencia” necesaria para tener agencia propia.

Los cacheos arbitrarios, los controles por perfiles étnico-raciales o que un grupo de ciudadanos amenace con tomarse la justicia por su mano únicamente sirven para generar un marco discursivo, que en última instancia es funcional a la justificación de una mayor presencia policial en nuestras calles. Se trata en definitiva de un asunto de percepción de la seguridad, que tiende a pensar que sí existe presencia policial, esta tiene lugar se debe a que existe una mayor inseguridad. 

Ahora bien, la actual sensación de inseguridad no se corresponde con un aumento sustancial del crimen y la delincuencia en la sociedad vasca. Incluso midiendo los datos sobre la seguridad de acuerdo a los parámetros policiales, veríamos que no se ha producido un aumento significativo del número de delitos en Euskadi durante los últimos 6 años, con la excepcionalidad de los delitos registrados en el año 2020, anomía absoluta debido al contexto pandémico. 

De acuerdo a la memoria delincuencial del 2023, que reúne datos de la Ertzaintza y de los municipios con más de 15000 habitantes de los 3 territorios históricos, el número de delitos presenciales fue ese año ligeramente superior al existente en 2019, con una media de 49,78 delitos por cada 1.000 habitantes, aunque ello se deriva del aumento de los delitos virtuales, hecho que en los medios de comunicación generales no suele mencionarse.

En los 80 la figura del heroinómano o quinqui sirvió para criminalizar a los no asimilados en la modernización del Estado español. Hoy esta imagen se corresponde con el mena, un bárbaro sobre el que hay que construir una frontera.

Abundan en cambio las noticias sobre cobros indebidos de la RGI, ocupaciones o presencia “excesiva” de menas. Y estas informaciones van calando en la opinión pública. Basta con recordar las recientes protestas cívicas contra la instalación del centro de menores en Sopuerta, donde un vecino llegaría a ofrecer un millón de euros por la compra del inmueble para sí evitar la instalación de dicha infraestructura en la localidad de Las Encartaciones; o que en su primera entrevista pública tras ser nombrado lehendakari, Imanol Pradales declarase que hay que cambiar el asimétrico reparto (sic) de menas y que estos debían repartirse entre las comunidades autonómicas de forma proporcional. Como ocurre con los fondos Next.

Se trata de un ejercicio clásico de la criminología. En los 80 la figura del heroinómano o el quinqui sirvió para criminalizar a aquellos que no pudieron ser asimilados en la modernización del Estado español a través de la integración en la Comunidad Europea. Hoy esta imagen se corresponde con el mena, un bárbaro no integrable sobre el que hay que construir una frontera, interna, que nos proteja de su Otredad.

La Ertzaintza que viene

Lu Barcenilla Román

Ertzaintza

Modelo policial La Ertzaintza que viene

Lu Barcenilla Román

La policía autonómica vasca cumple 40 años, de golpe y porrazo, y evoluciona hacia la hipervigilancia algorítmica. Corporativismo jeltzale, racismo digital e impunidad se enquistan como valores en el cuerpo.

Armamento policial Gobierno Vasco, Ertzaintza y Ayuntamiento de Bilbao contratan a la empresa de un exagente del Mossad

El cielo o el infierno para todos

Ese segmento barbárico de la población es cada vez mayor, no para de crecer en los márgenes y nada parece que lo vaya a hacer desaparecer.

Partiendo del concepto de Antonio Gramsci del “estado integral”, el cual queda definido como una “hegemonía coercitiva” que está constituida por los aparatos estatales, la sociedad política y la sociedad civil, debemos tener en cuenta que en su forma capitalista el Estado es siempre un Estado racial integral. Así, para sostener el orden público debe hacer uso de la violencia, sean en la frontera de Melilla o contra el “quintacolumnista” interno, aquel que aunque está dentro del territorio nacional, no es parte de la patria, sino un enemigo a vigilar. La figura del mena como una otredad barbárica encaja perfectamente dentro de ambos procesos.  

En este aspecto, una parte de la izquierda se muestra nerviosa con ese cuerpo extraño con el que tiene que lidiar y que le es completamente ajeno. Se debate entre las formas paternalistas, que apuestan por acompañar y ayudar sin llegar a cuestionar en profundidad las profundas distancias sociales y de autopercepción –de construcción de sentido de la identidad a fin de cuentas– que separan a estos activistas de sus “afectados” o “casos”. 

También hay quienes de forma más pragmática aceptan que estos bárbaros tienen que ser invitados de alguna manera a la mesa de la sociedad. Eso sí, solo las minorías ejemplares. Este argumento señala la “necesidad” que tenemos de los migrantes para sostener nuestro sistema de pensiones o de cuidados debido al dramático invierno demográfico que atraviesan las sociedades europeas. Un ejemplo son las palabras del Gobernador del Banco de España, quien indicó que en los próximos 30 años harán falta 24 millones de inmigrantes para sostener el equilibrio entre trabajadores y pensionistas del sistema de pensiones.

Para toda esa izquierda liberal, la existencia de esta barbarización es, al fin y al cabo, la muestra directa del fracaso de su “integración”, lo cual deja intacta una profunda mirada colonial que observa al Otro con un sesgo clasista, donde el migrado es un ser incapaz de alcanzar cierta sofisticación moral y profundización psicológica, un ser que no puede devenir sujeto, sin agencia y por ello incapaz de hacer política.

El lugar reservado dentro de la izquierda liberal para la figura del mena es el de una población que debe ser gestionada –hacia la integración “social”, ayudando a atravesar el laberinto administrativo–; o representada –en la integración de clientelas políticas

En cualquier caso, el lugar reservado dentro de la izquierda para estos Otros, salvo honrosas excepciones, no deja de ser otro que el de la población que debe ser gestionada –hacia la integración “social”, ayudando a atravesar el laberinto administrativo–; o representada –en la integración “política”, bien sea en la integración en los entramados de clientelas políticas o reclamando la representación de este segmento de la población allí donde, de acuerdo a esta postura, se produce La Política de verdad, el parlamento. 

Sin embargo, ningún gobierno que esté en el parlamento, tenga el color que tenga, va a cambiar el régimen de la frontera. Y esto ocurre porque la frontera es un elemento ordenador de la fuerza de trabajo dentro de la economía global, donde no cabe una gestión “progresista” de la misma. De ahí el silencio sobre la masacre de Tarajal o sobre las muertes en la intrafrontera europea de Irun-Biarritz.

Una política de clase antirracista

Para ello, una narrativa valiente que defienda la lucha en contra de las fronteras. Tanto las fronteras cotidianas, esas que establece  la policía en nuestras ciudades, delimitando los espacios dedicados al turismo y estableciendo una demarcación entre ciudadanos de primera y segunda. Como contra las fronteras que delimitan las rutas de tránsito, en las murallas de concertinas, como en las trabas burocráticas que buscan generar una mano de obra humilde y servicial. Por ello, la diversidad de nuestras comunidades y el encuentro de las distintas luchas contemporáneas es una tarea más importante que nunca.

En el régimen de alquiler, es donde la población migrante encuentra la única solución legal al problema de la vivienda, quedando fuera de los circuitos de la sociedad propietaria. A su vez, la mayoría de procesos de desahucio se producen por impagos de los alquileres.

En lo que respecta, al trabajo, esos “no integrables” en nuestra cultura son aquellos que trabajan en invernaderos, centros logísticos de distribución y los trabajos de cuidados. Son segmentos de los trabajadores que están sujetos a fortísimas violencias, mediante procesos de desregularización laboral o quedando directamente insertas en las lógicas del trabajo sin contrato y que además se encuentran fuera de la estructura de protección sindical tradicional. 

Toda lucha que apueste por un horizonte de emancipación debe plantear un antirracismo de clase, capaz de sortear la trampa de las violentas políticas de la integración a la vez que ponga en marcha mecanismos para posibilitar el encuentro con aquellos que quedan fuera del arco institucional

Para ello se requiere pensar una forma de hacer política basada en la construcción de comunidades en lucha, a través de conflictos concretos como la vivienda y formas de organización del sindicalismo laboral en sectores del trabajo que en la actualidad no se encuentran organizados.

Sin espacios estables, la posibilidad de la articulación y la organización de estas luchas contemporáneas queda restringida a los momentos de la movilización y la campaña. A ellos es a lo que se ha acostumbrado siempre la izquierda en sus distintas formas. Pero no nos vale. Construir una política de horizonte común, que comparte un lenguaje capaz de trascender los límites de quienes lo enuncian, requiere de un suelo firme donde estas comunidades pueden ir cogiendo forma, suponiendo un desafío mayor a los retos coyunturales que se vayan encontrando.

Estas estructuras populares no se piensan de forma segmentaria o sectorial, sino que forman parte de entramados mayores que sirven para poner en marcha una cultura de clase a partir de las prácticas anticapitalistas que ya poseemos en la actualidad. Aquí entran otros elementos que se pueden asentar en el rico tejido asociativo y organizativo presente en nuestros barrios y ciudades.

De este modo, las estructuras populares pueden cumplir un papel fundamental a la hora de posibilitar los encuentros necesarios, espacios desde donde se puedan trazar los elementos de una cultura de clase a la altura de la estructura social vasca contemporánea. En tanto que planteadas como agrupaciones organizadas en torno a comunidades concretas, pueden servir al mismo tiempo para cubrir nuestras necesidades y enraizar dichas prácticas o hábitos sobre tierra firme a la hora de plantear conflictos concretos. 

Toda lucha que apueste por un horizonte de emancipación debe plantear como una de sus primeras hipótesis de trabajo el construir un antirracismo de clase, capaz de sortear la trampa de las violentas políticas de la integración a la vez que ponga en marcha mecanismos para posibilitar el encuentro y la composición con aquellos que en este momento quedan fuera de todo el arco político institucional.

Las luchas contra la gestión securitaria o por la despolicización de nuestras sociedades, como han demostrado las luchas del Black Lives Matter, son fundamentales para fomentar comunidades asentadas sobre la resolución de conflictos. Contienen, además, elementos capaces de plantear la lucha contra la policiación y el cierre neoconservador que está teniendo lugar en nuestras sociedades. Estas luchas pueden ser un elemento útil porque son capaces de plantear una crítica al modelo securitario neoliberal, capaz de vertebrar elementos de crítica a las formas especificas que adopta la explotación y la dominación capitalista, desde un discursivo de clase y antiracista, a la vez que establecen el hummus para una alianza capaz de impugnar esta sociedad.