Policía
La justicia considera “organización criminal” al Grupo Antidroga de la Policía Nacional de Mérida

El reciente auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Mérida, emitido por el magistrado José Agustín Agenjo, confirma que el grupo de estupefacientes de la Policía Nacional en Mérida operaba como una red corrupta y criminal.

Tras concluir la instrucción, el juez ha dictado la apertura de juicio oral contra seis agentes del Cuerpo Nacional de Policía, antiguos miembros del Grupo de Estupefacientes de Mérida, que operaban entre 2018 y 2021. El fallo considera a esta unidad no como un grupo especializado en combatir el narcotráfico, sino como una organización criminal en sí misma, implicada en múltiples delitos, incluidos el tráfico de hachís y la colaboración con narcotraficantes locales.

Detenido al completo el grupo policial de estupefacientes de Mérida en una operación antidroga

Redacción El Salto Extremadura

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Narcotráfico

Corrupción policial Detenido al completo el grupo policial de estupefacientes de Mérida en una operación antidroga

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Los agentes detenidos, cinco policías nacionales y un guardia civil, estarían implicados en una red de narcotráfico y contrabando operativa en la provincia de Badajoz.

La investigación que llevó a estas conclusiones comenzó con una operación coordinada por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y ejecutada por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional. En septiembre de 2021, el desmantelamiento del grupo y las detenciones de sus miembros revelaron una red de corrupción que superó los límites de la legalidad y mostró cómo aquellos encargados de hacer cumplir la ley se convirtieron, paradójicamente, en sus más destacados transgresores.

El juez Agenjo ha señalado que, bajo la apariencia de una unidad antidroga, el Grupo de Estupefacientes operaba como una auténtica organización criminal, con roles y funciones claramente definidos. Francisco Javier N., conocido en el ámbito policial como “Rambo”, era el inspector al mando, pero el verdadero control recaía en Javier G., apodado “El Canario”. Este último dirigía el grupo, y ofrecía sus servicios a otros grupos de narcotraficantes, facilitando la entrada de nuevas redes en Mérida y estableciendo contactos entre proveedores y consumidores locales de droga.

El juez Agenjo ha señalado que, bajo la apariencia de una unidad antidroga, el Grupo de Estupefacientes operaba como una auténtica organización criminal, con roles y funciones claramente definidos

El poder de El Canario en el mundo del crimen fue tal, que llegó a invitar a otros grupos a establecerse en la capital extremeña, ofreciéndoles ventajas y colaborando activamente en el tráfico de drogas. 

Durante el periodo investigado, la brigada antidroga estaba compuesta por los cinco agentes detenidos en septiembre de 2021, así como por otros que habían abandonado el grupo anteriormente.

El poder de El Canario en el mundo del crimen superaba al de otras organizaciones, ya que llegó a invitar a otros grupos a establecerse en la capital extremeña, ofreciéndoles ventajas y colaborando activamente en las transacciones de droga

En total, quince personas están imputadas, incluyendo diez policías y varios narcotraficantes de la región emeritense. El juez ha ordenado el archivo provisional de las actuaciones contra diez pequeños traficantes y ha abierto una investigación adicional sobre la implicación de la esposa de uno de los agentes, quien podría haber actuado como partícipe a título lucrativo de los delitos.

El modus operandi de esta organización criminal se manifestó en su habilidad para operar al margen de la ley. Los agentes mantenían una red de informantes y protegidos que les proporcionaban información crítica sobre el tráfico de drogas, pero en lugar de utilizar esta información para desarticular redes criminales, la empleaban para proteger a ciertos narcotraficantes y permitirles continuar con sus actividades delictivas. Esto les permitía actuar con impunidad y enriquecer su propio patrimonio.

Torturas y corrupción: se conocen más detalles de la unidad antidroga de Mérida

Redacción El Salto Extremadura

Tortura

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Redacción El Salto Extremadura

Se empiezan a conocer los pormenores que causaron, hace escasos meses, la detención de cinco policías nacionales y un guardia civil, miembros todos del grupo policial de estupefacientes de Mérida.

Uno de los episodios más graves documentados en la investigación fue la manipulación de una operación de incautación de hachís en enero de 2017. En lugar de detener al narcotraficante, el grupo permitió que completara la transacción y se quedara con el dinero. Los agentes involucrados falsificaron los informes y la cantidad de droga incautada, protegiendo al traficante a cambio de beneficios económicos.

Además, la investigación reveló que el grupo participaba en el tráfico de drogas y colaboraba directamente en el cultivo de marihuana. Se desmantelaron varias plantaciones “indoor” con más de 3.000 plantas y se encontraron equipos necesarios para su cultivo y desarrollo. El enriquecimiento ilícito de los agentes quedó evidenciado en un informe económico que mostró ingresos sospechosos y un incremento patrimonial considerable coincidiendo con sus actividades delictivas.

En esta lista de delitos, también figura la tortura policial. “El Canario” habría apalizado a un detenido por comentar que toda Mérida conocía el “negocio” del policía; es en ese momento cuando el policía bajó a su celda y le dio una paliza. En otro caso de malos tratos hay otros dos de los policías del grupo detenidos por presenciar los hechos y no hacer nada.

Investigada también por torturas la unidad antidroga de Mérida

Redacción El Salto Extremadura

Tortura

Investigada también por torturas la unidad antidroga de Mérida

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Las diligencias iniciadas tras su desmantelamiento por narcotráfico señalan a la unidad policial como parte de una organización criminal desde 2017.

El escándalo, que se conoció hace tres años, ha tenido una repercusión considerable a nivel nacional, revelando un complejo entramado criminal que operaba en la provincia de Badajoz. El Ministerio del Interior ha señalado que el grupo de estupefacientes estaba integrado en una red mayor de organizaciones dedicadas al cultivo, procesado y distribución de marihuana, interactuando entre sí para maximizar sus beneficios.

A partir de ahora, el Ministerio Fiscal y las acusaciones particulares disponen de diez días para presentar escrito de acusaciones y la defensa puede solicitar el archivo de la causa, en la que se encuentran imputadas 15 personas, 10 de ellas agentes del Cuerpo Nacional de Policía y varios narcotraficantes.

Con la apertura del juicio oral, el sistema judicial ahora enfrenta el desafío de juzgar a los implicados, así como de restaurar la confianza en unas instituciones donde llueve sobre mojado.