Tortura
Torturas y corrupción: se conocen más detalles de la unidad antidroga de Mérida

En el año 2017 y 2018, la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil pusieron bajo la lupa a la Brigada de Estupefacientes de la comisaría de Mérida. Uno de los motivos desencadenantes de la investigación fue un suceso acaecido en febrero del 2018. La Policía Nacional, en uno de sus controles, paró en Mérida un vehículo que transportaba droga y unos 60.000 euros en efectivo. La incongruencia de cifras (los 60.000 euros pasaron a ser, oficialmente, 56.000) entre quienes redactaron el informe y la investigación de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional, terminó en la detención de cinco de los componentes de la brigada emeritense.

A partir de ese momento, Asuntos Internos y UCO comienzan a indagar. Las pesquisas de las unidades de investigación sitúan algunas de las corruptelas un año antes, en 2017. Presuntamente, según las averiguaciones que se van conociendo de Asuntos Internos, el Policía Nacional J.G.D.B, miembro de la unidad antidroga de la ciudad de Mérida y enlace entre la Policía y los confidentes del narcotráfico, inducía a quienes vendían droga a realizar entregas para atribuirse el mérito de las detenciones a terceros y, de paso, sustraer parte de las sustancias interceptadas. Los atestados reflejaban operaciones policiales que, según las averiguaciones, estaban plagadas de falsedades. Ficciones que el susodicho agente ingeniaba para aparecer como protagonista de los arrestos.

Lo que empezó siendo un posible error humano terminó significando la imputación de diversos delitos, tales como cohecho, tráfico de influencias, revelación de secretos, omisión del deber de perseguir delitos, infidelidad en la custodia de documentos, encubrimiento y organización criminal, provocando que otros ejemplos concretos de esta lista interminable de delitos se detallaran con más exactitud.

Torturas

En los dos últimos años previos a la detención del grupo policial de estupefacientes de Mérida, Asuntos Internos cree que se produjeron torturas sistemáticas por parte de los agentes. Lo consideran así por dos conversaciones interceptadas a los componentes de la brigada antidroga.

En la primera, otra vez con el policía J.G.D.B como protagonista, se escucha cómo este le dice a un narcotraficante que había torturado a un detenido en los calabozos. Un detenido que, según el policía en esa misma conversación, iba diciéndole a otros funcionarios que él (J.G.D.B.) vendía droga y poseía plantaciones de marihuana. Un comentario que la misma Policía reconoció en la desarticulación de este “complejo entramado criminal asentado en la provincia de Badajoz”. Concretamente, tal y como se recoge en un comunicado, este agente y otros muchos otros eran propietarios de “cuatro plantaciones ‘indoor’ de marihuana con un total de más de 3.000 plantas”. Según un informe del Ministerio del Interior, desde 2011, 148 agentes de la Guardia Civil han sido detenidos por su vinculación con delitos de narcotráfico.  El detenido no mentía, y por ello, fue torturado.

El segundo episodio de torturas se conoció gracias a otro agente de la misma brigada. En una conversación en mayo de 2021, reconoció que dos compañeros suyos habían torturado, de nuevo, a otro detenido. Ante el juez negó lo que él mismo había afirmado en una conversación telefónica.

Dinero extraído de incautaciones

En el año 2018, de nuevo el agente J.G.D.B aparece señalado. Esta vez, en la compañía y con la connivencia de su jefe de grupo, el inspector F.J.N.B, los agentes se habrían quedado, según las indagaciones de Asuntos Internos, con parte del dinero intervenido en otra operación antidroga. Tal y como explican los investigadores, 56.000 euros fueron intervenidos de un coche que transportaba una banda de narcos. En este caso, la luz de alarma la dio la abogada de uno de los detenidos, debido a que su cliente puso de manifiesto que en el coche trasladaban 30.000 euros más de los incautados según el registro oficial. Miles de euros que, por arte de magia, habían desaparecido del atestado policial.

Falsedad documental e inducción al tráfico de drogas

Como hemos explicado antes, redactar informes “ad hoc” era una de las prácticas habituales de la unidad antidroga emeritense. A finales de 2020, Asuntos Internos ha probado que la brigada pactó con un narcotraficante la entrega de hachís para poder llevar a cabo detenciones. Arrestos donde, según los investigadores, se olvidaban “deliberadamente” de los verdaderos dueños de la droga intervenida. Tras esto, los policías escribían un registro falso que, gracias a las pesquisas, sabemos no guardaba relación alguna con la realidad.

Aquí, una vez más el agente J.G.D.B. adquiere especial notoriedad. Además de la falsedad documental y de la execrable conducta, se cree que este agente conspiraba con otros dos narcos para que introdujeran hachís en determinadas épocas del año. Inducción al tráfico de drogas que, en febrero de 2021, cristalizó en la organización de un transporte de cocaína por parte de los agentes que, paradójicamente, trabajaban para justo lo contrario. Para ello, se les facilitó a las personas que transportaban la droga desde Madrid hasta Mérida unos dispositivos de geolocalización. Maniobras a las espaldas de las autoridades judiciales.

Este tipo de corruptelas dieron lugar, tras una exhaustiva investigación, a la detención de 22 personas, habiendo realizado más de 20 entradas y registros en domicilios, así como la incautación de dinero, droga, vehículos y útiles diversos. Las investigaciones no están concluidas.