La derecha y la extrema derecha portuguesas acuerdan una ley antimigrantes sin precedentes

El Parlamento luso aprueba una ley que endurece los requisitos para la obtención de nacionalidad a los extranjeros, incluyendo a los lusófonos, y limita extraordinariamente los supuestos de reagrupación familiar.
Luis Montenegro (Portugal)
Luis Montenegro, primer ministro de Portugal. Foto: European People's Party.
18 jul 2025 11:29

Con el apoyo de la extrema derecha de Chega, el Gobierno de Luís Montenegro (Alianza Democrática), consiguió que el Parlamento aprobara este 16 de julio una reforma de la política migratoria sin precedentes en la historia de uno de los últimos países europeos en afrontar procesos de descolonización y con un pasado de migraciones a otros territorios.

La reforma está pendiente de la aprobación por parte del presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, que tiene 20 días para emitir su dictamen. Rebelo puede consultar a la Corte de Constitucionalidad si las nuevas normas siguen el espíritu de la carta magna aprobada durante la revolución portuguesa de 1976.

El paquete aprobado modifica sustancialmente las condiciones de reunificación familiar, los permisos de residencia y los requisitos lingüísticos. Entre otras medidas, introduce un requisito para los migrantes de las excolonias —los ciudadanos de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP)— que los obligará a tener un mínimo de casi 10.500 euros en una cuenta corriente para permanecer en el país.

La ley ha sido aprobada sin que el parlamento luso haya recibido ningún dictamen previo y sin consultas con asociaciones u organizaciones de migrantes

La reforma modifica considerablemente los criterios de movilidad establecidos para países como Brasil, Angola, Mozambique y Timor Oriental, entre otros. Asimismo, el Gobierno de Montenegro proyecta cambiar la Ley de Nacionalidad con otra reforma a partir del mes de septiembre, un cambio que alargaría los plazos de obtención de la nacionalidad tanto para personas de la CPLP como para personas de otros orígenes residentes en Portugal.

Dentro de ese paquete, está previsto que también se discuta en el Parlamento, con mayoría de la derecha, una revocación del derecho a la ciudadanía por nacimiento para los hijos de las personas migrantes.

Facilidades para los extranjeros ricos

Asimismo, con la modificación ya aprobada se requerirán un mínimo de dos años de residencia legal en el país antes de solicitar la reunificación familiar. La reunificación solo será posible para menores de edad o trabajadores altamente cualificados y extranjeros con la golden visa, es decir, con un patrimonio en Portugal superior a medio millón de euros.

La reforma de la Ley de Extranjería, con el nombre de Propuesta n.º 3/XVII/1.ª, elimina la posibilidad que tenían las personas sin papeles de regularizar su situación acreditando estar empleados y haber cotizado a la Seguridad Social. Afecta también a los menores migrantes en situación vulnerable, a los que se cambia su estado y pasan a estar en régimen de residencia sin visado, perdiendo el actual estatus de residencia humanitaria.

El proceso de aprobación de la reforma, y no solo su contenido, ha sido objeto de críticas por la oposición en la Asamblea de la República de Portugal. La norma fue aprobada sin los votos del partido de centroderecha Iniciativa Liberal, uno de los partidos que en junio aprobó el programa de Gobierno de Montenegro después de las elecciones de mayo.

La ley ha sido aprobada sin que el parlamento luso haya recibido ningún dictamen previo y sin consultas con asociaciones u organizaciones de migrantes, aprobando el claro impulso de políticas xenófobas que se está expandiendo en la Unión Europea y que ya fueron claves en las pasadas elecciones, tras las que Chega, el partido de la extrema derecha, se situó como segunda fuerza política.

La izquierda en el Palácio de São Bento ha pedido a Rebelo de Sousa que frene el proceso de aprobación de la reforma legislativa para devolver al Parlamento las deliberaciones sobre cambios de este calado. El Bloco de Esquerda, uno de los grupos minoritarios en la cámara, ha señalado la dudosa constitucionalidad de esta ley, “en particular en lo que respecta al derecho a la familia y al cumplimiento de las directivas y los acuerdos internacionales”.

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